Resulta elocuente sobre las recientes resoluciones del Consejo de Derechos Humanos respecto a Venezuela y China, observar tanto a los países que las propusieron, como observar el «record» de la votación. Argentina ha quedado alejada de las democracias que votaron a favor y ha quedada «pegada» a los regímenes más marginales en cuanto a respeto por los derechos humanos, quienes se abstuvieron o votaron en contra.

Por Brian Schapira

El jueves 6 y el viernes 7 de octubre han sido días oscuros para nuestra democracia, pues quedarán marcados por la complicidad del gobierno argentino con las dictaduras imperantes en Venezuela y China. Otra vez, el gobierno de Alberto Fernández fue indiferente con incontables víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En ambos casos, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un organismo compuesto por 47 países elegidos por su Asamblea General en el cual se debaten estas cuestiones, la Argentina – con el agravante de ser quien preside este Consejo, y para lo cual no escatimó esfuerzos diplomáticos - se abstuvo de apoyar dos muy importantes resoluciones.

En el caso de Venezuela, se trataba de votar la continuidad de la Misión de Determinación de los Hechos para evaluar violaciones de los derechos humanos cometidas en ese país desde 2014. La creación de esta Misión en septiembre de 2019 - compuesta por tres expertos independientes, actualmente una de ellas es la respetada experta argentina en la materia, Patricia Tappatá Valdez- contó con el impulso y liderazgo del anterior gobierno argentino dentro del ya extinto Grupo de Lima. Su mandato fue renovado en septiembre de 2020 y la resolución que afortunadamente se aprobó este viernes 7 de octubre, decidió su continuidad por otros dos años, así como también la prosecución del trabajo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos para que continúe su vigilancia en dicho país y para que presente informes en futuras sesiones.

Los informes presentados por los expertos de la Misión en estos tres años han dado cuenta de situaciones gravísimas que además se han puesto en conocimiento de la Corte Penal Internacional, donde tramita una investigación sobre los jerarcas bolivarianos.

Solo por mencionar algunas de las situaciones abordadas, el último informe refiere a las torturas a cargo del Servicio de Inteligencia “SEBIN” contra políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención “El Helicoide”, en Caracas (lo que se va sabiendo de este lugar remite casi automáticamente a una “ESMA” venezolana). Francisco Cox, miembro de la Misión, sostuvo: "Los crímenes de lesa humanidad, cometidos a través de los organismos de inteligencia del Estado, orquestadas por personas en los niveles más altos de autoridad, han tenido lugar en un clima de casi total impunidad. La comunidad internacional debe hacer todo lo posible para que se garanticen los derechos de las víctimas a la justicia y a la reparación".

La vergonzosa abstención argentina viene a terminar de arruinar la hasta ahora postura zigzagueante y contradictoria del gobierno, que mantenía cierta mínima dignidad en el foro de la ONU (donde apoyó en 2020 la primer renovación de la Misión) mientras se sostenían posturas cómplices con este régimen y el nicaragüense en la OEA. Esto sin olvidar otros antecedentes vergonzantes como una decisión de marzo de 2021 ante la Corte Penal Internacional. Dicha vez, el gobierno pretendió sobreactuada y torpemente – pues no es procesalmente factible- retirar tanto la denuncia por la situación en Venezuela presentada por los países del Grupo de Lima, como retirar el informe aportado a esa Corte con testimonios de víctimas venezolanas residentes en nuestro país que había sido elaborado por el anterior gobierno en 2019.

Respecto al voto de abstención en la Resolución sobre China, la propuesta que no logró aprobarse consistía apenas en permitir que en las próximas sesiones del Consejo, se debata acerca de un informe que - debido a la extrema presión de ese país-, la ex Alta Comisionada Bachelet se animó a presentar apenas minutos antes de finalizado su mandato. Ese informe da cuenta de la situación que atraviesa la población musulmana Uigur en la Provincia de Xinjiang, sometida entre otras cosas a diversos y gravísimos abusos en “campos de reeducación”. Según el informe, algunas de las violaciones cometidas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Esta abstención no sorprende. Han sido varios los episodios en que el mimetizado Embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, se desvivió por lisonjear a sus huéspedes autócratas. Lo mismo que el propio Presidente Alberto Fernández cuando en julio de 2021 concurrió (en forma virtual por la pandemia) como titular del PJ, al festejo del 100 aniversario del Partido Comunista Chino acompañado por los más recalcitrantes autócratas del mundo.

Como párrafo aparte, en cuanto a la situación en China, importante desafío se le presentará a un eventual futuro  gobierno de la actual oposición. Pues seguramente la situación en dicho país es en muchos aspectos incluso de violaciones aún más graves que las que ocurren en Venezuela. Entonces, un eventual futuro gobierno que pretenda ser parte de las democracias avanzadas, no deberá ser ambiguo en cuanto a cómo y dónde se quiera ubicar en los foros de derechos humanos. Más allá de la importancia de negocios, intercambios comerciales e inversiones (muchas de estas incluso estratégicamente peligrosas), en estos foros de derechos humanos no se puede ser cómplice cuando de violaciones graves y sistemáticas se trata.

Finalmente, resulta elocuente sobre estas dos resoluciones del Consejo observar tanto a los países que las propusieron, como observar el “record” de la votación. Argentina ha quedado alejada de las democracias que votaron a favor y ha quedada “pegada” a los regímenes más marginales en cuanto a respeto por los derechos humanos, quienes se abstuvieron o votaron en contra. Y paradójicamente se ha llegado incluso a coincidir en el caso de la votación de China con el grotesco Jair Bolsonaro (que sin ser un dictador, al menos por ahora, resulta la contracara del kirchnerismo, en una misma moneda populista)

En síntesis: quienes desde el gobierno pretenden erigirse como los paladines y dueños de una causa que no les es propia, una vez más han sido cómplices de dos regímenes violadores sistemáticos de derechos humanos. Ellos, y no todos los argentinos, han quedado alineados con las autocracias del mundo. Ellos, y no todos los argentinos, han sido indiferentes con las víctimas venezolanas, a quienes sentimos como hermanos que conviven con nosotros, de quienes hemos conocido sus duras historias de primera mano y a quienes hemos aprendido a querer y valorar naturalmente. También ellos, y no todos los argentinos, han sido indiferentes con víctimas que están muy lejos geográfica y culturalmente, pero con quienes debemos ejercer la solidaridad democrática internacional que tanto pregonó el líder checo Václav Havel.

Brian Schapira

Investigador Asociado

Abogado (Universidad de Buenos Aires), con un Master en Derecho Internacional y Comparado (Southern Methodist University - Dedman School of Law, Dallas – Texas – EE.UU.) y un Posgrado en Derecho del Petróleo y Gas (Universidad de Buenos Aires). Fue pasante del International Clerkship Program ante la Justicia Federal de Estados Unidos (Dallas – Texas). Fue Subsecretario de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos de la Nación de la República Argentina entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019. Trabajó como Abogado Senior Asociado del Estudio Bunge, Smith y Lucchia Puig; Asesor Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Asesor Legal en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Responsable del Departamento Legal de la Fundación Tzedaká; y Abogado de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).