Por Claudio Paolillo

Todo el mundo sabe que cuando uno aprieta el tubo de la pasta de dientes y el producto sale de allí, volver a meter la pasta adentro del mismo recipiente es una tarea imposible. La pasta que sale, afuera se queda.

Algo de eso sucede con los militares: una vez que se los saca de los cuarteles para algo diferente a hacer la guerra -que es su razón de ser- resulta muy complicado volverlos a la "normalidad". Los uruguayos tenemos experiencia de sobra en eso. Los uruguayos civiles y los uruguayos militares. Pero, además, la historia mundial está llena de ejemplos en este sentido.

El presidente Tabaré Vázquez ha adoptado la decisión de ordenar a los militares uruguayos que tomen a su cargo parte de la custodia de la empresa finlandesa Botnia, cuya instalación ha provocado un grave conflicto diplomático con Argentina. Es una orden que el presidente está legal y constitucionalmente facultado a emitir. Pero es una orden grave. Y, a la luz de los datos disponibles hasta el día de hoy, parece una orden desproporcionada, quizá insensata y potencialmente peligrosa para los intereses de Uruguay.

No está en juego aquí quién está en lo cierto y quién equivocado en este diferendo que se arrastra desde el verano pasado. Es absolutamente claro que Uruguay (su gobierno nacional, el gobierno municipal de Río Negro y la sociedad que ambos representan) ha demostrado que le sobran razones para defender con todo derecho la construcción de esa fábrica de pasta de celulosa en la margen oriental del río Uruguay. Uruguay ha demostrado eso con toda contundencia tanto en la Corte Internacional de La Haya, como en el Banco Mundial y en el Mercosur. Todo el mundo -y esto no es un eufemismo; es de verdad "todo el mundo"- le ha dado la razón a Uruguay y ha dictaminado que Argentina está en falta, que su gobierno no dice la verdad y que el presidente Néstor Kirchner se ha embarcado en una campaña cerril y mentirosa para tratar de impedir que un emprendimiento industrial importante para Uruguay prospere. Eso está fuera de discusión, salvo para la irracionalidad galopante que reina hoy en Gualeguaychú y para el patoterismo fascistoide que es alentado desde la Casa Rosada.

Pero todo eso, que es cierto, no es suficiente para explicar ni para justificar esta extraña decisión del presidente Vázquez. Salvo que tenga la información ultra confidencial de que el gobierno de Kirchner y/o las Fuerzas Armadas argentinas están preparando una invasión al Uruguay, sabotajes o actos terroristas contra Uruguay -y eso lo ha negado explícitamente el gobierno a través de su viceministro de Interior, Juan Faroppa-, no se comprende qué movió al mandatario a ordenar al Ejército para que movilice oficiales y tropas alrededor de una industria en construcción. Mucho menos se comprende proveniendo esta decisión de un gobierno del Frente Amplio. La pregunta no es qué hubiera dicho sino qué no hubiera dicho el Frente Amplio si esta orden hubiera emanado del presidente Batlle, del presidente Sanguinetti o del presidente Lacalle. ¿Imagina el lector la "movilización popular" que se hubiera armado al instante contra la "militarización" de una fábrica de capitales extranjeros?

No hay más que ir a los programas con que Vázquez y el Frente Amplio llegaron al poder para comprobar que esto hubiera sido así. En 1999, cuando Vázquez fue el candidato más votado en la primera vuelta pero perdió el balotaje con Batlle, el Frente Amplio presentó a la ciudadanía como documento central de campaña uno titulado "El otro programa". Allí, inequívocamente, Vázquez y el Frente Amplio prometieron: "se eliminará el empleo de las Fuerzas Armadas en las áreas relacionadas con el orden público interno, la seguridad ciudadana y toda tarea de acción policial". Por si fuera poco, "El otro programa" anunciaba que, en caso de que ganara la izquierda, "no se emplearán las Fuerzas Armadas en decisiones de orden interno como la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el contrabando, que también son responsabilidad del Ministerio del Interior".

Más aún: el decreto aprobado el lunes 4 de diciembre por el Poder Ejecutivo asignando al Ejército la "vigilancia perimetral" de Botnia a efectos de que los soldados uruguayos impidan "el ingreso o egreso" de personas al predio que posee la empresa en Fray Bentos, se fundamenta en otro decreto (el Nº 574/974 del 12 de julio de 1974), cuando en plena dictadura el gobierno dispuso una "redistribución de las atribuciones y competencias" para los ministerios. En esa "redistribución", el ya entonces dictador Juan María Bordaberry y sus ministros Hugo Linares Brum, Juan Carlos Blanco, Alejandro Végh Villegas, Walter Ravenna y Edmundo Narancio, entre otros, atribuyeron al Ministerio de Defensa Nacional "la seguridad en lo exterior y la cooperación y restauración del orden, seguridad y tranquilidad en lo interior".

Quiere decir que un decreto de la dictadura -que por cierto encarna una visión de la misión de las Fuerzas Armadas muy emparentada con la participación de los militares en el "desarrollo nacional" y que, en otras épocas, era normalmente asimilada a la llamada "doctrina de la seguridad nacional"- ha tenido, en el gobierno del Frente Amplio, más fuerza que el programa del Frente Amplio. Este cambio es interesante en sí mismo y, en todo caso, es un tema de los frenteamplistas, pero aunque sea muy fuerte, marcar la contradicción entre lo que se pregonaba y lo que efectivamente se hace no es lo más importante.

Después de todo, cambiar no siempre es sinónimo de desacierto. Mucho más en un partido que estuvo toda la vida en la oposición y que ahora, por primera vez, ocupa el poder.

Lo más importante son los interrogantes que deja planteada esta decisión del presidente Vázquez para el episodio de Botnia en sí y, sobre todo, para lo que pueda venir en el futuro.

Es claro que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de Botnia; la de Botnia y la de todas las empresas y personas que hay en el territorio nacional. Pero para eso basta y sobra la Policía. ¿Por qué apelar al Ejército? Si hubo serios problemas durante el gobierno de Batlle para que los militares aceptaran la custodia perimetral de las cárceles, ¿cómo evitarlos ahora, si las "amenazas" son manifestaciones de civiles o de grupos de civiles organizados? ¿Los van a reprimir a tiros? ¿O se espera que los soldados les pidan amablemente que depongan su protesta en aras de la "hermandad" entre argentinos y uruguayos? Para citar lo que dice el decreto del presidente Vázquez, ¿cómo "impide" un soldado el "ingreso o egreso" de una persona al predio propiedad de Botnia? ¿Le grita, lanza un tiro al aire y, si todo eso fracasa, dispara al cuerpo? Así debería ser si se dispone, como se dispuso, que el Ejército actúe. ¿Qué pasa si quien ingresa al predio sin autorización es una señora de Gualeguaychú, manijeada por los patoteros que han provocado toda esta situación? ¿Un soldado uruguayo le va a pegar un balazo en la cabeza?

El ministro de Economía, Danilo Astori -uno de los firmantes del decreto- argumentó a su favor diciendo que es necesario para "proteger nuestras inversiones". Ah, bueno. Es toda una doctrina. ¿Quiere decir que de ahora en adelante las Fuerzas Armadas uruguayas van a intervenir cuando el Poder Ejecutivo lo disponga para "proteger" las "inversiones" que el Poder Ejecutivo estime necesario "proteger"? Algo bastante parecido a eso era lo que planteaban los mandos militares antes del golpe de Estado de 1973, durante toda la dictadura y en las negociaciones con las fuerzas políticas democráticas que terminaron en 1984. Las Fuerzas Armadas querían reservarse para sí un papel de "colaboración en las actividades aplicadas al desarrollo del país", tal como lo dice el decreto de Bordaberry utilizado ahora por Vázquez.

Esto, como se discutió y pareció laudarse en aquellas largas negociaciones para la transición en 1983 y 1984, era, además de innecesario, peligroso para la salud democrática del país y para las propias Fuerzas Armadas, que ya habían pasado por la experiencia de asumir tareas que no les correspondían y que, por eso mismo, estaban resabiadas porque les había ido mal.

Pero si fuera cierto que los militares son necesarios para "proteger nuestras inversiones", ¿cuánto falta para que el presidente Vázquez ordene la intervención del Ejército en conflictos empresariales o de cualquier otra naturaleza porque, a su juicio, puedan estar en juego "nuestras inversiones"?

Al rodear a Botnia de militares armados, ¿el presidente no advierte el riesgo de que, ahora sí, el problema con Argentina asuma en serio un carácter bélico? ¿Por qué el Poder Ejecutivo decide esto justo cuando Uruguay iba ganando el conflicto en todos lados por la única vía que tiene para ganar, que es la diplomática, debilitando día a día la insostenible posición argentina? ¿O creerá el presidente que Uruguay le puede ganar una hipotética guerra a Argentina?

Las Fuerzas Armadas son, en cualquier país con vocación de paz, como Uruguay, como el seguro del automóvil. Uno no quiere tener que usarlo jamás, pero lo paga todos los años por si algún día, choca. El símil, en cuanto a los militares, vale sólo -y más en el caso de un país de las dimensiones de éste- si hubiera una amenaza institucional, real y tangible, de que una fuerza armada extranjera se dispusiera a atacar de alguna manera al Uruguay. Así, obligado, cualquiera pelea. Ahora, si eso no existe, entonces lo que ha hecho el gobierno pone en riesgo los propios intereses de Uruguay, por una acción innecesaria quizá surgida de ciertas cabecitas febriles que se pasean sonrientes en las esferas del poder, "pertrechándose" con fusiles de última generación como si estuvieran jugando a los soldaditos.

El problema es que esto va en serio y no da para reirse.

Claudio Paolillo es Director-Editor General del Semanario "Búsqueda" de Uruguay.

Claudio Paolillo

Claudio Paolillo es editor y director periodístico del Semanario Búsqueda (Uruguay) y Director Regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).