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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
23-07-2026Pakistán en el BTI 2006-2026: el creciente poder del ejército y el retroceso de la democracia
Aunque el deterioro fue gradual, el propio Bertelsmann Transformation Index (BTI) identifica el período 2023-2025 como un punto de inflexión: por primera vez clasifica a Pakistán como un régimen autoritario. La evolución de Pakistán en el BTI muestra que el deterioro democrático no puede explicarse únicamente por los acontecimientos de los últimos años. Aunque la destitución de Imran Khan, las elecciones de 2024 y el aumento de la represión contra la oposición aceleraron ese proceso, los indicadores del BTI revela una tendencia mucho más prolongada.
Por Amani Horton
Pakistán en el BTI 2006-2026Durante las últimas dos décadas, Pakistán ha mantenido una constante difícil de ignorar: mientras los gobiernos se sucedían y la economía alternaba entre crisis y períodos de recuperación, el ejército consolidó su influencia sobre la vida política del país. Esa presencia, existente desde la independencia, se intensificó especialmente durante los últimos años y fue acompañada por un deterioro de la democracia y de los derechos humanos.
Esta evolución queda reflejada en el Bertelsmann Transformation Index (BTI), que muestra un retroceso en las tres dimensiones que evalúa entre 2006 y 2026. La transformación política pasó de 3,6 a 3,3 puntos, la calidad de la gobernanza descendió de 4,4 a 3,4, mientras que la transformación económica cayó de 5,4 a 3,8, tras dos décadas marcadas por crisis fiscales, elevados niveles de endeudamiento y sucesivos programas de rescate del Fondo Monetario Internacional. Aunque el deterioro fue gradual, el propio BTI identifica el período 2023-2025 como un punto de inflexión: por primera vez clasifica a Pakistán como un régimen autoritario, asigna apenas 2 sobre 10 al funcionamiento de las instituciones democráticas y 2 sobre 10 al compromiso de los principales actores con ellas, y describe las elecciones generales de febrero de 2024 como "no libres e injustas".
Sin embargo, este deterioro no comenzó con la destitución del primer ministro Imran Khan en abril de 2022 ni con las elecciones de 2024. Sus raíces son mucho más profundas. Desde la independencia de Pakistán en 1947, el país ha alternado gobiernos civiles y militares, pero las Fuerzas Armadas nunca han dejado de ejercer una influencia decisiva sobre la política nacional. Incluso tras el fin del régimen militar de Pervez Musharraf en 2008 y el retorno de un gobierno civil, el ejército siguió desempeñando un papel central en cuestiones clave de política interior, seguridad y relaciones exteriores. Como sostiene el politólogo Aqil Shah, las Fuerzas Armadas han actuado históricamente como el principal árbitro del sistema político pakistaní, condicionando tanto a los gobiernos civiles como al funcionamiento de las instituciones democráticas.
El enfrentamiento entre el ejército y el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fundado por Khan, marcó un cambio de etapa. La destitución de Khan mediante una moción de censura desencadenó una de las mayores crisis políticas desde el retorno del gobierno civil en 2008. Su posterior encarcelamiento en 2023, tras ser condenado por la venta de regalos oficiales recibidos durante su mandato, la persecución de dirigentes y simpatizantes del PTI y las crecientes restricciones a la oposición, aceleraron el deterioro de la competencia política y del funcionamiento de las instituciones democráticas que el BTI ya venía registrando desde años atrás.
Las elecciones generales de febrero de 2024 terminaron de confirmar ese deterioro. Aunque el sistema siguió siendo formalmente multipartidista, el BTI señala que buena parte de la dirigencia del PTI permanece encarcelada, numerosos candidatos tuvieron que presentarse como independientes después de que el partido perdiera su símbolo electoral y la campaña estuvo marcada por fuertes restricciones a la oposición. Tanto Freedom House como Human Rights Watch coincidieron en que la competencia electoral se desarrolló en condiciones profundamente desiguales y denunciaron un aumento de la represión contra dirigentes y simpatizantes del principal partido opositor.
Mientras el deterioro institucional se hacía cada vez más evidente, la economía también entraba en una etapa crítica. Entre 2008 y 2024, Pakistán atravesó repetidas crisis de balanza de pagos que lo llevaron a negociar sucesivos programas de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional. Tras los rescates acordados en 2008, 2013, 2019 y 2023, el país volvió a recurrir al organismo en septiembre de 2024, cuando el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un nuevo programa de 7.000 millones de dólares destinado a evitar un incumplimiento de pagos y estabilizar la economía. El acuerdo quedó condicionado a la aplicación de reformas destinadas a ampliar la base tributaria, reducir el peso de las empresas públicas deficitarias y avanzar en la liberalización del mercado energético. Sin embargo, la debilidad de las instituciones, la escasa capacidad del Estado para implementar políticas de largo plazo y la influencia de actores con poder para bloquear reformas han dificultado sistemáticamente estos cambios. Como consecuencia, el país ha permanecido atrapado en un ciclo de rescates internacionales, ajustes económicos e incertidumbre que ha limitado la inversión privada y el crecimiento sostenido. En este sentido, el BTI considera que el deterioro económico constituye otra expresión del debilitamiento de la gobernanza y de unas instituciones con dificultades para diseñar e implementar políticas de largo plazo.
Cuando el ejército dejó de actuar entre bastidores
Durante décadas, el ejército condicionó la actuación de los gobiernos civiles sin necesidad de ejercer el poder de forma directa. Sin embargo, tras la destitución de Imran Khan, esa influencia pasó a ejercerse de manera mucho más visible a través de las instituciones del Estado. Después de ser destituido mediante una moción de censura en abril de 2022, el ex primer ministro se enfrentó a decenas de causas por presuntos delitos de corrupción, revelación de secretos oficiales y otros cargos. Aunque varias de esas condenas fueron suspendidas o revisadas posteriormente, Khan permaneció encarcelado por otras causas, lo que le impidió presentarse a las elecciones generales de febrero de 2024. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional sostuvieron que el uso reiterado de la justicia respondía a un patrón de persecución política destinado a impedir su regreso a la vida pública.
La presión, sin embargo, fue mucho más allá de la figura del ex primer ministro. Tras las protestas del 9 de mayo de 2023, desencadenadas por una breve detención de Khan y marcadas por ataques contra instalaciones militares, las autoridades respondieron con una amplia campaña de detenciones. Miles de simpatizantes del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) fueron arrestados y numerosos dirigentes abandonaron el partido tras denunciar presiones por parte de las fuerzas de seguridad. Según el BTI, esta respuesta debilitó significativamente la capacidad organizativa de la principal fuerza de oposición en los meses previos a las elecciones de 2024. La creciente utilización de la legislación de seguridad para restringir derechos fundamentales también quedó reflejada tras los disturbios del 9 de mayo de 2023, cuando decenas de civiles acusados de participar en los ataques contra instalaciones militares fueron puestos a disposición de tribunales militares.
La preocupación volvió a aumentar en octubre de 2024, con la aprobación de la 26.ª Enmienda Constitucional. La Comisión Internacional de Juristas (ICJ) calificó la reforma como "un duro golpe" para la independencia judicial al considerar que ampliaba la influencia del poder político sobre el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo. En la misma línea, el Instituto Pakistaní para el Desarrollo Legislativo y la Transparencia (PILDAT) advirtió que la enmienda debilitaba los mecanismos de control institucional y reducía la capacidad del poder judicial para actuar como contrapeso frente al Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La influencia del ejército sobre la política pakistaní no era un fenómeno nuevo, pero la creciente utilización de tribunales, organismos de investigación y reformas legales para restringir la competencia política marcó una diferencia respecto a etapas anteriores. Detrás de la caída de los indicadores no hay un único acontecimiento, sino un proceso acumulativo de debilitamiento de las instituciones democráticas que terminó llevando al BTI a clasificar por primera vez a Pakistán como un régimen autoritario.
Un espacio cívico cada vez más reducido
El deterioro de la democracia pakistaní no se limitó a la competencia política. Durante los últimos años, el BTI también registró un empeoramiento de varios indicadores relacionados con las libertades civiles y el Estado de derecho, revelando un espacio cívico cada vez más restringido. La edición de 2026 otorga a Pakistán apenas 3 puntos sobre 10 en libertad de expresión, una puntuación que ilustra el creciente control sobre periodistas, activistas y voces críticas.
Uno de los casos más representativos es el de Mahrang Baloch, médica y activista baluchi que ha denunciado las desapariciones forzadas en la provincia de Baluchistán. Cientos de personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad sin orden judicial y permanecen en paradero desconocido. En diciembre de 2023, Baloch encabezó una marcha desde Baluchistán hasta la capital Islamabad para exigir información sobre los desaparecidos y reclamar investigaciones independientes. La protesta terminó con la detención temporal de varios manifestantes y el uso de la fuerza por parte de la policía.
El BTI señala que quienes denuncian estas desapariciones suelen enfrentarse a intimidación y represalias. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (Human Rights Commission of Pakistan, HRCP) coincide en este diagnóstico y advierte que los responsables de las desapariciones forzadas rara vez son investigados o sancionados, por lo que la impunidad continúa siendo la norma en la mayoría de los casos. Aunque estas denuncias se han registrado en distintas partes del país, Baluchistán concentra desde hace décadas algunos de los episodios más graves debido al prolongado conflicto entre el Estado y grupos separatistas baluchis, un contexto en el que las desapariciones forzadas se han convertido en una de las principales denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos tal como Human Rights Watch. No obstante, el fenómeno no se limita a esta provincia. Tanto el BTI como la HRCP documentan casos de intimidación, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra opositores, periodistas y activistas también en otras regiones del país, lo que evidencia las dificultades que siguen enfrentando quienes cuestionan públicamente la actuación del Estado.
Las restricciones también alcanzaron a los medios de comunicación. El periodista Matiullah Jan, conocido por sus investigaciones sobre el ejército y el sistema judicial, fue detenido en noviembre de 2024 y acusado de terrorismo tras cubrir una protesta política, un caso que provocó una amplia condena internacional. Otros periodistas, como Asad Ali Toor, también denunciaron detenciones, agresiones o investigaciones por publicar contenidos críticos con las autoridades. Paralelamente, el gobierno mantuvo el bloqueo de la red social X (antes Twitter), restringió el uso de redes privadas virtuales (VPN) e impulsó nuevas medidas para reforzar el control sobre los contenidos difundidos en internet.
La situación de las minorías religiosas ofrece otro ejemplo de ese deterioro y la Comunidad Ahmadía es una de las más afectadas por la discriminación institucional. Declarados oficialmente no musulmanes mediante una reforma constitucional aprobada en 1974, los ahmadíes tienen prohibido identificarse como musulmanes, utilizar determinados símbolos religiosos o acceder a algunos cargos públicos. Las leyes sobre blasfemia, cuya aplicación se ha endurecido durante los últimos años, también han sido utilizadas para perseguir a miembros de comunidades cristianas, hindúes y ahmadíes.
Uno de los episodios más graves ocurrió en agosto de 2023, cuando las acusaciones de blasfemia contra dos cristianos desencadenaron ataques a iglesias y viviendas en la ciudad de Jaranwala, obligando a cientos de familias a abandonar temporalmente sus hogares. Tanto el BTI como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que estos hechos evidencian la persistencia de un marco legal e institucional que facilita la discriminación religiosa y limita el ejercicio efectivo de la libertad de culto.
Aunque responden a problemáticas distintas, los casos de Mahrang Baloch, Matiullah Jan y la Comunidad Ahmadía muestran una tendencia común. El deterioro registrado por el BTI no afecta únicamente al funcionamiento de las instituciones políticas, sino que también expone un entorno cada vez más restrictivo para quienes denuncian abusos, ejercen el periodismo independiente o pertenecen a grupos históricamente vulnerables. En otras palabras, el retroceso democrático observado durante las dos últimas décadas ha ido acompañado por una reducción progresiva del espacio para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
Un deterioro que viene de lejos
La evolución de Pakistán en el Bertelsmann Transformation Index muestra que el deterioro democrático no puede explicarse únicamente por los acontecimientos de los últimos años. Aunque la destitución de Imran Khan, las elecciones de 2024 y el aumento de la represión contra la oposición aceleraron ese proceso, los indicadores del BTI revela una tendencia mucho más prolongada. Entre 2006 y 2026, la transformación política, la gobernanza y la transformación económica terminaron todas con puntuaciones inferiores a las registradas dos décadas antes, mientras que el período 2023-2025 concentró algunos de los retrocesos más significativos de toda la serie.
Detrás de esos datos aparecen procesos concretos: una mayor influencia del ejército sobre las instituciones civiles, un espacio político menos competitivo, restricciones crecientes a la libertad de expresión, denuncias persistentes de desapariciones forzadas y una discriminación que continúa afectando a diversas minorías religiosas. En conjunto, estos factores ayudan a explicar por qué el BTI clasifica hoy a Pakistán como un régimen autoritario.
Los desafíos que enfrenta el país van, por tanto, más allá de la recuperación económica o de la celebración de nuevas elecciones. La evolución futura dependerá en buena medida de la capacidad para fortalecer las instituciones civiles, garantizar la independencia judicial y proteger las libertades fundamentales. Mientras esas condiciones no se consoliden, los indicadores del BTI sugieren que el retroceso democrático observado durante las últimas dos décadas difícilmente podrá revertirse.
Amani HortonPasante internacional de CADALPasante Internacional de CADAL. Estudió lengua y cultura en la University College London (Reino Unido). Realizó un intercambio en la Universidad de San Andrés (Argentina).
Durante las últimas dos décadas, Pakistán ha mantenido una constante difícil de ignorar: mientras los gobiernos se sucedían y la economía alternaba entre crisis y períodos de recuperación, el ejército consolidó su influencia sobre la vida política del país. Esa presencia, existente desde la independencia, se intensificó especialmente durante los últimos años y fue acompañada por un deterioro de la democracia y de los derechos humanos.
Esta evolución queda reflejada en el Bertelsmann Transformation Index (BTI), que muestra un retroceso en las tres dimensiones que evalúa entre 2006 y 2026. La transformación política pasó de 3,6 a 3,3 puntos, la calidad de la gobernanza descendió de 4,4 a 3,4, mientras que la transformación económica cayó de 5,4 a 3,8, tras dos décadas marcadas por crisis fiscales, elevados niveles de endeudamiento y sucesivos programas de rescate del Fondo Monetario Internacional. Aunque el deterioro fue gradual, el propio BTI identifica el período 2023-2025 como un punto de inflexión: por primera vez clasifica a Pakistán como un régimen autoritario, asigna apenas 2 sobre 10 al funcionamiento de las instituciones democráticas y 2 sobre 10 al compromiso de los principales actores con ellas, y describe las elecciones generales de febrero de 2024 como "no libres e injustas".
Sin embargo, este deterioro no comenzó con la destitución del primer ministro Imran Khan en abril de 2022 ni con las elecciones de 2024. Sus raíces son mucho más profundas. Desde la independencia de Pakistán en 1947, el país ha alternado gobiernos civiles y militares, pero las Fuerzas Armadas nunca han dejado de ejercer una influencia decisiva sobre la política nacional. Incluso tras el fin del régimen militar de Pervez Musharraf en 2008 y el retorno de un gobierno civil, el ejército siguió desempeñando un papel central en cuestiones clave de política interior, seguridad y relaciones exteriores. Como sostiene el politólogo Aqil Shah, las Fuerzas Armadas han actuado históricamente como el principal árbitro del sistema político pakistaní, condicionando tanto a los gobiernos civiles como al funcionamiento de las instituciones democráticas.
El enfrentamiento entre el ejército y el partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), fundado por Khan, marcó un cambio de etapa. La destitución de Khan mediante una moción de censura desencadenó una de las mayores crisis políticas desde el retorno del gobierno civil en 2008. Su posterior encarcelamiento en 2023, tras ser condenado por la venta de regalos oficiales recibidos durante su mandato, la persecución de dirigentes y simpatizantes del PTI y las crecientes restricciones a la oposición, aceleraron el deterioro de la competencia política y del funcionamiento de las instituciones democráticas que el BTI ya venía registrando desde años atrás.
Las elecciones generales de febrero de 2024 terminaron de confirmar ese deterioro. Aunque el sistema siguió siendo formalmente multipartidista, el BTI señala que buena parte de la dirigencia del PTI permanece encarcelada, numerosos candidatos tuvieron que presentarse como independientes después de que el partido perdiera su símbolo electoral y la campaña estuvo marcada por fuertes restricciones a la oposición. Tanto Freedom House como Human Rights Watch coincidieron en que la competencia electoral se desarrolló en condiciones profundamente desiguales y denunciaron un aumento de la represión contra dirigentes y simpatizantes del principal partido opositor.
Mientras el deterioro institucional se hacía cada vez más evidente, la economía también entraba en una etapa crítica. Entre 2008 y 2024, Pakistán atravesó repetidas crisis de balanza de pagos que lo llevaron a negociar sucesivos programas de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional. Tras los rescates acordados en 2008, 2013, 2019 y 2023, el país volvió a recurrir al organismo en septiembre de 2024, cuando el Directorio Ejecutivo del FMI aprobó un nuevo programa de 7.000 millones de dólares destinado a evitar un incumplimiento de pagos y estabilizar la economía. El acuerdo quedó condicionado a la aplicación de reformas destinadas a ampliar la base tributaria, reducir el peso de las empresas públicas deficitarias y avanzar en la liberalización del mercado energético. Sin embargo, la debilidad de las instituciones, la escasa capacidad del Estado para implementar políticas de largo plazo y la influencia de actores con poder para bloquear reformas han dificultado sistemáticamente estos cambios. Como consecuencia, el país ha permanecido atrapado en un ciclo de rescates internacionales, ajustes económicos e incertidumbre que ha limitado la inversión privada y el crecimiento sostenido. En este sentido, el BTI considera que el deterioro económico constituye otra expresión del debilitamiento de la gobernanza y de unas instituciones con dificultades para diseñar e implementar políticas de largo plazo.
Cuando el ejército dejó de actuar entre bastidores
Durante décadas, el ejército condicionó la actuación de los gobiernos civiles sin necesidad de ejercer el poder de forma directa. Sin embargo, tras la destitución de Imran Khan, esa influencia pasó a ejercerse de manera mucho más visible a través de las instituciones del Estado. Después de ser destituido mediante una moción de censura en abril de 2022, el ex primer ministro se enfrentó a decenas de causas por presuntos delitos de corrupción, revelación de secretos oficiales y otros cargos. Aunque varias de esas condenas fueron suspendidas o revisadas posteriormente, Khan permaneció encarcelado por otras causas, lo que le impidió presentarse a las elecciones generales de febrero de 2024. Tanto Human Rights Watch como Amnistía Internacional sostuvieron que el uso reiterado de la justicia respondía a un patrón de persecución política destinado a impedir su regreso a la vida pública.
La presión, sin embargo, fue mucho más allá de la figura del ex primer ministro. Tras las protestas del 9 de mayo de 2023, desencadenadas por una breve detención de Khan y marcadas por ataques contra instalaciones militares, las autoridades respondieron con una amplia campaña de detenciones. Miles de simpatizantes del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) fueron arrestados y numerosos dirigentes abandonaron el partido tras denunciar presiones por parte de las fuerzas de seguridad. Según el BTI, esta respuesta debilitó significativamente la capacidad organizativa de la principal fuerza de oposición en los meses previos a las elecciones de 2024. La creciente utilización de la legislación de seguridad para restringir derechos fundamentales también quedó reflejada tras los disturbios del 9 de mayo de 2023, cuando decenas de civiles acusados de participar en los ataques contra instalaciones militares fueron puestos a disposición de tribunales militares.
La preocupación volvió a aumentar en octubre de 2024, con la aprobación de la 26.ª Enmienda Constitucional. La Comisión Internacional de Juristas (ICJ) calificó la reforma como "un duro golpe" para la independencia judicial al considerar que ampliaba la influencia del poder político sobre el nombramiento de jueces del Tribunal Supremo. En la misma línea, el Instituto Pakistaní para el Desarrollo Legislativo y la Transparencia (PILDAT) advirtió que la enmienda debilitaba los mecanismos de control institucional y reducía la capacidad del poder judicial para actuar como contrapeso frente al Ejecutivo y las Fuerzas Armadas.
La influencia del ejército sobre la política pakistaní no era un fenómeno nuevo, pero la creciente utilización de tribunales, organismos de investigación y reformas legales para restringir la competencia política marcó una diferencia respecto a etapas anteriores. Detrás de la caída de los indicadores no hay un único acontecimiento, sino un proceso acumulativo de debilitamiento de las instituciones democráticas que terminó llevando al BTI a clasificar por primera vez a Pakistán como un régimen autoritario.
Un espacio cívico cada vez más reducido
El deterioro de la democracia pakistaní no se limitó a la competencia política. Durante los últimos años, el BTI también registró un empeoramiento de varios indicadores relacionados con las libertades civiles y el Estado de derecho, revelando un espacio cívico cada vez más restringido. La edición de 2026 otorga a Pakistán apenas 3 puntos sobre 10 en libertad de expresión, una puntuación que ilustra el creciente control sobre periodistas, activistas y voces críticas.
Uno de los casos más representativos es el de Mahrang Baloch, médica y activista baluchi que ha denunciado las desapariciones forzadas en la provincia de Baluchistán. Cientos de personas han sido detenidas por las fuerzas de seguridad sin orden judicial y permanecen en paradero desconocido. En diciembre de 2023, Baloch encabezó una marcha desde Baluchistán hasta la capital Islamabad para exigir información sobre los desaparecidos y reclamar investigaciones independientes. La protesta terminó con la detención temporal de varios manifestantes y el uso de la fuerza por parte de la policía.
El BTI señala que quienes denuncian estas desapariciones suelen enfrentarse a intimidación y represalias. La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (Human Rights Commission of Pakistan, HRCP) coincide en este diagnóstico y advierte que los responsables de las desapariciones forzadas rara vez son investigados o sancionados, por lo que la impunidad continúa siendo la norma en la mayoría de los casos. Aunque estas denuncias se han registrado en distintas partes del país, Baluchistán concentra desde hace décadas algunos de los episodios más graves debido al prolongado conflicto entre el Estado y grupos separatistas baluchis, un contexto en el que las desapariciones forzadas se han convertido en una de las principales denuncias de familiares y organizaciones de derechos humanos tal como Human Rights Watch. No obstante, el fenómeno no se limita a esta provincia. Tanto el BTI como la HRCP documentan casos de intimidación, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas contra opositores, periodistas y activistas también en otras regiones del país, lo que evidencia las dificultades que siguen enfrentando quienes cuestionan públicamente la actuación del Estado.
Las restricciones también alcanzaron a los medios de comunicación. El periodista Matiullah Jan, conocido por sus investigaciones sobre el ejército y el sistema judicial, fue detenido en noviembre de 2024 y acusado de terrorismo tras cubrir una protesta política, un caso que provocó una amplia condena internacional. Otros periodistas, como Asad Ali Toor, también denunciaron detenciones, agresiones o investigaciones por publicar contenidos críticos con las autoridades. Paralelamente, el gobierno mantuvo el bloqueo de la red social X (antes Twitter), restringió el uso de redes privadas virtuales (VPN) e impulsó nuevas medidas para reforzar el control sobre los contenidos difundidos en internet.
La situación de las minorías religiosas ofrece otro ejemplo de ese deterioro y la Comunidad Ahmadía es una de las más afectadas por la discriminación institucional. Declarados oficialmente no musulmanes mediante una reforma constitucional aprobada en 1974, los ahmadíes tienen prohibido identificarse como musulmanes, utilizar determinados símbolos religiosos o acceder a algunos cargos públicos. Las leyes sobre blasfemia, cuya aplicación se ha endurecido durante los últimos años, también han sido utilizadas para perseguir a miembros de comunidades cristianas, hindúes y ahmadíes.
Uno de los episodios más graves ocurrió en agosto de 2023, cuando las acusaciones de blasfemia contra dos cristianos desencadenaron ataques a iglesias y viviendas en la ciudad de Jaranwala, obligando a cientos de familias a abandonar temporalmente sus hogares. Tanto el BTI como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que estos hechos evidencian la persistencia de un marco legal e institucional que facilita la discriminación religiosa y limita el ejercicio efectivo de la libertad de culto.
Aunque responden a problemáticas distintas, los casos de Mahrang Baloch, Matiullah Jan y la Comunidad Ahmadía muestran una tendencia común. El deterioro registrado por el BTI no afecta únicamente al funcionamiento de las instituciones políticas, sino que también expone un entorno cada vez más restrictivo para quienes denuncian abusos, ejercen el periodismo independiente o pertenecen a grupos históricamente vulnerables. En otras palabras, el retroceso democrático observado durante las dos últimas décadas ha ido acompañado por una reducción progresiva del espacio para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales.
Un deterioro que viene de lejos
La evolución de Pakistán en el Bertelsmann Transformation Index muestra que el deterioro democrático no puede explicarse únicamente por los acontecimientos de los últimos años. Aunque la destitución de Imran Khan, las elecciones de 2024 y el aumento de la represión contra la oposición aceleraron ese proceso, los indicadores del BTI revela una tendencia mucho más prolongada. Entre 2006 y 2026, la transformación política, la gobernanza y la transformación económica terminaron todas con puntuaciones inferiores a las registradas dos décadas antes, mientras que el período 2023-2025 concentró algunos de los retrocesos más significativos de toda la serie.
Detrás de esos datos aparecen procesos concretos: una mayor influencia del ejército sobre las instituciones civiles, un espacio político menos competitivo, restricciones crecientes a la libertad de expresión, denuncias persistentes de desapariciones forzadas y una discriminación que continúa afectando a diversas minorías religiosas. En conjunto, estos factores ayudan a explicar por qué el BTI clasifica hoy a Pakistán como un régimen autoritario.
Los desafíos que enfrenta el país van, por tanto, más allá de la recuperación económica o de la celebración de nuevas elecciones. La evolución futura dependerá en buena medida de la capacidad para fortalecer las instituciones civiles, garantizar la independencia judicial y proteger las libertades fundamentales. Mientras esas condiciones no se consoliden, los indicadores del BTI sugieren que el retroceso democrático observado durante las últimas dos décadas difícilmente podrá revertirse.
