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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
07-08-2026Cuando la Junta opuso la democracia a la soberanía: Níger en el BTI (2006-2026)
Si la democratización nunca es un proceso lineal o sin obstáculos, este se vio drásticamente interrumpido por el golpe de Estado militar de 2023, que aceleró el cierre del espacio cívico, intensificó la represión a la oposición política y agravó la situación de las minorías sexuales y de las mujeres. A pesar de que la Junta llegó con la retórica de una mejora en la situación económica y de seguridad, se intensificó la violencia, tanto por parte de los grupos yihadistas, firmemente arraigados en el país, como por parte del ejército regular.
Por Thibaut Francois
Níger en el BTI (2006-2026)El 11 de junio de 2026, Níger se sumó a la larga lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales al promulgar su nuevo Código Penal, que las castiga con hasta 20 años de cárcel. Si bien fue la Junta militar en el poder desde el golpe de 2023 quien llevó a cabo este cambio, esta iniciativa había sido impulsada por el presidente derrocado Mohamed Bazoum, bajo la influencia de organismos religiosos. En realidad, eso resume bien la trayectoria nigerina de las dos últimas décadas: el blindaje del espacio cívico no empezó con la Junta, sino que se radicalizó bajo su yugo, frente a múltiples crisis que azotan a su población.
Sumado al retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) y el cierre del juego político, no sorprende que los puntajes de Níger en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) hayan caído drásticamente entre 2024 y 2026, pasando de ser una democracia defectuosa a una autocracia de línea dura. La transformación política, que giraba alrededor de los 6 de 10 puntos, se desplomó a 2,78 en 2026 y la gobernanza siguió la misma dinámica llegando a su nivel más bajo de 3,69. Los resultados de la transformación económica son los únicos que se estancan en un nivel limitado de 4/10.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI) es un instrumento que evalúa la calidad y la evolución de las transformaciones políticas y económicas de 137 países considerados como en desarrollo o en transición, desde 2006. Se basa en 3 dimensiones principales, calificadas entre 1 y 10 puntos: la Transformación Política, que estudia la calidad de la democracia; la Transformación Económica, que se interesa en la inserción del país en la economía de mercado; y el Índice de Gobernanza, que mide la capacidad de acción efectiva de los dirigentes. La articulación de estos ejes permite una aprehensión y comprensión de las evoluciones democráticas de un Estado, siendo el caso nigerino un buen ejemplo: una economía estancada a lo largo de dos décadas, acompañada de un colapso democrático en tan solo tres años.
Una democracia que no supo arraigarse
Las elecciones de 1999 habían llevado al poder a Tandja Mamadou en un clima de esperanza democrática que terminaría decepcionada: su intento de autogolpe constitucional en 2009, cuando disolvió la Asamblea y la Corte Constitucional, precipitó su derrocamiento por un golpe de Estado militar perpetrado en nombre de la democracia. La llegada de Mahamadou Issoufou en las elecciones de 2010 encarnó una alternancia política y fortaleció las expectativas de una democracia estable en el Sahel.
Pero la agudización de la situación de seguridad a principios de la década de 2010 llevó paulatinamente a una deriva autoritaria, y el espacio cívico entró en una fase de cierre desde 2018. Las manifestaciones están hoy sistemáticamente prohibidas en nombre del orden público, y cuando se llevan a cabo terminan en la detención de los participantes, como en 2018, cuando se detuvo a 26 activistas en una protesta contra una ley financiera.
El indicador de derechos de asociación del BTI reflejaba este retroceso aun antes del golpe: desde 9/10 en 2016, cayó a 6/10 en 2020, y a 2/10 en 2026. La ley sobre cibercriminalidad de 2019, que prevé sanciones duras por la difusión de contenidos que atentan contra el orden público, consagró este cierre. Esta dinámica alcanzó su paroxismo con la Carta de Refundación aprobada en 2025, que disolvió los partidos políticos y cerró el juego electoral: la promesa de alternancia democrática no sobrevivió al golpe de 2023, y el puntaje de elecciones libres y justas pasó de 9/10 en 2006 a 1/10 en 2026, al igual que los derechos civiles, calificados con 3/10.
La prensa siguió una trayectoria semejante: evaluada con 9/10 en 2014, la libertad de expresión llegó a 6/10 en 2022, y se desplomó a 1/10 bajo la Junta. Samira Sabou, detenida en 2020 por difamación con base en la ya mencionada ley de cibercriminalidad, ilustra la represión. El endurecimiento posterior a 2023 es claro: se disolvió la Maison de la Presse (Casa de la Prensa), y se suspendieron varios medios extranjeros por supuesta amenaza al orden público, como la BBC en 2024 y 9 medios franceses en 2026.
Las detenciones arbitrarias se convirtieron en el instrumento central del poder militar. Mohamed Bazoum y su esposa permanecen encarcelados sin juicio desde el golpe de Estado, a pesar de los pedidos de liberación de la Unión Europea, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la ONU. Los defensores de los derechos humanos también son blanco de estas medidas, como lo demuestra la detención del periodista y defensor de los derechos humanos Moussa Tchangari en 2024 por «apología del terrorismo», después de que criticara la revocación de las licencias de las ONG humanitarias, un caso que el secretario general de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Drissa Traoré, analizó de la siguiente manera: “El arresto de Tchangari forma parte de una tendencia represiva general por parte de las autoridades nigerinas, que actúan contra las personas que las critican públicamente y las someten a acoso judicial constante con la intención de amordazarlas”. La FIDH también criticó la política de privación de la nacionalidad aplicada a los defensores de los derechos humanos acusados de «colaborar con potencias extranjeras», lo que deja a ciudadanos apátridas, como la doctora Mariama Djibrine, conforme a un decreto publicado el 11 de junio de 2026 por el general Tiani.
Este rechazo a la crítica internacional no es exclusivo de la Junta: atravesó todos los regímenes, tal como lo destaca el Examen Periódico Universal. Ya en 2021, bajo el mandato de Issoufou, Níger había rechazado seis de las 254 recomendaciones que se le habían formulado, entre ellas la que instaba a proteger a las personas LGBTQIA+ y a despenalizar la homosexualidad, en nombre de «valores culturales» considerados incompatibles. Este rechazo diplomático se convirtió, cinco años después, en una ley represiva: el nuevo Código Penal promulgado por la Junta en junio de 2026 criminaliza, por primera vez, las relaciones entre personas del mismo sexo (de 5 a 10 años de prisión), las uniones homosexuales y la participación en organizaciones LGBTQIA+ (de 10 a 20 años), una reforma iniciada ya en 2022 bajo el gobierno de Bazoum debido a presiones religiosas, pero que fue completada y endurecida por el régimen militar. Las mismas recomendaciones de la ONU sobre la abolición de la pena de muerte y la mejora de las condiciones de detención también se repiten ciclo tras ciclo sin que nunca se les dé seguimiento: la pena de muerte sigue figurando en el Código Penal a pesar de una moratoria de facto vigente desde 1976, mientras que el hacinamiento carcelario, el deterioro de las instalaciones y la elevada proporción de detenidos en espera de juicio siguen siendo denunciados por organizaciones, lo que demuestra que las fallas del sistema judicial nigerino son muy anteriores a la llegada al poder de los militares.
Este patrón de recomendaciones ignoradas atañe incluso a la esclavitud: aunque criminalizada desde 2003, esta persiste bajo formas diversas como la práctica de la wahaya, en la que una mujer es comprada para servir como «quinta esposa» informal, acumulando trabajo doméstico y explotación sexual, afectando en particular a las comunidades tuareg, maure y peul, donde subsiste una jerarquía social de castas heredada del periodo precolonial. Las cinco recomendaciones formuladas en 2021 para erradicar la esclavitud permanecen, también ellas, sin cambios concretos.
Esta erosión del Estado de Derecho ha sido acompañada por una creciente incapacidad del Estado para proteger a la población: el BTI 2026 le otorga a Níger una calificación de 6/10 en cuanto al monopolio del uso de la fuerza, una puntuación que refleja el desafío persistente a la autoridad estatal en las zonas fronterizas donde operan el Estado Islámico en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y Boko Haram. La región de Tillabéri, en la zona conocida como las «tres fronteras», concentra esta doble violencia: ataques contra aldeas, mercados, escuelas y lugares de culto, cierre de centros de salud y desplazamientos masivos, con más de 500.000 personas desplazadas internamente en Níger, según UNICEF, en el primer trimestre de 2026. Las mujeres están particularmente expuestas a ello: secuestros, violencia sexual y restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados. La masacre de la mezquita de Manda, ocurrida el 21 de junio de 2025, ilustra esta intensificación yihadista, mientras que el bombardeo del mercado de Kokoloko, atribuido a las fuerzas nigerinas y denunciado como un posible crimen de guerra, demuestra que la respuesta de seguridad del Estado también genera víctimas civiles. Atrapados entre estas dos formas de violencia, los civiles de Tillabéri no cuentan, en la práctica, con ninguno de los dos bandos para protegerlos.
Crecimiento sin desarrollo: la paradoja nigerina
En el plano económico surge una paradoja: el país cuenta con un crecimiento económico bueno (de un 7% en 2025 según el Banco mundial), pero cerca de la mitad de los nigerinos vive en situación de extrema pobreza y el país tiene uno de los índices de desarrollo humano (IDH) más bajos del planeta (en el puesto 188 de 193).
La ubicación geográfica del país es un factor agravante de esta falta de desarrollo, dado que depende de los Estados vecinos para acceder al comercio marítimo. Además, tras el golpe de Estado, la CEDEAO ordenó el cierre de las fronteras con Níger. Si bien las sanciones fueron levantadas, la frontera con Benín permanece bloqueada, lo que ha provocado fuertes perturbaciones económicas: inflación y dificultades de abastecimiento de medicamentos y mercancías. Por otro lado, el clima también constituye un freno estructural a su desarrollo: más de dos tercios del territorio son desérticos y el país es muy vulnerable al cambio climático, lo que provoca sequías e inundaciones violentas que afectan la agricultura y, por lo tanto, la seguridad alimentaria de los nigerinos y nigerinas.
A estas limitaciones geográficas y climáticas se suma otra paradoja: el subsuelo nigerino rebosa de recursos mineros, como uranio y petróleo, pero esta riqueza no se refleja en el día a día de casi nadie. Se acumula en enclaves industriales aislados, lejos de los pueblos que carecen de agua potable, atención médica y escuelas funcionales. El BTI señala esta desconexión desde hace veinte años: el indicador de desarrollo socioeconómico se estanca en 1/10 en toda la serie 2006 - 2026, lo que pone en evidencia que no es la naturaleza del régimen en el poder lo que determina el destino de la población nigerina, sino una pobreza estructural que atraviesa cada alternancia política sin reducirse jamás.
Esta ausencia de beneficios se suma a un Estado que recauda más de lo que redistribuye. La deuda pública alcanzó el 47,2 % del PIB en 2024, un nivel que el FMI considera de riesgo elevado de sobreendeudamiento, y el gasto militar se ha disparado desde el golpe de Estado, sin que ningún control independiente pueda verificar su monto real, ya que la Junta ha cerrado explícitamente la puerta a todo examen público. En concreto, esto se traduce en hospitales y escuelas que siguen subfinanciados, una ayuda humanitaria dificultada por la obligación de escoltas militares (cuando puede llegar), y familias que absorben solas los choques climáticos, de seguridad o diplomáticos, sin una red de protección social digna de tal nombre, como muestra el resultado del indicador de protección social del BTI, de 3/10 desde 2006.
Frente a este callejón sin salida, la supervivencia cotidiana pasa por otro lado: cerca del 99% de los empleos dependen hoy de la economía informal (y representa el 60% de su PIB), señal de que el Estado simplemente no ofrece una alternativa viable a la mayoría de su población. En esa misma precariedad crece la vulnerabilidad al reclutamiento yihadista: un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que no son, en primer lugar, convicciones religiosas las que empujan a los jóvenes sahelianos hacia los grupos armados, sino la falta de trabajo y de perspectivas de futuro. Unirse a un grupo yihadista se convierte, para algunos, en una de las pocas formas de obtener un ingreso regular o el reconocimiento social que el Estado no les da. La mala gobernanza y la violencia de las propias fuerzas de seguridad desempeñan un papel igualmente documentado: todo ello genera un círculo vicioso en el que la pobreza alimenta la inseguridad, que a su vez agrava la pobreza. Este círculo se estrechó aún más por las sanciones económicas impuestas por la CEDEAO tras el golpe de Estado y que incluyó cierre de fronteras, congelación de activos, y un embargo comercial entre agosto de 2023 y febrero de 2024. Para los nigerinos comunes, esto se tradujo muy concretamente en escasez de medicamentos, inflación en los productos de primera necesidad y dificultades de abastecimiento que precedieron en varios meses al repunte petrolero de 2024-2025. La población pagó el precio de la ruptura política mucho antes de percibir su eventual beneficio, si es que llegase a percibirlo algún día.
Reposicionamiento geopolítico: la soberanía nacional contra el multilateralismo
Antes del golpe de Estado, Níger ocupaba una posición singular en la arquitectura de seguridad de África Occidental: tras los golpes de Estado maliense, en 2020, y burkinés, en 2022, que habían expulsado a los socios occidentales de esos dos países, Niamey (capital de Niger) seguía siendo el último pilar estable de la lucha antiterrorista occidental en el Sahel. Esta centralidad se traducía en una presencia militar francesa densa en suelo nigerino, redesplegada desde Malí, junto a la base aérea estadounidense 201 de Niamey y las misiones europeas EUCAP Sahel Níger y EUMPM. Esta posición iba acompañada de una integración regional igualmente fuerte: miembro activo de la CEDEAO, Níger participaba en sus mecanismos de seguridad colectiva y seguía sometido a sus instancias judiciales. El BTI solía reflejar este anclaje: el indicador de cooperación regional permanece fijo en 9/10 hasta 2024, uno de los puntajes más sólidos de toda la evaluación nigerina.
El golpe de Estado del 26 de julio de 2023 redibujó por completo este panorama. En el plano regional, la CEDEAO amenaza primero con una intervención militar para restituir a Bazoum, antes de retroceder ante la intransigencia de la Junta. Níger, en respuesta, anunció en enero de 2024 su retiro de la organización, junto con Malí y Burkina Faso, antes de la salida efectiva en enero de 2025. Los tres países fundaron, en cambio, la Alianza de los Estados del Sahel (AES), un bloque soberanista que institucionaliza de manera duradera la ruptura con la arquitectura regional anterior. El gesto se prolongó en julio de 2026 con el retiro de Níger de la Corte Penal Internacional, junto a sus dos aliados, una decisión con graves consecuencias para las víctimas de los abusos cometidos en la región, que pierden así un último recurso judicial internacional, justo cuando las violaciones atribuidas a todas las partes del conflicto siguen acumulándose.
En el plano occidental, la ruptura es más radical con Francia: denuncia de los acuerdos de cooperación militar desde el 3 de agosto de 2023, retiro de las tropas, ruptura de las asociaciones económicas (hasta la nacionalización de los activos de Orano) y retiro de Níger de la Organización Internacional de la Francofonía en marzo de 2025. El repudio va más allá del terreno de la seguridad para afectar incluso los lazos culturales e institucionales heredados de la colonización. Esta ruptura viene acompañada de consignas anti francesas muy virulentas, ampliamente utilizadas por la Junta para afianzar su legitimidad popular tras el golpe de Estado. Solo Italia escapa a este movimiento general: su misión bilateral (MISIN) sigue activa en la base aérea 101 de Niamey, una elección que el régimen celebra explícitamente como prueba de que un socio occidental permaneció fiel después de julio de 2023 a cambio de una cooperación sostenida en materia de lucha contra la migración irregular, en línea con su política migratoria más amplia en África Occidental.
Este vacío dejado por el retiro occidental es llenado por un rápido acercamiento a Moscú. Ya en abril de 2024, instructores militares rusos llegaron a Niamey, en continuidad con el esquema ya observado en Malí y en República Centroafricana: tras la salida de las fuerzas occidentales, elementos vinculados al antiguo grupo Wagner, hoy en gran medida integrados al Africa Corps bajo el control del Ministerio de Defensa ruso, se instalaron en apoyo directo a la Junta, a cambio de cooperación en materia de seguridad y de respaldo a la propaganda favorable al régimen. El BTI captó este vuelco en toda su brutalidad: el indicador de cooperación regional, estable en 9/10 hasta 2024, cae a 3/10 en el informe 2026, mostrando un país que rompió con sus socios tradicionales pero que no logró reconstruir una red de cooperación alternativa sólida.
Conclusión
Para concluir, si la democratización nunca es un proceso lineal o sin obstáculos, este se vio drásticamente interrumpido por el golpe de Estado militar de 2023, que aceleró el cierre del espacio cívico, intensificó la represión a la oposición política y agravó la situación de las minorías sexuales y de las mujeres, la ya mencionada criminalización de la homosexualidad siendo tan solo la traducción de aquella deriva.
A pesar de que la Junta llegó con la retórica de una mejora en la situación económica y de seguridad, se intensificó la violencia, tanto por parte de los grupos yihadistas, firmemente arraigados en el país, como por parte del ejército regular. La región de Tillabéri sigue siendo la zona más mortífera del Sahel. Respecto a lo económico, teóricamente Níger logró nacionalizar su renta minera, pero los cargamentos de uranio siguen paralizados. El crecimiento económico alcanzó niveles satisfactorios, pero estos resultados no alcanzan a la población nigerina, que sigue siendo una de las más pobres del mundo y que enfrenta el colapso de las infraestructuras sociales, cada vez menos financiadas. Esto se ve exacerbado por el retiro de las ayudas internacionales, como la suspensión de la USAID, lo que obligó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a suspender la asistencia alimentaria de emergencia en el Sahel.
Asimismo, el pueblo nigerino perdió la mayoría de sus protecciones jurídicas: a nivel nacional, con una separación de poderes reducida a nada; e internacionalmente, con el retiro de la CPI, el último recurso posible para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Lo más preocupante no es el cese de la transición democrática en detrimento de la población -proceso ya en curso en varios países de la región-, sino la manera en que las juntas saharianas logran no solo ignorar las presiones internacionales, sino también construir su legitimidad sobre el mismo argumento de recuperación de la soberanía.
Thibaut FrancoisPasante internacional de CADALPasante internacional de CADAL. Es Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Lumière Lyon y está cursando el Máster en Ciencia Política – Política Comparada y Cooperación Internacional: Américas, Universite de Bordeaux.
El 11 de junio de 2026, Níger se sumó a la larga lista de países que criminalizan las relaciones homosexuales al promulgar su nuevo Código Penal, que las castiga con hasta 20 años de cárcel. Si bien fue la Junta militar en el poder desde el golpe de 2023 quien llevó a cabo este cambio, esta iniciativa había sido impulsada por el presidente derrocado Mohamed Bazoum, bajo la influencia de organismos religiosos. En realidad, eso resume bien la trayectoria nigerina de las dos últimas décadas: el blindaje del espacio cívico no empezó con la Junta, sino que se radicalizó bajo su yugo, frente a múltiples crisis que azotan a su población.
Sumado al retiro de la Corte Penal Internacional (CPI) y el cierre del juego político, no sorprende que los puntajes de Níger en el Bertelsmann Transformation Index (BTI) hayan caído drásticamente entre 2024 y 2026, pasando de ser una democracia defectuosa a una autocracia de línea dura. La transformación política, que giraba alrededor de los 6 de 10 puntos, se desplomó a 2,78 en 2026 y la gobernanza siguió la misma dinámica llegando a su nivel más bajo de 3,69. Los resultados de la transformación económica son los únicos que se estancan en un nivel limitado de 4/10.
El Bertelsmann Transformation Index (BTI) es un instrumento que evalúa la calidad y la evolución de las transformaciones políticas y económicas de 137 países considerados como en desarrollo o en transición, desde 2006. Se basa en 3 dimensiones principales, calificadas entre 1 y 10 puntos: la Transformación Política, que estudia la calidad de la democracia; la Transformación Económica, que se interesa en la inserción del país en la economía de mercado; y el Índice de Gobernanza, que mide la capacidad de acción efectiva de los dirigentes. La articulación de estos ejes permite una aprehensión y comprensión de las evoluciones democráticas de un Estado, siendo el caso nigerino un buen ejemplo: una economía estancada a lo largo de dos décadas, acompañada de un colapso democrático en tan solo tres años.
Una democracia que no supo arraigarse
Las elecciones de 1999 habían llevado al poder a Tandja Mamadou en un clima de esperanza democrática que terminaría decepcionada: su intento de autogolpe constitucional en 2009, cuando disolvió la Asamblea y la Corte Constitucional, precipitó su derrocamiento por un golpe de Estado militar perpetrado en nombre de la democracia. La llegada de Mahamadou Issoufou en las elecciones de 2010 encarnó una alternancia política y fortaleció las expectativas de una democracia estable en el Sahel.
Pero la agudización de la situación de seguridad a principios de la década de 2010 llevó paulatinamente a una deriva autoritaria, y el espacio cívico entró en una fase de cierre desde 2018. Las manifestaciones están hoy sistemáticamente prohibidas en nombre del orden público, y cuando se llevan a cabo terminan en la detención de los participantes, como en 2018, cuando se detuvo a 26 activistas en una protesta contra una ley financiera.
El indicador de derechos de asociación del BTI reflejaba este retroceso aun antes del golpe: desde 9/10 en 2016, cayó a 6/10 en 2020, y a 2/10 en 2026. La ley sobre cibercriminalidad de 2019, que prevé sanciones duras por la difusión de contenidos que atentan contra el orden público, consagró este cierre. Esta dinámica alcanzó su paroxismo con la Carta de Refundación aprobada en 2025, que disolvió los partidos políticos y cerró el juego electoral: la promesa de alternancia democrática no sobrevivió al golpe de 2023, y el puntaje de elecciones libres y justas pasó de 9/10 en 2006 a 1/10 en 2026, al igual que los derechos civiles, calificados con 3/10.
La prensa siguió una trayectoria semejante: evaluada con 9/10 en 2014, la libertad de expresión llegó a 6/10 en 2022, y se desplomó a 1/10 bajo la Junta. Samira Sabou, detenida en 2020 por difamación con base en la ya mencionada ley de cibercriminalidad, ilustra la represión. El endurecimiento posterior a 2023 es claro: se disolvió la Maison de la Presse (Casa de la Prensa), y se suspendieron varios medios extranjeros por supuesta amenaza al orden público, como la BBC en 2024 y 9 medios franceses en 2026.
Las detenciones arbitrarias se convirtieron en el instrumento central del poder militar. Mohamed Bazoum y su esposa permanecen encarcelados sin juicio desde el golpe de Estado, a pesar de los pedidos de liberación de la Unión Europea, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la ONU. Los defensores de los derechos humanos también son blanco de estas medidas, como lo demuestra la detención del periodista y defensor de los derechos humanos Moussa Tchangari en 2024 por «apología del terrorismo», después de que criticara la revocación de las licencias de las ONG humanitarias, un caso que el secretario general de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Drissa Traoré, analizó de la siguiente manera: “El arresto de Tchangari forma parte de una tendencia represiva general por parte de las autoridades nigerinas, que actúan contra las personas que las critican públicamente y las someten a acoso judicial constante con la intención de amordazarlas”. La FIDH también criticó la política de privación de la nacionalidad aplicada a los defensores de los derechos humanos acusados de «colaborar con potencias extranjeras», lo que deja a ciudadanos apátridas, como la doctora Mariama Djibrine, conforme a un decreto publicado el 11 de junio de 2026 por el general Tiani.
Este rechazo a la crítica internacional no es exclusivo de la Junta: atravesó todos los regímenes, tal como lo destaca el Examen Periódico Universal. Ya en 2021, bajo el mandato de Issoufou, Níger había rechazado seis de las 254 recomendaciones que se le habían formulado, entre ellas la que instaba a proteger a las personas LGBTQIA+ y a despenalizar la homosexualidad, en nombre de «valores culturales» considerados incompatibles. Este rechazo diplomático se convirtió, cinco años después, en una ley represiva: el nuevo Código Penal promulgado por la Junta en junio de 2026 criminaliza, por primera vez, las relaciones entre personas del mismo sexo (de 5 a 10 años de prisión), las uniones homosexuales y la participación en organizaciones LGBTQIA+ (de 10 a 20 años), una reforma iniciada ya en 2022 bajo el gobierno de Bazoum debido a presiones religiosas, pero que fue completada y endurecida por el régimen militar. Las mismas recomendaciones de la ONU sobre la abolición de la pena de muerte y la mejora de las condiciones de detención también se repiten ciclo tras ciclo sin que nunca se les dé seguimiento: la pena de muerte sigue figurando en el Código Penal a pesar de una moratoria de facto vigente desde 1976, mientras que el hacinamiento carcelario, el deterioro de las instalaciones y la elevada proporción de detenidos en espera de juicio siguen siendo denunciados por organizaciones, lo que demuestra que las fallas del sistema judicial nigerino son muy anteriores a la llegada al poder de los militares.
Este patrón de recomendaciones ignoradas atañe incluso a la esclavitud: aunque criminalizada desde 2003, esta persiste bajo formas diversas como la práctica de la wahaya, en la que una mujer es comprada para servir como «quinta esposa» informal, acumulando trabajo doméstico y explotación sexual, afectando en particular a las comunidades tuareg, maure y peul, donde subsiste una jerarquía social de castas heredada del periodo precolonial. Las cinco recomendaciones formuladas en 2021 para erradicar la esclavitud permanecen, también ellas, sin cambios concretos.
Esta erosión del Estado de Derecho ha sido acompañada por una creciente incapacidad del Estado para proteger a la población: el BTI 2026 le otorga a Níger una calificación de 6/10 en cuanto al monopolio del uso de la fuerza, una puntuación que refleja el desafío persistente a la autoridad estatal en las zonas fronterizas donde operan el Estado Islámico en el Sahel, el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y Boko Haram. La región de Tillabéri, en la zona conocida como las «tres fronteras», concentra esta doble violencia: ataques contra aldeas, mercados, escuelas y lugares de culto, cierre de centros de salud y desplazamientos masivos, con más de 500.000 personas desplazadas internamente en Níger, según UNICEF, en el primer trimestre de 2026. Las mujeres están particularmente expuestas a ello: secuestros, violencia sexual y restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados. La masacre de la mezquita de Manda, ocurrida el 21 de junio de 2025, ilustra esta intensificación yihadista, mientras que el bombardeo del mercado de Kokoloko, atribuido a las fuerzas nigerinas y denunciado como un posible crimen de guerra, demuestra que la respuesta de seguridad del Estado también genera víctimas civiles. Atrapados entre estas dos formas de violencia, los civiles de Tillabéri no cuentan, en la práctica, con ninguno de los dos bandos para protegerlos.
Crecimiento sin desarrollo: la paradoja nigerina
En el plano económico surge una paradoja: el país cuenta con un crecimiento económico bueno (de un 7% en 2025 según el Banco mundial), pero cerca de la mitad de los nigerinos vive en situación de extrema pobreza y el país tiene uno de los índices de desarrollo humano (IDH) más bajos del planeta (en el puesto 188 de 193).
La ubicación geográfica del país es un factor agravante de esta falta de desarrollo, dado que depende de los Estados vecinos para acceder al comercio marítimo. Además, tras el golpe de Estado, la CEDEAO ordenó el cierre de las fronteras con Níger. Si bien las sanciones fueron levantadas, la frontera con Benín permanece bloqueada, lo que ha provocado fuertes perturbaciones económicas: inflación y dificultades de abastecimiento de medicamentos y mercancías. Por otro lado, el clima también constituye un freno estructural a su desarrollo: más de dos tercios del territorio son desérticos y el país es muy vulnerable al cambio climático, lo que provoca sequías e inundaciones violentas que afectan la agricultura y, por lo tanto, la seguridad alimentaria de los nigerinos y nigerinas.
A estas limitaciones geográficas y climáticas se suma otra paradoja: el subsuelo nigerino rebosa de recursos mineros, como uranio y petróleo, pero esta riqueza no se refleja en el día a día de casi nadie. Se acumula en enclaves industriales aislados, lejos de los pueblos que carecen de agua potable, atención médica y escuelas funcionales. El BTI señala esta desconexión desde hace veinte años: el indicador de desarrollo socioeconómico se estanca en 1/10 en toda la serie 2006 - 2026, lo que pone en evidencia que no es la naturaleza del régimen en el poder lo que determina el destino de la población nigerina, sino una pobreza estructural que atraviesa cada alternancia política sin reducirse jamás.
Esta ausencia de beneficios se suma a un Estado que recauda más de lo que redistribuye. La deuda pública alcanzó el 47,2 % del PIB en 2024, un nivel que el FMI considera de riesgo elevado de sobreendeudamiento, y el gasto militar se ha disparado desde el golpe de Estado, sin que ningún control independiente pueda verificar su monto real, ya que la Junta ha cerrado explícitamente la puerta a todo examen público. En concreto, esto se traduce en hospitales y escuelas que siguen subfinanciados, una ayuda humanitaria dificultada por la obligación de escoltas militares (cuando puede llegar), y familias que absorben solas los choques climáticos, de seguridad o diplomáticos, sin una red de protección social digna de tal nombre, como muestra el resultado del indicador de protección social del BTI, de 3/10 desde 2006.
Frente a este callejón sin salida, la supervivencia cotidiana pasa por otro lado: cerca del 99% de los empleos dependen hoy de la economía informal (y representa el 60% de su PIB), señal de que el Estado simplemente no ofrece una alternativa viable a la mayoría de su población. En esa misma precariedad crece la vulnerabilidad al reclutamiento yihadista: un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que no son, en primer lugar, convicciones religiosas las que empujan a los jóvenes sahelianos hacia los grupos armados, sino la falta de trabajo y de perspectivas de futuro. Unirse a un grupo yihadista se convierte, para algunos, en una de las pocas formas de obtener un ingreso regular o el reconocimiento social que el Estado no les da. La mala gobernanza y la violencia de las propias fuerzas de seguridad desempeñan un papel igualmente documentado: todo ello genera un círculo vicioso en el que la pobreza alimenta la inseguridad, que a su vez agrava la pobreza. Este círculo se estrechó aún más por las sanciones económicas impuestas por la CEDEAO tras el golpe de Estado y que incluyó cierre de fronteras, congelación de activos, y un embargo comercial entre agosto de 2023 y febrero de 2024. Para los nigerinos comunes, esto se tradujo muy concretamente en escasez de medicamentos, inflación en los productos de primera necesidad y dificultades de abastecimiento que precedieron en varios meses al repunte petrolero de 2024-2025. La población pagó el precio de la ruptura política mucho antes de percibir su eventual beneficio, si es que llegase a percibirlo algún día.
Reposicionamiento geopolítico: la soberanía nacional contra el multilateralismo
Antes del golpe de Estado, Níger ocupaba una posición singular en la arquitectura de seguridad de África Occidental: tras los golpes de Estado maliense, en 2020, y burkinés, en 2022, que habían expulsado a los socios occidentales de esos dos países, Niamey (capital de Niger) seguía siendo el último pilar estable de la lucha antiterrorista occidental en el Sahel. Esta centralidad se traducía en una presencia militar francesa densa en suelo nigerino, redesplegada desde Malí, junto a la base aérea estadounidense 201 de Niamey y las misiones europeas EUCAP Sahel Níger y EUMPM. Esta posición iba acompañada de una integración regional igualmente fuerte: miembro activo de la CEDEAO, Níger participaba en sus mecanismos de seguridad colectiva y seguía sometido a sus instancias judiciales. El BTI solía reflejar este anclaje: el indicador de cooperación regional permanece fijo en 9/10 hasta 2024, uno de los puntajes más sólidos de toda la evaluación nigerina.
El golpe de Estado del 26 de julio de 2023 redibujó por completo este panorama. En el plano regional, la CEDEAO amenaza primero con una intervención militar para restituir a Bazoum, antes de retroceder ante la intransigencia de la Junta. Níger, en respuesta, anunció en enero de 2024 su retiro de la organización, junto con Malí y Burkina Faso, antes de la salida efectiva en enero de 2025. Los tres países fundaron, en cambio, la Alianza de los Estados del Sahel (AES), un bloque soberanista que institucionaliza de manera duradera la ruptura con la arquitectura regional anterior. El gesto se prolongó en julio de 2026 con el retiro de Níger de la Corte Penal Internacional, junto a sus dos aliados, una decisión con graves consecuencias para las víctimas de los abusos cometidos en la región, que pierden así un último recurso judicial internacional, justo cuando las violaciones atribuidas a todas las partes del conflicto siguen acumulándose.
En el plano occidental, la ruptura es más radical con Francia: denuncia de los acuerdos de cooperación militar desde el 3 de agosto de 2023, retiro de las tropas, ruptura de las asociaciones económicas (hasta la nacionalización de los activos de Orano) y retiro de Níger de la Organización Internacional de la Francofonía en marzo de 2025. El repudio va más allá del terreno de la seguridad para afectar incluso los lazos culturales e institucionales heredados de la colonización. Esta ruptura viene acompañada de consignas anti francesas muy virulentas, ampliamente utilizadas por la Junta para afianzar su legitimidad popular tras el golpe de Estado. Solo Italia escapa a este movimiento general: su misión bilateral (MISIN) sigue activa en la base aérea 101 de Niamey, una elección que el régimen celebra explícitamente como prueba de que un socio occidental permaneció fiel después de julio de 2023 a cambio de una cooperación sostenida en materia de lucha contra la migración irregular, en línea con su política migratoria más amplia en África Occidental.
Este vacío dejado por el retiro occidental es llenado por un rápido acercamiento a Moscú. Ya en abril de 2024, instructores militares rusos llegaron a Niamey, en continuidad con el esquema ya observado en Malí y en República Centroafricana: tras la salida de las fuerzas occidentales, elementos vinculados al antiguo grupo Wagner, hoy en gran medida integrados al Africa Corps bajo el control del Ministerio de Defensa ruso, se instalaron en apoyo directo a la Junta, a cambio de cooperación en materia de seguridad y de respaldo a la propaganda favorable al régimen. El BTI captó este vuelco en toda su brutalidad: el indicador de cooperación regional, estable en 9/10 hasta 2024, cae a 3/10 en el informe 2026, mostrando un país que rompió con sus socios tradicionales pero que no logró reconstruir una red de cooperación alternativa sólida.
Conclusión
Para concluir, si la democratización nunca es un proceso lineal o sin obstáculos, este se vio drásticamente interrumpido por el golpe de Estado militar de 2023, que aceleró el cierre del espacio cívico, intensificó la represión a la oposición política y agravó la situación de las minorías sexuales y de las mujeres, la ya mencionada criminalización de la homosexualidad siendo tan solo la traducción de aquella deriva.
A pesar de que la Junta llegó con la retórica de una mejora en la situación económica y de seguridad, se intensificó la violencia, tanto por parte de los grupos yihadistas, firmemente arraigados en el país, como por parte del ejército regular. La región de Tillabéri sigue siendo la zona más mortífera del Sahel. Respecto a lo económico, teóricamente Níger logró nacionalizar su renta minera, pero los cargamentos de uranio siguen paralizados. El crecimiento económico alcanzó niveles satisfactorios, pero estos resultados no alcanzan a la población nigerina, que sigue siendo una de las más pobres del mundo y que enfrenta el colapso de las infraestructuras sociales, cada vez menos financiadas. Esto se ve exacerbado por el retiro de las ayudas internacionales, como la suspensión de la USAID, lo que obligó al Programa Mundial de Alimentos (PMA) a suspender la asistencia alimentaria de emergencia en el Sahel.
Asimismo, el pueblo nigerino perdió la mayoría de sus protecciones jurídicas: a nivel nacional, con una separación de poderes reducida a nada; e internacionalmente, con el retiro de la CPI, el último recurso posible para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Lo más preocupante no es el cese de la transición democrática en detrimento de la población -proceso ya en curso en varios países de la región-, sino la manera en que las juntas saharianas logran no solo ignorar las presiones internacionales, sino también construir su legitimidad sobre el mismo argumento de recuperación de la soberanía.
