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14-07-2003

PROBLEMAS EN MEDIO DE LA GESTIÓN DE TOLEDO EN PERÚ

Se suponía que sería algo radicalmente nuevo para la política peruana: un presidente de orígenes humildes y de marcada extracción indígena, un hombre totalmente limpio de la corrupción de los gobiernos anteriores y ampliamente independiente de las clases políticas tradicionales. Hoy, a mitad de su gestión, el presidente Alejandro Toledo gobierna sobre un enjambre de problemas. Su tasa de apoyo, que alcanzaba el 60 por ciento cuando se hizo cargo de la Presidencia hace dos años, se ha deslizado al 14 por ciento. Si bien nadie duda que terminará su período, adónde irá su país está en serias dudas.
Por Mark Falcoff

Se suponía que sería algo radicalmente nuevo para la política peruana: un presidente de orígenes humildes y de marcada extracción indígena, un hombre totalmente limpio de la corrupción de los gobiernos anteriores y ampliamente independiente de las clases políticas tradicionales. Hoy, a mitad de su gestión, el presidente Alejandro Toledo gobierna sobre un enjambre de problemas. Su tasa de apoyo, que alcanzaba el 60 por ciento cuando se hizo cargo de la Presidencia hace dos años, se ha deslizado al 14 por ciento. Si bien nadie duda que terminará su período, adónde irá su país está en serias dudas. Algunas de las señales en el horizonte están lejos de ser tranquilizadoras.

Si los indicadores macroeconómicos contaran toda la historia, Toledo estaría en la cima de la cresta de apoyo público. El producto bruto interno del país se expandió un 5,2 por ciento el año pasado (virtualmente la mejor tasa de la región) y continúa creciendo este año a un nivel de 4 por ciento. La inflación es baja; la moneda está estable; los bonos peruanos están rindiendo bien en los mercados internacionales. Desafortunadamente, mucho de esto se debe a una expansión de las exportaciones de los recursos naturales y no gotea mucho a la base de la pirámide de ingresos; más de la mitad de los 27 millones de peruanos viven en la pobreza. Más significativamente, según la Cámara de Comercio de Lima, el número de residentes urbanos empleados por compañías de más de diez empleados ha estado estancado desde 1998. El subempleo o el desempleo disfrazado en la capital está estimado en un 60 por ciento.

Estas tristes cifras son el primer plato de una comida poco apetitosa. Toledo mismo, un economista de Stanford y ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, fue una suerte de decepción incluso para sus seguidores. Desde su inauguración, su gobierno ha estado manchado por escándalos, incluyendo el hecho impactante de que su esposa ( "antropóloga" algo izquierdista nacida en Bélgica) estaba recibiendo un sueldo de U$S 10.000 al mes de un banco europeo por sus servicios (no especificados) como "asesora". Al asumir el presidente rápidamente triplicó su salario a U$S 18.000 mensuales, convirtiéndose en uno de los representantes del Ejecutivo popularmente electos mejor pagos en la región, siendo uno de sus países más pobres. Su respuesta poco cautelosa a la crítica fue reducir esa cifra a nada más que U$S 12.000. El rumor también sostiene que ha venido disfrutando de una vida nocturna estimulante en Lima.

Es más, el hecho de que fue independiente de cualquier partido político (un activo en la carrera a la presidencia) ha probado ser algo confiable desde que asumió. Sin nada parecido a una mayoría en el Congreso, está siendo forzado lentamente a acordar con el único partido político importante de Perú, el APRA, liderado por el ex presidente Alan García. Flotando en el fondo hay otra fuerza, Bandera Roja, una organización de extrema izquierda, con un importante control sobre el movimiento obrero peruano y un pie en las comunidades indígenas del país; muchos de los antiguos seguidores de Toledo se han estado pasando a su campo.

Cuán volátil está la situación política de Perú ha quedado demostrado en mayo último por una huelga de maestros de un mes de duración, a la cual se unieron agricultores y empleados públicos, forzando al gobierno a declarar el estado de emergencia. Cuando se tranquilizaron las aguas, los maestros fueron forzados a aceptar la mitad de lo que demandaban. Pero los agricultores, que cortaron rutas, no fueron comprados tan fácilmente, dado que su demanda es que el gobierno termine la importación de alimentos baratos. Mientras tanto, los opositores de Toledo han recibido un considerable capital político en los choques violentos que sucedieron durante la huelga, entre soldados y manifestantes en Puno, un pueblo a 800 kilómetros al sudeste de la capital, y que terminó con la muerte de un estudiante universitario.

Al escuchar a los críticos de Toledo (los sindicatos y partidos de la oposición, particularmente APRA) uno podría imaginar que se había embarcado en un programa de reestructuración radical de la economía peruana con una orientación de mercado. Su receta para lo que aflige al país son políticas de indudable signo populista: una gran explosión de gasto público, supresión de impuestos indirectos, y pesadas cargas "sobre quienes más tienen". Todo es bastante simple para Mario Huamán, presidente de la federación obrera más grande del país. "Eliminar las exenciones impositivas a grandes grupos económicos vale más de mil millones de dólares," le dijo a un periódico argentino, "los maestros pueden obtener un aumento sustancial y se pueden crear nuevos empleos".

Esta forma de pensar (que la abundancia se esconde en alguna parte detrás de una roca, si sólo los políticos tuvieran el coraje de darla vuelta) ha plagado a la política latinoamericana por más de cincuenta años. Mientras Perú, como la mayoría de los países de América Latina, necesita una seria reforma impositiva, exprimir sólo a los ricos no será suficiente. La maraña de regulaciones del país ha llevado a millones de peruanos al sector informal, que ahora parece ocupar, a trazos gruesos, la mitad de la actividad económica del país. Esto incluye no solamente a los vendedores sin licencia, los cambiadores de moneda, y los taxistas, sino también gente involucrada en el lavado de dinero para las operaciones de crítica fue reducir esa cifra a nada más que U$S 12.000. El rumor también sostiene que ha venido disfrutando de una vida nocturna estimulante en Lima.

Es más, el hecho de que fue independiente de cualquier partido político (un activo en la carrera a la presidencia) ha probado ser algo confiable desde que asumió. Sin nada parecido a una mayoría en el Congreso, está siendo forzado lentamente a acordar con el único partido político importante de Perú, el APRA, liderado por el ex presidente Alan García. Flotando en el fondo hay otra fuerza, Bandera Roja, una organización de extrema izquierda, con un importante control sobre el movimiento obrero peruano y un pie en las comunidades indígenas del país; muchos de los antiguos seguidores de Toledo se han estado pasando a su campo.

Cuán volátil está la situación política de Perú ha quedado demostrado en mayo último por una huelga de maestros de un mes de duración, a la cual se unieron agricultores y empleados públicos, forzando al gobierno a declarar el estado de emergencia. Cuando se tranquilizaron las aguas, los maestros fueron forzados a aceptar la mitad de lo que demandaban. Pero los agricultores, que cortaron rutas, no fueron comprados tan fácilmente, dado que su demanda es que el gobierno termine la importación de alimentos baratos. Mientras tanto, los opositores de Toledo han recibido un considerable capital político en los choques violentos que sucedieron durante la huelga, entre soldados y manifestantes en Puno, un pueblo a 800 kilómetros al sudeste de la capital, y que terminó con la muerte de un estudiante universitario.

Al escuchar a los críticos de Toledo (los sindicatos y partidos de la oposición, particularmente APRA) uno podría imaginar que se había embarcado en un programa de reestructuración radical de la economía peruana con una orientación de mercado. Su receta para lo que aflige al país son políticas de indudable signo populista: una gran explosión de gasto público, supresión de impuestos indirectos, y pesadas cargas "sobre quienes más tienen". Todo es bastante simple para Mario Huamán, presidente de la federación obrera más grande del país. "Eliminar las exenciones impositivas a grandes grupos económicos vale más de mil millones de dólares," le dijo a un periódico argentino, "los maestros pueden obtener un aumento sustancial y se pueden crear nuevos empleos" (1).

Esta forma de pensar (que la abundancia se esconde en alguna parte detrás de una roca, si sólo los políticos tuvieran el coraje de darla vuelta) ha plagado a la política latinoamericana por más de cincuenta años. Mientras Perú, como la mayoría de los países de América Latina, necesita una seria reforma impositiva, exprimir sólo a los ricos no será suficiente. La maraña de regulaciones del país ha llevado a millones de peruanos al sector informal, que ahora parece ocupar, a trazos gruesos, la mitad de la actividad económica del país. Esto incluye no solamente a los vendedores sin licencia, los cambiadores de moneda, y los taxistas, sino también gente involucrada en el lavado de dinero para las operaciones dedrogas. Para las estimaciones más conservadoras, estas operaciones ilícitas le cuestan al tesoro peruano unos $ 70.000 millones en ingresos por año. Algunos consideran que la cifra es el doble. Sin embargo hasta ahora Toledo, si bien etiquetado como "neoliberal" por sus opositores, ha hecho muy poco para desmantelar estas barreras. Al mismo tiempo, los primeros planes de privatizar el sistema eléctrico del país, que habría creado tanto nuevos puestos de trabajo como estimulado un crecimiento económico en las regiones de las afueras de Lima, fueron aplazadas con los primeros indicios de oposición.

La recurrencia de dos viejas plagas.
Mientras tanto, dos problemas que contaminaron a Perú en el pasado parecen estar reapareciendo. La primera de ellas es el resurgimiento del movimiento guerrillero Sendero Luminoso, responsable por la muerte de más de 30.000 peruanos entre 1980 y 1992. Gracias a la captura de su fundador, Abimael Guzmán, y muchos de sus principales cómplices (ahora cumpliendo largos períodos en prisión), y promulgando estrictas leyes antiterroristas, el ex presidente Alberto Fujimori había puesto aparentemente a Sendero de rodillas. A comienzos del mes pasado, sin embargo, un grupo de 62 guerrilleros (incluyendo cinco mujeres y siete menores) rodeó campos de construcción pertenecientes a la empresa argentina Techint en la provincia de Arequipa y robaron radios, cerca de tres mil barras de dinamita y detonadores. Techint está construyendo un gasoducto para transportar, a través de los Andes, gas natural de la selva amazónica de Perú hasta la costa del Pacífico. Sendero ha declarado que su principal intención es volar esa línea, una vez que esté construida, si no reciben un buen pago de la compañía.

Este incidente ha reabierto el debate en Perú sobre cómo tratar con el terrorismo. Durante los años de Fujimori, el ejército peruano y la policía eran frecuentemente criticados por los grupos internacionales de derechos humanos por su estilo de contra-insurgencia de "disparar primero, luego hacer las preguntas". Por otro lado, obviamente funcionó. Ahora los críticos a Toledo (y Fujimori mismo, viviendo en el exilio en Japón) argumentan que el recrudecimiento de Sendero es resultado directo de la revocación de algunas de las vigorosas leyes antiterroristas de Fujimori (que algunos calificarían de represivas). Podemos estar seguros de que en este punto la amenaza de Sendero es chica comparada con lo que era veinte años atrás, cuando podía jactarse de 5.000 partidarios esparcidos por las tres principales regiones de Perú (el Amazonas, las cumbres andinas, y costa del Pacífico). Hoy la mayoría de las estimaciones adjudican al movimiento entre 300 y 500 miembros.

Sendero es una mezcla de muchas cosas, como explicó el legislador Javier Diez Canseco al Miami Herald: "es un grupo político y un grupo criminal que desarrolla una acción terrorista. Tiene vínculos habituales con criminales comunes y traficantes de droga"(2). Podría haber agregado que sus actividades están vestidas por una glosa de palabrerío marxista-maoísta, presumiblemente para satisfacción de la inocencia política de europeos y norteamericanos, mientras que la gran mayoría de los peruanos no tiene interés en esas ideologías.

La reaparición de Sendero en la región de Ayacucho es particularmente problemática, sin embargo, dado que es un área importante de cultivo de coca, la materia prima para la producción de la cocaína. Al mismo tiempo, se ha convertido en el foco de la actividad criminal generalizada. Ambos representan un revés para las primeras tendencias. A fines de los '90, la producción de coca declinó debido a los bajos precios, una más efectiva prohibición y erradicación, y programas de cultivo alternativo. Aunque se sabe que Perú destruyó cerca de 18.000 acres el año pasado, un estudio conjunto de la ONU con el gobierno peruano sostiene que, aún así, el cultivo aumentó más de uno por ciento en 2002. El Departamento de Estado estadounidense lleva la cifra a más del siete por ciento, que atribuye a una caída en la presencia policial en algunas áreas de cultivo de coca y en una desaceleración de los programas de erradicación.

Mientras tanto, cultivadores de coca mismos están presionando a Toledo para sacar las restricciones sobre lo que, después de todo, es un cultivo altamente rentable. En mayo miles de personas se reunieron en Lima para manifestarse contra las medidas de erradicación, y en una reunión con Toledo se les aseguró que el gobierno desarrollaría métodos para reducir el cultivo de coca gradualmente, permitiendo así una transición paulatina hacia otros cultivos. Sin embargo, hasta el momento, las realidades económicas han superado a la retórica. Dada la situación general del país, sería sorprendente que no ocurriera.

Esperando en las sombras
¿Quién está mejor posicionado para llevarse la cosecha política de la extendida insatisfacción con el presidente Toledo? De cara a esto, el candidato más probable sería el jefe del partido APRA, el ex presidente Alan García. Es recordado por muchos observadores como probablemente el hombre más imbécil que haya estado en la presidencia de un país latinoamericano relevante (esto era antes de la elección de Hugo Chávez en Venezuela). Su pronunciamiento más memorable (de los muchos, que quede claro) fue un ofrecimiento de entregar toda la cocaína producida en Perú a los Estados Unidos a cambio de un cheque por 10.000 millones de dólares, tras lo cual Washington podía tirar el cargamento en el Océano Pacífico o donde quisiera.

Más precisamente, fue uno de los titulares del Ejecutivo más desastroso que su país haya tenido que soportar: lo dejó en una virtual ruina financiera. Aún así, García ha probado ser un político destacadamente elástico y de muchos recursos. Habla una idioma que, sin importar cuan incomprensible para los extranjeros, cautiva a los peruanos, una suerte de adicción de la cual no pueden librarse(3).

Al mismo tiempo, precisamente porque su período finalizó hace 13 años, muchos votantes jóvenes no tienen recuerdos de su época en el gobierno. Esto quedó demostrado por su excelente aparición en 2001: habiendo abandonado la presidencia en desgracia, enfrentado cargos de enriquecimiento ilícito, y siendo forzado al exilio por casi una década, de todas formas casi venció a Toledo en la primera vuelta. Al mismo tiempo, muchos observadores concluyeron que a menos que este último entregue una excelente performance, un eventual regreso de García era una virtual certidumbre.

Si García es algo así como un ángel negro de la democracia peruana, alguien incluso más siniestro puede estar esperando en las sombras. Seguramente es Ollanta Humala, un destituido teniente coronel que alguna vez lideró una revuelta contra el presidente Fujimori, presumiblemente inspirado por el ejemplo de Hugo Chávez. Como Chávez, Humala enfrentó la corte marcial y fue sentenciado a un largo período en prisión, y como él, también fue perdonado por el sucesor del hombre al que había intentado derrocar, en este caso, el presidente interino Valentín Paniagua. Humala ahora está vendiendo su propia versión de populismo de izquierda, teñido de una retórica autoritaria, esperando que la desconfianza hacia la política y los políticos lo conducirán al poder. La desalentadora performance de Toledo subraya la necesidad de tomar esos desafíos seriamente.

Defendiendo a su jefe, el primer ministro Luis Solari recientemente le dijo al diario de Lima El Comercio que "40 años de desigualdad no se pueden resolver en 24 meses". Es cierto, pero Toledo llegó a la presidencia con una ola de promesas, y el público no puede ser culpado de imponérselas. Y Solari agregó, "el ingrediente que nos está faltando es un acuerdo escrito entre las fuerzas políticas y el compromiso de llevar esta parte de la historia de Perú en paz hasta el 2005, cuando comienza la campaña electoral... Ahora es el momento de introducir una intensa paz social en el país"(4).

Desgraciadamente los grupos políticos de Perú no tienen un incentivo particular de hacer nada parecido; con las elecciones a sólo dos años, todos se están posicionando para la próxima competencia electoral. Habiendo desperdiciado la primera mitad de su período, lo mejor que puede esperar el presidente Toledo es un poco de suerte con los precios de los commodities y las tasas de interés, combinados con un poco de inversión extranjera. Dado que sus opositores lo han acusado todo el tiempo de ser un "neoliberal", le hubiera convenido declararse culpable y proceder a la privatización de la electricidad. Ahora estaría cosechando los resultados económicos, en lugar de estar gobernando sobre una atmósfera de naufragio e indecisión.

Este artículo fue originalmente publicado por el American Enterprise Institute.

1 Clarín (Buenos Aires), 2 de junio de 2003.
2 Miami Herald (Miami), 6 de junio de 2003.
3 Un colega mío que trabajó en las oficinas de la Ford Foundation en Lima durante la presidencia de García me dijo que, al llegar a la oficina la mañana siguiente de uno de los maratónicos discursos televisivos de este último, le preguntó al staff peruano si lo habían visto. "No lo vemos en televisión," dijeron (esto fue a finales de su mandato, cuando su prestigio estaba por el suelo) "tenemos miedo de que si lo vemos, estemos de acuerdo con él".
4 El Comercio (Lima), 6 de junio de 2003.

Mark Falcoff es académico residente del American Enterprise Institute

 

 

Mark Falcoff
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Mark Falcoff es investigador residente de American Enterprise Institute
 
 
 

 
 
 
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