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Artículos
En Brasil, la ética puede esperar
25 de septiembre de 2007
Mientras la Justicia brasileña anunciaba su histórica decisión de inciar el proceso a los corruptos del entorno de Lula, el PT realizó su tercer Congreso Nacional, con la presencia del presidente y de muchos de los que ahora deberán presentarse con abogados defensores ante los tribunales judiciales. Lula, como si viviera en otra realidad, tuvo el descaro de afirmar allí que “nadie en este país tiene más autoridad moral y ética que nuestro partido”.
Por Claudio Paolillo

El Brasil de Lula será recordado por haber significado la llegada al poder del primer gobierno de izquierda de su historia. Pero también será recordado por la paradoja de que el presidente mantuvo su popularidad enhiesta en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de que se tenga memoria en el país más grande de América del Sur.

El 28 de agosto pasado, el Supremo Tribunal Federal de la justicia brasileña aceptó investigar la denuncia que el 30 de marzo de 2006 el procurador general de Brasil, Antonio Fernando de Souza, había formulado contra 40 personas —entre ellas, los principales líderes del Partido de los Trabajadores (PT, el partido de Lula)— por haber montado desde el poder un gigantesco esquema de corrupción, en un caso conocido en Brasil como el “mensalao”, o el “mensualón”, que incluyó el pago de coimas de 12.500 dólares por mes a numerosos congresistas para que votaran los proyectos de ley que enviaba el Poder Ejecutivo.

La denuncia del procurador De Souza acusó a tres ex ministros de Lula, a varios diputados y ex diputados federales, al ex presidente, al ex secretario y al ex tesorero del PT, a empresarios de la publicidad y a directores de bancos, de haber constituido una banda (“quadrilha” dijo exactamente De Souza) cuyo propósito era “asegurar la continuidad del proyecto de poder del PT, mediante la compraventa del apoyo político de otros partidos y la financiación futura y pasada (pago de deudas) de sus propias campañas electorales”.

Después de una profunda investigación, el procurador general —designado por el Senado a propuesta de Lula y, por tanto, ajeno a toda sospecha de ser un instrumento de la “derecha”, del “imperio”, del “neoliberalismo” o cualquiera de esos adjetivos que, cuando se quedan sin argumentos, los partidos de la izquierda latinoamericana suelen emplear para estigmatizar a quienes los critican— llegó a la conclusión de que desde el año 2003 (cuando asumió Lula) hasta el 2005, el gobierno brasileño puso en marcha “una sofisticada organización delictiva, dividida en sectores de actuación, que se estructuró profesionalmente para la práctica de delitos como peculado (hurto de bienes públicos), lavado de dinero, corrupción activa, gestión fraudulenta, además de las más diversas formas de fraude”.

José Dirceu, a la sazón Jefe de la Casa Civil y mano derecha del presidente, era el líder de la “quadrilha” criminal. También la integraron José Genoino (presidente del PT), Delúbio Soares (tesorero del PT), Silvio Pereira (secretario del PT) y Luiz Gurshiken (ministro de Comunicación y Gestión Estratégica de Lula). Todos ellos ya fueron removidos de sus cargos.

Al aceptar sentarlos en el banquillo de los reos, el Supremo Tribunal Federal advirtió que los corruptos del “mensalao” pueden haber sido tolerados por la Cámara de Diputados, por las direcciones de sus partidos y hasta por los votantes en las elecciones de octubre que permitieron la reelección de Lula, pero no por la más alta Corte de la Justicia brasileña. “Aquí, nadie, nadie, está por encima de la Constitución”, enfatizó Celso de Mello, el más antiguo miembro de la Corte, haciendo honor al prestigio del Poder Judicial de ese país.

Los desvíos de conducta del ex presidente Fernando Collor de Mello quedaron como un juego de niños frente a la banda de Lula, transformada en la asociación política para delinquir más grande descubierta en la historia de Brasil. Collor de Mello fue defenestrado por corrupto en 1992 y debió renunciar antes de que terminara su mandato. Lula fue reelecto en octubre de 2006 en medio del escándalo. Collor apañó una corrupción “de derecha”. Lula apañó una corrupción “de izquierda”. Y, ya se sabe, América Latina es intolerante con los corruptos y los dictadores “de derecha” (lo cual está bien), pero se hace la desentendida o, directamente, apoya a los corruptos y a los dictadores “de izquierda” (lo cual está mal).

Curiosamente (o no tanto), mientras la Justicia brasileña anunciaba su histórica decisión de inciar el proceso a los corruptos del entorno de Lula, el PT realizó su tercer Congreso Nacional, con la presencia del presidente y de muchos de los que ahora deberán presentarse con abogados defensores ante los tribunales judiciales. Lula, como si viviera en otra realidad, tuvo el descaro de afirmar allí que “nadie en este país tiene más autoridad moral y ética que nuestro partido”.

Alguien pudo imaginar que al menos podía esperarse un pedido de perdón o algo parecido de esa instancia partidaria. Pero sólo se adoptó un “código de ética” para sus afiliados, que regirá...¡a partir del 2008! El PT, abanderado de la lucha contra la corrupción antes de llegar al poder en el 2003, resolvió, pues, que ahora la ética puede esperar.

Claudio Paolillo es periodista, Vicepresidente Regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa y Director del semanario uruguayo “Búsqueda”.