La reciente asunción, en Argentina, de Néstor Kirchner (PJ) como presidente de la Nación ha cambiado por completo el panorama en lo que se refiere a las relaciones cívico militares. A pocos días de haber asumido, en un intento por comenzar a afianzar su poder político y mostrar su solvencia al momento de gobernar, el flamante presidente dio paso a un profundo recambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas, pasando a retiro a 52 altos oficiales de las tres fuerzas (entre los que se incluye al 75% del generalato y al 50% del almirantazgo y de los brigadieres). Lo intempestivo y lo profundo de la decisión presidencial puso a la defensiva al sector castrense y generó algunos resquemores en los que los orígenes políticos del presidente, vinculados al ala izquierda del peronismo en los años '70, no jugaron un rol menor.

Por Santiago Alles

Viernes 8 de agosto de 2003.

El resurgimiento del debate alrededor de ciertos temas del pasado reciente es capaz de rozar las zonas más sensibles de la epidermis social. Los años '60 y '70 fueron años de un inusual grado de violencia política para los parámetros históricos de la región latinoamericana y en los países del Cono Sur la represión alcanzó sus formas institucionalmente más sofisticadas. La introducción de la Guerra Fría en una región regada de sociedades en transición con conflictos sociales de base no resueltos y con marcos institucionales incapaces de receptar la conflictividad política creciente dio lugar a una historia tan violenta como tumultuosa que, en el específico caso de los más modernizados países del sur (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil), intentó salvarse por vía de lo que Guillermo O'Donnell(1)  llamó regímenes burocrático autoritarios. Suponiendo que las tensiones y crisis cíclicas que sufría la región eran consecuencia de un cierto defasaje entre demandas excesivas y una limitada capacidad del Estado para responder a ellas, los regímenes políticos de este tipo pretendieron desandar el camino recorrido por las crecientes demandas sociales a través de un aceitado sistema represivo. Los gobiernos militares de signo autoritario que poblaron América Latina, en grados que variaron de acuerdo al caso, se sirvieron del monopolio estatal de la violencia para sostenerse en el poder, entre los cuales los regímenes burocrático autoritarios señalados por O'Donnell alcanzaron un ejercicio de la violencia notablemente sistemático y planificado para "erradicar" toda forma de oposición a un proyecto desmovilizador de las demandas sociales. La conclusión fue que se opuso el terror de Estado a los movimientos de base hasta que el poder de fuego de los primeros diezmó totalmente a los segundos.

No todos los países de la región solucionaron en los mismos términos las relaciones cívico-militares durante el proceso de transición hacia la democracia. Por un lado, como consecuencia de la derrota militar en el Atlántico sur, en el caso argentino el poder militar se retiró del gobierno sin la fortaleza necesaria para imponer demasiadas condiciones al gobierno democrático entrante, lo que brindó la oportunidad de enjuiciar penalmente a las principales figuras del terminado Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983). Sin embargo, cuando los uniformados comenzaron a desfilar por los tribunales acusados de la comisión de violaciones a los Derechos Humanos, dos acuartelamientos sucesivos condujeron al gobierno civil a la sanción de dos leyes de perdón (Obediencia debida y Punto final) por las cuales se limitó al juzgamiento de las cúpulas militares el avance de la Justicia sobre tales crímenes. La transición uruguaya hacia la democracia fue consecuencia del Pacto del Club Naval, suscripto por los comandantes militares y los delegados de los partidos Colorado, Frente Amplio y Unión Cívica, por el que se acordó la realización de elecciones para fines de 1984 sin exclusiones de partidos aunque con la proscripción de algunos candidatos a la presidencia. En la lógica del acuerdo eran tácitas las garantías de que no serían procesados los responsables militares del golpe de Estado, de las violaciones a los Derechos Humanos y de los abusos en la gestión administrativa y financiera del Estado. Finalmente, las fuerzas armadas chilenas probablemente constituyan el ejemplo de salida del poder con un mayor grado de conservación de su capital político propio. La reforma constitucional de 1980 había institucionalizado el gobierno militar de Augusto Pinochet lo que, sumado al notorio éxito económico obtenido por las reformas ortodoxas establecidas desde mediados de los '70, no fue suficiente para evitar la derrota oficial en el plebiscito de 1988 que hubiera dejado a Pinochet en el poder por otros ocho años, pero sí para permitir una salida ordenada que permitiera al fuero castrense conservar cuotas no menores de prestigio, privilegios y poder político. Mientras en el caso argentino se había llevado a juicio a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos, en Chile las fuerzas armadas conservaron una cantidad importante de los privilegios dados por Pinochet, entre los cuales se cuentan desde bancas corporativas en el Senado hasta la transferencia directa de un porcentaje sobre los ingresos generados por el cobre.

La reciente asunción, en Argentina, de Néstor Kirchner (PJ) como presidente de la Nación ha cambiado por completo el panorama en lo que se refiere a las relaciones cívico militares. A pocos días de haber asumido, en un intento por comenzar a afianzar su poder político y mostrar su solvencia al momento de gobernar, el flamante presidente dio paso a un profundo recambio en la cúpula de las Fuerzas Armadas, pasando a retiro a 52 altos oficiales de las tres fuerzas (entre los que se incluye al 75% del generalato y al 50% del almirantazgo y de los brigadieres). José Pampuro (PJ, Buenos Aires), el nuevo ministro de Defensa, se vio obligado a salir a desmentir que tal recambio se tratara de una purga en las Fuerzas Armadas y, más aun, intentó moderar la decisión presidencial antes de su ejecución. Sin embargo, lo intempestivo y lo profundo de la decisión presidencial puso a la defensiva al sector castrense y generó algunos resquemores en los que los orígenes políticos del presidente, vinculados al ala izquierda del peronismo en los años '70, no jugaron un rol menor. No obstante, la decisión de recambio en la cúpula se había diluido rápidamente en la vorágine de un gobierno que en sus primeras semanas de gestión no quiere dejar pasar la mínima oportunidad de mostrarse con las riendas en la mano.

Si bien la Argentina es el único país de toda la región latinoamericana que ha llevado a militares a responder en los tribunales por violaciones a los Derechos Humanos ocurridas bajo gobiernos autoritarios, con el reciente cambio de gobierno este ha sido uno de los temas que reingresó en la agenda pública, lo cual se ha visto impulsado por dos sucesos diferentes e independientes entre sí. Por una parte, la detención dispuesta por la Justicia federal de 10 militares (tres de ellos aun en actividad) vinculados a la llamada Masacre de Margarita Belén, ocurrida en diciembre de 1976 y en la que fueron ejecutados 22 presos políticos, significó una vuelta al debate sobre la constitucionalidad de las leyes de perdón sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (UCR, 1983-1989); será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida sobre la constitucionalidad de tales normas. Por otra parte, la extradición del ex-militar argentino Ricardo Cavallo, detenido desde hace tres años en México luego de haber sido arrestado en Cancún en respuesta al pedido de extradición librado por el juez español Baltasar Garzón, y el posterior pedido de extradición librado por el mismo juez contra otros 41 militares argentinos (entre los que se cuenta: a un ex Jefe de Estado, Jorge R. Videla; otros varios integrantes de las juntas militares, Emilio E. Massera, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Jorge I. Anaya, Rubén Franco y Basilio Lami Dozo; e, incluso, al ex gobernador de facto de Tucumán y recientemente electo intendente de San Miguel de esa provincia, Antonio D. Bussi), junto a otros 4 miembros de fuerzas de seguridad y un civil, ha reabierto el debate sobre la posible extradición de militares argentinos para que sean enjuiciados fuera del territorio nacional por crímenes cometidos dentro del mismo. En este sentido, el gobierno de Néstor Kirchner, apurado por la decisión del juez federal Rodolfo Canicoba Corral de ordenar la detención preventiva de los militares señalados por la justicia española, decidió derogar el decreto sancionado en 2001, durante los últimos días del fallido gobierno de Fernando de la Rúa (UCR, 1999-2001), que, alegando tal principio de jurisdicción, rechaza in limine todo pedido de esta índole.

En el gobierno, no obstante, las posturas distan de ser uniformes, lo cual aumenta la complejidad del problema. Por una parte, el ámbito castrense ha mostrado cierto malestar por la decisión de reabrir esta cuestión. El jefe de la Armada, contralmirante Jorge Godoy, se vio obligado a sancionar con varios días de arresto a una docena de altos oficiales retirados de su fuerza, quienes habían firmado una solicitada de tono crítico en rechazo a la (entonces) posible derogación del mencionado decreto 1581/01. Sin embargo, las Fuerzas Armadas han mantenido un grado de lealtad al poder civil digno de mención, hecho en el que no parece haber sido menor la tarea del ministro de Defensa: todos los militares bajo pedido de captura, se presentaron voluntariamente ante las autoridades civiles y quedaron detenidos, ya fuere con arresto domiciliario o en instalaciones militares. Por otra parte, no parece que el gobierno tenga un claro panorama de la situación a la que se enfrenta y, menos aún, de los caminos que hay que recorrer para salir airoso de la encrucijada. El curso de acción que, a fin de cuentas, el gobierno argentino parece decidido a tomar en esta materia es devolver a los jueces la decisión sobre los pedidos de extradición realizados por jueces extranjeros, motivo por el cual decidió la derogación del decreto 1581/01. Dado que los militares siguen siendo un actor con cierta cuota de poder, Kirchner abre un nuevo foco de conflicto que no parece capaz de brindarle ganancias políticas mayores a alguna simpatía de la opinión pública(2) y el apoyo de actores políticos de escasa envergadura como las organizaciones de Derechos Humanos o pequeños partidos de izquierda como Izquierda Unida o ARI. Si bien la situación parece estar bajo completo control, la acumulación de roces entre el poder civil y el sector castrense en un reducido período de tiempo puede devolver, a estos últimos, viejos incentivos para reingresar en forma progresiva a la arena política, erosionando el control civil de las Fuerzas Armadas: la posibilidad de un intento de golpe de Estado es más que remota, pero no han pasado demasiados años de las últimas insubordinaciones militares, esas mismas que se llevaron a cabo en los '80 para resistir (con éxito) al avance de la Justicia penal ordinaria sobre oficiales en actividad por violaciones a los Derechos Humanos y que condujeron a Alfonsín a la sanción de las mencionadas leyes de perdón. En este sentido, no caben dudas que, de por sí, la cuestión militar no se encuentra en condiciones de afectar la estabilidad política del régimen democrático, especialmente ante la fortaleza política de un gobierno con pocas semanas en el poder y con altísimos índices de popularidad, pero tampoco caben dudas que la situación puede volverse más problemática si empieza a afectar a oficiales en actividad.

Paralelamente, hay que decir que las cuestiones vinculadas a los Derechos Humanos también generaron cierto grado de tensiones en los vecinos Uruguay y, especialmente, Chile. Por una lado, en el caso uruguayo, desde la asunción del presidente Jorge Batlle (Colorado), cierta ola de revisionismo sobre la represión militar ha generado entre los sectores militares alguna intranquilidad. En este contexto, la cena por los festejos del centenario del Centro Militar ocurrida en mayo pasado parece una muestra llamativa del descontento que, en los sectores castrenses, generan las posibles citaciones judiciales por estas cuestiones: a ella asistieron tanto el ex canciller Juan Carlos Blanco, entonces liberado recientemente en una causa en la que se lo acusa como coautor del homicidio de la maestra Elena Quinteros, y el general (RE) Manuel Fernández, ex jefe del Estado Mayor destituido por Batlle, en abril de 2000, por cuestionar la política seguida por el gobierno en torno a los detenidos desaparecidos. Sin embargo, la represión ilegal en Uruguay, decididamente, no tuvo la intensidad que tuvo tanto en la Argentina como en Chile, motivo por el cual no presenta la conflictividad que se ve en los otros dos países. Las cuestiones de Derechos Humanos han recobrado vigor en la agenda política chilena luego que, a mediados del mes de mayo, la Unión Demócrata Independiente (UDI) presentara un proyecto que daría libertad a las familias de desaparecidos para pedir el término del proceso judicial y, entonces, poder dar paso a la declaración de muerte presunta, cuestión que hoy no pueden hacer por ser delitos de acción pública; a tal propuesta, la UDI adicionó, pocas semanas después, una propuesta de "Pacificación Nacional" que incluyó indultos y mejora en las indemnizaciones a familiares de desaparecidos. En un contexto de reacciones diversas ante ambos proyectos, en el gobierno se mantuvo la cautela y el presidente Ricardo Lagos (PS) buscó llegar a algún entendimiento con el general Juan Emilio Cheyre, Comandante en Jefe del Ejército, que hiriera las susceptibilidades de las Fuerzas Armadas. No obstante, a pocos días de que el presidente Ricardo Lagos formule una propuesta que apunta a darles respuestas a los familiares de desaparecidos y a tan sólo dos meses del aniversario del golpe de 1973, ocho de los generales más allegados a Pinochet sorprendieron al realizar por primera vez en público un reconocimiento conjunto -aunque limitado- sobre los abusos cometidos; en este sentido, las acusaciones lanzadas contra el jefe policial, Nelson Mery, también han venido a intensificar la presencia de las cuestiones de Derechos Humanos en la agenda política local. Para la primera mitad del mes de agosto, tal como anunciara tras su llegada de su gira por Europa y Canadá, se espera el anuncio del presidente Lagos de una propuesta que se elabora para avanzar en la solución de los Derechos Humanos, pero la búsqueda de equilibrios ha retrasado su anuncio oficial. Aunque las situaciones dadas en Uruguay y Chile difieren claramente de lo que ocurre en el caso argentino, ponen en evidencia la sensibilidad que la sociedad tiene ante estos temas aun después de muchos años.

Kirchner, retornando al caso argentino, parece encontrarse desbordado por una situación altamente compleja. De la misma manera que desde un principio se mostró proclive a rever la situación de los militares por violaciones a los Derechos Humanos cometidas en la última dictadura militar, no parece tan predispuesto a que jueces de otros países juzguen hechos ocurridos en jurisdicción nacional: con sus pedidos de extradición de militares en retiro, Garzón estaría aprovechando el momento para "correr por izquierda" al santacruceño. Mientras los pedidos de extradición esperan resolución, lo cual puede demorar meses, el presidente ha jugado sus fichas a lograr que la Corte Suprema declare la nulidad de las leyes de perdón, lo cual supondría que ellas fueron aprobadas por el Congreso bajo presión militar como consecuencia de los mencionados acuartelamientos de 1987 y 1988. Sin embargo, la Corte Suprema ha rechazado explícitamente las presiones el Ejecutivo, con la tranquilidad de no estar obligada a tomar resolución en ningún plazo específico. Por su parte, en el seno del Congreso algunos legisladores han sugerido la posibilidad de declarar la nulidad absoluta del propio acto legislativo, pero en este campo la cuestión parece aun más difícil: no sólo la declaración de nulidad de los propios actos sentaría un peligroso precedente institucional, sino que ni siquiera parece haber consenso político entre los propios legisladores justicialistas -las mayores resistencias se encuentran en el Senado- para avanzar en una resolución de esta índole. Mientras unos, conducidos por el jefe del bloque justicialista en Diputados, dibujan alquimias capaces de ocultar la declaración de nulidad -bajo rótulos como "inoponibilidad" de las leyes de perdón- para así alcanzar consenso, otros esperan que el Ejecutivo envíe su propio proyecto poniendo así en blanco y negro sus puntos de vista; el camino para anular legislativamente las normas es, cuando menos, muy sinuoso y requerirá un amplio acuerdo político.

En estas circunstancias, el presidente Kirchner no sólo no tiene un plan claramente definido para abordar la cuestión militar sabiendo de antemano dónde está la puerta de salida, sino que tampoco dispone de mucho poder para encarar este asunto. Los legisladores de su propio partido no aparentan estar dispuestos a jugar las cartas con la dureza necesaria para avanzar en un tema ríspido, mientras la Corte Suprema se encuentra atrapada entre una postura contraria a la inconstitucionalidad de las leyes de perdón de muy larga data y la parálisis que le imprime tener a casi todos sus miembros bajo la amenazante presión presidencial. Por otra parte, Kirchner ha iniciado su presidencia no sólo con un altísimo nivel de actividad dirigido a consolidar su propio poder político sino fundamentalmente en los más diversos frentes y esta estrategia, con seguridad, comenzará a mostrar signos de debilidad en cuanto terminen estos meses de enamoramiento de la opinión pública vinculados a su inicio de gestión antes que a éxitos puntuales de la misma. Sólo Grecia, tal como señala Samuel P. Huntington(3), es un caso exitoso de enjuiciamiento de los militares responsables de violaciones a los Derechos Humanos entre los países de la última ola de democratización mientras que Argentina, con todos los conflictos que este asunto aún despierta, es el país que más avanzó en la materia en América Latina; este es un hecho claramente indicativo de lo dificultoso que puede ser encarar un proceso de esta naturaleza. Cuando estos meses de "luna de miel" encuentren su final, con demasiados actores a la defensiva ante el vértigo impuesto desde el Ejecutivo, todo parece indicar que al liderazgo presidencial le resultará dificultoso encontrar demasiados aliados dispuestos a apoyarlo en su cruzada, motivo por el cual va a tener que por su cuenta hacer frente al desgaste producto de las turbulencias que este asunto es capaz de generar.

1) O´DONNELL, Guillermo (1996): El Estado burocrático autoritario; Editorial de Belgrano; 2ª edición; Buenos Aires, Argentina.
2) Según los resultados de una encuesta sobre una muestra nacional (1.100 casos) realizada por E. Zuleta Puceiro, siete de cada diez encuestados se pronunció a favor de la derogación del decreto 1581/01 que rechazaba in limine los pedidos de extradición, aunque sólo dos de cada diez encuestados se manifestó a favor de "aceptar el principio de extraterritorialidad". CLARÍN (2003): "Apoyo a la política hacia los militares"; domingo 13 de julio de 2003; Buenos Aires, Argentina.
3) HUNTINGTON, Samuel P. (1991): La Tercera Ola. La democratización a finales del siglo XX; Editorial Paidós; Barcelona, España; 1994.

Santiago Alles

Santiago M. Alles es maestrando en Estudios Latinoamericanos (USAL, España) y es licenciado en Ciencias Políticas (UCA, Argentina). Es profesor asistente de "América Latina en la Política Internacional" (UCA).