Artículos
Monitoreo de la gobernabilidad democrática
09-12-2009El Examen Periódico Universal de Guinea Ecuatorial
En el diálogo interactivo, los países de América Latina que participaron formulando comentarios, críticas y recomendaciones fueron: Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Chile formuló recomendaciones tales como la necesidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el Brasil pidió a Guinea Ecuatorial que explicara las causas posibles de la reciente reducción de las tasas de escolarización en la enseñanza primaria, la Argentina formuló recomendaciones tales como considerar la posibilidad de cumplir con prontitud las formuladas en el informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.Por María Rosario Savini
Por María Rosario Savini y Ludmila Dichiera
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el fin de analizar la situación de los Derechos Humanos de todos los países miembros de la ONU en particular. El resultado final está a cargo de una troika (tres países) y básicamente es un resumen de tres documentos: el primero, lo elabora el Estado en cuestión; el segundo lo elabora la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a partir de la información brindada por distintas organizaciones pertenecientes a la ONU; y el último, reúne la información que distintas ONG de Derechos Humanos hacen llegar al Consejo. Durante el EPU, también se produce un dialogo interactivo donde los distintos países miembros de ONU realizan preguntas y recomendaciones al país en estudio.
El 9 de diciembre de 2009 tuvo lugar el EPU de Guinea Ecuatorial y su troika estuvo compuesta por Cuba, Egipto y Jordania. Los ejes más importantes sobre los cuales se hicieron las críticas y las recomendaciones fueron: 1) derecho a la vida y libertad; 2) igualdad y no discriminación; 3) estado de derecho; 4) libertad de expresión y derechos políticos; 5) derechos económicos y sociales. Sobre cada tema en particular, se resaltó lo siguiente:
Derecho a la vida y libertad
Vigencia de la pena de muerte como condena.
Violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, agravado por la falta de formación del personal en esta materia y por la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones.
Entre los hechos más graves, debe mencionarse la detención arbitraria, los juicios injustos, la detención en régimen de incomunicación y la tortura, como método de obtención de confesiones, castigo o intimidación.
En numerosos casos, la tortura resulta en la muerte de la persona. Las condenas suelen basarse en confesiones obtenidas en base a la tortura.
Condiciones de detención paupérrimas. Por ejemplo, los niños y mujeres detenidos no están separados de los hombres adultos, lo que da lugar a numerosos casos de violencia y abuso.
Denuncias de desaparición forzada de personas y existencia de presos políticos.
Igualdad y no discriminación
Discriminación de la mujer en el ámbito político, económico y social.
Ausencia de una definición y una legislación en contra de la discriminación de la mujer.
Prácticas sociales de matrimonio forzado, incluso con menores de edad, levirato y uso de la dote.
Desigualdad de derechos de la mujer en relación al derecho de familia, en cuestiones como herencia, poligamia y custodia de los hijos.
Discriminación hacia grupos étnicos minoritarios como por ejemplo a los bubis.
Administración de justicia y estado de derecho
Ausencia de un sistema judicial independiente, marcado por la corrupción, por la inexistencia en la práctica de garantías procesales y por la militarización de las fuerzas de seguridad, que al mismo tiempo controlan el sistema judicial.
La falta de independencia del poder judicial se evidencia en la falta de división de poderes de gobierno. La Cámara de Representantes del Pueblo celebra juicios y el Poder Ejecutivo tiene amplias atribuciones en materia de designación y remoción de jueces
Los tribunales militares tienen competencia para juzgar civiles y su funcionamiento no se adecua a los parámetros internacionales.
Ausencia de un sistema penal para menores, los cuales son tratados como adultos.
Obstáculos para los abogados a la hora de ejercer sus funciones. Por ejemplo, poseen escasa capacitación en materia penal y muchas veces no tienen libre acceso a las comisarías y a las cárceles.
Necesidad de reforma del Código Penal, en particular en lo referente a la aplicación de penas proporcionales a los delitos tipificados y la incorporación de un sistema de justicia reparativa.
Dificultad en el acceso para las mujeres a tribunales civiles. En la mayoría de los casos son procesadas por tribunales tradicionales que aplican el derecho consuetudinario.
Libertad de expresión, circulación, asociación y reunión y derechos políticos
Inexistencia de medios audiovisuales libres e independientes.
Obstáculos jurídicos y administrativos hacia la prensa escrita.
Impedimentos a la importación de publicaciones extranjeras.
Ausencia de un marco jurídico para el establecimiento de ONG, incluidas las de derechos humanos.
Es necesario poseer visa para salir del país.
Existencia de puestos de control militares en rutas y caminos.
Las últimas elecciones legislativas y locales de 2008, estuvieron marcadas por sospecha de fraude, basada en la falta de organización y transparencia de las mismas, el reducido número de votantes, la falta de independencia de las comisiones electorales y los obstáculos impuestos a la oposición tanto en la difusión, reunión y organización.
Bajo porcentaje de mujeres en puestos políticos y judiciales.
Inexistencia de sindicatos.
Derechos económicos y sociales
La mayoría de la población vive en situación de pobreza.
Situación de riesgo de los niños como consecuencia de la falta de alimentos, falta de acceso al sistema de salud y condiciones de vida precarias.
Alta mortalidad infantil.
Dificultad en el acceso a servicios de salud.
Gran número de enfermos y fallecidos a causa del VIH/SIDA.
Problemas de vivienda. La mayoría de la población vive en barrios marginales.
Si bien recientemente fue aprobada la Ley de Enseñanza primaria gratuita y obligatoria, los niveles de matricula y alfabetización son muy bajos, particularmente en las mujeres.
Diálogo interactivo
En el diálogo interactivo, los países de América Latina que participaron formulando comentarios, críticas y recomendaciones fueron: Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.
Chile tomó nota de las medidas adoptadas en diferentes esferas para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos en un contexto complejo. Chile formuló recomendaciones tales como la necesidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de velar por que los órganos competentes investiguen todas las denuncias presentadas sobre actos de tortura y desapariciones forzadas o involuntarias y enjuiciar a sus autores. Llamó al país examinado a adoptar medidas y programas para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y de malnutrición infantil crónica.
El Brasil estimó que Guinea Ecuatorial había realizado progresos y tropezado con diversos problemas en varias esferas. Si bien destacó la nueva Ley de educación nacional y las políticas conexas, el Brasil pidió a Guinea Ecuatorial que explicara las causas posibles de la reciente reducción de las tasas de escolarización en la enseñanza primaria. Se felicitó de las medidas adoptadas para prevenir el VIH/SIDA, en particular la posibilidad de obtener preservativos gratuitamente en los hospitales. El Brasil tomó nota con satisfacción de la política nacional de promoción de la mujer. Este país también formuló algunas recomendaciones, tales como reforzar las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular luchando contra las detenciones arbitrarias, establecer una política nacional unificada para reducir la pobreza y prohibir o limitar la detención de personas por su condición de migrantes. Destacó la necesidad de establecer un organismo especializado para la migración.
La Argentina señaló que Guinea Ecuatorial se había comprometido en su informe nacional a proseguir la labor emprendida para mejorar la protección de los derechos humanos en cooperación con la comunidad internacional. La Argentina formuló recomendaciones tales como: considerar la posibilidad de cumplir con prontitud las recomendaciones formuladas en el informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en el informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
El Uruguay aludió a la preocupación ante la falta de acceso a servicios de salud adecuados para las mujeres y niñas, en particular a la asistencia prenatal y posterior al parto, y de acceso a la información sobre planificación familiar, especialmente en las zonas rurales, así como ante las alarmantes tasas de embarazo de adolescentes. Preguntó qué medidas se habían tomado en esas esferas. El Uruguay era consciente de que la Ley de educación (1995) preveía la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, pero hizo notar que el grado de alfabetización y escolarización era aún poco satisfactorio. El Uruguay formuló recomendaciones a Guinea Ecuatorial destacando la necesidad de mejorar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria y médica para las mujeres y niños y proporcionar información sobre la planificación familiar, especialmente en las zonas rurales. Recomendó tomar medidas concretas para garantizar el disfrute efectivo de la enseñanza gratuita y asegurarse de que los niños terminan su enseñanza primaria, tratando a la vez de poner fin a las desigualdades de género existentes a este respecto.
Los documentos pueden ser consultados en el sitio Web del Consejo de DDHH de la ONU: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/GQSession6.phpx
Para más información sobre el Examen Periódico Universal léase:
BRUM, Pablo; “El Examen Periódico Universal: Oportunidad inesperada en el Consejo de Derechos Humanos”; 2008.
María Rosario Savini
Por María Rosario Savini y Ludmila Dichiera
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con el fin de analizar la situación de los Derechos Humanos de todos los países miembros de la ONU en particular. El resultado final está a cargo de una troika (tres países) y básicamente es un resumen de tres documentos: el primero, lo elabora el Estado en cuestión; el segundo lo elabora la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas a partir de la información brindada por distintas organizaciones pertenecientes a la ONU; y el último, reúne la información que distintas ONG de Derechos Humanos hacen llegar al Consejo. Durante el EPU, también se produce un dialogo interactivo donde los distintos países miembros de ONU realizan preguntas y recomendaciones al país en estudio.
El 9 de diciembre de 2009 tuvo lugar el EPU de Guinea Ecuatorial y su troika estuvo compuesta por Cuba, Egipto y Jordania. Los ejes más importantes sobre los cuales se hicieron las críticas y las recomendaciones fueron: 1) derecho a la vida y libertad; 2) igualdad y no discriminación; 3) estado de derecho; 4) libertad de expresión y derechos políticos; 5) derechos económicos y sociales. Sobre cada tema en particular, se resaltó lo siguiente:
Derecho a la vida y libertad
Vigencia de la pena de muerte como condena.
Violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, agravado por la falta de formación del personal en esta materia y por la inexistencia de mecanismos de rendición de cuentas sobre el ejercicio de sus funciones.
Entre los hechos más graves, debe mencionarse la detención arbitraria, los juicios injustos, la detención en régimen de incomunicación y la tortura, como método de obtención de confesiones, castigo o intimidación.
En numerosos casos, la tortura resulta en la muerte de la persona. Las condenas suelen basarse en confesiones obtenidas en base a la tortura.
Condiciones de detención paupérrimas. Por ejemplo, los niños y mujeres detenidos no están separados de los hombres adultos, lo que da lugar a numerosos casos de violencia y abuso.
Denuncias de desaparición forzada de personas y existencia de presos políticos.
Igualdad y no discriminación
Discriminación de la mujer en el ámbito político, económico y social.
Ausencia de una definición y una legislación en contra de la discriminación de la mujer.
Prácticas sociales de matrimonio forzado, incluso con menores de edad, levirato y uso de la dote.
Desigualdad de derechos de la mujer en relación al derecho de familia, en cuestiones como herencia, poligamia y custodia de los hijos.
Discriminación hacia grupos étnicos minoritarios como por ejemplo a los bubis.
Administración de justicia y estado de derecho
Ausencia de un sistema judicial independiente, marcado por la corrupción, por la inexistencia en la práctica de garantías procesales y por la militarización de las fuerzas de seguridad, que al mismo tiempo controlan el sistema judicial.
La falta de independencia del poder judicial se evidencia en la falta de división de poderes de gobierno. La Cámara de Representantes del Pueblo celebra juicios y el Poder Ejecutivo tiene amplias atribuciones en materia de designación y remoción de jueces
Los tribunales militares tienen competencia para juzgar civiles y su funcionamiento no se adecua a los parámetros internacionales.
Ausencia de un sistema penal para menores, los cuales son tratados como adultos.
Obstáculos para los abogados a la hora de ejercer sus funciones. Por ejemplo, poseen escasa capacitación en materia penal y muchas veces no tienen libre acceso a las comisarías y a las cárceles.
Necesidad de reforma del Código Penal, en particular en lo referente a la aplicación de penas proporcionales a los delitos tipificados y la incorporación de un sistema de justicia reparativa.
Dificultad en el acceso para las mujeres a tribunales civiles. En la mayoría de los casos son procesadas por tribunales tradicionales que aplican el derecho consuetudinario.
Libertad de expresión, circulación, asociación y reunión y derechos políticos
Inexistencia de medios audiovisuales libres e independientes.
Obstáculos jurídicos y administrativos hacia la prensa escrita.
Impedimentos a la importación de publicaciones extranjeras.
Ausencia de un marco jurídico para el establecimiento de ONG, incluidas las de derechos humanos.
Es necesario poseer visa para salir del país.
Existencia de puestos de control militares en rutas y caminos.
Las últimas elecciones legislativas y locales de 2008, estuvieron marcadas por sospecha de fraude, basada en la falta de organización y transparencia de las mismas, el reducido número de votantes, la falta de independencia de las comisiones electorales y los obstáculos impuestos a la oposición tanto en la difusión, reunión y organización.
Bajo porcentaje de mujeres en puestos políticos y judiciales.
Inexistencia de sindicatos.
Derechos económicos y sociales
La mayoría de la población vive en situación de pobreza.
Situación de riesgo de los niños como consecuencia de la falta de alimentos, falta de acceso al sistema de salud y condiciones de vida precarias.
Alta mortalidad infantil.
Dificultad en el acceso a servicios de salud.
Gran número de enfermos y fallecidos a causa del VIH/SIDA.
Problemas de vivienda. La mayoría de la población vive en barrios marginales.
Si bien recientemente fue aprobada la Ley de Enseñanza primaria gratuita y obligatoria, los niveles de matricula y alfabetización son muy bajos, particularmente en las mujeres.
Diálogo interactivo
En el diálogo interactivo, los países de América Latina que participaron formulando comentarios, críticas y recomendaciones fueron: Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.
Chile tomó nota de las medidas adoptadas en diferentes esferas para mejorar la protección y promoción de los derechos humanos en un contexto complejo. Chile formuló recomendaciones tales como la necesidad de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de velar por que los órganos competentes investiguen todas las denuncias presentadas sobre actos de tortura y desapariciones forzadas o involuntarias y enjuiciar a sus autores. Llamó al país examinado a adoptar medidas y programas para reducir las tasas de mortalidad materna e infantil y de malnutrición infantil crónica.
El Brasil estimó que Guinea Ecuatorial había realizado progresos y tropezado con diversos problemas en varias esferas. Si bien destacó la nueva Ley de educación nacional y las políticas conexas, el Brasil pidió a Guinea Ecuatorial que explicara las causas posibles de la reciente reducción de las tasas de escolarización en la enseñanza primaria. Se felicitó de las medidas adoptadas para prevenir el VIH/SIDA, en particular la posibilidad de obtener preservativos gratuitamente en los hospitales. El Brasil tomó nota con satisfacción de la política nacional de promoción de la mujer. Este país también formuló algunas recomendaciones, tales como reforzar las actividades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en particular luchando contra las detenciones arbitrarias, establecer una política nacional unificada para reducir la pobreza y prohibir o limitar la detención de personas por su condición de migrantes. Destacó la necesidad de establecer un organismo especializado para la migración.
La Argentina señaló que Guinea Ecuatorial se había comprometido en su informe nacional a proseguir la labor emprendida para mejorar la protección de los derechos humanos en cooperación con la comunidad internacional. La Argentina formuló recomendaciones tales como: considerar la posibilidad de cumplir con prontitud las recomendaciones formuladas en el informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y en el informe del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.
El Uruguay aludió a la preocupación ante la falta de acceso a servicios de salud adecuados para las mujeres y niñas, en particular a la asistencia prenatal y posterior al parto, y de acceso a la información sobre planificación familiar, especialmente en las zonas rurales, así como ante las alarmantes tasas de embarazo de adolescentes. Preguntó qué medidas se habían tomado en esas esferas. El Uruguay era consciente de que la Ley de educación (1995) preveía la enseñanza primaria gratuita y obligatoria, pero hizo notar que el grado de alfabetización y escolarización era aún poco satisfactorio. El Uruguay formuló recomendaciones a Guinea Ecuatorial destacando la necesidad de mejorar el acceso a los servicios de asistencia sanitaria y médica para las mujeres y niños y proporcionar información sobre la planificación familiar, especialmente en las zonas rurales. Recomendó tomar medidas concretas para garantizar el disfrute efectivo de la enseñanza gratuita y asegurarse de que los niños terminan su enseñanza primaria, tratando a la vez de poner fin a las desigualdades de género existentes a este respecto.
Los documentos pueden ser consultados en el sitio Web del Consejo de DDHH de la ONU: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/GQSession6.phpx
Para más información sobre el Examen Periódico Universal léase:
BRUM, Pablo; “El Examen Periódico Universal: Oportunidad inesperada en el Consejo de Derechos Humanos”; 2008.
