Por Carlos Alvarez

Al analizar la marcha del proceso de instalación del primer gobierno de izquierda en Uruguay hemos señalado repetidamente tres conceptos:

1) la oportunidad de avanzar en el sentido de consensuar un conjunto de reformas estructurales que hacen tanto a mejorar la capacidad de Uruguay de insertarse exitosamente en la economía mundial como mejorar la calidad institucional del país, entendida ésta, principalmente, como el cese de la apropiación por el poder político de espacios que son de dominio de los actores privados y en especial la separación entre la política y los negocios.

2) Las permanentes tensiones a la interna de la fuerza política gobernante, e incluso dentro de la conciencia de los propios gobernantes, entre su vieja cultura de oposición y su nuevo rol de administradores de una realidad que no deja mucho margen a la utopía.

3) La fragilidad de la coyuntura macroeconómica determinada por un endeudamiento del entorno del 100% del PBI, por un elevado nivel de gasto del estado en relación al PBI, por la todavía frágil situación del sistema financiero, por un acelerado proceso de empobrecimiento que afecta a un tercio de la sociedad y que presiona sobre el gobierno con expectativas que este no puede satisfacer y, finalmente, por el alto grado de dependencia de variables fuera de control: precio del petróleo, nivel de las tasas de interés internacionales, cotización de los productos agropecuarios, situación regional, etc.

Estos tres conceptos no solo mantienen total vigencia, sino que además evolucionan aceleradamente a medida que empiezan a asumir sus puestos cuadros intermedios de la estructura del estado y se empiezan a procesar las primeras decisiones.

La brecha entre las decisiones acertadas y las desacertadas empieza a tornarse dramática y la necesidad de definir claramente un rumbo coherente es perentoria. Hay anuncios que resultan muy auspiciosos y medidas totalmente compartibles...pero a los cinco minutos se anuncian otras medidas que van exactamente en la dirección opuesta.

Por ejemplo, ante su primer minicrisis bancaria, el gobierno dejó claro que no se continuará con la política llevada adelante por los partidos tradicionales de salvar bancos con dinero del estado. También anunció la venta a privados del Nuevo Banco Comercial, institución de capital estatal creada como consecuencia de la liquidación de los bancos fundidos en la crisis de 2002. El presidente del Banco Central anuncia una saludable reformulación de esa institución, independizando funciones incompatibles entre sí que hoy coexisten en el BCU. Por iniciativa de esta institución se acaba de producir en silencio la mayor transformación del sistema financiero de los últimos tiempos: la aprobación de un Fondo de Garantía para los depósitos bancarios hasta un máximo de U$S 5000,00. Esta medida ha causado muchas polémicas, y seguramente tiene muchos puntos perfectibles, pero tiene una virtud que disimula cualquier defecto: limita explícitamente la garantía que el estado otorga a los depósitos bancarios, que hasta ahora en la práctica era ilimitada y que costó a los uruguayos cientos de millones de dólares en los últimos 25 años.

Es decir, que desde el equipo económico las noticias no son malas. El problema son los otros ministerios.

Unos días antes de la toma de posesión del nuevo gobierno, un inversor que planeaba construir un puerto privado en Montevideo anunció que desistía de su propósito al verse acosado por la Intendencia de Montevideo (IMM) y por organizaciones sociales dirigidas por militantes de izquierda. El ex titular de la IMM, Mariano Arana, pasó a ser Ministro de Vivienda y Medio Ambiente. El Ministro de obras públicas anunció al día siguiente de asumir, la anulación de una concesión a una empresa que estaba construyendo la nueva Ruta 1 y como contrapartida recaudaba los peajes. Es verdad que había incumplimientos de plazos, pero la necesidad de crear un buen clima para convocar inversión extranjera aconsejaba la búsqueda de una solución negociada, sin escándalo público. Otro tanto puede decirse de la actitud hacia los concesionarios de servicios de agua potable: si para complacer a sectores de opinión pública hostiles a la participación de capital privado se va a buscar el modo de rescindirles los contratos, el mensaje que se estará enviando a los potenciales inversores será negativo. Como también es negativa esa permanentemente subrayada empatía con los adalides del discurso antimercado y anticapitalista: Castro, Chávez y Kirchner.

Desde el Ministerio de Trabajo se convocó a consejos de salarios y se advierte que el gobierno no será neutral, sino que "inclinará la balanza a favor de los trabajadores". El Ministerio del interior advierte que la fuerza pública no desalojará empresas ocupadas por los sindicatos por considerar esta medida como parte del derecho de huelga y se apresta a enviar un proyecto de ley al parlamento para viabilizar la liberación de algo así como el 25% de los reclusos alojados en la cárcel. En tanto el Ministerio de Defensa se dispone a excavar en los cuarteles en busca de restos de detenidos desaparecidos, medida compartible, pero que podría realizarse con menos despliegue mediático. Nadie se entusiasma con invertir en un país que discute estas cosas.

No siempre va a ser posible conciliar los mensajes hacia la militancia con los mensajes hacia los mercados. La militancia, empujada hacia posiciones radicales durante la campaña electoral, reclama medidas coherentes con ese discurso y con la cultura tradicional de la izquierda.

Los inversores, sobre todo los institucionales y de mediano y gran porte, admiten que ciertas concesiones son inevitables y forman parte del "circo político", pero también deben recibir señales positivas. Kirchner y Chávez (ni hablar Castro), tienen sus razones políticas para asumir posturales radicalmente confrontativas, hostiles a la lógica de mercado. Kirchner, producto de haber accedido a la presidencia por descarte, con apenas un 22% de votos propios vive en eterna campaña política. Viene de chantajear y estafar a los tenedores de deuda que aceptaron sus condiciones solo como forma de recuperar algo de su inversión. Los inversores que adquirieron empresas de servicios públicos buscan como salir bien del lío en el que se metieron, pero ninguno está pensando en poner un peso más en la Argentina. Chávez sobrevive políticamente en base a la confrontación radical y teje alianzas regalando petróleo. Ambos gobiernan en sistemas políticos de baja calidad institucional.

El caso de Tabaré Vazquez es distinto, goza de mayorías parlamentarias y de un apoyo popular nunca visto. La oposición le ha firmado un acuerdo sobre políticas básicas y en una demostración pocas veces vista de torpeza política, el gobierno frustró con desaires e intransigencias la posible participación del Partido Nacional en cargos de gobierno, empujando a este partido hacia posiciones frontalmente opositoras. Los organismos multilaterales de crédito, que son el termómetro de los inversores, le han abierto una importante carta de crédito y muestran disposición de reestructurar la deuda pública y apoyar con fondos frescos la gestión del nuevo gobierno. Tabaré tiene oportunidades de las que Chavez y Kirchner no disponen. ¿Qué lo arrastraría a desechar estas oportunidades? ¿Qué ganaría radicalizándose?

Las condiciones políticas objetivas del gobierno uruguayo tanto en lo externo como en lo interno, no son asimilables a las de Chávez o Kirchner, sino a las de Lula o Lagos. Entonces, ¿por qué la frialdad con estos últimos y el entusiasmo e identificación con los primeros? Si afortunadamente no tiene esos problemas, entonces ¿por qué actuar como si los tuviera?

El plano institucional está muy ligado a las opciones económicas: la opción pro inversión y pro mercado es la que permitirá crear autentica riqueza, generar trabajo y sustentar un proyecto nacional de prosperidad compartida. Ese proyecto es consistente con una nueva institucionalidad basada en la neutralidad del poder ante las cuestiones privadas, en la transparencia de la gestión del estado, en la participación de todos los actores  políticos y la construcción de amplios consensos.

Por el contrario, si la opción económica del gobierno de Vázquez es hostil al capital y a la inversión, la nula creación de riqueza, o su lisa y llana destrucción, impulsarán un proyecto de típico cuño de la izquierda latinoamericana: algo así como "repartamos mejor lo que hay". Ese proyecto implica una institucionalidad basada en las mayorías del partido dominante, apostando a marcar la cancha entre el gobierno por un lado, y "los enemigos de la pública felicidad" por otro.

El nuevo gobierno debe definir cuanto antes su identidad. No puede demorarse más, porque la simple probabilidad de que asuma la opción antimercado opera del mismo modo que si ya la hubiera asumido, paralizando la inversión y generando incertidumbre.

Desde la serie de artículos escritos desde octubre pasado se abrió un crédito a este gobierno, que es lo mismo que abrirle una carta de crédito a la esperanza de un mejor destino para los uruguayos. Pero en este momento se hace imprescindible prender una luz de alerta. El presidente debe alinear a sus ministros consistentemente detrás del proyecto del equipo económico. El resto del gobierno parece ser de otro partido y parece decidido a hacer fracasar ese proyecto. Vázquez ha dado en el pasado sobradas muestras de su capacidad de liderazgo y de encauzar a su fuerza política tras sus definiciones. Es hora que Tabaré le deje en claro a todos cuáles son sus opciones.

Carlos Alvarez es Coordinador de Programas en Uruguay del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) www.cadal.org

Carlos Alvarez

Carlos Alvarez colaboró como Coordinador de Programas de CADAL en Uruguay entre los años 2005 y 2006.