La sentencia a la economista del Centro de Estudios Convivencia incluye el decomiso de su vivienda, sede del CEC, dejándose a la libre disposición de la Dirección Municipal de Vivienda, subordinada al Consejo de la Administración del Municipio de Pinar del Río. Expresando que constituye esta sanción una condena, capaz de hacerle entender a la acusada y servir de educación al pueblo en general.

La sanción accesoria de Privación de Derecho que consiste en la pérdida del derecho al sufragio activo y pasivo, así como la pérdida del derecho a ocupar cargos de dirección en los órganos correspondientes a la actividad político-administrativa del Estado.

También se dispone de la prohibición de la expedición de pasaporte y salida del territorio nacional hasta que hayan sido extinguidas las sanciones impuestas.

Como se puede ver en las copias de la sentencia publicadas por la organización cubana, también se expone explícitamente que estas penas cumplen con la función de “reprimir, reeducar y prevenir” que se comentan nuevos delitos. Cabe resaltar, que Karina Gálvez ya había sido detenida previamente durante 7 días el 11 de enero del presente año.

A raíz de este desafortunado episodio, el Centro de Estudios Convivencia se queda por segunda vez sin una sede oficial (la primera fue en 2009) en Cuba, donde en un contexto de represión de la libertad de asociación intentan ejercer el derecho de toda persona a reunirse y expresarse libremente.

El Centro de Estudios Convivencia tiene como misión “Concertar un taller sistemático y coordinado de ciudadanos, profesionales y expertos radicados en Cuba y en la Diáspora, que a partir de los principales retos sociales y económicos del país, piense, proponga y debata sobre posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo”.

Desde CADAL condenamos esta nueva actitud represiva de la dictadura militar cubana y la continuidad de las políticas coercitivas dirigidas a impedir el ejercicio de los derechos humanos a la libertad de asociación, reunión y expresión.

Finalmente , ante este caso en particular y ante la represión general de las libertades fundamentales que impera en Cuba, CADAL solicita a la Organización de Naciones Unidas la intervención de la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, teniendo especialmente en cuenta que el estado cubano ha sido electo y re-electo en dos oportunidades para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.