Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

Entrevistas

13 de enero de 2021

María Teresa Blandón: «Las feministas nicaragüenses tenemos claro que hay una izquierda latinoamericana que es autoritaria»

Crítica del régimen Ortega Murillo, Blandón hace un análisis profundo sobre la crisis que atraviesa su país. La docente, socióloga y activista feminista actualmente dirige La Corriente, una organización dedicada a promover los derechos de las mujeres en Nicaragua y en Centroamérica, que continúa con su trabajo al calor de un contexto nacional complejo, en un país que convive con la violación de los Derechos Humanos por parte del propio gobierno y que “le declaró la guerra” al colectivo feminista.

María Teresa Blandón

Marcada por las dictaduras que azotaron Nicaragua a lo largo de su historia, desde una temprana edad, María Teresa Blandón configuró sus convicciones sobre lo que quería ver en su país: paz para los nicaragüenses y una sociedad donde las mujeres pudieran ejercer sus derechos con libertad.

¿Por qué ingresó en el Frente Sandinista de liberación nacional y luego lo abandonó?

Nací en la dictadura de los Somoza, que se mantuvo por 45 años en el poder. Desde la adolescencia, a mí me tocó ver la violación sistemática de derechos humanos, la represión y la enorme pobreza en la que vivían los campesinos. Yo vengo de una zona rural y gracias a eso pude constatar el peso que tiene vivir en una dictadura represiva. Igual que a miles de jóvenes de mi generación, la revolución se me presentó, con mis 17 años, como una promesa: de respeto a los Derechos Humanos, de acabar con la violencia de Estado y de reducir la odiosa brecha de desigualdad.

Me fui del Frente Sandinista porque fue una esperanza fallida. Se convirtió en una maquinaria autoritaria y promotora de la violencia. No optó por la paz. No le cumplió al pueblo de Nicaragua la promesa de respetar los Derechos Humanos y de realmente luchar contra las desigualdades. El Frente Sandinista se negó a apostar por la igualdad entre hombres y mujeres, y no sólo eso, sino que también replicó antiguas prácticas machistas. Se convirtió en un partido de izquierda con lógicas patriarcales. Entonces, 10 años después, yo ya no tenía nada en común con el Frente Sandinista. Ya no tenía esperanza y ya no era un lugar donde podía alimentar mi propia utopía. Por eso me fui.

¿Cuál es la misión de La Corriente feminista, qué actividades realizan y de qué tipo?

La Corriente es una organización que ya tiene muchos años de historia. Nació a mediados de la década de los 90 como un proyecto feminista centroamericano. Es heredera de una generación de feministas que nos organizamos en un contexto de posdictadura. En Guatemala estaban recién saliendo de una guerra cruenta cuyas principales víctimas fueron los pueblos indígenas. En El Salvador estaban negociando los acuerdos de paz entre la izquierda, el FML (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) y un gobierno de derecha. En el caso de Nicaragua, el Frente Sandinista ya había perdido las elecciones y estábamos en el marco de un gobierno de transición. Un gobierno conservador pero con una auténtica apuesta por la pacificación del país. En ese contexto nace La Corriente. Nace para aportar a la construcción de una corriente de pensamiento feminista en Centroamérica, de allí su nombre, cuando ser feminista en  Centroamérica era muy mala palabra.

Todavía existe ese estigma, pero en la década de los ’90, ser feminista era malo y las feministas encarnábamos todo lo moralmente cuestionable. Nosotras ya a esas alturas estábamos convencidas de que, si no cuestionábamos las estructuras sexistas y machistas, Centroamérica no iba a cambiar. La historia nos ha dado la razón.

Desde nuestros orígenes hicimos una apuesta por generar pensamiento crítico. Por eso  trabajamos mucho en formación, en encuentros, en indagar la realidad de las mujeres. Evolucionamos en el tiempo. Fuimos participando junto a otras organizaciones de mujeres en la construcción de un movimiento que, hoy por hoy, tiene una inmensa presencia  y un importante reconocimiento en todos los países de la región.

En el caso de Nicaragua nos hemos concentrado en el trabajo con jóvenes. La prevención de la violencia de género y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos son 2 ejes cruciales para nosotras, sobre todo en una región como Centroamérica. El continente está atrapado no sólo en un ciclo de violencia estructural, sino también en continuas emergencias de gobiernos autoritarios, que han impedido que tengamos avances significativos en materia de democracia, incluso en las definiciones más básicas: elecciones transparentes, Estado de Derecho, acceso a la Justicia. Ni siquiera hablo de una democracia de alta intensidad, como dice De Sousa Santos. Aún en las dimensiones de una democracia de baja intensidad, Centroamérica no logra avanzar. Es una de las regiones más rezagadas en este y otros temas. Entonces, trabajar la violencia estructural y la violencia contra la mujer es crucial. También es central trabajar el tema de la sexualidad y de la reproducción, porque es una región que ha sido víctima de los fundamentalismos religiosos. Hay un oscurantismo tremendo en la propia sociedad y en el Estado. Los grupos de religiosos ultraconservadores tienen un peso creciente en el Estado y en las políticas públicas.

En este contexto de violación sistemática de los Derechos Humanos que enfrenta Nicaragua, estos temas también son una prioridad. Por esto, a partir de abril del 2018, La Corriente ha dedicado importantes esfuerzos a denunciar la violación de Derechos Humanos de la que está siendo víctima, prácticamente, toda la sociedad.

¿Qué restricciones han tenido ustedes específicamente como organización en un contexto autocrático?

Desde antes de la crisis que estalló en abril de 2018, ya había una manifiesta hostilidad por parte del régimen Ortega Murillo en contra de las organizaciones feministas. En el año 2008, a un año de haber regresado Daniel Ortega al gobierno, Raquel Murillo, que era y aún es la vocera del Frente Sandinista y del gobierno (ya sabemos que allí hay una fusión perniciosa entre el partido y el Estado), lanzó un comunicado en el contexto del 8 de marzo, paradójicamente, donde denostaba a las organizaciones feministas, acusándonos de todo. Nos retrotrajo, por cierto, a las acusaciones que recibíamos en la década de los ‘80. Esa misma señora y su marido, junto a otros miembros de la dirigencia del Frente, nos llamaban agentes de la CIA, voceras de la burguesía imperialista, mujeres que no queríamos a la familias, aborteras… Eso mismo volvió a suceder más de 3 décadas después. Lo que nos dejó claro que estaban parados en el tiempo, que su misoginia, su sexismo y su complicidad con el machismo estaban intactos. Ese comunicado del 2008 decía más o menos lo mismo. Que habían cierto tipos de mujeres que se reclamaban representantes del feminismo éramos anómalas,  mujeres que teníamos vidas extrañas, mujeres que no parecíamos mujeres. Mujeres que estábamos en contra de la vida, de la familia… Una colección que compite con lo más oscurantista que puedan decir los ultraconservadores. Esta campaña de estigmatización se ha mantenido durante estos 14 años que Ortega Murillo ha permanecido en el poder.

Pero no sólo esto. Nos expulsaron de cualquier espacio de interlocución con las instituciones públicas. De hecho, llegó un momento en el que estuvo prohibida la presencia de activistas feministas o defensoras de los Derechos Humanos en los colegios, en las comisarías de la mujer de la policía y en el Ministerio de Salud. A las víctimas de violencia les advertían que si llegaban acompañadas de defensoras de los Derechos Humanos, no las iban a atender, porque nosotras éramos enemigas del gobierno y porque no necesitaban de nuestro apoyo. Esto fue sistemático.

Desde el año 2009, el propio gobierno del Frente, con lista en mano, presionó a las ONG con presencia en el país para que retiraran el apoyo a las organizaciones feministas. Algunas ONG se sometieron a ese chantaje y decidieron apoyar únicamente al Estado. Otras, resistieron. Nos han declarado la guerra desde que llegaron al gobierno. Hay allí una hostilidad histórica que ahora potenciaron porque tienen todo el control.

También nos han negado información. Tenemos 14 años de no tener información, o de tener información oficial manipulada o sesgada en temas muy graves como la violencia machista, el embarazo en niñas y adolescentes, en mortalidad materna... Nos han hecho la vida bien difícil para poder realizar nuestra labor de fiscalización al Estado.

Ahora, por ejemplo, tenemos prohibido cualquier tipo de movilización pública. Desde el año 2017 ya nos ponían decenas de antimotines y desde el 2018 ya no podemos hacer actividades dentro de nuestros locales. El 8 de marzo del 2020 nos pusieron alrededor de 60 antimotines frente a las instalaciones de La Corriente porque hicimos un acto cerrado en nuestro local para rendir homenaje a las Madres de Abril, cuyos hijos fueron asesinados por el régimen Ortega Murillo. Nos impidieron salir a la puerta de nuestro local y nos mantuvieron encerradas durante 4 horas, hasta que se cansaron y se fueron.

Más recientemente, estábamos trasladando bolsos, camisetas y calcomanías de La Corriente, y la policía persiguió a 2 compañeros de la organización. Los hicieron bajar del vehículo, los cacharon, les tomaron fotos y los interrogaron como si estuvieran cometiendo algún delito. Finalmente, los dejaron ir, pero uno de los canales que maneja la familia Ortega Murillo los grabó como si realmente fueran delincuentes y estuviésemos trasladando explosivos. Estamos en permanente vigilancia.

La gota que derrama el vaso es que el régimen aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros en diciembre de 2020, cuyo objetivo es controlar a todas las ONG y organizaciones de la sociedad civil que reciban financiamiento o apoyo extranjero. Era un viejo sueño, y ahora en plena crisis lograron hacerlo. Es decir, ya no tienen que disimular nada. Antes eran campañas de estigmatización, ahora es un acto deliberado. Dicha ley es ilegal, por supuesto, porque contradice lo que plantea la Constitución. La ley le da la potestad al Ministerio de Gobernación, que es el que maneja el tema de Seguridad Nacional, de controlar todas las acciones que lleven a cabo las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, si te inscribís como agente extranjero, autorizás al Ministerio de Gobernación a que te controle; si no, la amenaza es cancelar la personería jurídica y quitar los bienes. Nosotras estamos esperando el golpe. Ellos saben que no tienen apoyo popular, por eso están aprobando leyes que impondrían una censura total.

Junto a la anterior, también acaban de aprobar la llamada “ley mordaza” con el objetivo de controlar los ciberdelitos, que es tan grave como la anterior. Plantea que cualquiera que reproduzca información que pueda generar “zozobra o angustia en la sociedad nicaragüense” va a ser objeto de multas y de prisión.

¿Qué tipo de apoyo nacional e internacional necesitan los demócratas en Nicaragua para una apertura política en el país?

Cuando hablamos de apoyo internacional, hablamos de muchos actores. Algunos son oficiales porque actúan en representación de los gobiernos, y otros actúan en nombre de la sociedad civil en los movimientos sociales.

En términos de los movimientos, los segundos, pues sí que hemos necesitado del apoyo de movimientos sociales progresistas. Ahí nos enfrentamos también a algunos problemas. En América Latina y en Europa hay movimientos sociales que se declaran de izquierda que se niegan a ver al régimen Ortega Murillo como lo que es: una dictadura. Siguen relacionando a este gobierno con la revolución de los ‘80 y con el Frente Sandinista guerrillero y revolucionario de los ‘70. Eso es falso, es una manera de evadir una crítica responsable y honrada hacia esta deriva autoritaria. Incluso en Argentina hay gente que habla desde la izquierda que se ha negado sistemáticamente a ver el carácter autoritario y antidemocrático, a pesar de todas las evidencias de esta enorme veta de corrupción que hay en un gobierno como el de los Ortega Murillo. Entonces ahí creo que ya no tenemos nada que esperar. El Foro de Sao Pablo, por ejemplo, ha sido de una complicidad pavorosa con el régimen Ortega Murillo. Un silencio absoluto con la violación de Derechos Humanos.

En cambio, hay otros movimientos sociales progresistas que se colocan o no del lado de la izquierda, pero que son los que realmente encarnan propuestas transformadoras en la región. Los movimientos feministas en América Latina y en Europa no han dudado un segundo en apoyar al pueblo de Nicaragua y al movimiento feminista de Nicaragua en su lucha contra la dictadura y en su defensa de la democracia. Eso es bien importante. Lo mismo se puede decir de los movimientos ambientalistas. Tienen claro que este gobierno ha privilegiado un esquema neoliberal, extractivista y depredador de los recursos naturales.

También hemos visto movimientos indígenas en la región que tienen muy claro que este gobierno ha sido hostil con sus demandas y las de los afrodescendientes. Además, hay un movimiento de intelectuales progresistas que han respaldado al pueblo de Nicaragua. En algún momento de la crisis, más de 300 intelectuales de distintas partes del mundo firmaron una carta denunciando la violación de Derechos Humanos y la represión en Nicaragua.

Por ese lado, creo que tenemos una de cal y una de arena. Las feministas nicaragüenses tenemos claro que hay una izquierda latinoamericana que es autoritaria y que, por supuesto, es corrupta y machista, porque si no, no avalaría la corrupción ni el machismo del régimen Ortega Murillo. Pero también sabemos quiénes fueron nuestros aliados durante estos casi 3 años de profunda crisis.

Sobre el apoyo oficial, también tendríamos que decir que los gobiernos que se declaran hacia la izquierda, o que se colocan en este lugar del progresismo del siglo XXI, han sido cómplices del régimen Ortega Murillo. Afortunadamente es la minoría. Evidentemente hablamos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia y de Evo Morales, y en algún momento del Ecuador de Correa, aunque estos últimos no tuvieron un papel muy relevante.

Lamentablemente, en el caso de Argentina, hemos tenido una postura beligerante con el gobierno anterior. Ahora, si bien la postura es distinta, tampoco hay un respaldo activo al régimen Ortega Murillo de parte del gobierno actual.

Otros países y gobiernos fundamentalmente democráticos, en cambio, sí han tenido una postura un poco más consciente. Ha habido progresos y gobiernos que han tenido una postura muy afín y muy abierta. 

Esto también tiene sus matices, que podemos ver, sobre todo, en el tipo de resoluciones que ha aprobado la Asamblea General de la OEA en estos últimos 3 años. Y también en la imposibilidad que hemos tenido, por la falta de 4 votos en la Asamblea, para excluir al régimen Ortega Murillo de la OEA.

¿Qué necesitamos? Como todos los pueblos que estamos pasando por estas situaciones, como Venezuela y Cuba, necesitamos que, independientemente de la postura ideológica que tienen los partidos políticos y los gobiernos, asuman la responsabilidad de poner en el centro de los debates los Derechos Humanos. Sin ellos no hay democracia posible. Y si un gobierno, el que sea, hablando en nombre de la izquierda, de la derecha o del centro, viola los Derechos Humanos con la gravedad y la impunidad que ha ocurrido en Nicaragua, particularmente en los últimos 3 años, no puede ser un gobierno respetable ni debe ser reconocido por la comunidad internacional.

Necesitamos más apoyo político, más contundencia en las resoluciones, mantener a Nicaragua en el radar. No somos el único país que está viviendo situaciones tan difíciles, pero no se puede seguir tratando crisis tan graves como esta con paños tibios. Necesitamos un mensaje claro para otros gobiernos. Necesitamos que presionen a las instituciones financieras internacionales, algunas de las cuales continúan dándole apoyo financiero al régimen Ortega Murillo, aun sabiendo que es un gobierno dictatorial e ilegítimo, que llegó a donde está por la vía de los fraudes electorales y que ha violado todos los preceptos constitucionales y los convenios internacionales de los Derechos Humanos.