La situación política venezolana se encuentra estancada en un escenario de crisis y polarización. Mientras la oposición busca remover al gobierno, el presidente Chávez está dispuesto a resistir a cualqueir costo. En este contexto político crispado, el Consejo Nacional Electoral anunció que la oposición había reunido las firmas necesarias para convocar a un referéndum revocatorio, y Chávez se vio obligado a aceptarlo. Ha quedado así delimitado el lugar en el cual deberán medir sus fuerzas.

Por Santiago Alles

La situación política venezolana se encuentra estancada en un escenario de crisis y polarización desde hace meses, o un par de años, en realidad. Luego del intento de golpe de Estado perpetrado en abril de 2002, amplios sectores de la oposición (muchos de ellos, partícipes más o menos activos en la intentona), han buscado una salida institucional al conflicto. Agrupadas en la Coordinadora Democrática, las fuerzas de oposición hace ya un año acordaron con el gobierno alcanzar una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral a la crisis a través del artículo 72 de la Constitución, que permite convocar a un referéndum revocatorio (para aquellos funcionarios que hubieran cumplido la mitad de su mandato), en caso de reunirse las firmas necesarias; además se acordó la convocatoria de un árbitro imparcial, capaz de garantizar la transparencia electoral del eventual referéndum revocatorio. El acuerdo era fiel testigo de la fragilidad y polarización de la democracia venezolana, en donde el diálogo entre las partes era cada vez más difícil. En efecto, no sólo se trató de un compromiso entre gobierno y oposición en hacer lo que naturalmente deberían hacer, esto es, respetar la Constitución, sino que para lograr ese punto debieron previamente acordar la aceptación de un árbitro.

La inclusión de este mecanismo en el texto constitucional venezolano no respondió, casi con seguridad, a la voluntad del presidente Hugo Chávez de mejorar las facultades de control ciudadano (accountability) de la democracia venezolana. Antes bien se trató de una herramienta ideada para remover a opositores, fueran estos legisladores o gobernadores. No obstante, esta cláusula constitucional hizo que el mayor riesgo enfrentado por Chávez para poder concluir su mandato en término luego de fracasado el intento de removerlo por la fuerza en abril de 2002, ya no fuera un golpe militar o una huelga general de tiempo indefinido, sino justamente el dispositivo constitucional instituido por una Asamblea Constituyente, en la cual el chavismo gozaba casi de la totalidad de la representación. Sin embargo, el proceso de recolección de firmas debió superar múltiples pruebas, las que lógicamente pusieron en duda la posibilidad de realización del referéndum. La Coordinadora Democrática organizó, pese a todos los obstáculos interpuestos, el llamado firmazo por el que buscaron recolectar las firmas necesarias (2,438 millones, es decir un 20% del padrón de electores) para convocar el referéndum.

El gobierno de Chávez pasó entonces al ataque. Si bien, tanto para la Coordinadora como para los observadores internacionales, las firmas necesarias habían sido efectivamente recolectadas, desde el gobierno se impugnó una parte de ellas, en número necesario para que el referéndum no pudiera convocarse. En esta dirección, el gobierno se sirvió del control de numerosos resortes institucionales, por los cuales buscó bloquear a la oposición, lo cual logró con relativa eficacia. A la vez, Chávez ha intentado azuzar fantasmas nacionalistas, en especial a través de la detención de 117 paramilitares de nacionalidad colombiana (114 civiles y 3 militares), los cuales habrían ingresado en territorio venezolano con la pretensión de asesinarlo; los históricos resquemores entre Colombia y Venezuela se tornaron un factor político de consideración en su diseño estratégico. Pero, finalmente, el Consejo Nacional Electoral (CNE), en una jornada signada por violentos disturbios generados en Caracas por militantes chavistas (los cuales incluyeron ataques contra la sede de la alcaldía, un canal de TV y las oficinas del diario El Nacional), el pasado jueves 3 de junio anunció que la oposición había reunido las firmas necesarias para convocar al referéndum; en un discurso televisado a todo el país, el presidente venezolano reivindicó su gestión, aunque luego aceptó la decisión del Consejo y confirmó que habrá un referéndum como lo piden sus detractores.

Volvamos algunos meses atrás. Apenas culminadas las jornadas del firmazo, en diciembre pasado, la oposición se encontró ante el desafío no menor de que un operativo de recolección de firmas en apariencia sencillo se cristalizara en una convocatoria concreta. De inmediato se vio que esto no era una tarea fácil y que Chávez se encontraba dispuesto a afrontar altos costos a cambio de permanecer en el poder. Su ecuación política no era descabellada cuando el tiempo corría a su favor de dos maneras. Por un lado, era lógico esperar que las fuerzas opositoras, a medida que se aproximaran las elecciones generales, fueran perdiendo incentivos para afrontar los altos costos que imponía el gobierno, porque la solución a la “cuestión Chávez” podría entonces encontrarse sin recurrir al referéndum. Esta estrategia, contaba para la oposición, con el beneficio adicional de permitir la construcción de una candidatura con mejores posibilidades (quizás, incluso, en un escenario menos polarizado), frente a un presidente en busca de su reelección. Por otra parte, el gobierno tenía la oportunidad de recuperar terreno en materia económica, luego de una profunda crisis en la que jugó un papel no menor la larga huelga petrolera de PVDSA impulsada por la oposición(1). En esta dirección, sabiendo que la fuerte retracción del salario real erosionaba sus bases populares, Chávez comenzó a aplicar políticas económicas mercado-internistas de corte populista dirigidas a reimpulsar la demanda agregada y así, repuntar terreno ante encuestas de opinión que mostraban una declinante aprobación.

El desafío de la oposición es articular, en una primer etapa, un frente opositor capaz de sostener la realización de una consulta popular limpia en la fecha prevista (el 8 de agosto próximo), lo cual no es un asunto sencillo frente a un gobierno decidido a permanecer en el poder a cualquier precio, y luego derrotarlo a Chávez en las urnas, para lo cual deberán reunirse más de 3,8 millones de votos. No obstante, en el escenario de una derrota chavista, la coalición opositora deberá ser capaz de construir un liderazgo unificado en condiciones de aglutinar a los diferentes sectores que se ubican dentro de ese amplio espectro político. Si Chávez es derrotado, el vicepresidente José Vicente Rangel lo sucede y, en un mes, debe convocar a elecciones presidenciales. La Coordinadora Democrática es un bloque sumamente heterogéneo, que reúne a un conglomerado diverso de partidos políticos y ONG’s, por lo cual lograr el consenso necesario para alcanzar una única candidatura se vuelve un objetivo arduo y complejo. Y, si bien la derrota en el referéndum puede acarrear un costo político devastador para Chávez, al punto de ser quizás la génesis de un escenario post-chavista, esto está muy lejos de ser un horizonte seguro. Es tan cierto que el gobierno de Chávez sufre un profundo desgaste y desprestigio (tanto interna como internacionalmente), como que aun conserva sólidos bastiones de apoyo en los sectores populares venezolanos, y no parece existir ningún obstáculo constitucional o legal para que vuelva a presentarse como candidato presidencial para un nuevo período, por más que, desde la Coordinadora Democrática se diga que los mismos motivos que habilitan a su remoción son los mismos que obstruyen cualquier regreso. La definición de esta puja legal finalmente quedará en manos de una Corte Suprema que está en manos del chavismo, lo que, a fin de cuentas, resuelve cualquier especulación(2).

Y no parece haber peor escenario para la coalición opositora que lograr remover a Chávez gracias a un referéndum transparente, y luego caer en las presidenciales subsiguientes. El desafío que enfrenta la Coordinadora Democrática tiene muchas similitudes con la experiencia de la «Concertación de Partidos por el No» reunida para enfrentar a la dictadura del general Augusto Pinochet Ugarte. La Concertación, formada en febrero de 1988, reunió a más de quince partidos y movimientos políticos aglutinados alrededor de la oposición al régimen militar, entre cuyas filas se destacaban la Democracia Cristiana y los socialistas, por peso propio(3). Y, dadas las características del terreno político diseñado por el gobierno militar para dirimir la puja, la estrategia política de la Concertación requería la resolución de dos instancias sucesivas. En un primer momento, un plebiscito debía o bien ratificar la continuidad de Pinochet en el gobierno por otros ocho años (“Sí”), o bien conducir al llamado de elecciones presidenciales (“No”). La victoria de la coalición opositora condujo al segundo momento, que consistía en el alineamiento del núcleo central de la Concertación con una candidatura y, para ello, la formación de una coalición programática de gobierno. A la postre, la Concertación encontró en Patricio Aylwin (DC) un liderazgo sólido y confiable (al punto que sentó las bases de una coalición que ganó las siguientes dos elecciones presidenciales y lleva ya quince años en el poder), capaz de enfrentar a la herencia de un gobierno militar exitoso tanto en lo político como en lo económico. Con este espejo de fondo, la Coordinadora Democrática debe unirse primero para enfrentar a Chávez, pero luego necesita encontrar a un Aylwin a su medida.

Ahora bien, los regímenes de Pinochet y de Chávez han presentado características entre sí diferentes, y consecuentemente los recursos políticos con que contó el primero, son diferentes de los que hoy tiene este último. El régimen pinochetista puede ser interpretado como un ejemplo de, utilizando el concepto elaborado por O’Donnell(4), un régimen burocrático autoritario, caracterizado por: la pretensión de reimplantar, en el marco de una estructura de clases subordinada a las fracciones superiores de una burguesía altamente oligopólica y trasnacionalizada, el orden en la sociedad por vía de la resubordinación del sector popular, y de normalizar la economía; por medio de la exclusión tanto política (supresión de la ciudadanía y de la democracia política) como económica (promoción de un patrón de acumulación de capital fuertemente sesgados en beneficio de las grandes unidades oligopólicas de capital privado) de un sector popular previamente activado. En cambio, el régimen chavista responde al patrón clásico del modelo nacional-popular, el cual, siguiendo la descripción teórica de Martuccelli y Svampa(5), podríamos articular alrededor de tres ejes: primero, un estilo político particular encarnado en un líder, quien implica un conjunto de rasgos simbólicos basados en la ficción de su sacrificio futuro en nombre del pueblo, motivo por el cual requiere intrínsecamente la existencia de un enemigo que sostenga la relación líder-pueblo; segundo, un tipo de intervención económica dirigido a la consolidación del mercado interno; y, tercero, una vinculación orgánica entre los actores sociales, el sistema político y el líder, donde los primeros se subordinan al segundo, y el segundo al tercero.

El régimen de Pinochet fue exitoso, entonces, en alcanzar las metas de normalización de la economía (la economía chilena cerró el período 1984-1989 con fuertes y sostenidas tasas de crecimiento del PBI) y de reordenamiento político (desmovilizando a los sectores populares por vía de la represión sistemática, la desaparición de personas y la violación de los Derechos Humanos). En consecuencia, Pinochet llegó al referéndum de 1988 con un respetable margen de aprobación social y, si bien fue derrotado, obtuvo un resultado electoral satisfactorio, teniendo en cuenta que llevaba en el poder una cantidad de años, quince, capaces de desgastar cualquier gobierno, democrático o autoritario. Por el contrario, a diferencia de Pinochet, que podía contar con el apoyo de los sectores de la burguesía favorecidos por varios años de fuerte crecimiento económico, Chávez no cuenta con logros satisfactorios en el terreno económico: durante estos años cayeron el PBI y el ingreso por habitante, a la vez que se incrementó el desempleo y no mejoró la distribución del ingreso. Chávez cuenta, en cambio, con su capacidad de interpelar directamente a las masas populares y movilizarlas masivamente en su defensa, con cierta cuota de violencia política en caso de ser necesaria, polarizando aun más el escenario político venezolano. Y esta tendencia hacia la movilización y la polarización ya se ha manifestado en no pocas oportunidades, y ahora se ha repetido nuevamente: en los días subsiguientes a la aprobación de las firmas que habilitaron la convocatoria, dos masivas manifestaciones (la primera en contra y la segunda a favor de Chávez) no sólo conmovieron a la sociedad venezolana sino que, a la vez, dieron inicio a la campaña electoral previa al referéndum.

El diagnóstico, entonces, no ha cambiado sustancialmente en los últimos meses: “En un escenario de elecciones en el cual la oposición aparece fragmentada y sin un líder claro, las posibilidades de Chávez mejoran sensiblemente, ya que aun conserva la adhesión de algunas franjas del electorado”(6); si se tiene en cuenta la profunda crisis económica que ha debido enfrentar, este no es un mérito político menor, cuya explicación probablemente radique en la anatomía de sus bases de poder. La coalición opositora se encuentra ante una oportunidad inigualable para remover, en forma "constitucional, democrática, pacífica y electoral" (para utilizar los términos del acuerdo del 29 de mayo del año pasado), a un régimen de dudosas credenciales democráticas. Sin embargo, la ubicación de los actores en el escenario político presenta similitudes notorias con los momentos de crisis y colapso de otras experiencias nacional-populares latinoamericanas, y algo que enseñan tales experiencias es que los líderes populistas, más allá del desgaste que presente su capacidad de liderazgo, no son fáciles de vencer en las urnas. Hasta aquí, la oposición apenas ha ganado una batalla, por más importante que sea.

 

 

(1) La huelga de la petrolera estatal PVDSA, que se inició a fines de 2001 y se extendió por varios meses, fue uno de los principales hechos políticos que colocaron en el horizonte político venezolano la posibilidad de un intento de desplazamiento de Chávez por vía de un golpe de Estado, lo cual efectivamente ocurrió en abril de 2002.
(2) CANTELMI, Marcelo (2004): “Costos de un poder desgastado”. En diario Clarín, 4 de junio de 2004, página 28; Buenos Aires, Argentina.
(3) COLLIER, Simon; y SATER, William F. (1998): Historia de Chile, 1808-1994, Cambridge University Press, Madrid, España, 1999.
(4) O’DONNELL, Guillermo (1996): El Estado burocrático-autoritario. Triunfos, derrotas y crisis, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, Argentina.
(5) MARTUCCELLI, Danilo; y SVAMPA, Maristella (1999): “Las asignaturas pendientes del modelo nacional-popular. El caso peruano”. En MACKINNON, M. M. y PETRONE M. A. (comps.): Populismo y Neopopulismo en América Latina. El problema de la Cenicienta, EUDEBA, Buenos Aires, Argentina.
(6) LABAQUI, Ignacio (2003): “Venezuela tras el firmazo: la Pluma frente a la Espada”. En PAPER no. 9, diciembre de 2003.

Santiago Alles

Santiago M. Alles es maestrando en Estudios Latinoamericanos (USAL, España) y es licenciado en Ciencias Políticas (UCA, Argentina). Es profesor asistente de "América Latina en la Política Internacional" (UCA).