El clima político boliviano llegó a su clímax cuando, a mediados de julio, las líneas fundamentales de una nueva política energética fueron sometidas a referéndum. Si bien el resultado del referéndum significó un fuerte espaldarazo político para el gobierno de Carlos Mesa, de ninguna manera resuelve el conflicto de fondo. Mesa enfrenta ahora el desafío de lograr apoyo en el Congreso para sancionar la legislación necesaria para avanzar en materia de hidrocarburos. No obstante, los acuerdos con Argentina y Perú son resultado directo de este respaldo electoral.

Por Santiago Alles

Una de las mayores preocupaciones, que en estos días recorre las cancillerías latinoamericanas, está vinculada con la difícil estabilidad que el sistema político boliviano intenta mantener desde la caída del Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR) hace casi un año. A imagen y semejanza de lo ocurrido en la experiencia posterior a la caída de Fernando de la Rúa (UCR), en diciembre de 2001, la crisis política que arrastró al presidente boliviano en octubre pasado no fue capaz de romper por completo los marcos institucionales vigentes, y el saliente jefe de Estado fue relevado según los pasos institucionales previstos. Carlos Mesa(1) entonces inició su gobierno en un escenario político caótico, ante una sociedad que recorría, sin frenos a la vista, el espiral de la violencia facciosa. Si bien era hostigado desde los extremos, en especial por movimientos políticos representativos de las bases populares, Mesa logró el respaldo de un importante número de sectores del poder político boliviano. No obstante el apoyo obtenido de todo el espectro político, y el alto nivel de respaldo de la opinión pública, nunca dejó de ser estructuralmente débil la situación política sobre la que se asienta el presidente Mesa. Este amplio respaldo no se tradujo en una sólida coalición de gobierno (ni mucho menos) sino que, a duras penas, canalizaba el aval de sectores temerosos por su futuro, ante lo que podía ser la escalada final del conflicto social, hacia un escenario inclusive de posible disolución nacional, tal como el que en otra oportunidad mencionaba Mark Falcoff(2). El apoyo logrado por Mesa, por más coyuntural e inestable que fuera, le permitió sostenerse en el poder, en una operación política similar en muchos sentidos a la articulada durante 2002 por Eduardo Duhalde (PJ), cuando ocupó provisionalmente la presidencia argentina.

Sin embargo, las similitudes entre ambos procesos políticos se acaban en este punto del análisis estratégico. No sólo la conformación social de la sociedad boliviana es muy diferente a la argentina, sino que el grado de fragmentación y radicalización del sistema político boliviano es notoriamente mayor. En este contexto de crisis del sistema político, se introdujo el tema de los hidrocarburos (en especial, el gas) que marcó la caída del presidente Sánchez de Lozada, luego que pretendiera sostener en esta materia una estrategia privatista de fuerte apertura a las inversiones extranjeras. El detonante del conflicto fue el proyecto de exportar gas a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos, en territorios que fueron objeto de históricos reclamos bolivianos. La posible exportación de tales recursos generó entonces un fuerte levantamiento de los sectores populares, conducidos por líderes radicales como los diputados Evo Morales (MAS, Cochabamba) y Felipe Quispe (MIP, La Paz), en los que los sentimientos nacionalistas jugaron un rol principal. Estos movimientos de base estuvieron (casi exclusivamente) centrados en la región de la alta meseta andina, mientras que en el llano la exportación de gas generaba muchas expectativas. Estos sucesos pusieron en primer plano diferencias regionales difíciles de reconciliar: los departamentos de las zonas más bajas, tropicales o subtropicales, tienen una estructura económica diversificada, con una producción primaria relativamente dinámica, mientras que el Altiplano presenta una economía en la que predominan la extracción minera y la producción primaria de subsistencia.

Quien sucediera a Sánchez de Lozada en la presidencia no podía omitir ni la problemática territorial ni el problema de los hidrocarburos, dada la posición central que ocuparon los encendidos discursos nacionalistas en la caída de Goñi, como tampoco podía sostener sin cambios la política de erradicación de cultivos de coca impulsada por Washington. En primer lugar, apenas asumió la presidencia, Mesa pactó con Morales y Quispe la suspensión de la política de erradicación para obtener de ellos una tregua y pacificar el altiplano. Pocas semanas después, durante el último verano austral, el gobierno de Mesa introdujo en la agenda regional los históricos reclamos territoriales bolivianos, y colocó a las autoridades de Santiago en una posición de cierta incomodidad. Con este recurso Mesa logró, por algún tiempo, alinear a la sociedad boliviana detrás suyo(3). El tercer frente de conflicto fue abordado por Mesa por medio de la convocatoria a un referéndum para consultar a la sociedad boliviana sobre el destino de los recursos en disputa, accediendo así a uno de los más importantes reclamos hechos en los álgidos días de octubre. Todas estas medidas parecen apuntar a ganarle terreno a los actores más radicales.

La convocatoria a un referéndum para zanjar la tensión surgida por el tema gasífero no parecía responder a las convicciones de Mesa, pero luego de la caída de Sánchez de Lozada y ante las tensiones a las que se veía sometido por una sociedad convulsionada, Mesa hizo de la necesidad virtud, y sostuvo el proceso de convocatoria contra viento y marea. Con el objetivo de descomprimir la situación política, fue hecha la convocatoria por medio de un decreto supremo del Poder Ejecutivo, aunque este mecanismo planteaba algunas dudas sobre su legalidad. A pesar que el texto constitucional exige que la convocatoria a un referéndum sea realizada por medio de una ley, el presidente Mesa convocó el proceso por medio de un decreto supremo y encontró en el aval del Tribunal Constitucional un respiro frente al asedio opositor; los jueces fallaron que allí donde está escrito “Ley” puede también leerse “Decreto Supremo”(4). Logrado el aval del Tribunal, y ante las críticas de muchos sectores por una decisión que avasallaba un mecanismo incorporado este mismo año a la Constitución boliviana, el presidente obtuvo el respaldo del Congreso. El pleno de diputados y senadores en una sesión extraordinaria dio su apoyo, y mediante un artículo transitorio legalizó (retroactivamente) lo obrado por el Ejecutivo, como parte de una también sancionada Ley Marco del Referéndum que eliminó el voto obligatorio y estableció un mínimo de participación. En este contexto, ante una sociedad con un fuerte descreimiento en el sistema político institucional, el referéndum fue presentado por el gobierno como una consulta directa, sin la intermediación de partidos políticos.

La convocatoria obtuvo reacciones variadas, y eso condujo a una fragmentación del frente opositor, en especial permitió diferenciar con claridad las actitudes de líderes como Morales y Quispe. Por un lado, Morales tomó una postura mesurada y de parcial colaboración, coherente con sus expectativas presidenciales. Estimando que una profundización de la crisis política boliviana podía, incluso, arrasar con sus oportunidades electorales, Morales optó por apoyar públicamente la realización del referéndum; aunque se diferenció del gobierno al apoyar el voto por el “No” en las dos últimas preguntas, esto le valió la condena de los sectores radicales, los cuales lo consideran un traidor. En contrapartida, Quispe es un líder anti-sistémico, que no sólo aspira a romper con el sistema institucional vigente, sino que representa una forma autóctona de reformismo radical, que pretende rescatar el pasado de los incas y recrear el Quillasuyo, la nación indígena que existía hace cinco siglos. Si bien ambos líderes son representantes de sectores campesinos, y ninguno de ellos parece tener convicciones comprometidas con el sistema democrático, Morales parece dispuesto a aprovechar la oportunidad táctica que en la coyuntura le concede el sistema institucional vigente, el mismo que le permitió ocupar la segunda colocación en las últimas elecciones presidenciales, finalmente ganadas por Sánchez de Lozada. Siguiendo a Adam Przeworski(5), existe un umbral de ingreso per capita por sobre el cual los costos de romper con el sistema institucional son demasiado altos. En este sentido, en los países más pobres, los actores derrotados tienen escasos incentivos materiales para aceptar el resultado electoral, en tanto tienen poco que perder aquellos que, imposibilitados de acceder al poder por las vías institucionales, se mueven contra la democracia; si son derrotados al intentar romper el sistema institucional, los costos que deben afrontar no son mucho mayores que los que surgen de la simple derrota electoral. Continuando el razonamiento, Morales tiene buenos motivos para comportarse como un competidor semi-leal, capaz de explotar la coyuntura dentro del sistema institucional, pero también de romper con el sistema, en caso de ser preciso.

El clima político llegó a su clímax, a mediados de julio, cuando las líneas fundamentales de una nueva política energética fueron sometidas a referéndum. Los principales focos de oposición a la realización del referéndum estuvieron concentrados entre la población aymara de El Alto, un suburbio de La Paz. Allí, algunos de los opositores más radicales, entre los que se contaban actores como la Central Obrera Boliviana o la Confederación Única de Campesinos, convocaron a un paro (que incluyó no sólo la suspensión de actividades, sino también el bloqueo de rutas y camino) de tres días de duración, con el explícito objetivo de boicotear la consulta. Sin embargo, la repercusión del paro convocado fue menor, incluso en La Paz y en El Alto. Así, la oposición desarrollada por estos sectores radicales no tuvo los efectos por ellos esperados, y la consulta se llevó a cabo con relativa normalidad. Si bien son varias las lecturas que se pueden hacer de los resultados, no cabe duda que han significado un fuerte respaldo para la gestión de Carlos Mesa. El gobierno obtuvo un resultado positivo en cada una de las cinco preguntas formuladas, aunque con un alto nivel de abstención (45%) y un promedio de votos nulos y en blanco superior al habitual. Indiscutiblemente, el presidente Mesa consiguió apoyo a la exportación de gas, a una mayor participación del Estado en el sector, y a la refundación de una petrolera estatal poderosa.

Referéndum en Bolivia. Resultados.

Preguntas	Apoyo ("Sí")
1. Derogación de la ley de hidrocarburos.	86%
2. Recuperación de la propiedad de hidrocarburos.	92%
3. Refundar YPFB	87%
4. Utilizar el gas para lograr una salida al Pacífico.	55%
5. Exportar gas, fomentar industrialización, cobrar impuestos y/o regalías.	62%

Fuente: Los Tiempos, de Cochabamba, 22 de julio. Escrutadas el 91.6% de las mesas.

Sin lugar a dudas los grandes perdedores de las jornadas del referéndum fueron los sectores que, desde las posiciones más radicales, intentaron boicotear y obstaculizar la realización de la consulta. Estos actores políticos, los mismos que condujeron las movilizaciones populares que derribaron el gobierno de Sánchez de Lozada, no fueron capaces de transformar sus amenazas en hechos políticos concretos, y mostraron debilitado su capital político. La fragmentación del frente opositor tuvo una importancia central, en particular como consecuencia de la circunstancial migración del MAS (encabezado por Evo Morales) hacia posiciones moderadas y de apoyo al proceso de consulta. A la vez, tal como lo destaca Mayorga, la misma convocatoria al referéndum le quitó a estos líderes una de las principales banderas de octubre, lo cual los obligó a desplazar sus reclamos hacia la “expropiación” de los recursos. Toda esta situación hizo que algunos líderes indígenas, como Roberto de la Cruz de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, se encontrarán políticamente aislados, y con una reducida capacidad de movilización de los sectores populares, y en consecuencia una muy disminuida capacidad de acción política. Retornando a la comparación con el caso argentino reciente, a medida que la crisis iba cediendo, en ambos países los líderes con propuestas maximalistas fueron perdiendo terreno frente a figuras moderadas, más acordes con una situación que se estabilizaba progresivamente; las manifestaciones callejeras de actores populares persisten, pero su peso e importancia son declinantes.

Igualmente, si bien el resultado del referéndum significó un fuerte espaldarazo político para el gobierno de Carlos Mesa, de ninguna manera resuelve el conflicto de fondo. Primero, porque lo impreciso de las preguntas realizadas en la consulta(6) abre múltiples lecturas de un mismo resultado. Esta imprecisión, que facilitó el consenso necesario para la realización de la consulta y permitió acumular un masivo apoyo, puede tornase en un obstáculo al momento de llevar el debate al Congreso. En realidad, los términos usados han sido sumamente ambiguos, lo que permite que posturas discordantes se sientan representadas y avaladas por los resultados. Sobre este punto llama la atención Jorge Lazarte(7), cuando sostiene que a preguntas ambiguas sólo siguen respuestas equívocas: “Este es el caso de la pregunta dos, la más votada, que se refiere a la recuperación estatal de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo. Durante el proceso de discusión aparecieron dos interpretaciones de la recuperación. Para el gobierno recuperar quiere decir hacia el futuro y, por tanto, no obligatorio retroactiva y legalmente para los contratos ya suscritos con las empresas petroleras. La interpretación alternativa, sobre todo del MAS, es política, y entiende que las nuevas reglas deben también valer hacia atrás. Para otros sectores sociales radicales recuperación quiere decir nacionalización pura y simple”. Todas estas interpretaciones estuvieron presentes al momento de realizarse el referéndum, y cualquiera de ellas puede ser alegada en el Congreso.

Pero además, los obstáculos al tratamiento legislativo de la normativa necesaria radican en la solidez del apoyo legislativo al presidente y en la misma composición del Congreso. Por un lado, en la Cámara de Diputados, cuatro partidos políticos se reparten equilibradamente el 88% de las bancas, con un leve predominio del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). La fragmentación del cuerpo queda reflejada en un alto número efectivo de partidos de 4.96 (8). Por otra parte, si bien esta situación está notoriamente más atenuada en el Senado, donde el MNR concentra el 42% de las bancas y el número efectivo de partidos es 3.63, igualmente el gobierno necesitará lograr el apoyo de uno o dos bloques para aprobar legislación sobre esta materia. La situación es más compleja si se tiene en cuenta que Mesa es un mandatario independiente cuyo gobierno apartidista no dispone de sustento parlamentario. Al momento de lograr el aval legislativo para el referéndum, Mesa contó con el apoyo de divididos sectores de los principales partidos considerados adversarios del presidente, entre los que se destacó el respaldo del MNR y MAS. Sin embargo, es dudoso que este sustento se mantenga incólume al momento de tratar proyectos de ley presidenciales. En este difícil contexto político, el pasado viernes 30 Mesa anunció el proyecto de ley de hidrocarburos que someterá al Congreso como un mandato “vinculante, obligatorio y de ejecución inmediata” surgido del referendo, para lo cual solicitó al Poder Legislativo acortar el receso y reunirse el 9 de agosto para iniciar el debate; la sanción del proyecto significaría el reemplazo de la ley vigente, sancionada en 1996 durante la primera presidencia de Sánchez de Lozada, que transfirió al sector privado el virtual control de la producción y comercialización de los hidrocarburos en Bolivia.

Composición del Congreso Nacional.

Cámara de Diputados.

 Senado.

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Congreso Nacional.

El posible triunfo de las posiciones más radicales y nacionalistas acarrea inmensos riesgos para la muy golpeada economía boliviana. Las reservas de gas están valuadas en unos 70,000 millones de dólares (segundas en importancia en Sudamérica, luego de las reservas venezolanas), y las exportaciones podrían alcanzar los 500 millones de dólares anuales; estas cifras son inmensas para una economía pobre, con apenas 9 millones de habitantes. Por este motivo, en repetidas ocasiones se señaló desde el gobierno al quinto punto de la consulta como el más importante para las perspectivas económicas bolivianas. Un revés en esta quinta pregunta podría haber puesto en una posición de suma debilidad a la política exportadora del presidente Mesa, y más aun a toda la estrategia económica oficial. Tanto el terminado gobierno de Sánchez de Lozada, como el actual gobierno de Carlos Mesa, parecieron comprender que sólo una activa política exportadora en materia energética podría intentar devolverle algo de vitalidad a una economía paralizada. Pero a la vez, el gobierno comparte con el propio Morales la completa inviabilidad de la expropiación de las concesiones hechas en favor de empresas extranjeras, que es uno de los núcleos de los reclamos radicales. Primero, porque el monto de las indemnizaciones que el Estado boliviano debería pagar como compensación rondaría los 5,000 millones de dólares, duplicando así el actual volumen de la deuda externa boliviana. Y segundo, porque el Estado boliviano no se encuentra en condiciones de hacer las inversiones que son necesarias para sostener una producción acorde con las necesidades domésticas y las proyecciones exportadoras, en especial cuando el gobierno de Carlos Mesa explícitamente manifiesta su intención de ampliar los volúmenes de venta de gas a la Argentina.

Con los resultados del referéndum aun frescos, una comitiva argentina presidida por el propio jefe de Estado argentino, Néstor Kirchner, aterrizó en Tarija con el claro objetivo político de respaldar al gobierno de Mesa. La modificación de la Ley de Hidrocarburos y la ampliación del horizonte exportador en materia energética, consecuente con el apoyo popular obtenido, abrieron paso al anuncio del gobierno boliviano de llevar a 6,5 millones de metros cúbicos por día la venta de gas a la Argentina, y a apostar (en el mediano plazo) a elevar ese tope a 25 millones diarios; para esto se requiere la construcción del gasoducto del Noroeste argentino, una inversión de más de 1,000 millones de dólares, que según declaraciones de Kirchner se espera que esté listo para el 2006. No sólo sin un resultado favorable en la consulta los acuerdos energéticos actuales y potenciales entre la Argentina y Bolivia no serían posibles, sino que ellos aun dependen de la modificación de la Ley de Hidrocarburos, lo cual puede demandar meses de debate en un Congreso fragmentado. En realidad, lo incierto del acuerdo refuerza el sentido final de la intervención del gobierno argentino, cuyo gesto político buscar principalmente dar apoyo a Carlos Mesa: “Los convenios que firmamos ahora no son más que la ratificación de lo que Kirchner y Mesa firmaron el 21 de abril último. Más que nada, el Presidente [Kirchner] vino a darle un fuerte impulso político a Mesa luego del referéndum”, dijo una alta fuente del gobierno argentino a un cronista del diario La Nación(9) de Buenos Aires. Desde una perspectiva argentina, la acción política de la Administración Kirchner es también un gesto para Washington, presentándose como un liderazgo latinoamericano equilibrado y confiable (más allá de los roces que pueda generar la dureza con que negocia la reestructuración de su deuda), capaz de hacer aportes a la estabilidad regional. En efecto, los gobiernos argentino y brasileño (se espera que Lula visite La Paz en las próximas semanas) se han transformado en los principales interlocutores regionales de cara a Washington y, en ese rol, han mantenido tanto su apoyo al gobierno de Mesa, como a la vez han intentado atemperar las posiciones maximalistas de líderes como Evo Morales.

A su vez, con la victoria en mano, en los primeros días de agosto, el jefe de Estado boliviano firmó con su par peruano, Alejandro Toledo, una “carta de intención” para exportar gas natural a través de un puerto peruano, a mercados como los de México y Estados Unidos. Igualmente, según se desprende de la respuesta dada por Mesa en conferencia de prensa, este acuerdo no significa descartar un futuro uso de puertos chilenos, tema que ha suscitado reacciones nacionalistas: “El compromiso de Bolivia con Perú es serio, inalterable e independiente de cualquier negociación que hiciéramos con un tercer país”. El gobierno boliviano, hasta aquí, ha logrado vencer la resistencia de algunos sectores opositores al avance de inversiones (extranjeras) en materia de hidrocarburos, y en especial a la exportación de gas de las reservas ubicadas en Tarija. La firma del convenio con Perú resuelve el debate surgido en los días de Sánchez de Lozada cuando se pretendió exportar gas a través de puertos chilenos, y a la vez significa un avance en un frente vital en su estrategia de desarrollo económico. El gobierno boliviano, a través de los convenios suscriptos con Argentina (para la venta de gas) y con Perú (para el uso de sus puertos), sostiene e impulsa un plan exportador que implicaría inversiones cercanas a los 6,000 millones de dólares; este proyecto es desarrollado por el consorcio Pacific LNG, formado por la española Repsol-YPF y las británicas Panamerican Energy y British Gas.

¿Cuál es el grado de estabilidad alcanzado por el gobierno boliviano? La situación de equilibrio lograda por la Administración Mesa está lejos de ser segura, y de hecho depende en buena medida de la cooperación que brinde Evo Morales. El dirigente indígena de origen quechua, representante de los campesinos cocaleros, ha aceptado colaborar con el Ejecutivo por motivos puramente pragmáticos: si radicaliza sus posiciones puede no sólo deteriorar la situación política doméstica complicando sus propias perspectivas electorales, sino también puede mal predisponer a importantes actores externos tanto en el ámbito regional (como los gobiernos argentino y brasileño), como en el hemisférico (Estados Unidos). Así, queda dado un escenario que encuentra su equilibrio sobre la transitoria cooperación de Evo Morales. Pero esta situación ya ha comenzado a mostrar sus límites cuando, pocos días después del referéndum, hombres del MAS en el Congreso comenzaron a impulsar la revisión de los contratos a empresas extranjeras, lo cual contradice directamente las garantías dadas al respecto por el presidente Mesa. En definitiva, no caben dudas que los resultados del referéndum constituyen un importante capital político para el gobierno y que un revés habría significado la ruptura del proceso político actual, pero de ninguna manera solucionan el fondo del conflicto. Ahora es el momento en que Mesa debe transformar ese capital en apoyo legislativo, y eso debe ocurrir antes que el escenario electoral en ciernes comience a dominar las preocupaciones de los partidos políticos. Mesa, jaqueado por las demandas de sectores maximalistas, privado de la coalición que dio sustento al gobierno de Sánchez de Lozada (MNR, MIR y NFR), se ha visto obligado a encontrar apoyo en actores de dudosa lealtad al sistema.

 

 

(1). La caída de Sánchez de Lozada se sumó a la lista de presidentes sudamericanos que, en estos últimos años, vieron acortados sus períodos de gobierno en forma abruta, tal como ya había ocurrido en Paraguay (1999), Ecuador y Perú (2000), o Argentina (2001), donde mandatarios elegidos por el sufragio ciudadano debieron retirarse en medio de violentos movimientos populares. Sánchez de Lozada fue entonces reemplazado por su vicepresidente, el independiente Carlos Mesa. En el caso argentino, ante la ausencia de vicepresidente, la responsabilidad recayó en el Congreso que luego de varios días sumamente tumultuosos eligió al senador Eduardo Duhalde (PJ) para concluir el período de De la Rúa (1999-2003).
(2). FALCOFF, Mark (2004): “¿Los últimos días de Bolivia?”; en PAPER no. 13, 24 de mayo de 2004.
(3). ALLES, Santiago (2004): “Bolivia, entre la fragilidad del gobierno y el reclamo territorial”; en PAPER no. 10, 3 de marzo de 2004.
(4). LAZARTE, Jorge (2004): “Bolivia: referéndum y conflicto de interpretaciones”; en Nueva Mayoría.com, 21 de julio de 2004.
(5). PRZEWORSKI, Adam (2003): “¿Por qué los partidos obedecen los resultados de las elecciones?”; en PostData. Revista de Reflexión y Análisis Político, no. 9, septiembre de 2003.
(6). Las preguntas hechas en el referéndum fueron:
   1. ¿Está usted de acuerdo con la abrogación de la Ley de Hidrocarburos no. 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada?;
   2. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?;
   3. ¿Está usted de acuerdo con refundar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, recuperando la propiedad estatal de las acciones de las bolivianas y bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas?; 
   4. ¿Está usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?;
   5. ¿Está usted de acuerdo con que Bolivia exporte gas en el marco de una política nacional que: cubra el consumo de gas de las bolivianas y bolivianos, fomente la industrialización del gas en territorio nacional, cobre impuestos y/o regalías a las empresas petroleras, llegando al 50 por ciento del valor de la producción del gas y el petróleo a favor del país, destine los recursos de la exportación e industrialización del gas, principalmente para la educación, salud, caminos y empleos?
(7). LAZARTE, Jorge (2004): “Bolivia: referéndum y conflicto de interpretaciones”; en Nueva Mayoría.com, 21 de julio de 2004.
(8). El número efectivo de partidos está calculado según LAAKSO, M.; y TAAGAPERA, R. (1979): “Effective number of parties: a measure with application to West Europe”; en Comparative Political Studies, vol. 12, no. 1, abril de 1979.
(9). OBARRIO, Mariano (2004): “La Argentina incrementará la importación de gas de Bolivia”; en diario La Nación, viernes 23 de julio, Buenos Aires.

Fuentes utilizadas: Los Tiempos, de Cochabamba, ediciones varias; La Nación y Clarín, de Buenos Aires, ediciones varias; CNN en Español.com [http://www.cnnenespanol.com], ediciones varias.

Santiago Alles

Santiago M. Alles es maestrando en Estudios Latinoamericanos (USAL, España) y es licenciado en Ciencias Políticas (UCA, Argentina). Es profesor asistente de "América Latina en la Política Internacional" (UCA).