La crisis venezolana llegó a un punto de inflexión con el referéndum revocatorio de agosto pasado. La contundente victoria del presidente Hugo Chávez reformula decididamente el escenario político, y despierta la necesidad de mirar nuevamente al caso venezolano. Aquí, algunos puntos de vista del director de Observatorio Electoral.

Por Julio Burdman

El politólogo ghanés Leonard Wantchekon, investigando las causas socioeconómicas de las dictaduras africanas, analizó las economías rentísticas y los esquemas de poder político que las mismas solían engendrar(1). La extrema dependencia de los recursos naturales, encontró, termina incidiendo en las lógicas autoritarias que vemos en los estados líderes de la OPEP y los petro-países africanos. 

No fue el primero que abordó este tema(2), pero su trabajo plantea con mayor detalle cómo una débil competencia política desde el vamos, potencia los efectos de la maldición autoritaria del petróleo. Por ejemplo, al comparar dos países que hallaron, casi simultáneamente, sus importantes yacimientos petroleros en los años sesenta -Nigeria y Noruega-, observa que el descubrimiento tuvo efectos muy diferentes sobre sus respectivos sistemas políticos. En Nigeria, un país que para entonces contaba con un cierto desarrollo democrático pero con débiles capacidades estatales, el oro negro sólo empeoró las cosas: el gobierno nacional comenzó a acumular más poder, reformando la constitución y creando un marco regulatorio que le permitió monopolizar las riquezas de la explotación petrolera y concentrar las facultades para distribuirlas. Manejándolas a discreción, tendió a perpetuarse en el poder en base a sus políticas redistributivas, lo que despertó la ira de caudillos locales y clanes opositores. Los que, marginalizados de la nueva hegemonía financiada con los excedentes petroleros, finalmente comenzaron a apelar a mecanismos antidemocráticos para acceder al gobierno, profundizándose en el proceso las tensiones étnicas, religiosas y regionalistas. La radicalización por la competencia política, a su vez, provocó una mayor respuesta represiva y terminó de consolidar la espiral autoritaria de la política nigeriana, de la que sólo comienza a salir en 2003.

Noruega, en cambio, que al momento de descubrir los yacimientos del Mar del Norte contaba con un Estado moderno y fuerte, y un esquema descentralizado de poder (gobierno central, Parlamento y administraciones locales), logró una distribución más equitativa de los excedentes. De hecho, varios autores concluyen en que el giro petrolero de la economía noruega contribuyó a profundizar los elementos pluralistas y competitivos de su sistema democrático, hasta entonces demasiado dominado por el Partido Laborista. El Fondo del Petróleo noruego, que por momentos llega a representar más del 25% de su PBI, nunca fue manejado discrecionalmente por el gobierno central. A diferencia de Nigeria, donde el gobierno central avanzó hacia un control casi total del negocio petrolero, y con cuyas rentas favorecía, fluctuantemente y de acuerdo a las diferentes alianzas políticas de turno, a los diferentes gobiernos locales.

La conclusión general es que, cuando las riquezas minerales dominan la economía de un país (es decir, cuando la economía está poco diversificada, lo que supone una estructura pobre, y cuando el reparto del proceso extractivo se da entre pocos actores), los incentivos particulares para permanecer en el poder son enormes, desproporcionados. Y también deben serlo los anticuerpos culturales e institucionales que hacen falta para que una sociedad resista a la tentación hegemónica de algunos dirigentes.

Noruega y Venezuela (petróleo y derivados), así como Botswana (diamantes), fueron siempre considerados como las excepciones de la maldición de los recursos naturales. Eran, dentro de este conjunto, países con niveles de apertura y estabilidad democráticas muy por encima del promedio. Aunque ahora, con la consolidación del chavismo y la polarización política de la sociedad venezolana, se plantea la pregunta: ¿No comienza Venezuela a apartarse del selecto club democrático de los países extractivos, para asociase al club maldito de los Suharto, los Khadafi o la familia real saudí?

Las diferencias, todavía, siguen siendo importantes, porque existen bases sociales en Venezuela muy refractarias al establecimiento de una dictadura de tipo husseiniana en su país. No obstante, los retrocesos son igualmente importantes. El proceso de consolidación de la Revolución Bolivariana -reforma constitucional, plebiscito antisindical y reafirmación electoral mayoritaria del líder, entre otros- culmina con el deterioro de las instituciones representativas iniciado con el colapso del sistema de partidos. La misma “Revolución”, concebida por el neofascista argentino Norberto Ceresole con fuertes elementos de culto (un Bolívar-Chávez omnipresente, hasta en el nombre de la República), se apodera del discurso público y crea sus propias estructuras para-institucionales, como los círculos bolivarianos. El nuevo movimiento político se abre paso por los pasillos del poder venezolano y se consagra, a través de un progresivo control distributivo de los recursos, en un movimiento de masas. Cuando la oposición, que rechaza el proyecto político del chavismo, no encuentra caminos viables en el marco de la competencia partidaria, se polariza el sistema y se reproduce una crisis de muy compleja resolución.

Petróleo y política.

A su vez, tres grandes transformaciones hubo en el petróleo venezolano de los últimos años: a) la creciente influencia del chavismo en PDVSA a partir de la reforma constitucional, con el gradual reemplazo de ejecutivos y la subordinación de la empresa al Ministerio de Energía y Minas, b) los posteriores conflictos por el control de PDVSA que redujeron a un tercio la producción de la empresa y paralizaron durante 2002 las exportaciones de crudo, y por último c) el aumento pronunciado del precio del petróleo desde septiembre de 2003, en el contexto de la progresiva “normalización” de la producción y exportación.

Finalmente, el chavismo consigue hacer pie en la gobernabilidad de la economía petrolera. Alí Rodríguez y Rafael Ramírez, dos cuadros políticos del oficialismo, se convierten en personajes clave de la política petrolera de la nueva etapa. El chavismo intenta recuperar un papel más protagónico para Venezuela en la OPEP, como cuando propone hacer subir la banda de precios hasta un barril de 32 dólares, lo que fue desestimado entonces por Arabia Saudita. Su poder de presión dependía de su capacidad de limitar la producción venezolana de petróleo, lo que no era posible si quería mantenerse en el poder(3).
 
El pico de la crisis petrolera en Venezuela fue en 2001 y culmina con el golpe opositor del 11 de abril de 2002, del que Chávez sale fortalecido. Pero tras el triunfo del plebiscito de agosto, la nueva etapa del proyecto chavista de petro-país cobra renovado sentido con el impresionante aumento del crudo.

Las explicaciones sobre el aumento del precio del petróleo en el último año, basado solamente en el impacto del conflicto en Irak y las dudas sobre la producción rusa por el caso Yukos, parecen un poco superficiales de acuerdo a ciertas visiones. Aunque, como coinciden todos analistas del sector, ambas noticias políticas inciden en fluctuaciones de corto plazo, muchos también destacan que la productividad del petróleo enfrenta un problema estructural, que combina el aumento imparable del consumo global con la falta de nuevos descubrimientos y el estancamiento de las expectativas sobre las energías sustitutivas. Todo lo cual se proyecta al precio futuro.

El referéndum del 15 de agosto.

El referéndum revocatorio, aunque centrado en una dinámica doméstica, adquirió repercusión regional. Para los países del Mercosur, en cierta forma se jugaba la buena salud del “giro neopopulista” con que algunos países del bloque recibieron el nuevo siglo. También, se ponía de manifiesto el estado actual del debate sobre la democracia en la región: entre quienes defienden las instituciones democráticas y republicanas, y quienes surgen de la debilidad de las mismas.

El referéndum contó con una amplia participación, de más del 70% del padrón electoral, y un claro triunfo del chavismo, con más del 59% de los sufragios. Todos los observadores comparten la impresión de que aún si los comicios se hubieran llevado a cabo en un clima de genuina imparcialidad, buena fe y consensos sobre las reglas de juego, Chávez hubiera ganado por márgenes igualmente mayoritarios y las bases para la resolución de la profunda crisis que azota a este país se hubieran, al menos, presentado para quien quisiera aprovecharlas. Probablemente, la intención de las partes no apuntaba en esa dirección.

Las dudas de la oposición sobre el escrutinio y sobre las empresas que implementaron el voto electrónico hoy parecen insalvables. Una de las lecciones que esta elección deja para la experiencia comparada, es que en un contexto de turbulencia y conflicto político, no es conveniente introducir el cambio tecnológico en el proceso electoral. ¿Para qué, en una elección tan sencilla como es un referéndum binario(4), era necesario tan sofisticado sistema de voto electrónico, que costó más de 110 millones de dólares de instalación y es de dudosa vida útil, que para peor preveía una intimidatoria –por policíaca- instancia de reconocimiento de huellas digitales? Las acusaciones de fraude electrónico de los opositores, aún de los más moderados, resultan difíciles de refutar sin apelar en la jerga ingenieril de la informática. Los más intransigentes, agregan la teoría de que Carter –“cuyo Centro recibe financiamiento público venezolano”- no tenía elementos de juicio propios y se limitó a compartir de buena fe las conclusiones de la misión de la OEA. Y que ésta última “comandada por un brasileño, tenía la indicación de parte de Lula de convalidar el triunfo de Chávez”.

En síntesis, que dudando de la transparencia de la tecnología electoral, desconociendo a los observadores internacionales y denunciando todo tipo de provocaciones de campaña, no hay diálogo que permita zanjar las diferencias. La oposición, ya sabemos, ha sido y es muy frontal en su intención de desplazarlo. Por su parte, si el gobierno realmente hubiera tenido intenciones de superar los conflictos, hubiera despolitizado la CNE, tomado con cautela la modificación del sistema de votación, e incentivado la presencia de más observadores extranjeros. Tal vez, ni siquiera esto hubiera alcanzado para calmar los ánimos.

Algunas conclusiones: Venezuela y el proyecto del petro-país.

La Venezuela de Chávez se consolida a partir de un cambio en la estructura socioeconómica del país. El derrumbe del sistema de partidos no sólo afectó al sistema representativo de la democracia: también, abrió las puertas a una transformación del esquema de gobernabilidad del petróleo venezolano. Y esa doble grieta abierta por la historia –la de la representación política, y la de la gobernabilidad petrolera-, podemos decir, coincidió con un periodo de renovada importancia de la economía del petróleo a nivel global. Esto supone, como sostienen varios analistas, que el aumento del precio del petróleo registrado en el último año tiene aspectos permanentes.

Por eso, la explicación político-económica de Chávez pareciera ser la de un líder populista que surge de la crisis de representación y al mismo tiempo la de un líder autocrático que responde a las dinámicas políticas del petróleo. La depresión de la producción petrolera venezolana en los últimos años, podemos verla a la distancia como una transición hacia la reconversión de la gobernabilidad de la industria. Hoy, Venezuela avanza hacia la consolidación de un esquema de gobierno distribucionista centrado en el control político de las rentas extraordinarias del negro mineral. Esquema que, como veíamos, carga consigo una lógica centralista y autoritaria, donde la polarización constituye el motor de la autocracia.

Este proceso lleva varias etapas cumplidas. Se trata de una verdadera captura del poder, que implica abrirse paso a los codazos. La primera etapa de la “Revolución Bolivariana”, fue la reforma constitucional, el plebiscito antisindical y la reafirmación electoral mayoritaria de Chávez. Luego, sobrevino el avance del chavismo sobre la industria petrolera, que derivó en una parálisis de producción de la cual recién ahora comienza a salir. El proceso costó varias pruebas: el golpe del 11 de abril, y el plebiscito del 15 de agosto. Superadas ambas, hoy el proyecto de cambio que busca el ingreso político de Venezuela al club maldito del petróleo, pareciera afianzarse.

Sin embargo, no hay que olvidar que se trata de un proyecto todavía resistido por importantes sectores de la sociedad venezolana. El mejor ejemplo con que contamos, de economías dependientes de recursos naturales que resistieron la maldición y evolucionaron hacia la gobernabilidad democrática, es el de Noruega. Venezuela, hoy, se parece menos a Noruega que antes, y el derrumbe del sistema de partidos fue el momento clave de ese distanciamiento. No obstante, conserva el recuerdo de una sociedad más abierta, y los restos de una clase media numerosa que se opondrá con fuerza al esquema del petro-país. Estas trazas de la historia constituyen el mejor anticuerpo con que cuenta Venezuela para no sucumbir, finalmente, a la maldición del petróleo.

 

(1). WANTCHEKON, Leonard (1999), Why do Resource Dependent Countries Have Authoritarian Governments?, Yale Center for International and Area Studies.
(2). La relación entre la estructura socioeconómica de un país y su régimen político es un antiguo tema de la sociología clásica. Más específicamente, autores como Terry Karl  en Paradoxes of Plenty: Oil Booms and Petro-States (1997, University of California Press) y Michael Ross en su artículo “The political economy of the resource curse” (publicado en World Politics, 1999, 51,2), entre otros, estudiaron la “maldición de los recursos naturales” en Medio Oriente, países africanos y asiáticos.
(3). “Venezuelan Oil Policies: Boosting Others at Own Expense”,  Strategic Forecasting, Inc., octubre de 2003
(4). “¿Está usted de acuerdo con dejar sin efecto el mandato popular, otorgado mediante elecciones democráticas legítimas al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el actual periodo presidencial?”. Por lo tanto, la opción pro Chávez era el NO, y la revocatoria el SI

Julio Burdman

Julio Burdman es Politólogo (UBA). Director del Observatorio Electoral Latinoamericano.