Derechos Humanos y
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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

16 de marzo de 2021

La democracia ante el nacionalismo hindú

A pesar del desarrollo democrático de la India basado en un estado laico, la llegada de un líder como Narendra Modi, que enaltece el hinduismo, la homogeneidad, la tradición y la familia, puso en jaque el respeto a los derechos humanos y la democracia. Así, la política interna del heterogéneo país asiático ha sufrido transgresiones múltiples en lo que respecta a la libertad de expresión y derechos de las minorías religiosas.
Por Pilar Martínez Otero

La democracia ante el nacionalismo hindú

La República de la India es considerada “la democracia más grande del mundo” por su numerosa población de 1.366 mil millones de habitantes al 2019. A pesar de las elecciones libres, el país no es ajeno a vulnerabilidades: como señala el Bertelsmann Transformation Index 2020 (BTI), la corrupción, la obstrucción de la justicia, el clientelismo político y la desafección de la población a la clase política son características que perjudican a la democracia.

Aunque cuenta con una multiplicidad étnica, religiosa, social y cultural que la distingue, desde su independencia ha buscado identificarse con el principio multiplicidad en la unidad. Según los datos del censo 2011, la amplia mayoría de la población, el 80,5%, es hindú, los  musulmanes acusan un 13% de la población total. Ambas religiones coexisten en el territorio junto a dalits, adivasis (grupo tribal), cristianos y otros grupos minoritarios. Las diferencias socio-económicas entre la población también son significativas: el índice de Gini otorga un 35,4% en 2011, la población urbana es de un 34%  y la inequidad de género es marcada según los datos de BTI. Mantener el equilibrio entre unidad nacional y heterogeneidad se vuelve un desafío, incluso pese a que la Constitución prevé un Estado laico, la igualdad entre los ciudadanos, la libertad de expresión y respeto a las diferentes lenguas.

Desde 2014 hasta la actualidad, Narendra Modi ocupa el cargo de Primer Ministro, tras ganar las elecciones como candidato de la coalición Alianza Democrática Nacional (NDA, por sus siglas en inglés) encabezada por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata (BJP, por sus siglas en inglés). Su victoria fue sorpresiva pues no requirió apoyo del Partido del Congreso Nacional Indio (INC por sus siglas en inglés), un gran aparato político y partido predominante. Cabe agregar que, el INC se encontraba debilitado políticamente, sospechoso de corrupción y con un desenvolvimiento económico poco favorable.

Su campaña basada en ideas como el  progreso económico y una buena gestión burocrática, sustentada por su administración en Gujarat convenció al sector empresario que decidió darle su apoyo:  sus antecedentes de gobierno actuarían como garantías de sus promesas electorales. Gujarat es uno de los estados más industrializados de India y registró mejoras económicas considerables durante su gestión. Modi, además, consiguió el apoyo de las clases más bajas de la sociedad, por ser miembro de las castas bajas y por su enaltecimiento de los valores tradicionales de la India bajo el lema “familia, comunidad y fe”.

Modi construyó su poder a partir de un perfil en extremo nacionalista. Es un férreo defensor de la prominencia cultural y religiosa hindú en el Estado de la India. De hecho, es militante del Rashtriya Swayamsevak Sangh, organización líder del nacionalismo hindú. Ha tratado de diferenciarse, con éxito, de los valores e ideas multiculturales y occidentales que profesan las elites del INC (Partido del Congreso Nacional Indio).

El ascenso de una personalidad conservadora, tradicional y defensora de la supremacía hindú, como la de Modi, ha tenido implicancias en la fortaleza democrática de la India. De hecho, los informes de Amnistía internacional (2019) y de Human Rights Watch (2021) dan cuenta de prácticas y tendencias como la violencia comunitaria, violencia de género, linchamientos, discriminación, abuso de poder policial, arbitrariedad en la aplicación de la ley, reformas represivas en la legislación que afectan derechos como la libertad de expresión y a minorías religiosas, particularmente, musulmanes.

En lo que respecta al derecho a la libertad de expresión este se ha visto vulnerado. En este marco, el informe de Freemuse del 2020 plantea que los delitos de sedición, incitación a la enemistad, odio a la religión, que se encuentran en el código penal, datan desde el periodo colonial y están redactados muy vagamente, pueden ser aplicados arbitrariamente en detrimento de la libertad de expresión artística. Asimismo Freemuse, menciona en su reporte del 2020, como ejemplo, que en julio de 2019 un grupo de celebridades, escritores y directores de cine firmaron una carta abierta dirigida al Primer Ministro con el objeto de poner fin a los linchamientos y la violencia comunitaria. Dos meses después, se realizó un FIR (First Information Report, documento realizado por las fuerzas policiales para dar comienzo a un proceso de investigación legal por la ejecución de un delito) en contra de los firmantes de la carta abierta, en donde se los acusaba de socavar la imagen de Modi y de apoyar tendencias secesionistas a las que se hace referencia en el código penal. Por otro lado, según relata el informe de Human Right Watch 2021, en agosto del 2020, las autoridades del estado Uttar Pradesh arrestaron al periodista Prashant Kanojia por un posteo que había realizado en Twitter, que “interrumpió la armonía comunal”, en definitiva, otro ejemplo que da cuenta de las transgresiones existentes al derecho a la libertad de expresión.

En lo que respecta a comunidades religiosas, los musulmanes son una de las minorías más afectadas por el ascenso de Modi al poder y la efervescencia de los grupos nacionalistas que esto ha conllevado. Si bien han mostrado su desaprobación en las elecciones votando contra el BJP, en favor del INC, en pos de garantizar un Estado laico, la realidad hoy se les presenta como un desafío. De hecho, Freedom House puntúa 2/4  la libertad de las personas de practicar y expresar su fe religiosa o su incredulidad en público y privado.

La discriminación hacia los musulmanes se hace evidente con el proyecto de enmienda a la Ley de Ciudadanía de 2019, que propone en su enmienda en la sección 2, otorgar la nacionalidad india solamente a aquellos inmigrantes que tengan procedencia hindú, sij, budista, jainista, parsi y cristiana de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que hubieran entrado en India antes del día 31 de diciembre de 2014, inclusive. Además, de que reduce el tiempo de naturalización (requisito para obtener la ciudadanía) para estos inmigrantes de 11 a 5 años (enmienda a la tercera tabla). En suma, la religión se presenta aquí como un criterio para otorgar la ciudadanía, asunto en tensión con la laicidad de la constitución y excluye a los musulmanes de la lista de inmigrantes que pueden obtener la ciudadanía. La importancia de la ley radica en que, no ser ciudadano te convierte en inmigrante ilegal, pecado por la ley o incluso en un apátrida.

Asimismo, la mencionada “ley represiva” forma parte de un conjunto, según menciona Amnistia Internacional en su informe de 2019, en las que se encuentran otras como la Ley de Prevención de Actividades Ilegales, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero y la Ley sobre el Derecho a la Información que vulneran los derechos humanos.

En resumen, a pesar del desarrollo democrático de la India basado en un estado laico, la llegada de un líder que enaltece el hinduismo, la homogeneidad, la tradición y la familia puso en jaque el respeto a los derechos humanos y la democracia. Así, la política interna del heterogéneo país asiático ha sufrido transgresiones múltiples en lo que respecta a la libertad de expresión y derechos de las minorías religiosas (musulmanes) bajo la arbitrariedad del manejo y aplicación de la legislación del BJP.

Pilar Martínez Otero
Pilar Martínez Otero
Voluntaria de CADAL
 
 
 
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