Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

7 de abril de 2021

Golpe militar y violación de derechos humanos en Myanmar

El gobierno democrático de Myanmar tuvo que enfrentarse constantemente, desde su asunción en 2016, con el dilema de tener que cogobernar con las instituciones militares que continuaron cometiendo flagrantes delitos de lesa humanidad contra las minorías étnicas del país, cuyo paradigma ha sido el genocidio llevado a cabo contra la etnia rohinyá en 2017. El 1° de febrero de 2021 se produjo un golpe militar y desde entonces la violencia institucional ha incrementado. La situación de Myanmar fue evaluada en el Examen Periódico Universal por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el tercer ciclo de 2021.
Por Florencia Cáceres

Golpe militar y violación de derechos humanos en Myanmar

La República de la Unión de Myanmar ha estado bajo el foco internacional debido a los acontecimientos de los últimos tiempos, tales como las cuestionables elecciones parlamentarias del año 2020, junto con la discriminación étnica a distintos grupos minoritarios, la censura hacia periodistas y medios de información y la represión a ciudadanos por parte del ejército. Todos estos acontecimientos, ocurridos bajo el mandato de la Liga Nacional para la Democracia (LND), siendo la cabeza del gobierno Htin Kyaw y la consejera de estado Aung San Suu Kyi, han puesto en cuestionamiento la capacidad del gobierno en materia de defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos.

La situación de Myanmar fue evaluada en el Examen Periódico Universal por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante el tercer ciclo de 2021. Allí se presentaron distintas propuestas en busca de mejorar la situación humana: de las 281 recomendaciones formuladas fueron aceptadas 166, que serían llevadas a cabo por la Liga Nacional para la Democracia (partido ganador de las elecciones de 2015). Según CIVICUS MONITOR, Myanmar se encuentra actualmente en un estado represivo, debido a las acciones tomadas por el gobierno militar.

Durante la sesión #37 del EPU, se realizaron comentarios por parte del embajador de la Federación Rusa, Gennady Gatilov, en representación de la troika designada ante las medidas propuestas y las medidas aceptadas por Myanmar, agradeciendo por la aceptación y la cooperación de parte de Myanmar hacia las propuestas formuladas. En esta misma sesión, el embajador de Myanmar, Myint Thu, proclamó el énfasis que pone el gobierno de su país ante el esfuerzo por cumplir las propuestas del EPU en materia de derechos humanos, el desarrollo socioeconómico y la respuesta ante la crisis del COVID-19. También aclaró el esfuerzo por la representación y resguardo de los distintos grupos étnicos del país; este siendo un tema de gran importancia actualmente dado el presente golpe de estado y el grave estado de las minorías étnicas.

En junio de 2020 se disparó la tensión entre el ejército militar de Myanmar y la población Rakhine, quienes siempre fueron vistos por una minoría inferior y la cual sufrió décadas de racismo. El gobierno de Myanmar decide atacar frente a este grupo con medidas como la interrupción de los servicios de comunicación en distintos estados y el despliegue de fuerzas policiales en los distritos afectados por los levantamientos contra el gobierno. “Según la ONU, las atrocidades militares cometidas contra los rohingya equivalen a una limpieza étnica, posiblemente con intención genocida.” Desde las elecciones de 2015, el partido Liga Nacional para la Democracia, liderado por Aung San Suu Kyi, llevó adelante distintas reformas en busca de mostrar la importancia de los derechos humanos en Myanmar. Actualmente, dada la situación del golpe de estado en Myanmar, el cual tiene inicio el 1ro de Febrero de 2021, los derechos humanos son algo para observar atentamente. Hasta el 29 de marzo, se ha confirmado la muerte de 510 personas a manos de las fuerzas de seguridad dirigidas por la junta militar, según declaró el lunes la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP). Se han dado muchísimas situaciones violentas ante protestas pacíficas, hacia inocentes, lo cual está dejando al mundo conmocionado por estos actos. Desde el inicio de la toma de poder de los militares la violencia institucional ha incrementado, provocando arrestos arbitrarios y dando pie a la represión de protestas pacíficas y de las minorías que previamente al golpe se encontraban en desventaja sociopolítica y cultural. Actualmente, se sigue pidiendo, por parte de medios de comunicación internacionales, el comité de protección de periodistas en el sudesteasiático,  la liberación de periodistas, y de Aung San Suu Kyi, líder de iure  de Myanmar y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991.

El gobierno de Myanmar llevó adelante un gran avance en índices democráticos desde la apertura de elecciones que empezaron gradualmente en 2010 hasta 2015. Lamentablemente, el 25% de los escaños van directamente a los militares luego de la reforma constitucional de 1990. En este contexto, el gobierno democrático de Myanmar tuvo que enfrentarse constantemente, desde su asunción en 2016, con el dilema de tener que cogobernar con las instituciones militares que continuaron cometiendo flagrantes delitos de lesa humanidad contra las minorías étnicas del país, cuyo paradigma ha sido el genocidio llevado a cabo contra la etnia rohinyá en 2017.

Los problemas electorales en 2020 incluyeron la política discriminatoria que excluyó a la mayoría de los votantes y candidatos rohingya; enjuiciamientos penales de críticos del gobierno; acceso desigual de los partidos a los medios gubernamentales; y la falta de una comisión electoral independiente y transparente y un mecanismo de resolución de quejas, en continuación y con respecto a los hechos anteriormente mencionados.La UEC (Comisión Electoral de la Unión) canceló la votación en partes de los estados de Chin, Kachin, Karen, Mon, Rakhine y Shan debido a los combates, pero no proporcionó explicaciones detalladas de por qué áreas específicas se vieron afectadas”, menciona el informe 2021 de Human Rights Watch sobre Myanmar.

Por su parte, el Bertelsmann Transformation Index 2020 mostró un control sobre los índices de gobernanza, analizando los procesos hacia la democracia; donde posiciona a Myanmar, dentro de una escala del 1-10, en 3.59, dando a entender los bajos niveles de acción que tiene el gobierno, calificando al país como una autocracia. “Desde la transición del gobierno militar directo, Myanmar ha tenido una elección general; esta elección de noviembre de 2015 se consideró relativamente libre y justa. En las elecciones de 2020, la Junta Militar declaró que se creía fraudulenta la votación llevada a cabo y que era necesario intervenir en el gobierno. Desde 2015 a 2018 no se presentó ninguna deformación en el marco electoral, donde se sigue discriminando y alejando a grupos minoritarios, tales como musulmanes, a los cuales se les prohíbe el derecho a voto por más de haber nacido dentro del país.

Producto de la violencia hacia la comunidad Rohinyá, se desplazaron más de 12.000 personas a Bangladesh en los primeros conflictos de 2018. El gobierno, en su momento bajo el mandato de Htin Kyaw, no reconoció este tipo de violencia militar ante esta comunidad y llevó a cabo una operación de censura ante quienes intentan comunicar la situación del grupo étnico en cuestión.

Ademas, el CDH, durante una sesión especial el 1° de febrero de 2021, declaró la necesidad urgente de medidas de acción ante los crímenes en Myanmar, así como la condena al golpe militar que están viviendo y se solicitó la presencia del consejo de seguridad de la ONU en tomar acción ante los crímenes de lesa humanidad que se producen en Myanmar, tales como las detenciones arbitrarias y el asesinato de manifestantes pacíficos.

En base al Examen Periodico Universal, los comentarios de distintos interlocutores de Myanmar, pueden ser comparados con los comentarios hechos por países latinoamericanos.  Distintas organizaciones de Myanmar, tales como “Karen Human Rights Group” (KHRG), observó que el derecho de reunión pacífica había sido restringido en la práctica y en la política y que la policía había utilizado una fuerza excesiva y desproporcionada para dispersar protestas pacíficas.

Al mismo tiempo, Human Rights Watch (HRW) “expresó preocupación por el hecho de que el Gobierno hubiera invalidado los derechos de los observadores y los periodistas de las zonas de conflicto y denegado el acceso a los organismos humanitarios de las Naciones Unidas e internacionales que trataban de proporcionar alimentos, medicamentos y otra ayuda esencial.” También “HRW destacó que la reciente condena por un consejo de guerra de Myanmar de tres militares por delitos contra la etnia rohinyá reflejaba los esfuerzos actuales del Gobierno por eludir una rendición de cuentas significativa, al utilizar como chivos expiatorios a unos pocos soldados en lugar de investigar seriamente a los dirigentes militares que supervisaban la comisión de delitos atroces”.

En relación con las denuncias anteriormente nombradas, las organizaciones interlocutoras de Myanmar expresaron, reiteradas veces, su preocupación ante la censura de medios de comunicación dado al uso de poder por parte de los gobernantes; destacaron que el Gobierno había efectuado cierres de Internet como una herramienta para obstaculizar el acceso a la información, que era vital en el contexto de la pandemia de COVID-19. Como se ha estipulado anteriormente,  la censura es un método utilizado con frecuencia en Myanmar, tanto para evitar la propagación de información sobre actividades discriminatorias, como para negar las denuncias que se le adjudican debido a las acciones del ejército militar sobre la población, y la falta de intervención del gobierno, cuando todavía había tiempo.

A modo de conclusión, se puede decir que Myanmar ha ignorado las propuestas planteadas en el Consejo de DD.HH de Naciones Unidas, organizaciones internacionales como Human Rights Watch, y la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, negándose a una reforma constitucional que podría darle transparencia al Gobierno, mayor legitimidad y que, también, podría ayudar a evitar los crímenes que se desarrollan a día de hoy. 

Florencia Cáceres
Florencia Cáceres
Voluntaria de CADAL
 
 
 
 
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