La región, tan dependiente de los Estados Unidos como siempre, le dio la espalda en forma notoria ante la reciente intervención militar en el Golfo Pérsico, constituyendo así una actitud política con pocos antecedentes históricos. Todo esto ha planteado demasiadas dudas respecto a la actitud que la Casa Blanca tomará hacia la región de aquí en adelante, especialmente cuando su prioridad en la agenda exterior estadounidense había caído en forma violenta luego de los atentados de septiembre de 2001.

Por Santiago Alles

La intervención encabezada por los Estados Unidos en Irak reviste un número tan amplio como heterogéneo de factores en juego. No obstante, los Estados Unidos encontraron resistencias a dar sustento político a su incursión entre algunas de las más importantes potencias europeas, sino que hallaron desiguales respuestas por parte de los países latinoamericanos. Tal como se señaló desde esta misma columna, Washington encontró un eco casi íntegramente limitado a la mayor parte de los pequeños países de Centroamérica y el Caribe; estos conforman lo que algunos analistas han denominado como la coalición de los esperanzados. Fuera de este grupo, sólo Colombia, siempre necesitada de apoyo para su lucha contra-insurgente, avaló la intervención. La región, tan dependiente de los Estados Unidos como siempre, le dio la espalda en forma notoria constituyendo así una actitud política con pocos antecedentes históricos. Todo esto ha planteado demasiadas dudas respecto a la actitud que la Casa Blanca tomará hacia la región de aquí en adelante.
Entonces, la pregunta que queda por resolver pasa por cómo se ha de reacomodar el sistema internacional y, ante este panorama, todos comienzan a tomar posiciones con vistas al mundo de posguerra. De hecho, ningún país de la región parece dispuesto a enemistarse con los Estados Unidos por la cuestión iraquí: varios gobiernos de la región han manifestado su intención de participar en las operaciones de ayuda humanitaria, a la vez que han obstaculizado una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, impulsada por Siria y bajo el pedido de realizar un encuentro especial para analizar los efectos humanitarios de la guerra, tenía la intención de condenar a los Estados Unidos por dar curso a la misma. Salvo aquellos que hacen de su confrontación ideológica una estrategia de política exterior (y haciendo omisión de la decisión personal del embajador chileno ante las Naciones Unidas que, desobedeciendo las instrucciones recibidas desde Santiago, se abstuvo en la votación aunque sin mayores consecuencias diplomáticas), nadie va a confrontar con Washington por la cuestión iraquí en sí misma.
Precisamente, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un foro en el cual muchos de los países de la región han buscado recomponer sus relaciones con los Estados Unidos. En la resolución sobre la situación de los derechos humanos en Cuba que, como ocurre desde hace años, se somete a votación de la Comisión durante el mes de abril tuvo el aval de la amplia mayoría de los países latinoamericanos. En los hechos, no son pocos analistas los que ven en el voto sobre Cuba una prueba a la disposición de la región para reparar las relaciones dañadas a partir de la intervención unilateral de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Así, Uruguay, Nicaragua y Perú introdujeron una resolución que, siguiendo en cuanto a su contenido la línea moderada establecida el año pasado, instaba al gobierno de la isla a recibir a un veedor (la jurista francesa Christine Chanet) de las Naciones Unidas destinado a realizar un informe sobre el estado de los derechos humanos. Si bien esta ha sido siempre una cuestión tan polémica como difícil para los países de la región, el costo político se ha visto sensiblemente reducido por la fuerte ofensiva del gobierno cubano contra los disidentes políticos (que incluyen condenas de hasta 27 años para más de 75 opositores) y por la ejecución sumaria de tres personas que intentaron escapar de la isla. Mientras tanto México como Chile se manifestaron en contra de Cuba, los gobiernos brasileño y argentino tomaron la determinación de abstenerse en tal votación; mientras que la decisión del gobierno de Lula representa la continuidad de la política tomada por F. H. Cardoso, la opción tomada por Duhalde se contrapone a la política seguida por los gobiernos de Menem y De la Rúa, y por él mismo el año último.
Igualmente, los países latinoamericanos no han quedado todos en igualdad de condiciones a ojos de la Casa Blanca luego del desaire por la cuestión iraquí; incluso algunos han quedado bien posicionados de cara a negociaciones específicas. Por un lado, además de tratarse de países con una autonomía exterior limitada por su proximidad con la potencia hemisférica, en las valoraciones de los pequeños países de Centroamérica y el Caribe que avalaron la política intervensionista en el Golfo Pérsico ha primado un tangible interés por acceder a un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (CAFTA). Las negociaciones entre los cinco países centroamericanos (Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica) y los Estados Unidos para firmar tal acuerdo se encuentran muy avanzadas en este sentido y algunos analistas estiman que hacia fines de año podría incluso llegarse a acordar un texto. En este contexto, ante la necesidad imperante de presentar una oferta comercial compartida en la negociación, ministros de Economía de las naciones centroamericanas han avanzado en la conformación de un frente común para fortalecer la posición negociadora de cara a las reuniones agendadas para el mes de junio, en el que podría incluirse República Dominicana si Washington le extiende la invitación del caso; el gobierno de Hipólito Mejía ha manifestado su interés por incorporarse a un acuerdo de esta naturaleza, pero los Estados Unidos no han hecho ninguna declaración oficial aun.
Mientras los países centroamericanos esperan cobrar su apoyo en moneda de libre comercio y Colombia en apoyo en su lucha contra las narco-guerrillas, la situación de dos países en particular pareció verse comprometida. Sin lugar a dudas, los dos países latinoamericanos que más exposición tuvieron en la materia fueron Chile y México, como representantes regionales ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En estos casos, primó la férrea oposición que la opinión pública ha mostrado respecto del conflicto bélico, afrontando incluso las negativas perspectivas económicas que presentaría el conflicto en un contexto regional eminentemente recesivo. De hecho, los puntos focales de la presión estadounidense para lograr el apoyo de estas reticentes naciones latinoamericanas estuvieron principalmente vinculados con la aprobación acuerdos de apertura comercial y con la obtención de certificaciones de lucha contra el narcotráfico. Así, a poco de rechazada en el Consejo de Seguridad la resolución pretendida por los Estados Unidos, el Departamento de Estado se mostró "decepcionado" por la falta de apoyo de Chile y México; en la misma dirección, un funcionario estadounidense citado por A. Oppenheimer indicaba: "No vamos a tomar acciones punitivas, como imponerles tarifas a las exportaciones mexicanas o chilenas ni nada de eso" pero "cuando estos países tengan un problema, ¿a quién van a acudir?". Por caso, en los últimos días de marzo, The Miami Herald informaba que George Bush había tardado cuatro días en responder un llamado telefónico de Vicente Fox, camino por el cual Washington quería mostrar el enfriamiento en las relaciones entre ambos gobiernos, luego que tales mandatarios iniciaran hace dos años una relación (por lo menos) muy próxima y fluida. Si la cadena vale lo que su eslabón más débil, el eslabón débil de los vínculos entre los Estados Unidos y Chile es el acuerdo de libre comercio cerrado a fines del año pasado. Ante un contexto internacional candente que condujo al cuestionamiento global de la política exterior de Washington, parece improbable que los Estados Unidos, finalizadas las operaciones y recuperado el andar habitual de su agenda de política exterior, devuelvan el mismo trato que solía darse a aquellos países que no lo acompañaron en su intervención, en contradicción, incluso, con lo afirmado antes del inicio del conflicto.
No obstante, si bien es cierto que la postura tomada por estos países generó algún malestar tanto en el Departamento de Estado como en el Congreso, sin duda lo breve del conflicto y los bajos costos humanos que los Estados Unidos debieron afrontar en el mismo aliviaron la posición política tomada por Ricardo Lagos y Vicente Fox; distinta seguramente habría sido su situación actual si las operaciones militares no hubieran sido tan exitosas y Washington aun se encontrara empantanado en las arenas del desierto iraquí. En este sentido, cuando todos daban por un hecho un enfriamiento en las relaciones interamericanas, Washington y Santiago fijaron el 6 de junio como fecha para la suscripción del acuerdo de libre comercio concluido a fines del año pasado y echaron por tierra con los cálculos de la mayoría de los analistas; quizás, en contra de las previsiones, la Casa Blanca haga el esfuerzo político que se requiere para convencer al Congreso de dar su asentimiento, en una de las siempre parejas votaciones de los tratados de apertura. ¿Cuál es, entonces, la explicación de este repentino giro? Mientras el analista especializado en temas latinoamericanos Andrés Oppenheimer y el dirigente político local Sebastián Piñera (RN) veían una muy probable vinculación entre ambos temas, fue Heraldo Muñoz, secretario general de gobierno de Chile, quien supo distinguir entre el corto plazo de los malos humores y el largo plazo de las estrategias políticas: la construcción del ALCA es la única política que tiene el gobierno de Bush hacia la región y en tal caso debía primar la imagen de Chile como socio confiable; Chile y México conformarían, en esta perspectiva, un "eje de estabilidad" en la siempre conflictiva América Latina. Visto en perspectiva, Oppenheimer y Piñera estuvieron en lo cierto en el corto plazo mientras que las previsiones de Muñoz acertaron en qué habría que esperar en el largo; lo sorprendente es que el corto plazo haya sido tan corto.
La región latinoamericana, si bien comenzó siendo un área prioritaria en la política exterior estadounidense, perdió tal posición de privilegio desde septiembre de 2001 y la posibilidad de que los Estados Unidos se recluyan sobre sí mismos ignorando a la región, o limiten su aproximación a ella sólo en vistas a cuestiones de exclusivamente referidas a su seguridad es real. Por un lado, en los próximos días el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, visitará Buenos Aires y Santiago, mientras que los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inacio "Lula" da Silva serán recibidos en Washington, lo cual despierta cierto optimismo en la región. Pero, por otro, en los hechos, los tópicos de mayor interés para la Administración Bush son hoy los referidos a la seguridad; como si se tratara de un retroceso a los años de Ronald Reagan, América Latina puede comenzar a ser vista como un área donde el mayor interés pasa por erradicar los peligros del terrorismo y en la que las relaciones son jalonadas por las crisis y los más conflictivos miembros del vecindario. La indiferencia estadounidense fue una de las más importantes preocupaciones de los países de la región al finalizar la Guerra Fría y, dada la posición que la lucha contra el terrorismo a adquirido en la agenda, tal preocupación vuelve a resurgir con fuerza. Sin que decir esto signifique una crítica solapada a la postura institucionalista y pacífica tomada por buena parte de los países más importantes de la región, la reconstrucción de los lazos entre ambos terminada la intervención estadounidense en el Golfo ha de ser una de las metas urgentes; la problemática del desarrollo es un punto central en la política exterior de toda la región y los Estados Unidos ocupan un rol preponderante en cualquier proyecto realista de desarrollo sustentable, motivo por el cual la atención que este le brinde es un elemento de primera importancia.

* Santiago M. Alles es licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales (UCA, Argentina).

 

Santiago Alles

Santiago M. Alles es maestrando en Estudios Latinoamericanos (USAL, España) y es licenciado en Ciencias Políticas (UCA, Argentina). Es profesor asistente de "América Latina en la Política Internacional" (UCA).