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12-12-2016

Ganancias es víctima del progresismo trucho

(TN) Probablemente el entuerto generado con el voto unificado de toda la oposición en Diputados al proyecto de reforma de Ganancias de alguna manera se resuelva, sea a través de una negociación más razonable en el Senado o a través de un veto parcial. Pero seguirá pendiente relegitimar este esencial tributo, y que el mismo ayude a crear reglas transparentes y estables para nuestra convivencia y el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones.
Por Marcos Novaro

(TN) Mauricio Macri se equivocó al prometer que ningún trabajador pagaría Ganancias cuando él fuera presidente. Sus funcionarios se equivocaron al demorar inútilmente el envío al Congreso del proyecto correctivo de ese impuesto, que estaba listo desde principios de año, y después se volvieron a equivocar apurándose a mandarlo cuando ya no podía lograr consenso. Sergio Massa, por su parte, se equivocó al encolumnar a su gente detrás de las locuras fiscales de Axel Kicillof y encima a que se sacaran una foto con él y el resucitado Héctor Recalde que va a ser difícil de olvidar.

Así, todos fueron poniendo su granito de arena para que se armara la descomunal batahola de fin de año. Pero no sólo porque midieron mal los problemas que cada uno enfrentaba, sino por sobre todas las cosas porque fueron víctimas de una misma y sustancial incomprensión sobre el impuesto a las Ganancias y lo que él significa.

Una incomprensión que al menos nos acompaña desde 1999, cuando la Alianza apenas llegada al poder quiso usarlo como instrumento decisivo para equilibrar las cuentas públicas sin afectar a los más pobres, de manera de mantener en pie una Convertibilidad ya moribunda, y sus votantes de la clase media acomodada, más los periodistas progres que la integran y tanto habían ayudado hasta entonces para que ese proyecto político los sedujera, se le pusieron en contra.

Entonces quedó a la luz el problema que iba a signar toda la saga posterior en torno a este tributo. Machinea y su equipo económico argumentaron que aumentar la recaudación de Ganancias era imprescindible para evitar un ajuste mayor sobre los más necesitados, que era una opción progresista que serviría para convencer a la sociedad de que la Alianza no era la derecha neoliberal que los peronistas hasta hace pocos días menemistas ahora denunciaban. Y que en todos lados del mundo ese impuesto es el cemento de un pacto democrático básico entre ricos y pobres, y entre el estado y la sociedad, que en Argentina aun estaba faltando.

Pero no hubo caso. La prensa habló de “impuestazo”. Muchos analistas destacaron que culpa de ese aumento de la carga tributaria la economía siguió en recesión. Y aunque el equipo económico sostuvo la iniciativa el entonces presidente Fernando De la Rúa se abstuvo de defenderla o siquiera hablar de ella, a ver si todavía arriesgaba su ya frágil popularidad en aras de construir una difusa ciudadanía fiscal que interesaba a muy pocos, entre los que seguro él no estaba.

En algo De la Rúa no se equivocó: los argentinos tienden siempre a preferir el estatismo, pero prefieren también no hacerse cargo de sus costos y obligaciones asociadas, o que al menos esos costos no les sean impuestos en forma abierta y directa, lo que consideran injusto e inmerecido. De allí que los gobiernos por norma se inclinen a cobrar impuestos indirectos antes que directos; cuando aquellos no alcanzan prefieren endeudarse, y sobreendeudarse, y cuando eso no alcanza o no está al alcance prefieren una buena dosis de inflación y descapitalizar el estado y la economía.

Los Kirchner esa lección sí la aprendieron y echaron mano de todos estos recursos. Y aunque siguieron cobrando Ganancias con la denostada “tablita de Machinea”, pese a que la inflación volvió por completo inadecuadas sus escalas, se desentendieron del efecto deslegitimador que eso tuvo sobre el tributo; por las mismas razones que se negaron a emprender cualquier reforma tributaria o a mejorar la recaudación de los tributos a la propiedad y las rentas, y siguieron cargando más y más el trabajo y la producción. Hacerlo era el mejor camino para mantener un alto grado de discrecionalidad y particularismo en la recaudación, concentrar inéditamente los ingresos públicos y que tanto los ricos como los pobres de nuestro país dependieran de ellos, no de ninguna regla de juego que pudiera establecerse y legitimarse en forma pública y abierta, y no se independizaran de la voluntad de los gobernantes.

Así fue como el Impuesto a las Ganancias se volvió una mala palabra y el debate al respecto se enturbió más y más. Porque encima buena parte de la oposición de entonces, de la mano del sindicalismo y ante el silencio empresario, se ocupó de confundir más las cosas. Igual que con el tema de las tarifas de servicios públicos ella tuvo en ocasiones un comportamiento abiertamente oportunista: bastaba que se insinuara cualquier tímida idea de poner orden en el desbarajuste de las escalas, los mínimos no imponibles y los alcances del tributo (y hubo infinidad de intentos al respecto, tanto de parte de legisladores del FPV como de la oposición) para que ciertos líderes antikirchneristas extremaran las cosas, “ningún trabajador debe pagar Ganancias” y sanseacabó.

Fórmula que pasa por alto una situación dramática, que se viene profundizando año tras año en nuestro mercado laboral: los salarios de convenio de muchos gremios, en particular en algunas zonas del país como la Patagonia, se van despegando cada vez más del promedio de ingresos nacionales; es decir que quienes los reciben pasan a integrar esa clase media acomodada que ya en tiempos de la Alianza se mostró tan reacia a hacer una contribución especial. Con lo cual lejos de expresar un interés común de “los trabajadores” defienden uno bien específico. Legítimo como cualquier otro, claro (nadie en ningún lugar del mundo quiere que el Estado le meta más la mano en el bolsillo), pero indiferente a las exigencias de un pacto social amplio e integrador.

Probablemente el entuerto generado con el voto unificado de toda la oposición en Diputados al proyecto de reforma de Ganancias de alguna manera se resuelva, sea a través de una negociación más razonable en el Senado o a través de un veto parcial. Pero seguirá pendiente relegitimar este esencial tributo, y que el mismo ayude a crear reglas transparentes y estables para nuestra convivencia y el ejercicio de nuestros derechos y obligaciones.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)

Marcos Novaro
Marcos Novaro
Consejero Académico
Es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del Centro de Investigaciones Políticas. Es profesor titular de la materia “Teoría Política Contemporánea” en la Carrera de Ciencia política y columnista de actualidad en TN. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran “Historia de la Argentina 1955/2010” (Editorial Siglo XXI, 2010) y "Dinero y poder, la difícil relación entre empresarios y políticos en Argentina" (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2019).
 
 
 

 
 
 
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