Resulta muy difícil de conciliar el ideal de los compromisos a los que aspira llegar Arabia Saudita con la gravedad de las denuncias y la cantidad de recomendaciones efectuadas por los actores del sistema universal de protección de derechos humanos y los gravísimos señalamientos de las organizaciones de la sociedad civil. Se trata de un Estado donde las autoridades «persiguen y oprimen disidentes, activistas de los derechos humanos y clérigos independientes. No existen las libertades de expresión, asociación y religión. La pena de muerte se aplica por crímenes como blasfemia, actividades homosexuales, traición y adulterio». Además, «se emplean castigos físicos como la amputación (por crímenes de robo) y palizas» y «la pena capital se aplica cada vez más también por delitos relacionados con drogas o activismo pacífico, ignorando las reclamaciones de que las confesiones de dichos delitos fueron obtenidas mediante tortura y abuso».