En su pretensión por posicionarse como el líder y benefactor del llamado Sur Global frente a Estados Unidos, el gobierno chino apoya el deseo y los esfuerzos de Caracas de unirse al grupo de los BRICS, pues sirve a su objetivo de ampliar su esfera de influencia en todo el mundo.
El reto es combinar un posicionamiento donde los nexos comerciales sino-latinoamericanos no se traduzcan, automáticamente, en un alineamiento de nuestras democracias con los ideales y objetivos políticos de la mayor autocracia del planeta. América Latina hoy lucha por encontrar una forma autónoma de insertarse en el mundo. China puede ser un socio económico sin convertirse en un modelo o aliado político.
Resulta paradójico que en ciertos ámbitos latinoamericanos incomoden las exigencias medioambientales y los altos estándares europeos, pero no los términos de la relación que propone Pekín con sus bajos estándares, malas prácticas, falta de transparencia y ausencia de escrutinio.
La mitad de los bienes que se venden en el mundo no viajan más de 4.000 kilómetros, es decir, no lo suficiente para cruzar océanos. Dos de cada tres dólares de los ingresos de las compañías del Fortune Global 500 provienen de sus mercados nacionales y regionales. Dos tercios del intercambio comercial de la UE se produce entre sus 27 países miembros. En Asia, el comercio intrarregional ha subido del 45% en 1990 al 60% actual. Todo ello explica que Washington quiera reconfigurar sus cadenas productivas para reducir su extensión, complejidad y vulnerabilidad.
Compañías estatales chinas despliegan, desde hace más de un lustro, una potente estrategia de crecimiento en el sector eléctrico de casi todos los países de la región. El Perú se ha convertido en el paradigma de ese esfuerzo. ¿Estamos subestimando lo que significa darle a la potencia asiática el control de la energía?
Las advertencias son claras. Las garantías que el gobierno de China, o cualquier gobierno autoritario, pueden dar a países latinoamericanos es limitada. Países amigos de Beijing, como Venezuela, han sido cómplices y han cooperado con empresas chinas como ZTE para vigilar y controlar a sus ciudadanos. En Ecuador, la compra y uso de cámaras de vigilancia tuvo un destino similar. Mientras, en Chile ha habido discusiones públicas al respecto.
Brasil y China tienen una de las relaciones comerciales más dinámicas del mundo. En apenas dos décadas, la balanza comercial ha crecido más de 20 veces hasta alcanzar los 150.000 millones de dólares en 2022. Son unos lazos proficuos para Brasilia, que tiene un superávit de 30.000 millones. Con todo, este comercio no está exento de nebulosas, ya que la producción de ganado y de soja causan deforestación en la Amazonía. Si Pekín no actúa para sanear sus cadenas de suministro, el gigante asiático puede consolidarse como un vertedero de productos contaminados por la destrucción medioambiental y los abusos sociales.
Quito debe tomar nota del caso peruano. Pese a unas exportaciones monopolizadas por los minerales, la perspectiva peruana de ampliar las ventas al país asiático con productos de valor agregado se ha visto sin duda frustrada.
Antes de echar las campanas al vuelo por lo que el simple gesto de establecer relaciones diplomáticas con China puede traer a Paraguay, bien haría el gobierno que tenga tal tentación en analizar el asunto en profundidad y desde todos los ángulos más allá del manoseado discurso de las oportunidades. Llegaría quizá a conclusiones decepcionantes. Hay múltiples ejemplos.
El llamado «triángulo del litio», que integran Chile, Argentina y Bolivia, ha cobrado importancia como centro neurálgico de la industria minera. Los tres países representan el 53% de las reservas probadas mundiales, con unos costes de extracción considerablemente más bajos que los de Australia, donde el metal se extrae de rocas y no de salares como los chilenos, bolivianos y argentinos.
China tiene el objetivo declarado de reducir su dependencia exterior de las importaciones agrícolas. Aunque este riesgo parezca hoy pequeño, el gobierno y la agroindustria brasileños no pueden permitirse ignorarlo. Ser un socio comercial y diplomático fiable es un paso en esta dirección.
Resulta evidente, después de más de dos décadas desde que inició su internacionalización, que las malas prácticas y los bajos estándares de las empresas estatales chinas no son puntuales ni excepcionales, sino reiterados y transversales a lo largo y ancho del continente. Con inversiones chinas que totalizan 172.000 millones de dólares en la región, gran parte de ellas en las industrias extractivas, y la construcción de más de 200 infraestructuras, el impacto socioambiental se percibe mayúsculo.
Si la reacción de Colombia y Costa Rica podría haber sido acaso más enérgica, en el caso de Venezuela su posicionamiento ha sido elevar la apuesta y alinearse con Pekín.
Tanto por su gestión del coronavirus como por la reacción del régimen chino en Hong Kong, la estrategia de seducción internacional de Pekín de algún modo está ahora en jaque. China no ha podido evitar las críticas desde el extranjero, algunas feroces, y por primera vez se oyen voces acerca de la conveniencia de reducir la dependencia que muchos países tienen de ella, o incluso de modificar el rumbo de la relación bilateral.
