Más allá de las contradicciones que expresa en sus comunicados y acciones, cabe preguntarse si la defensa que hace el Secretario General de la OEA de Morales se extiende en excusar su “derecho humano” a presentarse en los próximos comicios presidenciales en Bolivia o, más bien, en indagar si hay alguna nota en el programa de gobierno del mandatario bolivariano que lo distingue y aleja de los postulados que encaminan el gobierno venezolano que es tan aborrecido por Almagro.

Por Victoria Ariagno

El presidente Evo Morales, desde los inicios de su campaña electoral del presente año en busca de un cuarto mandato consecutivo, contó con el controversial apoyo del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien, reconocido por aplicar la Carta Democrática Interamericana y por sus firmes posturas contra las dictaduras tanto de Cuba como de Venezuela, ha entablado una relación cuestionable con el líder del estado plurinacional a raíz de la cual ha reaccionado en favor de tal figura: “no es un respaldo a una candidatura, no existe esa posibilidad en el marco del funcionamiento de la OEA. Se va a trabajar para que haya las máximas garantías en el proceso, las máximas garantías de justicia y transparencia, (…)”postuló Almagro en el marco de una entrevista para la cadena CNN. Así considera “discriminatorio” impedir que Evo Morales opte a la reelección en los comicios del próximo 20 de octubre; lo que para la oposición política supone avalar una candidatura ilegal, que va en contra del artículo 168 de la Constitución de Bolivia -entre otros- el cual permite la posibilidad de una sola reelección consecutiva, algo que Evo ya ha trasgredido un mandato atrás y busca repetir nuevamente en esta ocasión. 

La popularidad del presidente, aún después de 13 ininterrumpidos años en el cargo, parece seguir manteniéndose en pie gracias al apoyo del voto rural y de los sectores de departamentos con fuerte tradición minera e importante presencia indígena como Potosí, Cochabamba o La Paz. Apelando a la idiosincrasia de tales grupos, sumándole un tinte popular y antiimperialista, su postura sigue estando claramente marcada como lo reflejaron las palabras del discurso inaugural de su campaña: “este proceso es imparable, es un camino sin retorno. Este proceso de cambio no solamente es para los bolivianos”. Haciendo referencia, a través de estas palabras, a una integración superior, a la unión holística que comprenda a las republicas bolivarianas como un todo encaminado hacia un fin en común: la defensa de sus respectivas soberanías financieras y sobre sus recursos naturales, las reivindicación de los pueblos originarios relegados y la dignificación de la persona, son algunos de los pilares fundamentales sobre los que se sustentan las cosmovisiones que se plasman en programas de gobiernos tales como el de Evo Morales en Bolivia y el de Hugo Chávez y su continuador Maduro en Venezuela. Frases similares se encuentran plasmadas en el Plan de la Patria 2025, programa de gobierno de Nicolás Maduro: “En el nosotros no solo estamos nosotros como venezolanos, está también la intención del Imperio de dar una lección a los Pueblos que se alcen”, incitando a construir el socialismo para lograr la felicidad del pueblo.

Más allá de su discurso cautivante y de su sostenida popularidad, ésta no ha permanecido intacta, dado que en 2016 Morales le hizo caso omiso al referéndum del 21 de febrero de ese año, en el que se registraron 51,3% de votos en contra de la reelección del líder bolivariano. Por su parte, el Gobierno central mantuvo su énfasis en un fallo de 2017 del Tribunal Constitucional de su país por motivo del cual se reconoció el derecho a una reelección indefinida “puesto que la Constitución de Bolivia prescribe que los tratados internacionales [tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos] que representan la norma más favorable para los derechos humanos tienen que aplicarse y prevalecer incluso por encima de la Constitución misma”, tal como indica el informe de Marzo de 2018 de la Comisión de Venecia. Es por tal motivo que la Comisión concluyó que los límites a la reelección no restringen los derechos humanos y políticos de los candidatos: “el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto. Es posible poner límites objetivos y razonables(…)” estos límites “protegen otros principios constitucionales como los controles y equilibrios y la separación de poderes”. Es decir, las prerrogativas del presidente no podrán ir en contra de la Constitución, porque al ser esta expresión de la voluntad del pueblo, es en ella misma que se sustenta la base de toda autoridad del poder público. Es remarcable tener en cuenta que la Comisión de Venecia sólo emite recomendaciones, pero no impone sus soluciones, promoviendo la apertura al diálogo.

Indudablemente el gesto de Almagro no hizo más que quitar credibilidad a la OEA y crear un halo de incertidumbre y desfiguración con respecto a su figura. Más allá de las contradicciones que expresa en sus comunicados y acciones, cabe preguntarse si la defensa que hace el Secretario General de la OEA de Morales se extiende en excusar su “derecho humano” a presentarse en los próximos comicios presidenciales en Bolivia o, más bien, en indagar si hay alguna nota en el programa de gobierno del mandatario bolivariano que lo distingue y aleja de los postulados que encaminan el gobierno venezolano que es tan aborrecido por Almagro.

Remitiéndose a la crisis humanitaria que sobrevive el pueblo venezolano al día de la fecha, las notas causales son -con razón- difícilmente compartimentadas (ya que todo se encuentra imbricado, y claro está también el factor social en sí, que circunda tanto a lo cultural, como lo político y lo económico, y que reduce la predictibilidad y exactitud de la determinación de las causas y consecuencias de las cuestiones). Lejos de pretender seguir esta lógica y analizando puntualmente los programas de cada gobierno es posible identificar una esencia en común. Particularmente, el programa de Morales -la denominada Agenda del Pueblo para el Bicentenario- hace hincapié en “13 Pilares fundamentales” sobre los que debe encaminarse el rumbo de la nación en general, entre los cuales se incluyen la eliminación de la pobreza, la provisión universal de servicios básicos y la obtención de la tan anhelada salida al Pacifico reivindicada ya por varias generaciones de bolivianos. Lo que en el Plan de la Patria de Venezuela equivale en cierta manera a sus “cinco Objetivos históricos” en torno a lo económico, lo social, lo espacial, lo político y lo cultural, los cuales incluyen la transformación hacia un Estado socialista, el suministro de servicios básicos como la “educación liberadora para la descolonización”, y el desarrollo de una economía sostenible, estable y equitativa que permita la sustitución de importaciones. No obstante, no dejando de lado el aspecto práctico de las problemáticas, una reafirmación de que ambos gobiernos se encuentran en el mismo bando se dio cuando el pasado martes 6 de agosto, en la "Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela", convocada por el Grupo de Lima, no contó con la presencia de Bolivia, la cual rechazó la invitación en clara muestra de apoyo a Maduro (junto con China y Cuba entre otros).

Dado el panorama presentado, el comportamiento de Almagro solo podría explicarse si se lo entiende como parte de una estrategia más amplia (que probablemente sobrepase a su persona en sí, y también abarque no solamente a la OEA) planificada en vistas a disgregar públicamente la imagen de los gobiernos de izquierda que se presentan unidos bajo un mismo fin.

Victoria Ariagno

Estudiante de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina (UCA). Fue pasante de la revista mensual informativa Locally (ex Revista Gallaretas).