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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
30-09-2026De la fragilidad al colapso: Dos décadas de deterioro institucional en Haití a través del BTI
El cambio más dramático y transversal en el BTI de Haití es la pérdida del monopolio del uso de la fuerza, que pasó de 5 puntos en 2010 a 2 en 2026. La transformación política se desplomó de 5,05 a 2,38 en el mismo periodo debido a que las bandas armadas pasaron de ser actores criminales periféricos a controlar la mayor parte de Puerto Príncipe.
Por Diana Terán
Haití en el BTI 2006-2026Haití ha transitado un camino de constante declive institucional como ningún otro país en la región. Mientras que, en 2006, tras la caída de Jean-Bertrand Aristide, presidente constitucional, y bajo la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), mostraba una democracia altamente defectuosa, pero con ciertos niveles de participación y gobernanza incipiente, para 2026 los datos del Bertelsmann Transformation Index (BTI) sitúan a Haití en una categoría crítica, clasificado como una autocracia de línea dura, y ubicándose en el puesto 127 de 137 países evaluados. Este caso es la historia del paso de un Estado frágil a un colapso institucional total y la privatización de la violencia por bandas armadas.
El BTI es un índice que ayuda a evaluar la evolución de los Estado a través de sus niveles de transformación política, economía de mercado y calidad de gobernanza, reflejando las transformaciones que ha tenido un país en dichas dimensiones. Su análisis puede explicar problemas estructurales que influyeron e influyen en la actualidad de Haití.
Los recientes acontecimientos en el país han vuelto a centrar la atención internacional en la extrema violencia y la fragilidad institucional. Amnistía Internacional ha condenado la matanza ocurrida durante la noche del 23 al 24 de agosto de este año en Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe, la capital, en donde al menos 47 personas murieron y 22 resultaron heridas, según Naciones Unidas, mientras que decenas de personas habrían sido secuestradas, encontrándose entre las atacadas desplazados por la violencia que se refugiaban en una iglesia. En paralelo, las autoridades electorales de Haití han anunciado recientemente la celebración, el próximo 13 de diciembre, de elecciones presidenciales y legislativas en el país, marcado por décadas de inestabilidad política y violencia por parte de bandas criminales. Asimismo, han advertido que la realización de las votaciones está sujeta a mejoras reales en la seguridad pública y a la llegada de fondos económicos internacionales.
Un camino signado por la erosión institucional y la pérdida de la estatalidad
En el BTI, la dimensión de transformación política evalúa el grado de consolidación de la democracia, midiendo en general la calidad de las instituciones, el estado de derecho y la participación política. Para el 2006 se celebraron elecciones generales con un 60% de participación, tras las que René Préval asumió la presidencia. Cuatro años más tarde, el país alcanzó su puntaje más alto en cuanto a transformación política. Pero las de 2016 fueron las últimas elecciones que se celebraron en Haití. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, no hay funcionarios electos democráticamente, ni en el poder legislativo ni en el ejecutivo. Las elecciones no han sido posibles.
El cambio más dramático y transversal en el BTI de Haití es la pérdida del monopolio del uso de la fuerza, que pasó de 5 puntos en 2010 a 2 en 2026. La transformación política se desplomó de 5,05 a 2,38 en el mismo periodo debido a que las bandas armadas pasaron de ser actores criminales periféricos a controlar la mayor parte de Puerto Príncipe. El Estado haitiano perdió la capacidad territorial frente a las federaciones de bandas, tales como G9 o Viv Ansanm, la Policía Nacional (PNH) hoy cuenta con apenas 6,000 miembros y ha dependido fuertemente de la MINUSTAH para contener a las bandas armadas en la capital y para desarmar a exmilitares. Como la PNH no tiene capacidad suficiente, se ha buscado fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero los recursos siguen siendo escasos. Esto causó un colapso total de los servicios públicos, infraestructura y orden constitucional, agudizado de forma extrema tras el asesinato de Moïse en 2021.
El terremoto de 2010 representó un punto de quiebre crítico en este proceso de descomposición. El sismo causó más de 300.000 muertes, la destrucción de 45 estaciones policiales y la fuga de unos 5.000 prisioneros, permitiendo el reagrupamiento de bandas armadas en Cité Soleil. La Policía Nacional contaba con solo 8.500 efectivos golpeados por el desastre, dejando la seguridad a cargo de los 12.000 miembros de la MINUSTAH. El 95% de los edificios públicos de Puerto Príncipe fue destruido, incluyendo el Palacio Presidencial y el de Justicia. El presidente René Préval tardó semanas en dar un mensaje público y la respuesta gubernamental fue sumamente deficiente. Las elecciones de noviembre de 2010 fueron caóticas, hubo denuncias masivas de fraude, protestas violentas y debieron intervenir instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar el conteo, lo que derivó en una modificación de los resultados originales.
Con el tiempo, se llegó al colapso total de la institucionalidad democrática bajo el mandato del primer ministro de facto Ariel Henry (2021-24), caracterizado por la ausencia absoluta de cargos electos, la postergación indefinida de elecciones y la pérdida sostenida del monopolio estatal de la fuerza frente a coaliciones criminales. El concepto de autocracia en el caso de Haití no refiere a un dictador todopoderoso, sino a un régimen donde las instituciones democráticas simplemente dejaron de operar y no hay elecciones válidas.
En diciembre de 2022, el gobierno de Henry firmó un nuevo acuerdo de transición política con líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil y figuras destacadas del sector privado, con el objetivo de reprogramar las elecciones para 2023 e inaugurar un nuevo gobierno antes del 7 de febrero de 2024. Sin embargo, la implementación de este acuerdo se estancó y el plazo para la formación del nuevo gobierno expiró antes de que hubiera avances concretos hacia la celebración de elecciones. La violencia de las pandillas, la presión internacional y la imposibilidad de que pudiera regresar al país, quedando varado en Puerto Rico, derivaron en la renuncia de Henry.
Se creó entonces el Consejo Presidencial de Transición (CPT), entidad compuesta de nueve miembros, siete de ellos con derecho a voto, que trajo consigo una rotación caótica de primeros ministros entre 2024 y 2026. Los miembros prestaron juramento el 25 de abril de 2024, y el primer ministro de transición, Gary Conille, juró el cargo el 11 de junio. Sin embargo, pronto surgieron tensiones entre el CPT y Conille, principalmente por las acusaciones de que tres consejeros del CPT habían exigido un soborno de 770.000 dólares al director del Banco Nacional de Crédito de Haití. En noviembre, ante la presión del CPT, Conille dimitió y el consejo nombró a un nuevo primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.
Una economía asfixiada por choques y recesión prolongada
La transformación económica de Haití sigue siendo un problema estructural que sostiene la vulnerabilidad del país. En noviembre de 2006, Haití calificó para la reducción de deuda bajo la iniciativa Países Pobres Muy Endeudados (PPME), del Fondo Monetario Internacional, mientras las remesas de la diáspora superaron los 1.000 millones de dólares en 2006, equivalente al 21% del PIB. Sin embargo, los choques externos golpearon drásticamente las bases económicas: el terremoto de 2010 generó daños estimados en un 120% del PIB, provocando que la economía se contrajera un -5,1% y el PIB per cápita cayera un 8,5%, con una inflación oficial del 5,7%, aunque los costos reales se dispararon por el shock de suministros. A ello se sumó un brote de cólera iniciado en 2010 que mató a más de 3.500 personas, evidenciando el colapso absoluto de la infraestructura de agua potable y salud pública.
La economía haitiana continuó muy desestabilizada como secuela del terremoto. Aunque el PIB creció un 5.6% en 2011, en 2012 la expansión se desaceleró al 2.8% a causa del lento proceso de reconstrucción, el impacto de huracanes en la agricultura y la reducción de la ayuda internacional, manteniendo a más del 80% de la población en situación de pobreza y con un desempleo superior al 70%. Posteriormente se sumó el impacto devastador de desastres naturales como el huracán Matthew en 2016, la drástica reducción de la inversión extranjera directa, así como el terremoto de 2021 en el sur del país y los efectos de la pandemia de COVID-19.
El BTI destaca que el país sumó su sexto año consecutivo de crecimiento económico negativo y la transformación económica cayó de un puntaje de 3,89, ya de por sí sumamente bajo, a 2,61 en 2026. Se mantuvo una economía informal predominante con una infraestructura deficiente y alta dependencia de la ayuda internacional y remesas. Este último punto es sumamente relevante porque buena parte del capital humano se concentra en el extranjero debido a la falta de oportunidades y la violencia local. Tan sólo en 2023, se estima que 350.000 haitianos abandonaron el país.
Aunque se logró estabilizar levemente la moneda local, el gourde, y ciertas políticas fiscales hacia finales de 2024, la economía real continúa asfixiada por el desplazamiento forzado interno y el bloqueo logístico impuesto por las pandillas. El bloqueo de rutas por grupos criminales afectó severamente las cadenas de suministro y el comercio formal, destruyendo los circuitos de distribución agrícola y comercial.
Seis años de recesión y una economía de supervivencia han hecho imposible la recuperación del país. La inflación desmedida y el control de las carreteras por parte de las pandillas impiden la llegada de determinados productos a Puerto Príncipe, disparando la inseguridad alimentaria a niveles de hambruna. La tasa de inflación descendió ligeramente hasta el 28,5% a finales de 2024, cuando en el 2023 era de 36,8%. Sumado a ello, el PIB per cápita es de los más bajos a nivel mundial, estimado en unos 1.886 euros, y los altos precios relativos de los productos básicos de consumo siguen afectando los presupuestos individuales.
Hoy Haití tiene la economía más pobre de América, la agricultura de subsistencia y el pequeño comercio informal son el sustento de gran parte de la población, acompañados por la manufactura textil.
Una gobernanza fallida ante la parálisis estatal y la crisis de derechos humanos
Clasificado como un Estado con gobernanza fallida, entre 2008 y 2026 Haití cayó del puesto 84 al 120 en esta dimensión del BTI, debacle que refleja el desmantelamiento progresivo de la capacidad de dirección pública. La inestabilidad resurgió con fuerza en abril de 2008 con violentas protestas por los aumentos de precios. Luego, la gestión de Michel Martelly (2011-2016) careció de planificación estratégica y gobernó en la coyuntura del día a día, dejando de lado promesas clave como la educación gratuita para todos, la autosuficiencia agrícola y la reforma energética, que no mostraron avances sustanciales, al punto que no se pudo transparentar el uso de los fondos destinados al programa de escolarización.
Durante este período predominó una baja recaudación fiscal (8% del PIB) y la deuda pública aumentó del 11,9% del PIB en 2011 al 26,7% en 2014. La falta de transparencia y la corrupción generalizada derivaron en un mayor descontento. Entre los casos más relevantes figuran la creación de un impuesto especial a las telecomunicaciones y la gestión del Fondo PetroCaribe. Este último fue otorgado por una alianza entre distintos países del Caribe y Centroamérica orientada a la adquisición de petróleo bajo condiciones y precios preferenciales, extendiendo los plazos de pago a lo largo de varias décadas. Sin embargo, en el contexto de Haití, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la isla, ya que los fondos derivados de este acuerdo fueron desviados.
El descontento derivó en el “PetroCaribe Challenge”: el cineasta y activista político haitiano radicado en Canadá Gilbert Mirambeau Jr., publicó en Twitter una foto suya con los ojos vendados sosteniendo un cartel que decía en criollo haitiano: “Kot Kòb Petwo Karibe A???” (¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?). Esta publicación se viralizó rápidamente y la presión en el entorno digital se tradujo en movilizaciones y manifestaciones masivas en las calles de Haití para exigir que los responsables rindieran cuentas. A pesar de las movilizaciones masivas de 2018 y 2019, ningún político de alto nivel ni empresario fue juzgado o encarcelado por el desfalco, el Parlamento no logró aprobar una ley anticorrupción y, finalmente, la inestabilidad política, el vacío institucional y el deterioro de la seguridad generados por esta crisis, derivaron en el asesinato del presidente Moïse en 2021.
Una debacle interminable
La política se percibió como un juego de suma cero signado por la confrontación entre el Ejecutivo, el Parlamento y la oposición. La ayuda internacional continúa canalizándose predominantemente a través de ONGs debido a la desconfianza de los donantes hacia la administración estatal, a tal punto que Canadá llegó a suspender su ayuda presupuestaria en 2013 debido a irregularidades y casos de corrupción. Haití enfrenta actualmente una vulnerabilidad extrema a desastres naturales agravador por los altos niveles de deforestación pésima infraestructura. A eso se le suma un bajo nivel educativo general. La mala gestión de recursos y la corrupción terminaron moldeando la realidad haitiana, mientras las élites políticas y económicas priorizaron las disputas de poder entre facciones, como se vio en las constantes destituciones en el Consejo Presidencial de Transición, en lugar de trazar una ruta mínima de seguridad pública y reconstrucción. La crisis actual no es simplemente de seguridad, sino la consecuencia lógica de 20 años de desmantelamiento de la gobernanza.
La capacidad del Estado para proporcionar servicios de salud, apoyo para la reintegración de los niños reclutados por pandillas, y protección y justicia adecuadas sigue siendo extremadamente débil, lo que expone a la población a continuas violaciones de los derechos humanos. En el contexto actual, las violaciones más graves no ocurren típicamente por una política de Estado dirigida por un dictador militar tradicional, sino por la ausencia absoluta del Estado y la impunidad de actores no estatales. El secuestro masivo se ha convertido en una estrategia de control territorial y financiamiento para las bandas criminales: miles de ciudadanos desaparecen temporalmente en centros de detención clandestinos controlados por pandillas y aquellos cuyas familias no pueden pagar los rescates a menudo son asesinados y enterrados en fosas comunes o sus cuerpos son abandonados, configurando una crisis masiva de desapariciones donde el Estado no tiene capacidad ni voluntad real de investigar.
El BTI y los reportes de derechos humanos subrayan la crisis de la detención preventiva prolongada. No se habla de los presos políticos en Haití estrictamente en el sentido clásico, debido a que el sistema judicial está completamente paralizado, miles de ciudadanos pasan años en prisiones inhumanas y hacinadas sin haber visto jamás a un juez. Aunque existen opositores que denuncian persecución legal, el verdadero drama humanitario es el limbo legal generalizado. Se enfrentan a un vacío judicial donde no hay ni jueces ni leyes, provocando que más del 80% de la población carcelaria esté en detención preventiva prolongada, viviendo en condiciones inhumanas.
La esperanza actual es el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia, que inició formalmente en junio de 2024 con el objetivo de combatir a las bandas armadas. Sin embargo, la misión ha tenido dificultades debido a la insuficiencia de recursos, cuenta con apenas 1000 agentes de los 2500 previstos y ha contribuido de forma apenas limitada a mejorar la seguridad. Esta violencia actual ciertamente no es un evento fortuito, sino el resultado inevitable de dos décadas de vaciamiento institucional que se refleja en el BTI.
Diana TeránEx-Pasante internacional de CADALEstudió Relaciones Internacionales en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y realizó una pasantía en El Nacional.
Haití ha transitado un camino de constante declive institucional como ningún otro país en la región. Mientras que, en 2006, tras la caída de Jean-Bertrand Aristide, presidente constitucional, y bajo la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), mostraba una democracia altamente defectuosa, pero con ciertos niveles de participación y gobernanza incipiente, para 2026 los datos del Bertelsmann Transformation Index (BTI) sitúan a Haití en una categoría crítica, clasificado como una autocracia de línea dura, y ubicándose en el puesto 127 de 137 países evaluados. Este caso es la historia del paso de un Estado frágil a un colapso institucional total y la privatización de la violencia por bandas armadas.
El BTI es un índice que ayuda a evaluar la evolución de los Estado a través de sus niveles de transformación política, economía de mercado y calidad de gobernanza, reflejando las transformaciones que ha tenido un país en dichas dimensiones. Su análisis puede explicar problemas estructurales que influyeron e influyen en la actualidad de Haití.
Los recientes acontecimientos en el país han vuelto a centrar la atención internacional en la extrema violencia y la fragilidad institucional. Amnistía Internacional ha condenado la matanza ocurrida durante la noche del 23 al 24 de agosto de este año en Kenscoff, cerca de Puerto Príncipe, la capital, en donde al menos 47 personas murieron y 22 resultaron heridas, según Naciones Unidas, mientras que decenas de personas habrían sido secuestradas, encontrándose entre las atacadas desplazados por la violencia que se refugiaban en una iglesia. En paralelo, las autoridades electorales de Haití han anunciado recientemente la celebración, el próximo 13 de diciembre, de elecciones presidenciales y legislativas en el país, marcado por décadas de inestabilidad política y violencia por parte de bandas criminales. Asimismo, han advertido que la realización de las votaciones está sujeta a mejoras reales en la seguridad pública y a la llegada de fondos económicos internacionales.
Un camino signado por la erosión institucional y la pérdida de la estatalidad
En el BTI, la dimensión de transformación política evalúa el grado de consolidación de la democracia, midiendo en general la calidad de las instituciones, el estado de derecho y la participación política. Para el 2006 se celebraron elecciones generales con un 60% de participación, tras las que René Préval asumió la presidencia. Cuatro años más tarde, el país alcanzó su puntaje más alto en cuanto a transformación política. Pero las de 2016 fueron las últimas elecciones que se celebraron en Haití. Desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, no hay funcionarios electos democráticamente, ni en el poder legislativo ni en el ejecutivo. Las elecciones no han sido posibles.
El cambio más dramático y transversal en el BTI de Haití es la pérdida del monopolio del uso de la fuerza, que pasó de 5 puntos en 2010 a 2 en 2026. La transformación política se desplomó de 5,05 a 2,38 en el mismo periodo debido a que las bandas armadas pasaron de ser actores criminales periféricos a controlar la mayor parte de Puerto Príncipe. El Estado haitiano perdió la capacidad territorial frente a las federaciones de bandas, tales como G9 o Viv Ansanm, la Policía Nacional (PNH) hoy cuenta con apenas 6,000 miembros y ha dependido fuertemente de la MINUSTAH para contener a las bandas armadas en la capital y para desarmar a exmilitares. Como la PNH no tiene capacidad suficiente, se ha buscado fortalecer a las Fuerzas Armadas, pero los recursos siguen siendo escasos. Esto causó un colapso total de los servicios públicos, infraestructura y orden constitucional, agudizado de forma extrema tras el asesinato de Moïse en 2021.
El terremoto de 2010 representó un punto de quiebre crítico en este proceso de descomposición. El sismo causó más de 300.000 muertes, la destrucción de 45 estaciones policiales y la fuga de unos 5.000 prisioneros, permitiendo el reagrupamiento de bandas armadas en Cité Soleil. La Policía Nacional contaba con solo 8.500 efectivos golpeados por el desastre, dejando la seguridad a cargo de los 12.000 miembros de la MINUSTAH. El 95% de los edificios públicos de Puerto Príncipe fue destruido, incluyendo el Palacio Presidencial y el de Justicia. El presidente René Préval tardó semanas en dar un mensaje público y la respuesta gubernamental fue sumamente deficiente. Las elecciones de noviembre de 2010 fueron caóticas, hubo denuncias masivas de fraude, protestas violentas y debieron intervenir instituciones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) para revisar el conteo, lo que derivó en una modificación de los resultados originales.
Con el tiempo, se llegó al colapso total de la institucionalidad democrática bajo el mandato del primer ministro de facto Ariel Henry (2021-24), caracterizado por la ausencia absoluta de cargos electos, la postergación indefinida de elecciones y la pérdida sostenida del monopolio estatal de la fuerza frente a coaliciones criminales. El concepto de autocracia en el caso de Haití no refiere a un dictador todopoderoso, sino a un régimen donde las instituciones democráticas simplemente dejaron de operar y no hay elecciones válidas.
En diciembre de 2022, el gobierno de Henry firmó un nuevo acuerdo de transición política con líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil y figuras destacadas del sector privado, con el objetivo de reprogramar las elecciones para 2023 e inaugurar un nuevo gobierno antes del 7 de febrero de 2024. Sin embargo, la implementación de este acuerdo se estancó y el plazo para la formación del nuevo gobierno expiró antes de que hubiera avances concretos hacia la celebración de elecciones. La violencia de las pandillas, la presión internacional y la imposibilidad de que pudiera regresar al país, quedando varado en Puerto Rico, derivaron en la renuncia de Henry.
Se creó entonces el Consejo Presidencial de Transición (CPT), entidad compuesta de nueve miembros, siete de ellos con derecho a voto, que trajo consigo una rotación caótica de primeros ministros entre 2024 y 2026. Los miembros prestaron juramento el 25 de abril de 2024, y el primer ministro de transición, Gary Conille, juró el cargo el 11 de junio. Sin embargo, pronto surgieron tensiones entre el CPT y Conille, principalmente por las acusaciones de que tres consejeros del CPT habían exigido un soborno de 770.000 dólares al director del Banco Nacional de Crédito de Haití. En noviembre, ante la presión del CPT, Conille dimitió y el consejo nombró a un nuevo primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.
Una economía asfixiada por choques y recesión prolongada
La transformación económica de Haití sigue siendo un problema estructural que sostiene la vulnerabilidad del país. En noviembre de 2006, Haití calificó para la reducción de deuda bajo la iniciativa Países Pobres Muy Endeudados (PPME), del Fondo Monetario Internacional, mientras las remesas de la diáspora superaron los 1.000 millones de dólares en 2006, equivalente al 21% del PIB. Sin embargo, los choques externos golpearon drásticamente las bases económicas: el terremoto de 2010 generó daños estimados en un 120% del PIB, provocando que la economía se contrajera un -5,1% y el PIB per cápita cayera un 8,5%, con una inflación oficial del 5,7%, aunque los costos reales se dispararon por el shock de suministros. A ello se sumó un brote de cólera iniciado en 2010 que mató a más de 3.500 personas, evidenciando el colapso absoluto de la infraestructura de agua potable y salud pública.
La economía haitiana continuó muy desestabilizada como secuela del terremoto. Aunque el PIB creció un 5.6% en 2011, en 2012 la expansión se desaceleró al 2.8% a causa del lento proceso de reconstrucción, el impacto de huracanes en la agricultura y la reducción de la ayuda internacional, manteniendo a más del 80% de la población en situación de pobreza y con un desempleo superior al 70%. Posteriormente se sumó el impacto devastador de desastres naturales como el huracán Matthew en 2016, la drástica reducción de la inversión extranjera directa, así como el terremoto de 2021 en el sur del país y los efectos de la pandemia de COVID-19.
El BTI destaca que el país sumó su sexto año consecutivo de crecimiento económico negativo y la transformación económica cayó de un puntaje de 3,89, ya de por sí sumamente bajo, a 2,61 en 2026. Se mantuvo una economía informal predominante con una infraestructura deficiente y alta dependencia de la ayuda internacional y remesas. Este último punto es sumamente relevante porque buena parte del capital humano se concentra en el extranjero debido a la falta de oportunidades y la violencia local. Tan sólo en 2023, se estima que 350.000 haitianos abandonaron el país.
Aunque se logró estabilizar levemente la moneda local, el gourde, y ciertas políticas fiscales hacia finales de 2024, la economía real continúa asfixiada por el desplazamiento forzado interno y el bloqueo logístico impuesto por las pandillas. El bloqueo de rutas por grupos criminales afectó severamente las cadenas de suministro y el comercio formal, destruyendo los circuitos de distribución agrícola y comercial.
Seis años de recesión y una economía de supervivencia han hecho imposible la recuperación del país. La inflación desmedida y el control de las carreteras por parte de las pandillas impiden la llegada de determinados productos a Puerto Príncipe, disparando la inseguridad alimentaria a niveles de hambruna. La tasa de inflación descendió ligeramente hasta el 28,5% a finales de 2024, cuando en el 2023 era de 36,8%. Sumado a ello, el PIB per cápita es de los más bajos a nivel mundial, estimado en unos 1.886 euros, y los altos precios relativos de los productos básicos de consumo siguen afectando los presupuestos individuales.
Hoy Haití tiene la economía más pobre de América, la agricultura de subsistencia y el pequeño comercio informal son el sustento de gran parte de la población, acompañados por la manufactura textil.
Una gobernanza fallida ante la parálisis estatal y la crisis de derechos humanos
Clasificado como un Estado con gobernanza fallida, entre 2008 y 2026 Haití cayó del puesto 84 al 120 en esta dimensión del BTI, debacle que refleja el desmantelamiento progresivo de la capacidad de dirección pública. La inestabilidad resurgió con fuerza en abril de 2008 con violentas protestas por los aumentos de precios. Luego, la gestión de Michel Martelly (2011-2016) careció de planificación estratégica y gobernó en la coyuntura del día a día, dejando de lado promesas clave como la educación gratuita para todos, la autosuficiencia agrícola y la reforma energética, que no mostraron avances sustanciales, al punto que no se pudo transparentar el uso de los fondos destinados al programa de escolarización.
Durante este período predominó una baja recaudación fiscal (8% del PIB) y la deuda pública aumentó del 11,9% del PIB en 2011 al 26,7% en 2014. La falta de transparencia y la corrupción generalizada derivaron en un mayor descontento. Entre los casos más relevantes figuran la creación de un impuesto especial a las telecomunicaciones y la gestión del Fondo PetroCaribe. Este último fue otorgado por una alianza entre distintos países del Caribe y Centroamérica orientada a la adquisición de petróleo bajo condiciones y precios preferenciales, extendiendo los plazos de pago a lo largo de varias décadas. Sin embargo, en el contexto de Haití, se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la isla, ya que los fondos derivados de este acuerdo fueron desviados.
El descontento derivó en el “PetroCaribe Challenge”: el cineasta y activista político haitiano radicado en Canadá Gilbert Mirambeau Jr., publicó en Twitter una foto suya con los ojos vendados sosteniendo un cartel que decía en criollo haitiano: “Kot Kòb Petwo Karibe A???” (¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?). Esta publicación se viralizó rápidamente y la presión en el entorno digital se tradujo en movilizaciones y manifestaciones masivas en las calles de Haití para exigir que los responsables rindieran cuentas. A pesar de las movilizaciones masivas de 2018 y 2019, ningún político de alto nivel ni empresario fue juzgado o encarcelado por el desfalco, el Parlamento no logró aprobar una ley anticorrupción y, finalmente, la inestabilidad política, el vacío institucional y el deterioro de la seguridad generados por esta crisis, derivaron en el asesinato del presidente Moïse en 2021.
Una debacle interminable
La política se percibió como un juego de suma cero signado por la confrontación entre el Ejecutivo, el Parlamento y la oposición. La ayuda internacional continúa canalizándose predominantemente a través de ONGs debido a la desconfianza de los donantes hacia la administración estatal, a tal punto que Canadá llegó a suspender su ayuda presupuestaria en 2013 debido a irregularidades y casos de corrupción. Haití enfrenta actualmente una vulnerabilidad extrema a desastres naturales agravador por los altos niveles de deforestación pésima infraestructura. A eso se le suma un bajo nivel educativo general. La mala gestión de recursos y la corrupción terminaron moldeando la realidad haitiana, mientras las élites políticas y económicas priorizaron las disputas de poder entre facciones, como se vio en las constantes destituciones en el Consejo Presidencial de Transición, en lugar de trazar una ruta mínima de seguridad pública y reconstrucción. La crisis actual no es simplemente de seguridad, sino la consecuencia lógica de 20 años de desmantelamiento de la gobernanza.
La capacidad del Estado para proporcionar servicios de salud, apoyo para la reintegración de los niños reclutados por pandillas, y protección y justicia adecuadas sigue siendo extremadamente débil, lo que expone a la población a continuas violaciones de los derechos humanos. En el contexto actual, las violaciones más graves no ocurren típicamente por una política de Estado dirigida por un dictador militar tradicional, sino por la ausencia absoluta del Estado y la impunidad de actores no estatales. El secuestro masivo se ha convertido en una estrategia de control territorial y financiamiento para las bandas criminales: miles de ciudadanos desaparecen temporalmente en centros de detención clandestinos controlados por pandillas y aquellos cuyas familias no pueden pagar los rescates a menudo son asesinados y enterrados en fosas comunes o sus cuerpos son abandonados, configurando una crisis masiva de desapariciones donde el Estado no tiene capacidad ni voluntad real de investigar.
El BTI y los reportes de derechos humanos subrayan la crisis de la detención preventiva prolongada. No se habla de los presos políticos en Haití estrictamente en el sentido clásico, debido a que el sistema judicial está completamente paralizado, miles de ciudadanos pasan años en prisiones inhumanas y hacinadas sin haber visto jamás a un juez. Aunque existen opositores que denuncian persecución legal, el verdadero drama humanitario es el limbo legal generalizado. Se enfrentan a un vacío judicial donde no hay ni jueces ni leyes, provocando que más del 80% de la población carcelaria esté en detención preventiva prolongada, viviendo en condiciones inhumanas.
La esperanza actual es el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), liderada por Kenia, que inició formalmente en junio de 2024 con el objetivo de combatir a las bandas armadas. Sin embargo, la misión ha tenido dificultades debido a la insuficiencia de recursos, cuenta con apenas 1000 agentes de los 2500 previstos y ha contribuido de forma apenas limitada a mejorar la seguridad. Esta violencia actual ciertamente no es un evento fortuito, sino el resultado inevitable de dos décadas de vaciamiento institucional que se refleja en el BTI.
