Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
01-04-2019El estado de los derechos humanos en Emiratos Árabes Unidos sigue siendo grave
A lo largo de los tres ciclos del examen periódico universal persiste el reclamo sobre la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. El último caso resonante es el de Ahmed Mansoor, el defensor de los derechos humanos y colaborador de la ONU, quien está cumpliendo una pena de 10 años de cárcel.Por Pilar Pereyra
Actualmente, esta monarquía constitucional es gobernada por el jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, quien ocupa el cargo de presidente desde 2004 cuando heredó el puesto de su padre.
En 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su tercer informe sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) como parte del Examen Periódico Universal (EPU), en el que se destacaron problemas como la detención arbitraria de personas acusadas de terrorismo, la persistencia de apátridas debido a la dificultad que implica obtener una ciudadanía emiratí, las desigualdades presentes entre el hombre y la mujer en términos de libertad, derechos y condición económica, entre otras.
En primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos todavía no ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas ni el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Estos tratados internacionales implican ciertos compromisos que se deben cumplir, cuando un país los ratifica, y el gobierno de los EAU no ha tenido voluntad de firmar estos acuerdos e implementar las medidas que estos indican.
Con respecto al marco nacional, no existe en los EAU una institución de defensa de los derechos humanos conforme a los principios de París y la legislación dirigida a la protección de los derechos humanos no es clara.
El informe presta especial atención a la ley contra el terrorismo de los Emiratos Árabes Unidos, ya que no define exactamente qué se entiende por terrorismo, haciendo que sea una ley ambigua, y de libre de interpretación. Establece la pena de muerte para todo aquel que realice actividades “contrarias a la unidad social o la paz social”. Con este instrumento, el gobierno puede penar a personas que cuestionen a los mandatarios, por considerarlos perturbadores de la paz o a unidad social. Además, en casos de presuntos terroristas no se aplican las escasas garantías contra la detención arbitraria de personas presentes en el Código de Procesamiento Penal. No se necesita orden judicial para ser detenidos y en muchos casos no hay juicio previo a la condena fija. Esto viola expresamente los derechos de las personas a tener un juicio justo, ser detenidos y condenados con las garantías necesarias.
A lo largo de los tres ciclos del examen periódico universal persiste el reclamo sobre la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. El último caso resonante es el de Ahmed Mansoor, el defensor de los derechos humanos y colaborador de la ONU, quien está cumpliendo una pena de 10 años de cárcel. Sin embargo no es el único perjudicado. No solo se han encarcelado a numerosos activistas sino que el gobierno niega la entrada al país a los representantes de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, impidiendo que estos reconozcan la grave situación del país, que según el índice de Freedom House, solo cuenta con un nivel de libertad de 17 sobre 100.
La participación de los Emiratos Árabes Unidos en los ataques a Yemen también alertan a varias organizaciones por los abusos que cometen las fuerzas. Según Human Rights Watch, el uso excesivo de la fuerza, la detención de familiares de los sospechosos para presionarlos a que se entreguen, la detención arbitraria de hombres y niños civiles, y la desaparición forzada son prácticas que cometen los militares emiratíes en el territorio yemení a diario. Asimismo, las autoridades persiguen y silencian a todo aquel que denuncie estos delitos.
Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reclamó que la constitución de los Emiratos Árabes Unidos no concede la igualdad entre el hombre y la mujer ni prohíbe la discriminación hacia la mujer ya que no está incluida en la ley contra la discriminación, aunque el gobierno se había comprometido a modificar la legislación para incluir estos principios en el segundo ciclo del EPU. Asimismo persiste la tutela legal del hombre sobre la mujer así como el castigo ejercido por el hombre hacia la mujer habilitado por el artículo 53 del Código Penal. Asimismo, el artículo 56 del Código de estado personal obliga a las mujeres a obedecer al hombre.
El informe denuncia el maltrato que sufren las victimas de trata (especialmente las mujeres) ya que están consideradas como criminales al violar la ley 356, que prohíbe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Otra de las consideraciones que se hicieron fue la discriminación que sufren los migrantes y apátridas. El total de ciudadanos extranjeros representan más del 88,5 por ciento de la población de los EAU, según las estadísticas del gobierno de 2011. Por eso varias organizaciones instaron al gobierno que incorpore legislación que prohíba la discriminación por origen, y por raza, especialmente en el ámbito laboral, que mejore las condiciones para los trabajadores no ciudadanos y facilitarles la posibilidad de denunciar cualquier maltrato, que prohibiera el sistema de kafala o patrocinio que lleva a la explotación laboral de extranjeros, y que regule practicas como la retención de pasaportes hecha por algunos contratantes, el establecimiento de jornadas excesivas, la falta de pago de los salarios, etc.
Además, el estado emiratí no reconoce a los refugiados de países en situación de crisis humanitaria, rehusándose a brindar la asistencia adecuada hacia estos migrantes. Tampoco concede la ciudadanía a los hijos de mujeres casadas con extranjeros o los nacidos fuera del matrimonio, o de padres desconocidos, convirtiéndolos en apátridas, al igual que los grupos bidún.
En conjunto, los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto de criticas y reclamos por la vulneración de los derechos humanos que sufren personas de diversos grupos y condiciones. Se han destacado varios progresos que ha hecho el país con respecto a su legislación y a ciertas costumbres sociales. Sin embargo, como se ha detallado, el estado de los derechos humanos sigue siendo grave. El gobierno no solo no protege a todos los habitantes de los Emiratos, sino que son los mismos dirigentes los que vulneran los derechos de todo aquel que se anime a hacerles críticas u objeciones.
Pilar Pereyra
Actualmente, esta monarquía constitucional es gobernada por el jeque Jalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, quien ocupa el cargo de presidente desde 2004 cuando heredó el puesto de su padre.
En 2018 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su tercer informe sobre Emiratos Árabes Unidos (EAU) como parte del Examen Periódico Universal (EPU), en el que se destacaron problemas como la detención arbitraria de personas acusadas de terrorismo, la persistencia de apátridas debido a la dificultad que implica obtener una ciudadanía emiratí, las desigualdades presentes entre el hombre y la mujer en términos de libertad, derechos y condición económica, entre otras.
En primer lugar, los Emiratos Árabes Unidos todavía no ratificaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus Protocolos Facultativos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo Facultativo, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, los Protocolos Facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas ni el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Estos tratados internacionales implican ciertos compromisos que se deben cumplir, cuando un país los ratifica, y el gobierno de los EAU no ha tenido voluntad de firmar estos acuerdos e implementar las medidas que estos indican.
Con respecto al marco nacional, no existe en los EAU una institución de defensa de los derechos humanos conforme a los principios de París y la legislación dirigida a la protección de los derechos humanos no es clara.
El informe presta especial atención a la ley contra el terrorismo de los Emiratos Árabes Unidos, ya que no define exactamente qué se entiende por terrorismo, haciendo que sea una ley ambigua, y de libre de interpretación. Establece la pena de muerte para todo aquel que realice actividades “contrarias a la unidad social o la paz social”. Con este instrumento, el gobierno puede penar a personas que cuestionen a los mandatarios, por considerarlos perturbadores de la paz o a unidad social. Además, en casos de presuntos terroristas no se aplican las escasas garantías contra la detención arbitraria de personas presentes en el Código de Procesamiento Penal. No se necesita orden judicial para ser detenidos y en muchos casos no hay juicio previo a la condena fija. Esto viola expresamente los derechos de las personas a tener un juicio justo, ser detenidos y condenados con las garantías necesarias.
A lo largo de los tres ciclos del examen periódico universal persiste el reclamo sobre la detención arbitraria de defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. El último caso resonante es el de Ahmed Mansoor, el defensor de los derechos humanos y colaborador de la ONU, quien está cumpliendo una pena de 10 años de cárcel. Sin embargo no es el único perjudicado. No solo se han encarcelado a numerosos activistas sino que el gobierno niega la entrada al país a los representantes de las organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, impidiendo que estos reconozcan la grave situación del país, que según el índice de Freedom House, solo cuenta con un nivel de libertad de 17 sobre 100.
La participación de los Emiratos Árabes Unidos en los ataques a Yemen también alertan a varias organizaciones por los abusos que cometen las fuerzas. Según Human Rights Watch, el uso excesivo de la fuerza, la detención de familiares de los sospechosos para presionarlos a que se entreguen, la detención arbitraria de hombres y niños civiles, y la desaparición forzada son prácticas que cometen los militares emiratíes en el territorio yemení a diario. Asimismo, las autoridades persiguen y silencian a todo aquel que denuncie estos delitos.
Por otro lado, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer reclamó que la constitución de los Emiratos Árabes Unidos no concede la igualdad entre el hombre y la mujer ni prohíbe la discriminación hacia la mujer ya que no está incluida en la ley contra la discriminación, aunque el gobierno se había comprometido a modificar la legislación para incluir estos principios en el segundo ciclo del EPU. Asimismo persiste la tutela legal del hombre sobre la mujer así como el castigo ejercido por el hombre hacia la mujer habilitado por el artículo 53 del Código Penal. Asimismo, el artículo 56 del Código de estado personal obliga a las mujeres a obedecer al hombre.
El informe denuncia el maltrato que sufren las victimas de trata (especialmente las mujeres) ya que están consideradas como criminales al violar la ley 356, que prohíbe tener relaciones sexuales fuera del matrimonio.
Otra de las consideraciones que se hicieron fue la discriminación que sufren los migrantes y apátridas. El total de ciudadanos extranjeros representan más del 88,5 por ciento de la población de los EAU, según las estadísticas del gobierno de 2011. Por eso varias organizaciones instaron al gobierno que incorpore legislación que prohíba la discriminación por origen, y por raza, especialmente en el ámbito laboral, que mejore las condiciones para los trabajadores no ciudadanos y facilitarles la posibilidad de denunciar cualquier maltrato, que prohibiera el sistema de kafala o patrocinio que lleva a la explotación laboral de extranjeros, y que regule practicas como la retención de pasaportes hecha por algunos contratantes, el establecimiento de jornadas excesivas, la falta de pago de los salarios, etc.
Además, el estado emiratí no reconoce a los refugiados de países en situación de crisis humanitaria, rehusándose a brindar la asistencia adecuada hacia estos migrantes. Tampoco concede la ciudadanía a los hijos de mujeres casadas con extranjeros o los nacidos fuera del matrimonio, o de padres desconocidos, convirtiéndolos en apátridas, al igual que los grupos bidún.
En conjunto, los Emiratos Árabes Unidos fueron objeto de criticas y reclamos por la vulneración de los derechos humanos que sufren personas de diversos grupos y condiciones. Se han destacado varios progresos que ha hecho el país con respecto a su legislación y a ciertas costumbres sociales. Sin embargo, como se ha detallado, el estado de los derechos humanos sigue siendo grave. El gobierno no solo no protege a todos los habitantes de los Emiratos, sino que son los mismos dirigentes los que vulneran los derechos de todo aquel que se anime a hacerles críticas u objeciones.
