Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

Artículos | Diálogo Latino Cubano

30 de junio de 2019

Feminismo y Derechos Humanos en Cuba

Bajo la ideología única que reina en Cuba, se puede entrever lo dificultoso que puede llegar a ser el reconocimiento de la violencia y lograr la tipificación de los feminicidios en el Código Penal. Sin embargo, el trabajo estadístico está empezando. Otra problemática que recorre el territorio cubano es la dificultad de asociarse. En efecto, la situación de los opositores en Cuba genera complicaciones a todos los defensores de los derechos humanos cuando buscan asociarse legalmente, lo que genera distintos retos para las iniciativas feministas.
Por Virginie Hontabat
Feminismo y Derechos Humanos en Cuba

Muchas veces se desagregan las luchas por color, etnia, religión, pertenencia política o sexo. Sin embargo, en algunas ocasiones se olvida que detrás de las reivindicaciones por la libertad e igualdad está la lucha por los derechos humanos en general.

Tal es el caso de la lucha feminista en Cuba, donde los defensores y defensoras de la mujer enfrentan dificultades diarias para hacerse escuchar, al igual que todos los activistas de derechos humanos.

Cualquier reivindicación de oposición al régimen no es aceptada ni considerada como legítima por parte del Estado. Así, el feminismo encaja perfectamente con esta visión, como lo demuestran las declaraciones de Mariela Castro Espín, hija de Raúl y sobrina de Fidel Castro, quien sostuvo que uno de los efectos de la revolución es la inexistencia de la violencia de género o feminicidios. Además de ser una afirmación muy alejada de la realidad, lo que más preocupa es que ocupa el puesto como directora del Centro de Educación Sexual (CENESEX).

De esta manera, se puede ver como la violencia de género es invisibilizada por parte del gobierno y la educación sexual encuentra como problema en sus cimientos el tratamiento de temas fundamentales como la sensibilización y la prevención de la violencia de género. Esto hace parte de un primer problema que enfrentan las defensoras y defensores de los derechos de la mujer en Cuba, una lucha aún no reconocida.

En efecto, como cuenta Sara Cuba Delgado, integrante de Cuba Independiente y Democrática (CID) y cuyo trabajo se centra en el tema de la mujer, se busca visibilizar todos aquellos casos de mujeres que son vulneradas en sus derechos mediante el proyecto Violencia Cero, el cual tiene como fin dar a conocer los casos de feminicidios que están ocurriendo en Cuba. “Del 2016 hasta acá, se ha fomentado una ola de asesinatos de mujeres al cual el régimen cubano, el castrismo no da luz, no da a conocer”, señala Sara. Por su parte, Zuleidys Lisbet Pérez Velázquez, miembro actual de la ONG Plataforma Femenina donde trabajan problemáticas sobre la de violencia, inclusión de la mujer en la participación política, entre otros, afirma que estos son temas sobre los cuales el gobierno cubano no habla.

Es que hay un desconocimiento generalizado por parte de la población cubana y tanto Sara como Zuleidys declaran que las propias mujeres en muchas ocasiones no se dan cuenta de que viven situaciones de acoso, por ejemplo. Existe un vacío en cuanto a la educación sexual y a la violencia de género, los cuales generan un problema a nivel social: saber lo que es correcto o no, saber lo que se puede o no.

Ambas trabajan en proyectos que hacen foco en las mujeres víctimas de violencia, problemática que surge como la más urgente en Cuba cuando de mujeres se habla, ya que es un tema que siempre se negó. En efecto, en la isla castrista se hicieron políticas falsamente “igualitarias”, ya que en el parlamento el 53.8% está compuesto por mujeres, pero sin embargo, como lo explica Sara Cuba, “estas mujeres representan mujeres, representan instituciones políticas, (...) no representan lo que nos afecta a nosotras como mujeres”. Cabe mencionar que a pesar de que el número de representación de mujeres en cargos públicos es alto, el número de mujeres en cargos políticos decisorios es casi nulo.

Además, conviene agregar que en Cuba existe la Federación de Mujeres Cubanas autorizada por el gobierno, pero como lo dice Sara “la federación de mujeres cubanas, quien nos representa, o nos debe representar, está bajo la ideología del partido comunista, lo que quiere decir, que todas las iniciativas, las alternativas, las estrategias que ellas toman tienen que ser aprobadas por el partido comunista. Si el partido no aprueba su demanda o su estrategia, lo que planifiquen a favor de la mujer, no lo pueden hacer. Quiere decir que están ahí para cumplir cuota, para que se diga que hay equidad, pero realmente no nos defienden”.

Entonces, bajo la ideología única que reina en Cuba, se puede entrever lo dificultoso que puede llegar a ser el reconocimiento de la violencia y lograr la tipificación de los feminicidios en el Código Penal. Sin embargo, el trabajo estadístico está empezando. A pesar de que se encuentre bajo el término "agresiones", el Anuario Estadístico de Salud relata que entre 2016-2017 hubo 250 víctimas. No obstante, como lo indica el Diario de Cuba, un dato que llama la atención es "el alto índice de muertes de mujeres por accidentes, no precisamente de tránsito. En 2017, fallecieron 1.329 mujeres por ‘caídas accidentales’, mientras que 183 fallecieron en ‘accidentes de transporte’. Incluso existe una causa de muerte encasillada como ‘eventos de intención no determinada’, que entre 2016 y 2017 cobró 112 vidas de mujeres”. A pesar de esto, por primera vez en 2019 apareció en el primer Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cifras que reconocen los feminicidios, con una “incidencia en 2016 de 0,99 feminicidios por 100.000 adolescentes y mujeres cubanas de 15 y más años”. Así, es posible que se esté encaminando un tímido reconocimiento de los feminicidios en Cuba y de la necesidad de visibilizar el tema de la violencia de género.

La última reforma de la Constitución, aprobada en referéndum el 26 de febrero de 2019, parece ir en esta vía y dispone en su artículo 43 que “El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país y la protege de cualquier tipo de violencia”. Sin embargo, para que se ponga en práctica este artículo habría que reformar de manera entera el sistema legal para poder proteger a las mujeres, sabiendo que el Código Penal no está en sintonía con la nueva constitución.

Asimismo, conviene hablar del aborto, el cual es legal desde hace 50 años. Existen argumentos que consideran a la isla como “feminista” porque otorgó a las mujeres el derecho de decidir sobre su cuerpo, pero sin embargo no puede considerarse un argumento válido. Más que todo, el aborto hace parte de una política de salud pública, y no es un argumento válido para considerar el país como avanzado respeto a los temas de la mujer. Hay que reconocer que la taza del aborto en la Isla es alta: “en 2016, se realizaron 85.445 abortos a mujeres y niñas de entre 12 y 49 años: son 41,9 interrupciones por cada 100 embarazadas” según datos publicados por Diario de Cuba. Esta cifra se puede explicar, en parte, por la falta de una educación sexual que provee el gobierno, donde niños, niñas y adolescentes no tienen acceso ni información plena sobre los diferentes métodos anticonceptivos. Además, si el aborto se puede realizar, no hay que descuidar otro problema que suele ser callado: lo de las violencias obstétricas.

Es así que la lucha por los derechos humanos en este país se convierte en una difícil tarea, ya que no sólo se niega la existencia de las problemáticas que afectan a las mujeres, sino que, además, no se hace uso de una de las herramientas más eficaces que tienen bajo entero poder: la educación. Del mismo modo, la situación que enfrentan Sara Cuba y Zuleydis Pérez a propósito de sus compromisos con los temas de la mujer, es un triste espejo de la realidad de los defensores de los derechos humanos en Cuba de manera general. Como indica Zuleydis, hablando de su compromiso político: “el otro obstáculo que es conocido para todos, es el propio régimen y la propia Seguridad del Estado que nos imposibilita las reuniones, nos imposibilita poder hacer una campaña de motivación o convocar libremente a un grupo de mujeres a reunirse, a debatir temas exclusivamente de mujeres sobre la violencia y cosas así”. Sara Cuba agrega “en Cuba, asociarse legalmente, con las reglas cubanas, no se nos permite”.

Otra problemática que recorre el territorio cubano es la dificultad de asociarse. En efecto, la situación de los opositores en Cuba genera complicaciones a todos los defensores de los derechos humanos cuando buscan asociarse legalmente, lo que genera distintos retos para las iniciativas feministas.

En primer lugar, este riguroso control sobre las asociaciones lleva a la existencia de una única Federación de Mujeres, que funcionan como marionetas del Estado en lugar de ser portavoces de un mensaje de igualdad o reconocimiento de la violencia hacia la mujer. Según Sara y Zuleydis, “en Cuba existe el registro de asociaciones que está legalizado y reconocido por el gobierno. Nosotras como sociedad civil independiente, chocamos con muchas barreras para llegar hasta ahí, piden una X cantidad de requisitos y de elementos, que contamos con ello, principalmente estatuto, cantidad de miembros, nombre del partido, cosas así… hasta este paso podemos llegar al registro de asociación, es decir enviar una carta diciendo el nombre de la organización, cual es el motivo, la visión y la misión de la asociación, la cantidad de miembros, los estatutos que tenemos en ella. Esto es un primer paso que se hace para identificar si ya dentro del registro de asociaciones existe otra organización con los mismos intereses que la nuestra. Hablo positivamente en este caso, porque nosotros ya lo hicimos, y si nos contestaron. Nos mandaron una carta diciendo que efectivamente no existe otra organización dentro del registro de asociaciones ni con el nombre, ni con los intereses de la ONG. Pero cuando ya empieza el segundo paso que es pedir la solicitud de asociación, ahí encuentras unas barreras. Te dicen que los intereses no están de acuerdo a los principios y propósitos del partido comunista de Cuba. Entonces, automáticamente, ya nos deniegan al derecho de asociarnos. Y para manifestarnos, es otra odisea, porque tendríamos que hacerlo en unas condiciones bastante precarias, con máximo de riesgo y una represión. Y ser un defensor de los derechos humanos en Cuba nos ven como delincuentes, nos catalogan como contra-revolucionarios que este es el tema de que la misma sociedad teme unirse a nuestra causa. Porque hemos hecho el intento, pero nos frena este tema de que somos defensores de los derechos humanos, que puede suceder si me uno a ustedes. Hemos tenido miles de ideas de convocar marchas, pero siempre con este temor, tenemos que seguir trabajando, seguir sensibilizando a las personas, seguir demostrando que estamos luchando por algo justo”.

Con estos testimonios, se destaca como el Estado impide asociarse y explica en parte, la falta de visibilidad del movimiento feminista. Asimismo, estos relatos son el reflejo de la nulidad que el gobierno les otorga como organización y lo difícil que le resulta a los diferentes movimientos feministas consolidarse y existir de manera permanente. Sumado a esto, la libertad de prensa se encuentra fuertemente limitada. Son los periodistas independientes quienes tratan de comunicar esta problemática buscando estadísticas sobre los feminicidios y documentando los casos; aunque muchas veces se ven expuestos a sanciones para silenciar estos temas. En efecto, como describe en este artículo el sitio Alas Tensas “los medios oficiales en Cuba, salvo excepciones muy puntuales en que se han reportado feminicidios (ver en los periódicos Escambray y 5 de Septiembre), no tienen en su agenda el seguimiento de la violencia de género. Son los medios y periodistas independientes, usualmente hostigados por hacer su trabajo, los que más se encargan de exponer y narrar las historias de mujeres asesinadas (ver en Tremenda Nota, en Diario de Cuba y en 14yMedio)”.

Virginie Hontabat es estudiante en el Master en SciencesPo Bordeaux, Francia. Tiene un bachillerato en derecho y ciencia política, y también cursó estudios de relaciones internacionales. Pasante Internacional del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) entre marzo y julio de 2019.