Derechos Humanos y
Solidaridad Democrática Internacional

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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

2 de junio de 2020

Colombia: el ataque a defensores de los derechos humanos es un ataque a la democracia

El Bertelsmann Transformation Index (BTI) 2020 nos indica que el país ha tenido mejoras significativas en relación con el fin de la violencia política y el fortalecimiento de la democracia, pero siguen existiendo asuntos que pueden amenazar con socavar este progreso. Los principales desafíos a los que se enfrenta son la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la implementación del acuerdo de paz y sus repercusiones. En particular, Colombia ha visto un aumento en el número de incidentes violentos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en los últimos dos años.
Por Lara María Kovandova
Colombia: el ataque a defensores de los derechos humanos es un ataque a la democracia

Para los países en desarrollo y en proceso de transformación, estos dos últimos años han sido sombríos, tanto política como económicamente. La cohesión, la transparencia y el crecimiento han tambaleado. Según el Índice de Transformación de Bertelsmann Stifung (BTI) 2020, la calidad de la democracia, la economía de mercado y la gobernanza han caído a los niveles más bajos en más de una década a nivel mundial.

Esta tendencia de regresión democrática va de la mano de una corrupción rampante y de una profundización de la polarización, que está marcando una división dentro de las poblaciones. En consecuencia, los países están sufriendo una pérdida de confianza de la población en el estado y en las instituciones: la gente es escéptica de sus líderes políticos mientras es sistemáticamente excluida de la participación política. El estado de derecho se está debilitando, las oportunidades económicas se restringen y cada vez un mayor número de personas está soportando los crecientes costos de la desigualdad social.

En el caso de Colombia, el BTI 2020 nos indica que el país ha tenido mejoras significativas en relación con el fin de la violencia política y el fortalecimiento de la democracia, pero siguen existiendo asuntos que pueden amenazar con socavar este progreso. Los principales desafíos a los que se enfrenta son la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la implementación del acuerdo de paz y sus repercusiones. En particular, Colombia ha visto un aumento en el número de incidentes violentos contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en los últimos dos años. Así, el grafico descriptivo abajo nos indica la mejora del estado de la democracia, aunque todavía está referido como una “democracia defectuosa".’ Además, nos muestra la tendencia económica, con un mercado que alcanza (marginalmente) amenazando con estancarse – lo que intensifica problemas estatales económicos y sociales.

Este artículo, basado en el BTI 2020, tratará de esbozar los antecedentes económicos y políticos de Colombia, aprovechando algunas similitudes y contrastes con la región latinoamericana. Destacará las mejoras y los contratiempos y analizará sus causas. Finalmente abordará la creciente crisis de derechos humanos que Colombia está viviendo y cómo esta crisis está erosionando la democracia colombiana.

Desempeño de Colombia en el BTI 2006-2020

Economía

Las décadas de políticas económicas pro mercado en los 80 y 90 originaron un crecimiento económico humilde pero constante. El auge impulsado externamente generó la salida de muchos de la pobreza, pero ahora es posible que tenga que ser empujado hacia atrás en la memoria de la gente.

FIGURA 1: PIB en Colombia

FIGURA 1: PIB en Colombia

La figura 1 muestra un rápido crecimiento en la década de 2000, pero una fuerte desaceleración en los últimos años. Las reformas pro mercado pueden haber traído satisfacción a muchos, pero no prepararon al país para el futuro. No se aplicaron reformas económicas sólidas para lograr un crecimiento sostenible y la inclusión social. Por el contrario, según el BTI 2020, este aumento económico se convirtió en una oportunidad para que las elites políticas y económicas se enriquezcan, dando paso a la corrupción, un atributo resiliente de la política colombiana.

El Índice nos indica también que la economía colombiana está creciendo sólo marginalmente y carente de distribución igualitaria, lo que está causando frustración entre su gente y descontento generalizado. Las disparidades sociales son claras y la satisfacción con la democracia se ha vuelto frágil.

La desigualdad social es un tema central en Colombia. Como se ve en la figura 2, Colombia tiene un coeficiente GINI de 50.8. Aunque la desigualdad social se ha ido reduciendo constantemente en la última década, sigue siendo uno de los países más desiguales no sólo de América Latina, sino del mundo.

FIGURA 2: Índice GINI en Colombia

FIGURA 2: Índice GINI en Colombia

El BTI 2020 subraya el grave inconveniente económico que enfrenta Colombia en relación con la desigualdad social. A pesar de que es una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina, sus niveles de desigualdad han reducido las oportunidades económicas y de crecimiento para los sectores más vulnerables de su población. La insuficiente participación del gobierno ha dado lugar a altos niveles de desigualdad que socavan el acceso a la igualdad de oportunidades. Según el Latinobarómetro, el 77% de los encuestados colombianos informaron en 2015 que sentían que no había igualdad de oportunidades económicas. Compuestas por la discriminación étnica y de género, estas cifras sugieren que una parte significativa de la población se siente excluida debido a sus orígenes o riqueza.

Las profundas disparidades sociales de Colombia se agravan por el acceso desigual a una educación de calidad, un mercado laboral segmentado y la discriminación étnica y de género. Las políticas sociales inadecuadas y las limitaciones estructurales, como las altas tasas de desempleo y el empleo informal (que abarcan más del 60% de la población según la OIT), están obstaculizando la integración social y perjudicando al capital humano, eliminando así el potencial de desarrollo sistémico e individual.

Aunque Colombia está comprometida con la estabilidad macroeconómica, el libre comercio y la libre empresa, su crecimiento se ve comprometido por el impacto de la delincuencia organizada, la mala gestión de los recursos públicos y las condiciones económicas internacionales negativas. Debido a la dependencia de Colombia de la economía global, el estancamiento provocado por las caídas internacionales pone en peligro su propio progreso social – un tema común de América Latina en su conjunto. Además, Colombia se ha convertido ahora en un estado dependiente del petróleo, por lo que es muy susceptible a la volatilidad de los precios del mercado internacional.

Mientras Colombia siga dependiendo de las exportaciones de productos básicos y de los bajos niveles de productividad y competitividad asociados con profundas disparidades sociales y corrupción generalizada, tendrá dificultades para lograr un crecimiento sostenible; lo que estimulará aún más la frustración.

Democracia

El estancamiento económico, la desigualdad profunda y la corrupción desenfrenada están fomentando la insatisfacción general con la democracia, y la pobre integración que se ve en la arena política está provocando descontento hacia la política tradicional.

Desde finales de los años cincuenta, la esfera política colombiana era exclusiva, compuesta por sólo dos partidos indistinguibles: los liberales y los conservadores, que establecieron un sistema de alternancia de poder conocido como el “Frente Nacional”. De esta manera, la élite política podía salvaguardar su poder político. Como resultado, todas y cada una de las asociaciones cooperativas, como los sindicatos y las asociaciones de estudiantes – aunque presentes y activas – sólo tuvieron un impacto mínimo en el desarrollo de las políticas públicas. La constitución de 1991 generó un gran avance en la transformación política del país mediante la incorporación de nuevos partidos políticos y, por lo tanto, la habilitación de una mayor participación en la vida pública. Esto, a su vez, reforzó la idea de que el vínculo entre el pueblo y el sistema político eran los partidos.

Un avance en la legitimidad de las instituciones democráticas colombianas fue la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular (FARC-EP), la guerrilla más antigua de América Latina. Las FARC-EP es un movimiento guerrillero que estuvo involucrado en el conflicto interno en Colombia, La Violencia, que comenzó en los años 1940. Originalmente nació de protestas, rebeliones y revueltas contra el sistema político bipartidista en la segunda mitad del siglo XX. Era una guerrilla popular, que buscaba la inclusión social y la participación política. También luchaba contra la nueva reforma agraria que pretendía redistribuir las tierras y territorios de los campesinos. A lo largo de los años, sin embargo, se desvía al narcotráfico. Se convirtió en una guerrilla que luchaba por el poder, causando conflictos políticos tratando de socavar la legitimidad del sistema democrático, mientras expandía su industria de narcóticos.

El Acuerdo de Paz de 2016, por lo tanto, creó una “oportunidad preciosa para poner fin a la dinámica recurrente de la violencia en Colombia” (ONU, 2019). Las FARC manifestaron su compromiso con las instituciones democráticas, confirmándolo en 2018 cuando tomaron sus escaños en el Congreso como partido político legal: la Fuerza Revolucionaria Alternativa Común. Esto fue visto como un triunfo para la democracia colombiana y su legitimidad.

Aunque el acuerdo de paz es un logro, lamentablemente ha abierto la puerta a una serie de problemas inesperados, nos cuenta también el BTI 2020. El Ejército de Liberación Nacional (guerrillas de ELN), las pandillas criminales urbanas conocidas como Bandas Criminales (BACRIM) y los “disidentes” de las FARC, entre otros grupos armados que no se adhieren al estado de derecho ni a las instituciones democráticas, han hecho sentir cada vez más su presencia. El vacío de poder creado por el cese de fuego de las FARC ha incentivado a muchos de esos grupos armados rebeldes a levantarse en un intento de llenarlo. Los territorios históricamente dominados por la guerrilla de las FARC han quedado vacantes, lo que desató conflictos entre estos diferentes grupos armados de los cuales civiles inocentes han sido víctimas. En medio de estas conquistas territoriales y desplazamientos masivos, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales han enfocado sus esfuerzos en tratar de garantizar el efectivo goce de los derechos sociales y económicos de sus comunidades, y en visibilizar los vacíos de poder y la falta de presencia estatal en sus territorios. Estos individuos están siendo particularmente atacados por los grupos al margen de la ley, involucrando amenaza y agresiones – incluyendo agresiones sexuales, y asesinatos.

La polarización también se ha convertido en una característica clave de la política colombiana, tras el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Si bien hay una pluralidad en los partidos políticos, hay una impresión general de que la política se ha dividido entre los que apoyan el acuerdo de paz y los que se oponen a él. Como tal, a pesar de que la constitución de 1991 condujo a la formación de nuevos partidos políticos, la sociedad civil no se ha fortalecido, como consecuencia de la polarización social y el descontento general con la representatividad de los actuales partidos políticos. Los datos del Latinobarómetro de 2015 muestran que el 73% de los ciudadanos no sienten que están representados por políticos en el Congreso, mientras que el 66% no cree que el gobierno los represente. También muestran que el 50% de los ciudadanos no se identifican con ningún partido político. Estas cifras no han cambiado mucho en los últimos años.

Las cifras de 2018 del Latinobarómetro indican que la categoría de edad 16-25 años es generalmente indiferente a la democracia. Esto, una vez más, pone en evidencia la falta de representatividad. Las protestas sociales que se extendieron por la región latinoamericana el año pasado apuntan hacia esta crisis de representación, en la que los jóvenes buscan salidas alternativas para la participación. Con ese mismo espíritu, las organizaciones sociales han comenzado a incidir en diferentes agendas políticas. Sin embargo, las condiciones de seguridad para los líderes sociales y los activistas de derechos humanos en el territorio son insuficientes y no responden en muchos casos a las necesidades reales del contexto, lo que pone en peligro la participación cívica.

La satisfacción por la democracia en general entre la población sigue siendo preocupantemente baja. Las últimas cifras del Latinobarómetro (2018) indican que el 70% de la población no está satisfecha con el funcionamiento del sistema democrático en Colombia (figura 3), y el 60% desaprueba la gestión del gobierno que encabeza el presidente Iván Duque (de acuerdo con las figuras que salieron publicadas antes de que comenzara la pandemia).

FIGURA 3: Satisfacción con la democracia / FIGURA 4: Democracia como mejor sistema político aunque con problemas

Según el BTI 2020, sin embargo, gran parte de la sociedad reconoce que las instituciones democráticas son legítimas, con la mayoría del pueblo colombiano (66% según el Latinobarómetro 2018 ver la figura 4) creyendo que, aunque tiene algunos problemas, es el mejor sistema político. Esta paradoja perceptible puede explicarse por el hecho de que, aunque la gente reconoce que la democracia es el mejor sistema político, hay factores como las altas tasas de disparidad social existentes, el descontento por la gestión del actual presidente Iván Duque, los elevados niveles de corrupción y la concentración de poder en manos de la élite, que generan desconfianza y escepticismo.

De hecho, estos temas han afectado el panorama político en Colombia. Como resultado, la confianza de la gente en el Estado, las instituciones políticas, así como en el poder judicial, se ha desplomado. Los cuatro gráficos que figuran a continuación indican el clima de confianza en el Congreso, el Gobierno, el Poder Judicial y los Partidos Políticos, todos los cuales muestran resultados desfavorables para una democracia de calidad. En cada categoría, la mayoría de la gente tiene muy poca o ningún nivel de confianza hacia las instituciones o partidos políticos, subrayando la falta de representatividad, un disgusto por la corrupción y un sentimiento de exclusión donde la élite gana poder y control a expensas del interés del pueblo.

Clima de confianza en el Congreso, el Gobierno, el Poder Judicial y los Partidos Políticos

La transición a una sociedad pacífica con la firma del acuerdo de paz con las FARC, poniendo fin a una guerra civil de cinco décadas no está arrojando los resultados esperados. El actual presidente Iván Duque está tratando de renegociar los términos del acuerdo, lo que está generando una incertidumbre generalizada y ha desencadenado en un regreso a las actividades armadas por parte de algunos ex combatientes de las FARC. Una parte de los guerrilleros de las FARC conocidos como “las disidencias” ya se han negado a acatar el cese al fuego, y están perpetuando la violencia, especialmente en las zonas rurales de Colombia. Otros focos de violencia todavía existen con poderosos actores no estatales que desafían la legitimidad y el control del estado. La renegociación de los términos del acuerdo de paz con las FARC también puede amenazar la fiabilidad y credibilidad del estado en cualquier negociación y acuerdo futuro, como las negociaciones con las guerrillas del ELN.

La democracia moderna de calidad comprende tres características principales. En primer lugar, el estado tiene el monopolio sobre el poder coercitivo, como el militar, y se esfuerza por lograr la paz. En segundo lugar, el estado de derecho es fundamental, garantizando la protección y la igualdad de trato de todos los ciudadanos. Por último, un sólido sistema de controles y equilibrios que impide al gobierno concentrar el poder y lo presiona para que actúe de acuerdo con los intereses del pueblo. Si el presidente Duque quiere seguir fortaleciendo la democracia colombiana, puede comenzar por reanudar las negociaciones con la guerrilla del ELN, y por implementar un sólido mecanismo de controles y equilibrios para limitar los posibles abusos de poder evidenciados en los recurrentes casos de corrupción que se presentan en diferentes regiones del país. Una mayor protección de los agentes del cambio en la sociedad civil debería ser la prioridad de este gobierno, al momento de garantizar las libertades políticas y civiles.

Defensores de Derechos Humanos

“La situación de los defensores de derechos humanos en Colombia es insostenible”, “Colombia: ‘número asombroso’ de defensores de derechos humanos asesinados en 2019”, “ONU reitera preocupación por asesinatos de líderes sociales y excombatientes”, “ONU denuncia aumento de asesinatos a defensores de DDHH en Colombia”.

Estos son algunos titulares recientes que reflejan la situación actual. Colombia está sufriendo una ola de violencia contra defensores de los derechos humanos, activistas sociales y periodistas, resalta el BTI 2020. La ONU documentó en su informe del alto comisionado que, en 2019, unos 108 líderes sociales que fueron asesinados, una tendencia terrible que sigue en aumento en el siguiente año, sin mostrar signos de alivio. El número de mujeres defensoras de derechos humanos asesinadas también es preocupante: la tasa aumentó en casi un 50% en 2019 en comparación con 2018. Fueron 113 amenazas y 360 ataques contra trabajadores de los medios de comunicación documentados en 2019 por la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización no gubernamental que promueve la libertad de expresión y denuncia violaciones de libertad de prensa en Colombia. El ACNUDH documentó dos asesinatos de periodistas en ese año. Estas alarmantes cifras hacen de Colombia uno de los países más peligrosos del mundo para defensores de derechos humanos.

Los defensores de derechos humanos desempeñan un papel crucial en el buen funcionamiento de una democracia. Son agentes de cambio indispensable en zonas remotas del país. Pero en los últimos años Colombia ha sido testigo de un aumento de la violencia contra ellos, de acuerdo con el BTI 2020. Las personas más vulnerables expuestas a estas amenazas y agresiones son los campesinos, los pueblos indígenas y los afrodescendientes, según la ONU. Luchan por las mismas causas: promover la aplicación del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y reclamar los derechos sociales y económicos de sus comunidades. De hecho, este alarmante aumento de los asesinatos es una secuela de los crecientes conflictos entre grupos de interés que buscan el dominio territorial en las zonas rurales que antes eran territorio ocupado por las FARC.

En 2018, la FLIP observó 7.844.423 personas que vivían en áreas sin acceso a noticias locales, aunque los ciudadanos tienen derecho a tener acceso a la información. De una población de 49 millones de personas en Colombia, esto significa que una de cada seis personas vive en silencio y oscuridad, sin una cobertura de noticias adecuada. Por lo general, se trata de zonas rurales incluidos los departamentos de Caquetá, Nariño, Antioquia, Cauca, Sucre y Vichada. El acceso a la información es vital para que la población esté informada, lo que a su vez es necesario para que una democracia sea funcional. Los periodistas independientes son agentes claves en la difusión de la información, pero la libertad de expresión, aunque está garantizada por la constitución de 1991, en la práctica es limitada. Los periodistas son constantemente objeto de amenazas y ataques; y el derecho a la libertad de expresión y de prensa es violado regularmente.

La necesidad de proteger a los defensores de derechos humanos, incluso a los periodistas, es crucial y urgente. La falta de respuesta del gobierno y del presidente Duque con respecto a esta crisis inminente representa un obstáculo para garantizar un entorno seguro para el compromiso cívico: un ataque directo a la democracia socavando el acceso de las personas a los derechos humanos. El asesinato de los líderes sociales, como tal, va más allá de la privación de vida: tiene ramificaciones en la dinámica local de transformación social, fortalecimiento comunitario y consolidación de la democracia participativa en Colombia.

Otra preocupación es la impunidad prevalente. Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas expresó en su informe de 2020 la preocupación no sólo por las elevadas tasas de homicidios de defensores de derechos humanos, sino también por los niveles de impunidad de estos asesinatos. Según el informe, el 89% de los casos no han sido resueltos. Además, no existe la Procuraduría General de la Nación en algunas zonas rurales, como Antioquia, Arauca, Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño y Vaupés, debilitando su capacidad de garantizar la justicia. Con un sistema de justicia vacilante y una presencia del Estado débil, los autores de estos estallidos violentos gozan de impunidad, sin disuasión.

Conclusión

Según el índice de Transformación de Bertelsmann Stifung 2020, Colombia, con respecto a otros países de la región, ha hecho progresos significativos en cuanto al crecimiento económico y el estado de la democracia, aunque siguen existiendo desafíos evidentes. Las desigualdades sociales y de ingresos son evidentes y, como consecuencia de los constantes escándalos de corrupción, la fe de la población en el estado y en las instituciones, se está hundiendo. La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla FARC-EP fue un paso importante en el fortalecimiento de la democracia y el primer paso hacia la consecución de una sociedad pacífica. Sin embargo, este escenario posterior al acuerdo no ha dado por finalizado el conflicto. Varios otros grupos armados se han levantado, emprendiendo disputas territoriales; aprovechando el vacío de poder dejado tras el cese de fuego de las FARC. Estos están poniendo en peligro predominantemente la vida de activistas de derechos humanos y periodistas: actores indispensables del cambio social. Con el aumento de los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, el país está sufriendo una nueva dinámica de violencia, perpetrada por importantes actores no estatales. El estado debe aumentar su intervención con respecto a esta cuestión no sólo para salvaguardar los derechos humanos fundamentales de estas personas, los cuáles deberían ser garantizados en un sistema democrático, sino también para dejar de socavar los necesarios cambios sociales.