Con la entrada en vigor de esta ley, China ha formalizado una trayectoria que lleva décadas desarrollándose. Miles de niños tibetanos son trasladados a internados estatales de carácter colonial para ser reeducados y sometidos a un proceso de sinización forzada, mientras que las escuelas donde se impartía enseñanza en lengua tibetana han sido clausuradas. Lo que cambia con esta ley no es la práctica en sí, sino su estatus.

Por Tenzin Dolma

Durante la cumbre «China In The World 2026», celebrada en Taipéi el pasado 7 de julio, la vicepresidenta de Taiwán, Hsiao Bikhim, expresó su profunda preocupación por la autoinmolación del activista tibetano Loga Rangzen, un trágico desenlace de las políticas represivas aplicadas por China. Apenas unos días antes, el 1 de julio de 2026, había entrado en vigor la Ley de Unidad y Progreso Étnico. Al día siguiente, Loga Rangzen se prendió fuego frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en lo que sería su último acto de protesta.

Nacido en Karze, en la región de Kham, al este del Tíbet, Lobsang Palden, conocido popularmente como Loga Rangzen, huyó siendo joven a la India como refugiado y más tarde emigró a Estados Unidos, donde trabajó como taxista en el distrito neoyorquino de Queens. En su juventud había sido monje budista y posteriormente fue presidente de la sección de Nueva York–Nueva Jersey del Congreso Nacional Tibetano. El 2 de julio de 2026, a los cincuenta y dos años, vestido con la chupa, el atuendo tradicional tibetano, clavó la bandera nacional del Tíbet en la intersección de la Primera Avenida con la calle 42, junto a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, antes de prenderse fuego.

Fue la primera autoinmolación de un tibetano fuera del Tíbet, la India y Nepal. El primer caso documentado había sido el de Pawo Thupten Ngodrup, ocurrido en Nueva Delhi en 1998. Con la muerte de Loga Rangzen, el número de autoinmolaciones de tibetanos registradas supera ya las 170. Casi todas las anteriores tuvieron lugar lejos de las cámaras occidentales. Esta vez, sin embargo, el hecho ocupó titulares internacionales al producirse a las puertas de la ONU, institución considerada uno de los principales pilares de la justicia internacional y de la defensa de los derechos humanos.

La educación del borrado

Aunque la ley se presenta como un instrumento para promover la «unidad», en la práctica sirve de cobertura para despojar a las comunidades de sus derechos lingüísticos, religiosos e identitarios, impulsando de forma deliberada un proceso de genocidio cultural y asimilación forzada. La norma amplía la imposición del chino mandarín en regiones con importantes poblaciones no han, como el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior, y promueve lo que las autoridades chinas describen como una identidad nacional unificada, en la que la «unidad étnica» funciona como un eufemismo para la erosión de todo aquello que hace culturalmente distintas a las minorías: su lengua, su cultura, su memoria y su identidad.

Con la entrada en vigor de esta ley, China ha formalizado una trayectoria que lleva décadas desarrollándose. Miles de niños tibetanos son trasladados a internados estatales de carácter colonial para ser reeducados y sometidos a un proceso de sinización forzada, mientras que las escuelas donde se impartía enseñanza en lengua tibetana han sido clausuradas. Lo que cambia con esta ley no es la práctica en sí, sino su estatus: deja de ser una política administrativa o una realidad denunciada desde el interior del Tíbet para convertirse en una disposición consagrada por la ley.

La Ley de Unidad Étnica representa, además, una inversión casi total de los compromisos que China ha defendido durante décadas. En 1992, Pekín ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que protege el derecho de los menores pertenecientes a minorías a utilizar su propia lengua. Asimismo, la Ley de Autonomía Étnica Regional reconoce formalmente la autonomía lingüística, y diversos libros blancos del Gobierno han reiterado ese compromiso: el informe de 2004 afirmaba que el tibetano gozaba de estatus legal como principal lengua de enseñanza; el de 2013 defendía la educación bilingüe; y el publicado en 2025 insistía en que los derechos lingüísticos de los tibetanos seguían «garantizados». Sin embargo, la nueva legislación apuesta por una educación patriótica, la primacía de la cultura china y el establecimiento del mandarín como lengua estándar en los programas educativos y en la vida pública.

La imposición del idioma chino comienza incluso antes de que los niños aprendan a leer. Se estima que entre 800.000 y 900.000 menores tibetanos están actualmente escolarizados en internados coloniales, de los que muchos regresan a sus hogares incapaces de hablar correctamente su lengua materna y mostrando un interés cada vez menor por su propia cultura. Las familias que se niegan a enviar a sus hijos a estos centros se exponen a perder prestaciones públicas y oportunidades laborales.

El proceso de borrado no termina con la escolarización. Los aspirantes a un empleo procedentes de la Región Autónoma del Tíbet deben denunciar públicamente al dalái lama y superar una evaluación política, mientras que el dominio del chino mandarín se convierte en un requisito imprescindible para acceder al empleo público. En otras palabras, un niño tibetano pierde primero su lengua y su libertad religiosa en las aulas y, más tarde, se ve obligado a demostrar su lealtad al Estado en chino para poder acceder a un trabajo.

El alcalde de Cincinnati, Aftab Pureval, de ascendencia tibetana, vinculó directamente la muerte de Loga Rangzen con décadas de erosión de la lengua, la religión y la educación tibetanas, un proceso que, a su juicio, ha quedado ahora formalizado mediante esta nueva ley. Loga Rangzen dedicó su vida a resistir precisamente esa política y expresó en repetidas ocasiones su profunda frustración por la destrucción de la identidad tibetana a manos del Estado chino. Su testimonio, registrado con sus propias palabras en el lugar y el momento que él mismo eligió, frente a la institución creada para escuchar este tipo de denuncias, convirtió su último acto de protesta en una llamada de atención, más que en una cifra más dentro de las más de 170 autoinmolaciones registradas. Con ese gesto final desafió años de desinformación y propaganda oficial sobre la supuesta protección de la identidad tibetana y llamó a los tibetanos de la diáspora a mantenerse unidos y seguir luchando por la independencia del Tíbet.

Una ley que enseña a un niño de cuatro años a hablar con un acento ajeno y borra de su memoria la lengua de su propia abuela no puede llamarse «unidad». La identidad tibetana no desaparece de un día para otro; se diluye lentamente bajo los eufemismos de la «unidad», la educación y las supuestas mejores oportunidades. Es un borrado silencioso y burocrático de una identidad, y merece ser llamado exactamente por su nombre.

Tenzin Dolma

Investigadora en el Tibet Policy Institute. Posee un doctorado en Educación por la O.P. Jindal Global University y cuenta con experiencia en políticas públicas. Su trabajo se centra en la intersección entre educación y sostenibilidad, con especial énfasis en el contexto del liderazgo escolar tibetano en la India.