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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
 
Protestas y auditorías tras la inédita suspensión de elecciones municipales en República Dominicana
26 de febrero de 2020
Con el lema «Es pa'' afuera que van», manifestantes exigen una explicación respecto de lo ocurrido el 16 de febrero. La OEA ordenó controles con los mismos estándares implementados en Bolivia.
Victoria Ariagno
@victoriaariagno
 
Protestas y auditorías en República Dominicana

Ante la suspensión de elecciones municipales el pasado domingo 16 de febrero, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha encomendado a un grupo de expertos independientes la auditoría al sistema de voto automatizado de la Junta Central Electoral (JCE) de República Dominicana. El objetivo es determinar qué provocó el colapso técnico del sistema. Este control se implementará “con los mismos estándares de calidad técnica y rigor profesional, tal y como sucedió recientemente en Bolivia, a efectos de deslindar responsabilidades”.

Por primera vez en la historia de la democracia dominicana se ha suspendido la jornada electoral. Tras su postergación al 15 de marzo, la magnitud del hecho generó respuestas por parte de individuos y partidos políticos de oposición, que reclaman que se les permita ejercer el derecho al voto.

Actualmente, a más de una semana de protestas, con el lema "Es pa' afuera que van", los manifestantes exigen una explicación transparente respecto de los acontecimientos de aquel domingo. La preocupación se acrecienta si se tiene en cuenta que estas votaciones fueron una versión preliminar y a menor escala de lo que se experimentará en las próximas elecciones presidenciales, que se celebrarán el próximo 17 de mayo.

El gobierno mismo emitió un comunicado expresando su comprensión de la demanda de la sociedad, haciendo hincapié en que se están encaminando investigaciones a modo de ofrecer una respuesta que reafirme la credibilidad de los gobernados hacia los gobernantes. “En vista de lo anterior, el presidente Danilo Medina instruyó al ministro administrativo de la Presidencia; el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y el embajador dominicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se reúnan con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para ventilar este asunto y explorar vías de cómo proceder ante esta situación”.

Ya está planificada para el 27 de febrero -fecha en la que se conmemora la independencia de República Dominicana, llevada a cabo en 1844- una protesta masiva, principalmente, de parte de los partidos opositores.

Los hechos más notorios que tuvo el país durante los últimos años giraron, sobre todo, en torno a temas de índole económica y migratoria. En cuanto a la situación económica, República Dominicana es uno de los países latinoamericanos donde los niveles de pobreza disminuyeron más notablemente. Según las cifras oficiales, “la pobreza general había disminuido del 39,7 %, en 2012, al 25,5 %, en 2017, lo que representaba una disminución de 1.249.401 personas que vivían en situación de pobreza”. Sin dudas, este es considerable un paso a favor del derecho a la vida y el derecho a la dignidad del ser humano.

En marzo de 2019, en el marco de una reunión con líderes del Caribe, el presidente Medina, quien cursa su segundo mandato presidencial, habló con su par estadounidense, Donald Trump, sobre cuestiones económicas y de seguridad, principalmente. Allí solicitó, entre otras cosas, la eliminación del impuesto a la exportación de acero a Puerto Rico, lo cual favorecería a la economía de la República Dominicana. También planteó necesaria la eliminación de la alerta a turistas estadounidenses para viajar al país centroamericano, la cual se activó a inicios de 2019 a raíz del incremento del “crimen violento, incluyendo robo a mano armada, homicidio y asalto sexual” (hechos que, principalmente, ocurrieron dentro de resorts vacacionales y otros lugares turísticos).

El país sigue quedándose atrás en lo que concierne a varias temáticas, como la legalización del aborto o la crisis de apatridia que se vivencia desde su estallido, en 2013, luego de la aprobación de una sentencia del Tribunal Constitucional que ha despojado a miles de personas de su nacionalidad dominicana. Los mayores afectados fueron las personas de origen haitiano, a quienes se les eliminó cualquier derecho o futuro, por ejemplo, al no poder solicitar un empleo en el sector formal o al tener dificultades para acceder a los servicios de salud. En 2014 entró en vigor la ley de Naturalización Especial, impulsada por el presidente Medina como ayuda al sector de la población que vivía bajo riesgo inminente de ser deportado. Sin embargo, tal instrumento jurídico despertó controversias, en tanto parece ir en contra de los dictámenes del mismo Tribunal Constitucional de la Nación, además de contar con un diseño que la hace, en muchos casos, inefectiva.

Dado que es destino de gran parte de la comunidad de migrantes haitianos, surge también la necesidad de que este país ratifique la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, como se ha recomendado en su más reciente Examen Periódico Universal de 2019.