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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
 
¿Es el destierro un gesto humanitario?
16 de julio de 2010
Aunque es plausible el hecho de que hayan podido salir de la cárcel antes de extinguir sus largas condenas, es reprobable el método usado por su mezquindad y porque saca de su entorno natural a personas, que en otras circunstancias hubieran tenido un mayor margen para decidir. La fórmula para zanjar el asunto de los prisioneros de conciencia del Grupo de los 75, explica la continuidad de una política intolerante contra la disidencia.
Jorge Olivera Castillo
@jorolicas
 

Hubo quien pensó en un gesto de buena voluntad y otros daban por descontado que era el inicio de un proceso de distensión. Pero la realidad convierte en polvo tales vaticinios.

La fórmula para zanjar el asunto de los prisioneros de conciencia del Grupo de los 75, explica la continuidad de una política intolerante contra la disidencia. Nada que ver con una amnistía parcial o indulto. El procedimiento utilizado, aunque tal vez no cumpla todos los parámetros de lo que se conoce como destierro, es realmente difícil encasillarlo en otra definición.

Pudiera decirse que los que han salido rumbo a España, junto a sus familiares, eligieron voluntariamente ese camino. Sin embargo, la propuesta de partir hacia Madrid, dado el contexto donde se plantean, adquiere matices compulsivos.

Para arrojar luz sobre el tema basta hallar una respuesta coherente e imparcial a las preguntas:  ¿Cómo se explica tal proposición a personas que llevan más de 7 años tras las rejas en condiciones infrahumanas, muchos de ellos soportando el  rigor de serias secuelas físicas y psicológicas ? ¿Y la influencia de hijos, madres y esposas, sutilmente persuadidos por los carceleros para que, convenzan al preso en no desaprovechar la oportunidad de abandonar el infierno carcelario?

Lo meritorio y trascendente hubiera consistido en anular las condenas y dejarle a ellos la opción de marcharse al exterior o permanecer en Cuba. De hecho ninguno puede regresar a la Isla sin previa autorización del gobierno. Prohibición que no afecta a los respectivos familiares.

Aunque es plausible el hecho de que hayan podido salir de la cárcel antes de extinguir sus largas condenas, es reprobable el método usado por su mezquindad y porque saca de su entorno natural a personas, que en otras circunstancias hubieran tenido un mayor margen  para decidir, sin la incidencia de elementos condicionantes: qué hacer con sus vidas.

Según el acuerdo tripartito entre el gobierno cubano, la iglesia Católica local y el ejecutivo Español, los prisioneros que se marchan no tienen el estatus de refugiados políticos. Son simples emigrados, es decir que esto pudiera complicar su estancia en España respecto, entre otras cosas, a su futura inserción laboral, en un país donde la tasa de desempleo es una de las más altas de Europa.

Además, esto también beneficia al régimen de La Habana a los efectos de no añadir nuevos casos a la nómina de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), entidad encargada de proporcionar protección jurídica internacional a los expatriados y encontrar soluciones estables a sus problemas como la falta de vivienda, enfermedades y distintos traumas psicológicos.

La solución, en términos generales impuesta por el régimen, no debe verse como un gesto humanitario. Es simplemente una operación táctica que quizás podría reportarle algunos beneficios políticos y diplomáticos.

A modo de conclusión, no creo que esté  asegurado el levantamiento de la Posición Común europea que condiciona el pleno restablecimiento de las relaciones con Cuba al respeto de los derechos humanos. La revisión de la postura de bloque formado por 27 países, prevista para septiembre próximo, pudiera arrojar algunas transformaciones, más bien tangenciales.

Para un cambio a profundidad de la postura del bloque europeo, se necesitarían mejores razones, como por ejemplo, la eliminación de las figuras penales que condenan el ejercicio de los derechos fundamentales y la ratificación de los pactos de Derechos Civiles y Políticos y los concernientes a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aún a la espera de la ratificación e implementación por parte del gobierno cubano.

De conseguir una victoria rotunda con un destierro que potencialmente afectaría a considerable número de los prisioneros del Grupo de los 75, el régimen dictatorial conseguiría importantes cuotas de legitimidad.

La Unión Europea y el resto de los países democráticos preocupados por la grave situación de  derechos humanos al interior de la Isla, deben ser cautelosos y no sobredimensionar pasos que en definitiva son coartadas de una dictadura para mantenerse en el poder sin cambiar las principales premisas de su naturaleza totalitaria.

Jorge Olivera Castillo es periodista, preso político del grupo de los 75 liberado en 2004 con licencia extra-penal. Es autor del libro “Antes que amanezca y otros relatos” (CADAL/2010).