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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
24-09-2026El eclipse democrático: Dos décadas de transformación política en El Salvador
Este país presenta una profunda paradoja: mientras los indicadores de calidad institucional, división de poderes y libertades civiles se sitúan en mínimos históricos, la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia ascendió del 11% en 2018 al 62% en el presente ciclo. Esta desconexión refleja que el éxito percibido en seguridad pública compensa el deterioro de las normas democráticas ante la opinión pública.
Por Aldana Condori
El Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI) evalúa el desempeño de 137 países en su transición hacia la democracia y la economía de mercado. Mediante una metodología que combina el análisis narrativo con una escala cuantitativa de 1 a 10, el BTI permite realizar comparaciones temporales y regionales.
Al analizar el desempeño de El Salvador entre las ediciones de 2006 y 2026, se observa una trayectoria disruptiva. El país ha transitado de una democracia defectuosa, caracterizada por un sistema bipartidista competitivo, a un modelo de hiperpresidencialismo con una marcada concentración del poder en el Ejecutivo al que el BTI define como una "autocracia moderada". Este arco de veinte años revela cómo la legitimidad basada en el desempeño de seguridad ha desplazado a la legitimidad procedimental del Estado de derecho.
El BTI consiste en tres dimensiones de análisis: transformación política, económica e índice de gobernanza. Dentro de la primera dimensión, el criterio de Estatalidad ha mostrado cambios significativos en este período. Mientras que en el BTI 2006 el indicador "monopolio del uso de la fuerza" se situaba en 7 puntos debido al control territorial de las pandillas, para el BTI 2026 este indicador ha ascendido a 8 puntos. Este incremento refleja la recuperación del control estatal mediante el Régimen de Excepción implementado desde 2022 para combatir a grupos criminales como la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13.
A pesar de esta recuperación de la seguridad territorial, el promedio del criterio de Estatalidad descendió a 7,5 debido a retrocesos sustanciales en la laicidad del Estado. Específicamente, el indicador de "No interferencia de dogmas religiosos" cayó de los 10 puntos a 7 en el BTI 2026. Esta reducción se fundamenta en la alineación del Gobierno actual con posturas conservadoras dentro de sus políticas educativas y de desarrollo social.
En el análisis de la Participación Política es donde el retroceso democrático resulta más evidente. El puntaje global de esta dimensión descendió a 5,75 en la edición de 2026, evidenciando un claro deterioro institucional y un marcado cerco sobre la libertad de prensa. La reelección presidencial de 2024, en la que Nayib Bukele obtuvo el 83% de los votos, fue posible gracias a una reinterpretación constitucional de la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados leales al Ejecutivo, en un proceso cuestionado por la falta de equidad y por el uso de recursos públicos.
En paralelo, el informe detalla una estrategia sistemática de silenciamiento de la disidencia. Investigaciones de Citizen Lab y Access Now confirmaron el uso del software Pegasus para vigilar a periodistas y activistas de derechos humanos. Esta vigilancia digital se suma al uso de auditorías tributarias abusivas y punitivas ejecutadas contra medios de comunicación críticos del oficialismo. El caso más emblemático es el de la editorial El Faro, que debió trasladar su sede administrativa a Costa Rica tras enfrentar un acoso constante y acusaciones de blanqueo de capitales. Este clima de intimidación es respaldado por las cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que registró 449 violaciones a la libertad de prensa solo durante 2024, señalando como principales responsables a funcionarios públicos.
La presión regulatoria también se formalizó mediante la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2025 y que añade una carga impositiva del 40% a las donaciones externas. Esta medida asfixia financieramente a los medios independientes y ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos. En conjunto con el uso de granjas de trolls para manipular el debate digital, este entorno ha forzado el exilio de periodistas y ha reducido drásticamente la fiscalización ciudadana.
El cambio más drástico en estas dos décadas es el desmantelamiento del Estado de derecho, cuyo puntaje colapsó de un 6.25 en el BTI 2014 a un crítico 3.25 en el BTI 2026. La destitución masiva de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General en mayo de 2021 eliminó los contrapesos institucionales sobre el Ejecutivo, permitiendo que la Asamblea Legislativa opere bajo la dirección directa de la Presidencia.
Esta concentración absoluta del poder ha tenido un impacto directo sobre las libertades fundamentales. El indicador de derechos civiles descendió a un valor de 3 (retrocediendo desde los 5 puntos registrados en 2006 según las evaluaciones del BTI), en un contexto en el que más de 80.000 personas han sido detenidas bajo el Régimen de Excepción, incluyendo estimaciones de al menos 8.000 ciudadanos inocentes —cifra reportada por organizaciones de derechos humanos y recogida por el índice—. El BTI denuncia hacinamientos del 300% en las cárceles y muertes bajo custodia, marcando el punto más bajo de protección de derechos en veinte años.
Este país presenta una profunda paradoja: mientras los indicadores de calidad institucional, división de poderes y libertades civiles se sitúan en mínimos históricos, la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia ascendió del 11% en 2018 al 62% en el presente ciclo. Esta desconexión refleja que el éxito percibido en seguridad pública compensa el deterioro de las normas democráticas ante la opinión pública.
En la dimensión económica, El Salvador muestra una resiliencia estancada, manteniendo una puntuación general de 6. El país exhibe una notable estabilidad monetaria y fiscal (7) respaldada por la dolarización, un esquema que ha contenido la inflación en comparación con el resto de la región. Cabe destacar que, pese a mantener este promedio medio-alto de 7 puntos, en las últimas ediciones del BTI se ha registrado un descenso en el puntaje específico de la estabilidad fiscal debido al creciente endeudamiento público. No obstante, esta solidez macroeconómica general no se traduce en mejoras para el Nivel de desarrollo socioeconómico, el cual permanece en un bajo 4.
La pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas estructurales urgentes que el moderado crecimiento económico no logra mitigar. El modelo salvadoreño continúa dependiendo críticamente de las remesas familiares para sostener el consumo interno, lo que evidencia la falta de una matriz productiva diversificada. Además, los altos niveles de deuda pública limitan el financiamiento externo e impiden la inversión social a largo plazo.
Para alcanzar un desarrollo sostenible, el informe del BTI sugiere redirigir esfuerzos hacia sectores competitivos como el turismo de calidad, la manufactura ligera y la exportación de productos agrícolas de nicho, tales como el cacao y el café de especialidad. Sin embargo, la viabilidad de este esquema se ve actualmente amenazada por dos factores críticos: una deuda pública asfixiante y una severa crisis ambiental, siendo El Salvador el país con mayor estrés hídrico de Centroamérica.
Por su parte, el Índice de Gobernanza experimentó una caída sustancial. En 2006 poseía una puntuación de 6.32, mientras que en 2026 se ubica en 4.28 según el BTI. Esto evidencia un estilo de liderazgo que prioriza resultados inmediatos en seguridad pública sobre la búsqueda de consenso y las formas democráticas. Aunque la administración posee una mediana-baja capacidad de dirección (4.3) enfocada en su agenda de control territorial, su eficacia se ve comprometida por una baja eficiencia en el uso de recursos (4) y opacidad institucional.
A pesar de que el Gobierno ha sido hábil para alcanzar sus metas de seguridad a corto plazo, el combate genuino a la corrupción sufrió un duro revés tras la disolución unilateral de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en 2021. La desaparición de este mecanismo independiente dejó la lucha contra la corrupción desarmada frente a una administración pública débil y un sistema político altamente condicionado por la lealtad personal y las redes de clientelismo.
Esta marcada concentración de poder se manifiesta de forma crítica en el indicador de construcción de consenso (4.4). El diálogo con la sociedad civil, la academia y la oposición ha sido suplantado por una comunicación gubernamental polarizante en plataformas digitales. Esto erosiona la sostenibilidad de las políticas públicas a largo plazo al carecer de un respaldo social plural y participativo.
Finalmente, en el ámbito de la cooperación internacional (6.3), El Salvador ha tomado distancia de sus socios estratégicos tradicionales —como Estados Unidos y la Unión Europea— que cuestionaban su deriva institucional. En su lugar, ha buscado consolidar alianzas con actores internacionales menos exigentes en materia de transparencia y derechos humanos, destacándose el acercamiento a China a través de importantes proyectos de infraestructura sin condicionalidades políticas. Esta reconfiguración genera incertidumbre sobre la previsibilidad de su política exterior y compromete su inserción en un sistema global basado en el respeto a las reglas democráticas.
A dos décadas de la primera medición del BTI, El Salvador se encuentra en una encrucijada histórica. El éxito en la gestión del orden público ha otorgado al Ejecutivo una masiva legitimidad social, pero el costo de este proceso ha sido el desmantelamiento de los pilares de la democracia liberal. El análisis del índice demuestra que la estabilidad lograda bajo el modelo actual es sumamente frágil.
Si bien las cifras oficiales y la percepción ciudadana respaldan la efectividad de una política de seguridad contundente que ha logrado pacificar territorios históricamente dominados por las pandillas, es indispensable matizar este logro a la luz de los costos institucionales y humanos documentados. El propio informe advierte que este esquema se sostiene mediante la detención masiva de más de 80.000 personas, entre las cuales se estiman al menos 8.000 ciudadanos inocentes. Por lo tanto, el discurso oficial de una "seguridad eficaz" no solo convive con la suspensión de garantías constitucionales, sino que opera estructuralmente como un mecanismo de arbitrariedad punitiva capaz de encarcelar indiscriminadamente, evidenciando que la paz lograda se cimenta sobre bases de extrema vulnerabilidad jurídica para toda la ciudadanía.
Sin una reforma fiscal integral que reduzca la deuda, sin una estrategia de sostenibilidad ambiental y sin el restablecimiento de mecanismos de control independientes, el país corre el riesgo de mantener una inestabilidad estructural latente. La eficacia de la seguridad ciudadana actual podría volverse insuficiente si no se abordan las problemáticas de fondo: la pobreza, la corrupción y el debilitamiento de los derechos civiles.
Aldana CondoriEstudiante de comunicación en la Universidad Austral (Argentina).
El Índice de Transformación de Bertelsmann (BTI) evalúa el desempeño de 137 países en su transición hacia la democracia y la economía de mercado. Mediante una metodología que combina el análisis narrativo con una escala cuantitativa de 1 a 10, el BTI permite realizar comparaciones temporales y regionales.
Al analizar el desempeño de El Salvador entre las ediciones de 2006 y 2026, se observa una trayectoria disruptiva. El país ha transitado de una democracia defectuosa, caracterizada por un sistema bipartidista competitivo, a un modelo de hiperpresidencialismo con una marcada concentración del poder en el Ejecutivo al que el BTI define como una "autocracia moderada". Este arco de veinte años revela cómo la legitimidad basada en el desempeño de seguridad ha desplazado a la legitimidad procedimental del Estado de derecho.
El BTI consiste en tres dimensiones de análisis: transformación política, económica e índice de gobernanza. Dentro de la primera dimensión, el criterio de Estatalidad ha mostrado cambios significativos en este período. Mientras que en el BTI 2006 el indicador "monopolio del uso de la fuerza" se situaba en 7 puntos debido al control territorial de las pandillas, para el BTI 2026 este indicador ha ascendido a 8 puntos. Este incremento refleja la recuperación del control estatal mediante el Régimen de Excepción implementado desde 2022 para combatir a grupos criminales como la Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13.
A pesar de esta recuperación de la seguridad territorial, el promedio del criterio de Estatalidad descendió a 7,5 debido a retrocesos sustanciales en la laicidad del Estado. Específicamente, el indicador de "No interferencia de dogmas religiosos" cayó de los 10 puntos a 7 en el BTI 2026. Esta reducción se fundamenta en la alineación del Gobierno actual con posturas conservadoras dentro de sus políticas educativas y de desarrollo social.
En el análisis de la Participación Política es donde el retroceso democrático resulta más evidente. El puntaje global de esta dimensión descendió a 5,75 en la edición de 2026, evidenciando un claro deterioro institucional y un marcado cerco sobre la libertad de prensa. La reelección presidencial de 2024, en la que Nayib Bukele obtuvo el 83% de los votos, fue posible gracias a una reinterpretación constitucional de la Sala de lo Constitucional, integrada por magistrados leales al Ejecutivo, en un proceso cuestionado por la falta de equidad y por el uso de recursos públicos.
En paralelo, el informe detalla una estrategia sistemática de silenciamiento de la disidencia. Investigaciones de Citizen Lab y Access Now confirmaron el uso del software Pegasus para vigilar a periodistas y activistas de derechos humanos. Esta vigilancia digital se suma al uso de auditorías tributarias abusivas y punitivas ejecutadas contra medios de comunicación críticos del oficialismo. El caso más emblemático es el de la editorial El Faro, que debió trasladar su sede administrativa a Costa Rica tras enfrentar un acoso constante y acusaciones de blanqueo de capitales. Este clima de intimidación es respaldado por las cifras de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que registró 449 violaciones a la libertad de prensa solo durante 2024, señalando como principales responsables a funcionarios públicos.
La presión regulatoria también se formalizó mediante la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2025 y que añade una carga impositiva del 40% a las donaciones externas. Esta medida asfixia financieramente a los medios independientes y ONG dedicadas a la defensa de derechos humanos. En conjunto con el uso de granjas de trolls para manipular el debate digital, este entorno ha forzado el exilio de periodistas y ha reducido drásticamente la fiscalización ciudadana.
El cambio más drástico en estas dos décadas es el desmantelamiento del Estado de derecho, cuyo puntaje colapsó de un 6.25 en el BTI 2014 a un crítico 3.25 en el BTI 2026. La destitución masiva de magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General en mayo de 2021 eliminó los contrapesos institucionales sobre el Ejecutivo, permitiendo que la Asamblea Legislativa opere bajo la dirección directa de la Presidencia.
Esta concentración absoluta del poder ha tenido un impacto directo sobre las libertades fundamentales. El indicador de derechos civiles descendió a un valor de 3 (retrocediendo desde los 5 puntos registrados en 2006 según las evaluaciones del BTI), en un contexto en el que más de 80.000 personas han sido detenidas bajo el Régimen de Excepción, incluyendo estimaciones de al menos 8.000 ciudadanos inocentes —cifra reportada por organizaciones de derechos humanos y recogida por el índice—. El BTI denuncia hacinamientos del 300% en las cárceles y muertes bajo custodia, marcando el punto más bajo de protección de derechos en veinte años.
Este país presenta una profunda paradoja: mientras los indicadores de calidad institucional, división de poderes y libertades civiles se sitúan en mínimos históricos, la satisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia ascendió del 11% en 2018 al 62% en el presente ciclo. Esta desconexión refleja que el éxito percibido en seguridad pública compensa el deterioro de las normas democráticas ante la opinión pública.
En la dimensión económica, El Salvador muestra una resiliencia estancada, manteniendo una puntuación general de 6. El país exhibe una notable estabilidad monetaria y fiscal (7) respaldada por la dolarización, un esquema que ha contenido la inflación en comparación con el resto de la región. Cabe destacar que, pese a mantener este promedio medio-alto de 7 puntos, en las últimas ediciones del BTI se ha registrado un descenso en el puntaje específico de la estabilidad fiscal debido al creciente endeudamiento público. No obstante, esta solidez macroeconómica general no se traduce en mejoras para el Nivel de desarrollo socioeconómico, el cual permanece en un bajo 4.
La pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas estructurales urgentes que el moderado crecimiento económico no logra mitigar. El modelo salvadoreño continúa dependiendo críticamente de las remesas familiares para sostener el consumo interno, lo que evidencia la falta de una matriz productiva diversificada. Además, los altos niveles de deuda pública limitan el financiamiento externo e impiden la inversión social a largo plazo.
Para alcanzar un desarrollo sostenible, el informe del BTI sugiere redirigir esfuerzos hacia sectores competitivos como el turismo de calidad, la manufactura ligera y la exportación de productos agrícolas de nicho, tales como el cacao y el café de especialidad. Sin embargo, la viabilidad de este esquema se ve actualmente amenazada por dos factores críticos: una deuda pública asfixiante y una severa crisis ambiental, siendo El Salvador el país con mayor estrés hídrico de Centroamérica.
Por su parte, el Índice de Gobernanza experimentó una caída sustancial. En 2006 poseía una puntuación de 6.32, mientras que en 2026 se ubica en 4.28 según el BTI. Esto evidencia un estilo de liderazgo que prioriza resultados inmediatos en seguridad pública sobre la búsqueda de consenso y las formas democráticas. Aunque la administración posee una mediana-baja capacidad de dirección (4.3) enfocada en su agenda de control territorial, su eficacia se ve comprometida por una baja eficiencia en el uso de recursos (4) y opacidad institucional.
A pesar de que el Gobierno ha sido hábil para alcanzar sus metas de seguridad a corto plazo, el combate genuino a la corrupción sufrió un duro revés tras la disolución unilateral de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) en 2021. La desaparición de este mecanismo independiente dejó la lucha contra la corrupción desarmada frente a una administración pública débil y un sistema político altamente condicionado por la lealtad personal y las redes de clientelismo.
Esta marcada concentración de poder se manifiesta de forma crítica en el indicador de construcción de consenso (4.4). El diálogo con la sociedad civil, la academia y la oposición ha sido suplantado por una comunicación gubernamental polarizante en plataformas digitales. Esto erosiona la sostenibilidad de las políticas públicas a largo plazo al carecer de un respaldo social plural y participativo.
Finalmente, en el ámbito de la cooperación internacional (6.3), El Salvador ha tomado distancia de sus socios estratégicos tradicionales —como Estados Unidos y la Unión Europea— que cuestionaban su deriva institucional. En su lugar, ha buscado consolidar alianzas con actores internacionales menos exigentes en materia de transparencia y derechos humanos, destacándose el acercamiento a China a través de importantes proyectos de infraestructura sin condicionalidades políticas. Esta reconfiguración genera incertidumbre sobre la previsibilidad de su política exterior y compromete su inserción en un sistema global basado en el respeto a las reglas democráticas.
A dos décadas de la primera medición del BTI, El Salvador se encuentra en una encrucijada histórica. El éxito en la gestión del orden público ha otorgado al Ejecutivo una masiva legitimidad social, pero el costo de este proceso ha sido el desmantelamiento de los pilares de la democracia liberal. El análisis del índice demuestra que la estabilidad lograda bajo el modelo actual es sumamente frágil.
Si bien las cifras oficiales y la percepción ciudadana respaldan la efectividad de una política de seguridad contundente que ha logrado pacificar territorios históricamente dominados por las pandillas, es indispensable matizar este logro a la luz de los costos institucionales y humanos documentados. El propio informe advierte que este esquema se sostiene mediante la detención masiva de más de 80.000 personas, entre las cuales se estiman al menos 8.000 ciudadanos inocentes. Por lo tanto, el discurso oficial de una "seguridad eficaz" no solo convive con la suspensión de garantías constitucionales, sino que opera estructuralmente como un mecanismo de arbitrariedad punitiva capaz de encarcelar indiscriminadamente, evidenciando que la paz lograda se cimenta sobre bases de extrema vulnerabilidad jurídica para toda la ciudadanía.
Sin una reforma fiscal integral que reduzca la deuda, sin una estrategia de sostenibilidad ambiental y sin el restablecimiento de mecanismos de control independientes, el país corre el riesgo de mantener una inestabilidad estructural latente. La eficacia de la seguridad ciudadana actual podría volverse insuficiente si no se abordan las problemáticas de fondo: la pobreza, la corrupción y el debilitamiento de los derechos civiles.
