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Entre las situaciones más graves de Cuba en materia de Derechos Humanos (DDHH) sobresalen las siguientes: La pena de muerte se mantiene como castigo para cierto tipo de delitos; casos de amenaza de muerte y “muertes sospechosas” por parte de agentes gubernamentales; muchos periodistas encarcelados son puestos en libertad pero deben exiliarse a cambio de su liberación; detenciones arbitrarias sin órdenes de detención e imposibilidad de los detenidos de comunicarse con sus familiares o abogados; el sistema judicial está bajo control político, lo que implica que el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial se ve socavado; la libertad de circulación está restringida para cubanos residentes en otras provincias y las autoridades arrestan o condenan a prisión a ciudadanos de las provincias orientales que pretendan domiciliarse en la capital o sus alrededores bajo el cargo de peligrosidad social pre-delictiva. La mayoría de los países intervinientes en el diálogo interactivo instó a Cuba a ratificar lo antes posible el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Argentina instó a Cuba a promover la abolición de la pena de muerte y Chile mantuvo su preocupación por la imposibilidad de disfrutar de la libertad de expresión. Los Países Bajos expresaron su preocupación por el aumento de detenciones arbitrarias, hostigamiento y controles abusivos e instaron a Cuba a poner fin a la represión, a investigar los actos de repudio y a buscar la protección de todas las personas que son objeto de intimidación o violencia. Suiza se unió a los países que reclaman por la falta de libertad de expresión y llamó a Cuba a tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de reunión y de asociación pacíficas de conformidad con la ley y las normas internacionales. Noruega le recomendó a Cuba tomar medidas para proteger y promover la libertad de expresión y asociación de todos los defensores pacíficos de los derechos humanos en el país. Suecia expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y por la cantidad de informes que notificaban de un aumento en la cantidad de detenciones arbitrarias e intimidación.
