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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
17-06-2021Libia: la reconciliación nacional es vital para lograr una estabilidad política
La información brindada por el último Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió Libia durante los primeros meses de 2020, permite constatar que la situación de los derechos humanos en este país es más preocupante de lo que se esperaba. Las transgresiones a las libertades fundamentales de los ciudadanos libios son, a grandes rasgos, tres: los constantes casos de tortura; los crímenes de guerra cometidos por ambas facciones (las Fuerzas Armadas Árabes Libias - brazo armado del Gobierno Interino - y las tropas del GNA) contra la población civil; y la inexistencia de los derechos civiles y políticos.Por Nicolás Gutiérrez
A pesar de que ya han transcurrido más de 10 años desde el estallido de la primera guerra civil en Libia, y la consecuente caída del régimen despótico de Muammar Gadafi, los efectos del enfrentamiento bélico siguen más presentes que nunca en la sociedad libia. Desde 2011 el país se encuentra sumido en una profunda espiral de violencia y nepotismo de la cual no logra salir. Las constantes batallas libradas por las dos facciones que controlan al país (el Gobierno del Acuerdo Nacional - respaldado y legitimado por la ONU -, por un lado, y las tropas leales al Gobierno Interino, por el otro) han servido de excusa perfecta para que los Derechos Humanos sean sistemáticamente violados, hasta el punto en que la tortura, la inmigración ilegal, la detención arbitraria, la persecución política, e incluso la pobreza, se hayan vuelto moneda corriente para el país más rico en reservas petroleras de todo el continente africano.
Para entender en todas sus dimensiones por qué sucede lo que sucede en Libia, es necesario, en primer lugar, posar la mirada en su historia reciente. El estallido de la Primavera Árabe dio inicio a lo que se conoció posteriormente como la Primera Guerra Civil Libia (2011), la cual culminó con la caída del régimen despótico de Muammar Gadafi (quien gobernó ininterrumpidamente desde 1969), para dar paso a las primeras elecciones democráticas en décadas, los comicios de 2012, en donde se conformó el Congreso Nacional General (CNG) a cargo del primer ministro, Ali Zeidan. Durante el mandato de este primer gobierno democrático se registraron numerosos avances en materia legislativa para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales, a la par que se intentaba estabilizar y reconstruir el país. No obstante, el progreso se detuvo en 2014 cuando el CGN, en cumplimiento con acuerdos previos, convocó a elecciones para constituir un nuevo parlamento y gobierno, que lo reemplazaría y daría por finalizado, de este modo, con el proceso de transición iniciado en 2011. A pesar de que las elecciones de ese año conformaron el actual Parlamento libio, conocido como la Cámara de Representantes, la participación del electorado fue tan baja que dio lugar a que el CGN no legitimara y, por ende, no reconociera al nuevo gobierno elegido. Este hecho hundió nuevamente al país en enfrentamientos armados, propiciando la Segunda Guerra Civil Libia, la cual se extiende hasta nuestros días.
Ante dicho escenario es imposible no preguntarse cómo es el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos libios en un contexto político, social y económico tan adverso y desafiante como el de Libia.
La información brindada por el último Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió Libia durante los primeros meses de 2020, permite constatar que la situación de los derechos humanos en este país es más que preocupante de lo que se esperaba. En pocas palabras, el Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en inglés), es un proceso auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos y dirigido por una troika, con el objetivo de evaluar periódicamente la situación de los derechos humanos en cada país miembro de las Naciones Unidas. Si bien la última edición de este examen demostró ciertos avances por parte del Gobierno de Consenso Nacional en cuanto a la toma de medidas para la reducción de la violación a los derechos humanos, tales como la tipificación de la tortura como un crimen dentro del ordenamiento jurídico nacional o bien los intentos (ahora frustrados) para lograr sancionar una constitución nacional definitiva, el total respeto por los derechos y libertades fundamentales en Libia, es algo que está lejos de ser una realidad, al menos, en el corto y mediano plazo.
Esta realidad se refleja a la perfección en los desalentadores números obtenidos por parte del país en los principales indicadores del mundo. El Índice de Democracia (Democracy Index) elaborado anualmente por la Unidad de Inteligencia de The Economist le otorga a este país un puntaje extremadamente bajo de 1.95 sobre un total de 10.00 puntos, posicionándose, de este modo, en la base del ranking, específicamente en el puesto 157 de 167 países en total. Asimismo, el Índice de Libertad en el Mundo (Freedom in the World) confeccionado por la ONG norteamericana, Freedom House, le otorga un puntaje de 9 puntos sobre 100, clasificando al régimen libio de iliberal. La situación se torna aún más alarmante cuando se observan los números de las variables que conforman a este índice: en derechos políticos el país solo obtiene 1 punto sobre 40 y en libertades civiles, su clasificación no supera los 8 puntos sobre 60.
Ahora bien, ¿cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos concretamente? En base a la información proporcionada por el EPU 2020 y el informe anual de Human Rights Watch, las transgresiones a las libertades fundamentales de los ciudadanos libios son, a grandes rasgos, tres: los constantes casos de tortura; los crímenes de guerra cometidos por ambas facciones (las Fuerzas Armadas Árabes Libias - brazo armado del Gobierno Interino - y las tropas del GNA) contra la población civil; y la inexistencia de los derechos civiles y políticos.
En primer lugar, tenemos a los diversos reportes de casos de tortura. Dichos actos no son recientes, sino que se registran desde el régimen de Gadafi. Actualmente ambas bandos han recibido denuncias de haber empleado la tortura no solo contra soldados enemigos, sino también contra la propia población civil e inmigrantes irregulares que ingresan al país. Este hecho remarcado por el EPU, es confirmado por el último reporte de Amnistía Internacional en donde se denuncia que tanto las milicias como grupos armados han empleado en varias ocasiones actos de tortura y malos tratos, tales como palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, suspensión en posturas forzadas y hasta violencia sexual. Un ejemplo claro de estos actos fue el de Tarek Abdelhafiz, un comerciante secuestrado quien sucumbió ante la cruda tortura ejercida por las Fuerzas Armadas Árabes Libias en julio de 2020.
En segundo lugar están los numerosos casos de crímenes de guerra cometidos en el contexto de los enfrentamientos armados que tienen lugar en el país. En cuanto a esta problemática, el último EPU afirma que se contabilizaron avances en materia legal para registrar tales crímenes mediante la constitución de una Comisión Conjunta. A pesar de ello, los recientes informes de Human Rights Watch y de Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) manifiestan que, en realidad, tales avances son efímeros y aún no logran brindar una solución concreta y definitiva al problema. Por otra parte, al igual que lo que sucede con la tortura, estos crímenes son adjudicables a ambos bandos. Estos delitos van desde el disparo y bombardeo de centros urbanos sin intención de distinguir entre objetivos civiles y militares, hasta ejecuciones de civiles y prisioneros de guerra. Para una mayor contextualización de esta realidad, un informe proporcionado por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia ha reportado un saldo de más de 1000 víctimas civiles desde 2019. En base a toda la información proporcionada por estos organismos, se puede afirmar que los crímenes de guerra en Libia no han decrecido, sino más bien, no han hecho más que aumentar en los últimos años.
Por último, emerge la situación de los derechos civiles y políticos. Si bien es cierto que el Examen Periódico Universal destaca que hubo grandes avances en esta materia a raíz de la Declaración Constitucional, tales como la reducción significativa de delitos que se condenan con la pena capital, o bien con la sanción de varias leyes que buscan abordar la problemática, dichos avances no lograron plasmarse en la realidad, siendo incumplidos, en varias ocasiones, por las propias autoridades que los promocionan. En resumidas cuentas, el conflicto armado que divide al país, sumada a la constante inestabilidad política y económica, ha llevado a que el correcto ejercicio por los derechos y libertades civiles y políticas en Libia sea virtualmente inexistente.
Por otra parte, no se puede ignorar la posición de las principales democracias del mundo y de nuestra región, como así también, de los países que han intervenido en el conflicto, acerca de la situación que se encuentra atravesando Libia. Analizando el Informe de Trabajo sobre el EPU, puede evidenciarse que las democracias desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania les preocupa profundamente los constantes abusos a los derechos humanos. Asimismo, han instado a las partes enfrentadas a un inmediato cese al fuego y a un cumplimiento de las normas del derecho internacional. En nuestra región, por su parte, países como Chile, Argentina, Ecuador y Brasil se han enfocado en celebrar los (efímeros) avances para la protección de las libertades y derechos fundamentales realizados por el Gobierno del Acuerdo Nacional. Finalmente, no se puede obviar las recomendaciones realizadas por Turquía y Rusia, dos naciones con intereses en el conflicto libio. Turquía (quien brinda apoyo al GNA) manifestó las graves violaciones a los DDHH cometidos por las fuerzas leales al Gobierno Provisional. En cambio Rusia (quien respalda a las facciones del Gobierno Provisional) su mayor preocupación radica en “la presencia de grupos armados ilegales”.
Por último, cabe preguntarse ¿cuál ha sido el principal factor que ha llevado a que Libia se encuentre en una situación tan delicada en cuanto a derechos humanos, desarrollo económico y paz social, todo al mismo tiempo? En base al análisis que se puede derivar de la información proporcionada tanto por el EPU 2020, como de los informes y reportes formulados por las organizaciones previamente mencionadas, se puede afirmar que las constantes violaciones a los derechos humanos en Libia responden a un denominador en común: la guerra civil. Es el propio conflicto armado en el cual se encuentra sumido el país el que provoca que las libertades fundamentales sean sistemáticamente vulneradas. Human Rights Watch, es categórico al identificar al enfrentamiento armado como el principal propulsor de las transgresiones: el conflicto - menciona el informe - obstaculizó la prestación de servicios básicos, incluida la salud y la electricidad. Los grupos armados de todos los bandos siguieron matando ilegalmente y bombardeando indiscriminadamente, matando a civiles y destruyendo infraestructura vital. Asimismo, la troika de países (Chequia, Italia y Namibia) que examinó a Libia en el marco del EPU concluyeron que la guerra agravó el sufrimiento que padecen día a día los libios, agudizó las perpetraciones contra los derechos fundamentales y limitó fuertemente las capacidades del gobierno libio para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Todo ello llevó a que el EPU 2020 considere que una salida pacífica de este conflicto armado sea uno de las principales desafíos, tanto de Libia como de la comunidad internacional en su conjunto, ya que, de acuerdo con los observadores, la reconciliación nacional es vital para lograr una estabilidad política que garantice la democratización del país y el cese a las violaciones de los Derechos Humanos en todas sus dimensiones.
En sintonía con las conclusiones de la última edición del EPU, se puede mencionar que el estado de los derechos humanos y libertades fundamentales en Libia es más que preocupante, no solo por el hecho de que en los últimos años la situación se ha deteriorado aún más, sino también por el riesgo a que se pierdan los pocos derechos que aún quedan en pie. Encontrarle una salida pacífica al conflicto armado y garantizar la reconciliación nacional es vital para lograr una estabilidad política que garantice un cese a las violaciones de los derechos humanos de manera definitiva.
Nicolás Gutiérrez
A pesar de que ya han transcurrido más de 10 años desde el estallido de la primera guerra civil en Libia, y la consecuente caída del régimen despótico de Muammar Gadafi, los efectos del enfrentamiento bélico siguen más presentes que nunca en la sociedad libia. Desde 2011 el país se encuentra sumido en una profunda espiral de violencia y nepotismo de la cual no logra salir. Las constantes batallas libradas por las dos facciones que controlan al país (el Gobierno del Acuerdo Nacional - respaldado y legitimado por la ONU -, por un lado, y las tropas leales al Gobierno Interino, por el otro) han servido de excusa perfecta para que los Derechos Humanos sean sistemáticamente violados, hasta el punto en que la tortura, la inmigración ilegal, la detención arbitraria, la persecución política, e incluso la pobreza, se hayan vuelto moneda corriente para el país más rico en reservas petroleras de todo el continente africano.
Para entender en todas sus dimensiones por qué sucede lo que sucede en Libia, es necesario, en primer lugar, posar la mirada en su historia reciente. El estallido de la Primavera Árabe dio inicio a lo que se conoció posteriormente como la Primera Guerra Civil Libia (2011), la cual culminó con la caída del régimen despótico de Muammar Gadafi (quien gobernó ininterrumpidamente desde 1969), para dar paso a las primeras elecciones democráticas en décadas, los comicios de 2012, en donde se conformó el Congreso Nacional General (CNG) a cargo del primer ministro, Ali Zeidan. Durante el mandato de este primer gobierno democrático se registraron numerosos avances en materia legislativa para garantizar los derechos humanos y libertades fundamentales, a la par que se intentaba estabilizar y reconstruir el país. No obstante, el progreso se detuvo en 2014 cuando el CGN, en cumplimiento con acuerdos previos, convocó a elecciones para constituir un nuevo parlamento y gobierno, que lo reemplazaría y daría por finalizado, de este modo, con el proceso de transición iniciado en 2011. A pesar de que las elecciones de ese año conformaron el actual Parlamento libio, conocido como la Cámara de Representantes, la participación del electorado fue tan baja que dio lugar a que el CGN no legitimara y, por ende, no reconociera al nuevo gobierno elegido. Este hecho hundió nuevamente al país en enfrentamientos armados, propiciando la Segunda Guerra Civil Libia, la cual se extiende hasta nuestros días.
Ante dicho escenario es imposible no preguntarse cómo es el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de los ciudadanos libios en un contexto político, social y económico tan adverso y desafiante como el de Libia.
La información brindada por el último Examen Periódico Universal (EPU) al que se sometió Libia durante los primeros meses de 2020, permite constatar que la situación de los derechos humanos en este país es más que preocupante de lo que se esperaba. En pocas palabras, el Examen Periódico Universal (UPR, por sus siglas en inglés), es un proceso auspiciado por el Consejo de Derechos Humanos y dirigido por una troika, con el objetivo de evaluar periódicamente la situación de los derechos humanos en cada país miembro de las Naciones Unidas. Si bien la última edición de este examen demostró ciertos avances por parte del Gobierno de Consenso Nacional en cuanto a la toma de medidas para la reducción de la violación a los derechos humanos, tales como la tipificación de la tortura como un crimen dentro del ordenamiento jurídico nacional o bien los intentos (ahora frustrados) para lograr sancionar una constitución nacional definitiva, el total respeto por los derechos y libertades fundamentales en Libia, es algo que está lejos de ser una realidad, al menos, en el corto y mediano plazo.
Esta realidad se refleja a la perfección en los desalentadores números obtenidos por parte del país en los principales indicadores del mundo. El Índice de Democracia (Democracy Index) elaborado anualmente por la Unidad de Inteligencia de The Economist le otorga a este país un puntaje extremadamente bajo de 1.95 sobre un total de 10.00 puntos, posicionándose, de este modo, en la base del ranking, específicamente en el puesto 157 de 167 países en total. Asimismo, el Índice de Libertad en el Mundo (Freedom in the World) confeccionado por la ONG norteamericana, Freedom House, le otorga un puntaje de 9 puntos sobre 100, clasificando al régimen libio de iliberal. La situación se torna aún más alarmante cuando se observan los números de las variables que conforman a este índice: en derechos políticos el país solo obtiene 1 punto sobre 40 y en libertades civiles, su clasificación no supera los 8 puntos sobre 60.
Ahora bien, ¿cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos concretamente? En base a la información proporcionada por el EPU 2020 y el informe anual de Human Rights Watch, las transgresiones a las libertades fundamentales de los ciudadanos libios son, a grandes rasgos, tres: los constantes casos de tortura; los crímenes de guerra cometidos por ambas facciones (las Fuerzas Armadas Árabes Libias - brazo armado del Gobierno Interino - y las tropas del GNA) contra la población civil; y la inexistencia de los derechos civiles y políticos.
En primer lugar, tenemos a los diversos reportes de casos de tortura. Dichos actos no son recientes, sino que se registran desde el régimen de Gadafi. Actualmente ambas bandos han recibido denuncias de haber empleado la tortura no solo contra soldados enemigos, sino también contra la propia población civil e inmigrantes irregulares que ingresan al país. Este hecho remarcado por el EPU, es confirmado por el último reporte de Amnistía Internacional en donde se denuncia que tanto las milicias como grupos armados han empleado en varias ocasiones actos de tortura y malos tratos, tales como palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, suspensión en posturas forzadas y hasta violencia sexual. Un ejemplo claro de estos actos fue el de Tarek Abdelhafiz, un comerciante secuestrado quien sucumbió ante la cruda tortura ejercida por las Fuerzas Armadas Árabes Libias en julio de 2020.
En segundo lugar están los numerosos casos de crímenes de guerra cometidos en el contexto de los enfrentamientos armados que tienen lugar en el país. En cuanto a esta problemática, el último EPU afirma que se contabilizaron avances en materia legal para registrar tales crímenes mediante la constitución de una Comisión Conjunta. A pesar de ello, los recientes informes de Human Rights Watch y de Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (BTI) manifiestan que, en realidad, tales avances son efímeros y aún no logran brindar una solución concreta y definitiva al problema. Por otra parte, al igual que lo que sucede con la tortura, estos crímenes son adjudicables a ambos bandos. Estos delitos van desde el disparo y bombardeo de centros urbanos sin intención de distinguir entre objetivos civiles y militares, hasta ejecuciones de civiles y prisioneros de guerra. Para una mayor contextualización de esta realidad, un informe proporcionado por la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia ha reportado un saldo de más de 1000 víctimas civiles desde 2019. En base a toda la información proporcionada por estos organismos, se puede afirmar que los crímenes de guerra en Libia no han decrecido, sino más bien, no han hecho más que aumentar en los últimos años.
Por último, emerge la situación de los derechos civiles y políticos. Si bien es cierto que el Examen Periódico Universal destaca que hubo grandes avances en esta materia a raíz de la Declaración Constitucional, tales como la reducción significativa de delitos que se condenan con la pena capital, o bien con la sanción de varias leyes que buscan abordar la problemática, dichos avances no lograron plasmarse en la realidad, siendo incumplidos, en varias ocasiones, por las propias autoridades que los promocionan. En resumidas cuentas, el conflicto armado que divide al país, sumada a la constante inestabilidad política y económica, ha llevado a que el correcto ejercicio por los derechos y libertades civiles y políticas en Libia sea virtualmente inexistente.
Por otra parte, no se puede ignorar la posición de las principales democracias del mundo y de nuestra región, como así también, de los países que han intervenido en el conflicto, acerca de la situación que se encuentra atravesando Libia. Analizando el Informe de Trabajo sobre el EPU, puede evidenciarse que las democracias desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido y Alemania les preocupa profundamente los constantes abusos a los derechos humanos. Asimismo, han instado a las partes enfrentadas a un inmediato cese al fuego y a un cumplimiento de las normas del derecho internacional. En nuestra región, por su parte, países como Chile, Argentina, Ecuador y Brasil se han enfocado en celebrar los (efímeros) avances para la protección de las libertades y derechos fundamentales realizados por el Gobierno del Acuerdo Nacional. Finalmente, no se puede obviar las recomendaciones realizadas por Turquía y Rusia, dos naciones con intereses en el conflicto libio. Turquía (quien brinda apoyo al GNA) manifestó las graves violaciones a los DDHH cometidos por las fuerzas leales al Gobierno Provisional. En cambio Rusia (quien respalda a las facciones del Gobierno Provisional) su mayor preocupación radica en “la presencia de grupos armados ilegales”.
Por último, cabe preguntarse ¿cuál ha sido el principal factor que ha llevado a que Libia se encuentre en una situación tan delicada en cuanto a derechos humanos, desarrollo económico y paz social, todo al mismo tiempo? En base al análisis que se puede derivar de la información proporcionada tanto por el EPU 2020, como de los informes y reportes formulados por las organizaciones previamente mencionadas, se puede afirmar que las constantes violaciones a los derechos humanos en Libia responden a un denominador en común: la guerra civil. Es el propio conflicto armado en el cual se encuentra sumido el país el que provoca que las libertades fundamentales sean sistemáticamente vulneradas. Human Rights Watch, es categórico al identificar al enfrentamiento armado como el principal propulsor de las transgresiones: el conflicto - menciona el informe - obstaculizó la prestación de servicios básicos, incluida la salud y la electricidad. Los grupos armados de todos los bandos siguieron matando ilegalmente y bombardeando indiscriminadamente, matando a civiles y destruyendo infraestructura vital. Asimismo, la troika de países (Chequia, Italia y Namibia) que examinó a Libia en el marco del EPU concluyeron que la guerra agravó el sufrimiento que padecen día a día los libios, agudizó las perpetraciones contra los derechos fundamentales y limitó fuertemente las capacidades del gobierno libio para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Todo ello llevó a que el EPU 2020 considere que una salida pacífica de este conflicto armado sea uno de las principales desafíos, tanto de Libia como de la comunidad internacional en su conjunto, ya que, de acuerdo con los observadores, la reconciliación nacional es vital para lograr una estabilidad política que garantice la democratización del país y el cese a las violaciones de los Derechos Humanos en todas sus dimensiones.
En sintonía con las conclusiones de la última edición del EPU, se puede mencionar que el estado de los derechos humanos y libertades fundamentales en Libia es más que preocupante, no solo por el hecho de que en los últimos años la situación se ha deteriorado aún más, sino también por el riesgo a que se pierdan los pocos derechos que aún quedan en pie. Encontrarle una salida pacífica al conflicto armado y garantizar la reconciliación nacional es vital para lograr una estabilidad política que garantice un cese a las violaciones de los derechos humanos de manera definitiva.
