Derechos Humanos y
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Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos

4 de agosto de 2021

Somalia: la privación de los derechos en un marco de terrorismo y crisis política

El 6 de mayo de 2021 la República Federal de Somalia se sometió al tercer examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual Argentina y Brasil hicieron hincapié en la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra mujeres y niñas, y Uruguay y Chile remarcaron la importancia del compromiso para garantizar el respeto total hacia la libertad de expresión y la libertad de prensa, reforzando la protección de estos derechos con arreglo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
Por Juan Antonio Marchetti

Somalia: la privación de los derechos en un marco de terrorismo y crisis política

El pasado 27 de mayo, en medio de un escenario de crisis y violencia política luego de que el actual Presidente de Somalia Mohamed Abdullahi hubiera extendido su mandato por dos años, las autoridades de los cinco estados que componen al país llegaron a un acuerdo para la realización de elecciones. Lejos del alcance visual de quienes se disputan el poder en el cuerno de África, se cometen graves violaciones a los derechos humanos y entra en duda la existencia de un estado de derecho. Esto, y mucho más, se percibe en el tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), realizado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y al que se sometió la República Federal de Somalia el 6 de mayo de 2021.

En este contexto, los resultados del EPU indican que hay un claro detrimento de los estándares democráticos. Las mujeres, las personas con discapacidad, los clanes más pequeños, las comunidades minoritarias y los grupos de la sociedad civil tuvieron una escasa participación en las consultas para determinar el modelo electoral. Se han prohibido o limitado las reuniones políticas de los clanes y otros grupos, reduciendo así la posibilidad de afiliarse a un partido o de hacer campaña. Además, se restringió el acceso de los medios de comunicación a los actos electorales mediante la emisión por parte de las autoridades estatales, incluido el Gobierno Federal, de órdenes alegando motivos de seguridad.

Ataques, actos de intimidación y demás formas de acoso e injerencia por parte de las fuerzas de seguridad gubernamentales, y también del grupo terrorista yihadista Al Shabab, según el examen, tendieron a silenciar a los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos y los líderes políticos, obligándolos a autocensurarse sobre cuestiones “delicadas” para ciertos oídos, como los procesos electorales, la corrupción o las manifestaciones públicas.

Otra cuestión de alto nivel de preocupación, destacada en el informe, es la aplicación de la pena de muerte. El sistema oficial de justicia ha quedado algo olvidado, siendo los mecanismos de solución de controversias tradicionales u otros tribunales, incluso algunos instalados y bajo el control de Al-Shabaab, los más visitados. Al acudir a estos últimos, las garantías procesales más básicas y la idea de un juicio imparcial quedan en el camino, dando lugar a poca transparencia de los procedimientos y abriendo un abanico de castigos a los que no podría considerarse justos, como la condena a muerte.

En definitiva, estos mecanismos de solución de controversias siguen utilizándose en las comunidades por tres razones: su fácil acceso, su bajo costo y su legitimidad ante los ojos de los participantes locales. En principio, se podría interpretar que dichos mecanismos tienen potencial para mejorar el acceso a la justicia. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que traen consigo la aplicación de prácticas contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y otras formas de discriminación, en especial contra las mujeres, las niñas y las minorías religiosas.

Según Amnistía Internacional, en su informe de 2020, junto con los ataques indiscriminados hacia la población civil y el menoscabo evidente de la libertad de expresión, las mujeres y las niñas han sido objeto de violencia sexual. Además, estos incidentes rara vez son reportados debido al clima general de impunidad y también por el estigma y el temor asociado al crimen, que previene que varias sobrevivientes recurran al Estado en procura de justicia. En el examen ha sido también tratada esta última cuestión relativa a la posición de las mujeres en la sociedad somalí y, efectivamente, no solo han sido segregadas de la participación en los asuntos públicos y de un acceso abierto a una formación profesional, sino que también la violencia física y sexual es una conducta generalizada y se comete con una impunidad casi total.

El índice Freedom in the World de Freedom House ha categorizado al país como “NO LIBRE”, una categoría integrada por países de Medio Oriente y África como Irán, Irak y Libia, e incluso por países de Latinoamérica como Nicaragua y Honduras; debido a una multiplicidad de factores que explican su baja calidad democrática y republicana. De acuerdo con la Constitución provisional de 2012, el Presidente es elegido por 2/3 de los votos del Parlamento Federal para ocupar el cargo por un período de 4 años. El problema es que en Somalia no se han celebrado elecciones legislativas sino desde 1969. Por lo tanto, el actual Presidente Mohamed Abdullahi Mohamed, también conocido como “Farmaajo”, fue elegido por legisladores, cuya posición no ha sido sometida a la voluntad popular.

Como es usual, junto con los resultados del EPU tuvo lugar un diálogo interactivo entre los Estados miembro de la ONU y aquél Estado que fue sometido a la examinación. En dicho diálogo, varios países tuvieron la oportunidad de emitir su opinión acerca de la situación de los derechos humanos en Somalía, y han observado con mucha inquietud algunas de las cuestiones abordadas anteriormente.

Dentro de las distintas delegaciones, las representantes de los países latinoamericanos hicieron uso de la palabra. Argentina y Brasil hicieron hincapié en la eliminación de toda forma de violencia y discriminación contra mujeres y niñas, con especial atención a la prevención, protección, apoyo y otros mecanismos para las sobrevivientes de la violencia sexual, ya sea por medio de nueva legislación o ratificando la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer.

Uruguay y Chile remarcaron la importancia del compromiso para garantizar el respeto total hacia la libertad de expresión y la libertad de prensa, reforzando la protección de estos derechos con arreglo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.

También se manifestaron las delegaciones correspondientes a las “Democracias Plenas”, utilizando el término que acuña el Democracy Index de The Economist. Países como Estados Unidos y Canadá coincidieron con sus vecinos del continente americano en que debe haber un cese de la supresión a la libertad de expresión y prensa, que los periodistas y medios de comunicación deben poder realizar sus actividades con completa independencia y autonomía e hicieron hincapié en que se establezca un Poder Judicial independiente para acabar con la impunidad.

Países de Europa central, como Alemania y Austria, insistieron en aplicar una moratoria a las ejecuciones programadas con miras hacia la abolición de la pena de muerte. Los Países Bajos y Bélgica coincidieron en que se deben implementar todas las medidas necesarias para acabar con la censura hacia los periodistas e indagar sobre quiénes son aquellos que atacan y buscan entorpecer la labor periodística en el país.

Otros países, como España y Australia, concentraron su discurso sobre el compromiso de Somalía relativo a las normas internacionales humanitarias y a las grandes convenciones que codifican estas normas. Le reclaman que ratifique, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer que, como se vio antes, también mencionaban las delegaciones latinoamericanas.

A modo de conclusión, hay que remarcar que la gran mayoría de las delegaciones celebraron y vieron con buenos ojos el establecimiento de una Comisión nacional de derechos humanos en Somalía. Un órgano como este en un país cuya situación humanitaria preocupa es un paso adelante hacia una posible disminución de los ataques y las conductas que ponen en peligro la dignidad y la integridad de los somalíes, como la violencia hacia las mujeres, la supresión de las voces disidentes al gobierno, la posibilidad de elegir a sus representantes y otras cuestiones plasmadas en el último EPU y esgrimidas por los países en el diálogo interactivo.

Juan Antonio Marchetti
Juan Antonio Marchetti
Voluntario de CADAL
 
 
 
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