Si durante años Mozambique fue presentado como un caso ejemplar de transición pacífica en África austral, las últimas dos décadas muestran un país que, sin golpes ni rupturas, pasó de democracia con defectos a autocracia de línea dura. Un escándalo de deuda secreta, la insurgencia yihadista y la represión de las protestas de 2024 explican una caída que golpeó con dureza a opositores, periodistas, mujeres y niñas.

Por Valentina Herceg

Mozambique en el BTI 2006-2026 | Valentina Herceg

El 17 de noviembre de 2026, el Tribunal Supremo de Mozambique empezará a juzgar a Venâncio Mondlane, principal dirigente opositor del país. Mondlane fue candidato presidencial en 2024, nunca reconoció los resultados y convocó a protestas que se extendieron durante meses. Hoy está acusado de cinco delitos, entre ellos incitación al terrorismo, por sus llamados a protestar transmitidos en vivo por redes sociales. El caso sintetiza la trayectoria del país: el Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo), en el poder desde 1975, pasó de ganar elecciones a sostenerse mediante el uso de la fuerza y los tribunales.

El Índice de Transformación Bertelsmann (BTI), elaborado por la fundación alemana Bertelsmann, evalúa desde 2006 y cada dos años a países en vías de desarrollo o en transición. Hoy son 137 los Estados analizados a través de tres dimensiones: la transformación política (la calidad de la democracia), la transformación económica (el avance hacia una economía de mercado con inclusión social) y la gobernanza (la capacidad de los dirigentes para conducir esos cambios). Cada dimensión se divide en criterios, que agrupan indicadores calificados de 1 (peor) a 10 (mejor) por especialistas, y con esos puntajes el índice clasifica a los países en categorías como “democracia defectuosa” o “autocracia moderada”. Además, cada edición analiza los dos años previos a su publicación: el BTI 2026, por ejemplo, cubre de febrero de 2023 a enero de 2025.

Los números de Mozambique muestran el recorrido con claridad. En la primera edición, en 2006, obtenía 6,95 puntos en transformación política, por encima del promedio de 5,77 de los 119 países evaluados entonces, y era una “democracia defectuosa”: con fallas, pero democracia al fin. En el BTI 2026, esos valores bajaron a 3,93 en política, 4,54 en economía y 4,16 en gobernanza, y el país cayó del puesto 54° al 99° del ranking general. Por primera vez, el índice lo ubica entre las “autocracias de línea dura”, la categoría más severa para un régimen autoritario.

Una democracia que se fue vaciando

Mozambique llegaba al índice de 2006 con un capital político considerable. La Resistencia Nacional Mozambiqueña (Renamo) nació en 1976 como una guerrilla anticomunista, apoyada primero por Rodesia (actual Zimbabue) y luego por la Sudáfrica del apartheid, para combatir al gobierno marxista del Frelimo. La guerra civil, que dejó alrededor de un millón de muertos, terminó con un acuerdo de paz en 1992. La Renamo se convirtió entonces en un partido político y, desde las primeras elecciones multipartidarias, en 1994, fue la principal fuerza opositora.

Hoy, como durante la guerra, los dos partidos representan visiones opuestas. El Frelimo nació en 1962 como movimiento de liberación contra Portugal, con apoyo de la Unión Soviética y China. En 1977 se declaró marxista-leninista y gobernó un Estado de partido único. En 1989, con la economía en ruinas y el bloque soviético en retirada, abandonó oficialmente el marxismo-leninismo, abrió el país al mercado y pasó a definirse como socialdemócrata y a integrar la Internacional Socialista. La Renamo, por su parte, recorrió el camino inverso: nació como guerrilla anticomunista y hoy es un partido conservador vinculado a la Internacional Demócrata de Centro. Cuando sus patrocinadores desaparecieron, en 1980 con el fin de Rodesia y a comienzos de los noventa con el derrumbe del apartheid, la Renamo se quedó sin quienes la financiaban y le daban armas, lo que la empujó a negociar la paz.

En la práctica, sin embargo, las etiquetas pesan poco y las alianzas responden más a la conveniencia que a la ideología. El Frelimo, de pasado marxista, gobierna con una economía de mercado sostenida durante años por el Banco Mundial y los donantes occidentales. Al mismo tiempo, en 2019 contrató al Grupo Wagner, una empresa rusa de mercenarios vinculada al Kremlin que también operó en Siria, Libia y otros países africanos, para enfrentar al yihadismo; sus combatientes se retiraron a los pocos meses sin lograr resultados. La oposición tampoco encaja en un molde claro: Mondlane, exdirigente de la Renamo conservadora, llegó a las elecciones de 2024 apoyado por Podemos, un partido de centroizquierda, y ese mismo año se reunió en Lisboa con el partido de extrema derecha portugués Chega.

Para un país salido de la guerra hacía poco más de una década, los números del BTI 2006 eran sorprendentemente altos: el criterio de participación política obtenía 8 puntos, con 9 en derechos de asociación y reunión y 9 en poder efectivo para gobernar. Las debilidades estaban en el Estado de derecho (5,75), con 6 en independencia judicial y 5 en separación de poderes.

Durante la década siguiente, el retroceso fue lento pero constante: el puntaje político bajó de 6,55 en 2008 a 5,60 en 2016. La paz, además, tenía una grieta: el acuerdo de 1992 le permitió a la Renamo conservar una guardia armada para proteger a su líder, Afonso Dhlakama. Con esas armas volvió a combatir en 2013 y, tras una tregua, otra vez en 2015, después de rechazar el triunfo del Frelimo en las elecciones de 2014 argumentando fraude en el conteo. El BTI 2018 describe dicho conteo y al órgano electoral como partidarios del Frelimo. La Renamo denunció, además, que no se había acreditado a sus fiscales ni a sus observadores, y los observadores de la Unión Europea señalaron que el Frelimo usó recursos del Estado en la campaña y que la policía lo favoreció.

El quiebre en el índice llegó con el BTI 2018, que cubre 2015 y 2016: el puntaje político cayó a 4,48 y el BTI dejó de considerar a Mozambique una democracia para clasificarlo como “autocracia moderada”. El informe describe un país en el que el Frelimo “es el Estado”, con 11.000 personas que habían huido de los combates a la vecina Malawi y críticos del gobierno asesinados, como el académico Gilles Cistac en 2015. En una sola edición, el poder efectivo para gobernar cayó de 6 a 3 puntos, en parte porque el nuevo presidente, Filipe Nyusi, del Frelimo, no controlaba las fuerzas de seguridad; los derechos civiles también bajaron a 3. En agosto de 2019, el gobierno y la Renamo firmaron el Acuerdo de Maputo para la Paz, y el indicador de reconciliación subió de 4 a 5 en el BTI 2020.

Las elecciones fueron el siguiente eslabón. En 2019, la misión de observación de la UE denunció numerosas irregularidades y el asesinato de un observador electoral a manos de policías. En el BTI 2022, el indicador de elecciones libres y justas cayó de 6 a 3. Según el BTI 2026, las elecciones locales de 2023 estuvieron marcadas por un fraude generalizado. En las presidenciales de 2024, el candidato del Frelimo, Daniel Chapo, se impuso con el 65% frente al 24% de Mondlane, un exdiputado de la Renamo que dejó el partido en 2024 y se presentó como independiente, con el apoyo del pequeño partido Podemos. Nueve días después de la votación, el abogado de Mondlane, Elvino Dias, y el dirigente de Podemos Paulo Guambe fueron asesinados a tiros en Maputo, la capital, y pronto comenzaron las protestas.

La respuesta del Estado fue, según Amnistía Internacional, la más sangrienta desde el final de la guerra civil. Con datos de la plataforma de monitoreo electoral Decide, el BTI 2026 contabiliza 314 muertos y 633 heridos por bala, y más de 4.230 detenidos, tan sólo hasta enero de 2025. Las protestas duraron cinco meses, hasta que en marzo de 2025 Chapo y Mondlane se reunieron y acordaron frenar la violencia; para entonces, el total rondaba los 400 muertos. El resultado se ve en el índice: el criterio de participación política quedó en 2,75 y el de Estado de derecho en 2,5. Los derechos de asociación y reunión, el indicador que mejor resume la caída, pasaron de 9 puntos en 2006 a 2 en 2026, igual que los derechos civiles.

Cabo Delgado: gas, pobreza y yihadismo

 Al mismo tiempo, en el norte se abrió otro frente. Cabo Delgado, la provincia del extremo noreste que limita con Tanzania, es la más pobre de Mozambique y una de las pocas de mayoría musulmana. Allí, entre 2010 y 2013, se descubrieron en el mar enormes reservas de gas natural, entre las mayores de África, pero esa riqueza no llegó a la población local. En ese contexto creció Ansar al-Sunna, un grupo yihadista que la población llama “Al Shabab” (“los jóvenes”, en árabe), aunque no tiene relación con la organización somalí del mismo nombre. Este movimiento religioso, formado sobre todo por jóvenes de la zona, se radicalizó, atacó tres comisarías en octubre de 2017 y se afilió al Estado Islámico en 2019.

Entre 2020 y 2021 llegó a controlar territorio: ocupó durante un año la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia y, en marzo de 2021, tomó la ciudad de Palma, junto al proyecto de gas de la petrolera francesa TotalEnergies, que suspendió una inversión de 20.000 millones de dólares. Superado, el gobierno contrató mercenarios sudafricanos y, en julio de 2021, aceptó el despliegue de tropas de Ruanda y de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), que recuperaron Mocímboa en agosto. Amnistía Internacional documentó crímenes de guerra de los tres bandos: Ansar al-Sunna, las fuerzas de seguridad mozambiqueñas y los mercenarios.

El grupo yihadista perdió las ciudades que controlaba, pero no desapareció: se dispersó y pasó a realizar ataques más pequeños, llegó a las provincias vecinas de Niassa y Nampula y, en 2025, la ONU advirtió que la violencia iba camino a un récord. Según el Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados (ACLED), una organización independiente que monitorea violencia política y eventos de protesta, la lucha ya causó más de 6.300 muertes y más de un millón de desplazados. El conflicto, además, le sirve al gobierno como argumento para endurecer la represión: en febrero de 2025, Chapo equiparó las protestas postelectorales con la insurgencia como amenazas a la seguridad nacional, y Mondlane está acusado precisamente de “incitación al terrorismo”. Según el BTI 2026, la cobertura periodística sobre Cabo Delgado está fuertemente restringida por el gobierno, que desde 2018 impide el acceso de medios a ciertas partes de la provincia y detiene a periodistas que intentan informar desde allí. El índice también refleja el peso del conflicto: el monopolio del uso de la fuerza, que en 2006 tenía 9 puntos, bajó a 5 en el BTI 2018 y nunca volvió a superar los 6; la intensidad del conflicto pasó de 2 en 2008 a 8 en 2026.

Presos, periodistas y mujeres

Las organizaciones de derechos humanos no registran en Mozambique opositores que pasen años en prisión por motivos políticos. El BTI 2026 explica por qué: los opositores rara vez son detenidos formalmente, pero a veces son asesinados, y las investigaciones nunca avanzan. El modelo combina esos asesinatos, como los de más de 25 miembros de Podemos, con detenciones masivas y causas judiciales contra los dirigentes. En la primera semana de protestas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), red de ONGs con sede en París, y el Centro para la Democracia y los Derechos Humanos, una organización mozambiqueña, registraron 452 detenidos, entre ellos algunos menores de edad. En abril de 2025, el Parlamento aprobó una ley que prevé indultos para manifestantes condenados, pero, según la agencia estatal AIM, del indulto presidencial de diciembre de 2025 solo 22 de los 751 beneficiados habían sido detenidos por las protestas; el resto eran presos por delitos comunes, como robos. Mondlane sostiene que más de 2.700 personas siguen presas.

Los periodistas, sobre todo quienes cubren el conflicto en el norte, también son blanco de la represión. Ibraimo Mbaruco, de una radio comunitaria de Palma, desapareció en abril de 2020 tras escribirle a un colega que estaba “rodeado de soldados”; en 2024, la fiscalía suspendió la investigación por falta de pruebas. En enero de 2025, el periodista Arlindo Chissale, editor del sitio Pinnacle News, que informaba sobre la insurgencia, fue bajado de un minibús en Cabo Delgado por hombres con uniforme de las fuerzas de seguridad. Ninguno de los dos periodistas volvió a aparecer, y el BTI 2026 presume que Chissale fue asesinado.

Las mujeres y las niñas sufren una violencia particular. En Cabo Delgado, los miembros del grupo Ansar al-Sunna secuestraron y esclavizaron a más de 600 mujeres y niñas desde 2018. La insurgencia en Cabo Delgado también empuja el matrimonio infantil: la ONG Save the Children registró un aumento del 10 % en los casos de 2023 respecto al año anterior. Pero el problema no se limita a esa provincia. En 2019, el gobierno aprobó una ley contra las uniones prematuras; aun así, según el BTI 2026, en todo el país más de la mitad de las niñas se casan antes de los 18 años y casi la mitad de las adolescentes queda embarazada. La ley, según advirtieron otros países ante la ONU, todavía no se aplica plenamente, y el indicador de igualdad de oportunidades del BTI no pasa de 4 puntos.

Estos temas fueron centrales en el Examen Periódico Universal (EPU) de Mozambique ante la ONU, en mayo de 2026. Islandia recomendó eliminar el matrimonio infantil y garantizar que las niñas casadas y las madres adolescentes sigan estudiando. Alemania, por su parte, recomendó intensificar la lucha contra la violencia de género y terminar con el matrimonio infantil, precoz y forzado, y pidió investigaciones independientes sobre los abusos posteriores a las elecciones de 2024, incluidos los de agentes del Estado.

Gobernanza: de socio confiable a deudor bajo sospecha

En 2006, con 6,09 puntos, Mozambique ocupaba el puesto 30° en gobernanza, un resultado notable para un país de bajos ingresos. En 2026 tiene 4,16 puntos y ocupa el puesto 89°. También perdió confianza afuera: en 2006, cuando era un socio valorado por los donantes, el BTI le daba 9 puntos sobre 10 por su relación con otros países y organismos internacionales, porque aprovechaba bien la ayuda externa, cumplía sus compromisos y colaboraba con sus vecinos. Esa ayuda era clave: Mozambique tenía uno de los mayores programas de cooperación de África. Unos 18 donantes, entre ellos el Banco Mundial, la UE y la mayoría de los países europeos, le giraban fondos directamente al presupuesto del Estado para que el gobierno los usara en salud, educación o infraestructura, una muestra de confianza poco común. En 2026, esa nota bajó a 5,33.

La explicación principal tiene nombre: aquellas “deudas ocultas”. En 2013 y 2014, tres empresas estatales manejadas por el servicio de inteligencia tomaron más de 2.000 millones de dólares en préstamos de los bancos Credit Suisse y VTB, supuestamente para una flota atunera y barcos de vigilancia, con garantías del Estado firmadas por el entonces Ministro de Finanzas, Manuel Chang, sin pasar por el Parlamento. Las empresas quebraron y la deuda quedó a cargo del país. Una auditoría independiente encontró que 500 millones de dólares desaparecieron sin rastro, y la Justicia estadounidense comprobó que más de 200 millones se usaron para pagar sobornos. Cuando el esquema salió a la luz, en 2016, el FMI suspendió un préstamo de emergencia de 286 millones de dólares y los 14 donantes que financiaban directamente el presupuesto cortaron la ayuda. Según el Centro de Integridad Pública, el escándalo empujó a casi dos millones de personas a la pobreza. Chang fue extraditado desde Sudáfrica a Estados Unidos, que lo juzgó porque parte de esa deuda se vendió a inversores estadounidenses, y condenado a ocho años y medio de prisión por fraude y lavado de dinero.

El BTI registró el golpe: en la edición 2018, la credibilidad internacional cayó de 7 a 4 y el criterio de eficiencia en el uso de recursos tocó su mínimo: 2,67. La política anticorrupción, por su parte, nunca despegó: empezó en 1 en 2006 y está en 3 desde 2020. El BTI 2026 describe la corrupción como endémica y casi siempre impune. El criterio de construcción de consensos, mientras tanto, cayó de 6,8 en 2006 a 4,2 en 2026. La reconciliación, que había subido a 5 con el Acuerdo de Maputo de 2019, bajó a 3 porque el pacto solo se cumplió en parte: según el BTI 2026, la Renamo denuncia que los fondos para reintegrar a los excombatientes no llegaron a destino y, en 2023, la mayoría del Frelimo en el Parlamento eliminó las elecciones de distrito que el acuerdo preveía. La cooperación regional, que había llegado a 9 puntos en 2006, 2014 y 2020, cayó a 6 en 2026, con el norte del país en parte custodiado por tropas extranjeras.

Estabilidad sin bienestar: la paradoja mozambiqueña

Mientras la gobernanza y la transformación política caen, la economía cuenta una historia distinta. En el BTI 2006, Mozambique obtuvo 5,07 puntos en esta dimensión. Cayó a 4 en el BTI 2020, golpeada por las “deudas ocultas”, préstamos secretos de más de 2.000 millones de dólares tomados por empresas estatales sin pasar por el Parlamento. Desde entonces, apenas recuperó algo más de medio punto, hasta 4,54 en 2026, pero hoy es la dimensión mejor evaluada del país, al revés que en 2006.

La recuperación se explica por criterios técnicos: el de estabilidad monetaria y fiscal, que se había desplomado de 7,5 a 5 en el BTI 2018, volvió a 6. El sistema bancario subió a 8 porque, según el BTI 2026, los bancos tienen capital propio de sobra para cubrir posibles pérdidas (más del doble del mínimo exigido), aunque solo un 30 % de la población puede acceder a una cuenta. La política de competencia pasó de 2 puntos en 2006 a 5 en 2026. El crecimiento se concentra en los megaproyectos extractivos, sobre todo el gas de Cabo Delgado, explotado por empresas como la italiana Eni, la francesa TotalEnergies y la estadounidense ExxonMobil. Según el BTI 2026, esos proyectos recibieron en 2024 el 83,9 % de la inversión extranjera, pero generan poco empleo. La deuda pública, en tanto, ronda el 94 % del PBI según el FMI.

El problema aparece en el criterio de nivel de desarrollo socioeconómico, que mide pobreza, desigualdad y exclusión: tiene apenas 1 punto desde el BTI 2020, el puntaje más bajo posible. El régimen de bienestar, que mide las redes de protección social y la igualdad de oportunidades, está estancado en 3,5 desde hace una década. Según el BTI 2026, el 67,6% de la población vive con menos de 2,15 dólares por día y el 80 % del empleo es informal. Mozambique ocupa el puesto 182 de 193 en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, que combina esperanza de vida, educación e ingresos. Es uno de los datos más relevantes del índice: la macroeconomía mejora, pero la vida de la mayoría no cambia.

El 17 de noviembre, otra prueba

La curva de Mozambique no muestra un golpe de Estado ni una revolución, sino algo más silencioso: un partido que gobierna desde hace medio siglo y que, edición tras edición, fue vaciando las instituciones que le daban legitimidad. Primero, perdieron fuerza la Justicia y el Parlamento; después llegaron la corrupción a gran escala y la insurgencia yihadista en Cabo Delgado; finalmente, cuando las urnas dejaron de alcanzar, apareció la represión abierta.

Si el 17 de noviembre el juicio a Mondlane termina en condena, Mozambique sumará un preso político de alto perfil y confirmará el rumbo que el BTI viene registrando desde hace veinte años: el de un país que pasó de democracia defectuosa a autocracia de línea dura, en el que votar, protestar o informar es cada vez más riesgoso y donde la mayoría sigue igual de pobre.

Valentina Herceg

Estudiante de abogacía en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Investigadora en Girl Up Argentina, iniciativa de la Fundación ONU, con apoyo de UNICEF. Presidente del Grupo de Derecho Penal en UTDT.