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Corea del Norte bajo la lupa
Dejen de dar vueltas y nombren un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte
(CSIS) El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lleva más de un año y medio en el cargo y aunque una de sus promesas ha sido la defensa de los derechos humanos como parte esencial de la política exterior del país bajo su gobierno, todavía no hay señales de que esté decidido a nominar un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte. El puesto, que tiene rango de embajador, está vacante desde hace cinco años y medio: el último enviado especial, Robert King, explica en esta nota por qué es urgente que la Casa Blanca nombre un sucesor.Por Robert R. King
(CSIS) Ya es hora de que el presidente Biden designe un enviado especial de Estados Unidos para los derechos humanos en Corea del Norte con rango de embajador. El presidente ha estado en el cargo durante casi un año y medio y todavía no ha nominado a ningún candidato para ese puesto. La última vez que Estados Unidos tuvo un enviado especial fue el 13 de enero de 2017, el día en que entró en vigor mi renuncia como enviado especial y solo unos días antes de que Barack Obama dejara la Casa Blanca al concluir su mandato como presidente. Esto fue hace cinco años y medio.
Un puesto establecido por ley
La ley sobre Derechos Humanos en Corea del Norte fue adoptada inicialmente por el Congreso en el otoño de 2004, y la legislación requería el nombramiento de un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte. En agosto de 2005, el presidente Bush nombró a Jay Lefkowitz como tal, cargo que ocupó mientras continuaba ejerciendo como abogado en la ciudad de Nueva York. Cuando el Congreso cambió los requisitos legales en 2008 y especificó que el enviado especial sería un puesto de tiempo completo en el Departamento de Estado y con rango de embajador, con el requisito de ser confirmado por el Senado.
El primer secretario de Estado de Donald Trump, Rex Tillerson, propuso eliminar el puesto, lo que provocó una protesta bipartidaria del Congreso. Tillerson no permaneció en el cargo el tiempo suficiente para ir más allá de esa propuesta inicial. Mike Pompeo, el segundo secretario de Estado de Trump, abandonó el plan de reorganización de Tillerson, pero no hizo ningún esfuerzo por asegurar el nombramiento de un enviado especial sobre derechos humanos en Corea del Norte. Cuando le preguntaron sobre el tema en las audiencias del Congreso, restó importancia a las atrocidades contra los derechos humanos en Corea del Norte. El esfuerzo por mejorar las relaciones con Pyongyang ignorando los abusos a los derechos humanos y celebrando dos cumbres con Kim Jong Un fue un rotundo fracaso.
Irónicamente, en junio de 2018, en medio de esta falta de acción por parte de la administración Trump, el Congreso reafirmó de forma unánime la confirmación de un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte con rango de embajador en el Departamento de Estado. La ley fue firmada por Trump en julio de ese año. A pesar de que la norma exige el nombramiento del enviado, Trump se retiró dos años y medio después, en enero de 2021, sin nominar jamás a nadie para el puesto.
El apoyo de Biden
Después de la toma de posesión de Joe Biden como presidente, la nueva administración dio señales de que cubriría el puesto de enviado especial. Cuando Antony Blinken hizo su primer viaje al extranjero como secretario de Estado a Corea del Sur en marzo de 2021, le dijo a un periodista surcoreano de KBS que “el presidente Biden ha sido muy claro desde el primer día en que estaba decidido a volver a poner los derechos humanos y la democracia en el centro de la política exterior estadounidense. Desafortunadamente, Corea del Norte es una de las situaciones de derechos humanos más atroces que conocemos en todo el mundo”.
Tres meses después, en junio de 2021, Blinken dijo que la administración cumpliría con la ley y que el presidente Biden nominaría a un enviado en derechos humanos para Corea del Norte. En ese momento, casi seis meses después del comienzo del nuevo gobierno y sin indicios de progreso en el nombramiento, Blinken responsabilizó de la demora al “laborioso” proceso de veto del puesto.
Ese proceso no ha impedido que la administración haga otros nombramientos y obtenga la aprobación del Congreso para otros puestos de enviados especiales. El gobierno anunció sus nominados como enviado especial para la libertad religiosa internacional y para combatir el antisemitismo en julio de 2021. El primero fue confirmado en diciembre de 2021 y el segundo en marzo de 2022.
Desde aquella declaración, no ha habido indicios de que la administración esté más cerca de nombrar un enviado especial. El presidente y el secretario de Estado están rodeados de funcionarios altamente competentes. Es cierto que el sangriento conflicto en Ucrania tiene ocupados a los altos funcionarios de política exterior, pero deben poder “caminar y masticar chicle al mismo tiempo”.
El senador republicano Ted Cruz de Texas logró bloquear las confirmaciones de embajadores durante varios meses. The Washington Post explicó: “Los retrasos surgen de las amenazas de algunos senadores republicanos, encabezados por Ted Cruz (Texas), quien ha estado buscando una pelea con la administración Biden por temas de seguridad nacional. Eso está prolongando el proceso generalmente rutinario de instalar embajadores formalmente”. El senador Cruz también fue duramente criticado por The New York Times ("Escritorios vacíos en el Departamento de Estado, cortesía de Ted Cruz"), The Texas Tribune ("Ted Cruz, el senador estadounidense, retrasa docenas de nominaciones de embajadores del presidente Joe Biden, avivando disputas sobre seguridad”) y otros medios y analistas.
El bloqueo de los nombramientos de embajadores por parte de Cruz fue impopular entre muchos de sus colegas del Senado, y sus tácticas dilatorias finalmente fueron abandonadas. De hecho, el nuevo embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Philip Goldberg, fue nominado por el presidente el 11 de febrero de 2022 y confirmado por el Senado en menos de tres meses, el 5 de mayo de 2022.
En el Congreso de Estados Unidos
En esta era de partidismo frenético, la legislación sobre los derechos humanos en Corea del Norte, que estableció el cargo de enviado especial, sigue gozando de un apoyo notablemente amplio a ambos lados del espectro político. En 2018 fue reautorizada con un abrumador apoyo bipartidario y expirará a finales de este año si no es extendida por otros cinco años.
Uno de los nuevos requisitos para su reautorización es que la administración entregue un informe al Congreso "dentro de los 180 días" de la aprobación del proyecto de ley "sobre el progreso del nombramiento de un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte, que ha permanecido vacante desde 2017”. Ese requisito es una forma políticamente educada de decirle al presidente que el Congreso apoya el nombramiento del enviado especial y que espera que la Casa Blanca actúe rápidamente en su nominación.
¿Y el enviado especial es...?
Hace unos meses, periodistas de Voice of America consultaron a la oficina del portavoz del Departamento de Estado sobre el nombramiento por parte del presidente Biden del enviado especial. La respuesta por correo electrónico del vocero fue la típica falta de respuesta burocrática: “No tengo ningún anuncio administrativo ni actualizaciones en este momento…Seguimos preocupados por la situación de los derechos humanos en la RPDC [República Popular Democrática de Corea] y Estados Unidos está comprometido a poner los derechos humanos en el centro de nuestra política exterior”. Seis meses después, esa “inquietud” aún no se ha traducido en ninguna acción para el nombramiento de un enviado especial.
Phil Robertson, subdirector de la División de Asia de Human Rights Watch, respondió a la demora de la administración Biden en el nombramiento del enviado especial con esta observación particularmente apropiada: “Para una administración que dice preocuparse mucho por promover los derechos humanos y la democracia en el mundo”, es urgente que “actúe de inmediato para nominar una persona bien preparada en asuntos de derechos humanos en Corea del Norte a fin de asumir este importante puesto”.
Traducción: Agustín Menéndez
Edición: Florencia Grieco
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión de CADAL.
Robert R. KingEmbajador y asesor principal, Korea Chair, Center for Strategic and International Studies, Washington, D.C. Se desempeñó como enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte del Departamento de Estado entre noviembre de 2009 y enero de 2017.
(CSIS) Ya es hora de que el presidente Biden designe un enviado especial de Estados Unidos para los derechos humanos en Corea del Norte con rango de embajador. El presidente ha estado en el cargo durante casi un año y medio y todavía no ha nominado a ningún candidato para ese puesto. La última vez que Estados Unidos tuvo un enviado especial fue el 13 de enero de 2017, el día en que entró en vigor mi renuncia como enviado especial y solo unos días antes de que Barack Obama dejara la Casa Blanca al concluir su mandato como presidente. Esto fue hace cinco años y medio.
Un puesto establecido por ley
La ley sobre Derechos Humanos en Corea del Norte fue adoptada inicialmente por el Congreso en el otoño de 2004, y la legislación requería el nombramiento de un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte. En agosto de 2005, el presidente Bush nombró a Jay Lefkowitz como tal, cargo que ocupó mientras continuaba ejerciendo como abogado en la ciudad de Nueva York. Cuando el Congreso cambió los requisitos legales en 2008 y especificó que el enviado especial sería un puesto de tiempo completo en el Departamento de Estado y con rango de embajador, con el requisito de ser confirmado por el Senado.
El primer secretario de Estado de Donald Trump, Rex Tillerson, propuso eliminar el puesto, lo que provocó una protesta bipartidaria del Congreso. Tillerson no permaneció en el cargo el tiempo suficiente para ir más allá de esa propuesta inicial. Mike Pompeo, el segundo secretario de Estado de Trump, abandonó el plan de reorganización de Tillerson, pero no hizo ningún esfuerzo por asegurar el nombramiento de un enviado especial sobre derechos humanos en Corea del Norte. Cuando le preguntaron sobre el tema en las audiencias del Congreso, restó importancia a las atrocidades contra los derechos humanos en Corea del Norte. El esfuerzo por mejorar las relaciones con Pyongyang ignorando los abusos a los derechos humanos y celebrando dos cumbres con Kim Jong Un fue un rotundo fracaso.
Irónicamente, en junio de 2018, en medio de esta falta de acción por parte de la administración Trump, el Congreso reafirmó de forma unánime la confirmación de un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte con rango de embajador en el Departamento de Estado. La ley fue firmada por Trump en julio de ese año. A pesar de que la norma exige el nombramiento del enviado, Trump se retiró dos años y medio después, en enero de 2021, sin nominar jamás a nadie para el puesto.
El apoyo de Biden
Después de la toma de posesión de Joe Biden como presidente, la nueva administración dio señales de que cubriría el puesto de enviado especial. Cuando Antony Blinken hizo su primer viaje al extranjero como secretario de Estado a Corea del Sur en marzo de 2021, le dijo a un periodista surcoreano de KBS que “el presidente Biden ha sido muy claro desde el primer día en que estaba decidido a volver a poner los derechos humanos y la democracia en el centro de la política exterior estadounidense. Desafortunadamente, Corea del Norte es una de las situaciones de derechos humanos más atroces que conocemos en todo el mundo”.
Tres meses después, en junio de 2021, Blinken dijo que la administración cumpliría con la ley y que el presidente Biden nominaría a un enviado en derechos humanos para Corea del Norte. En ese momento, casi seis meses después del comienzo del nuevo gobierno y sin indicios de progreso en el nombramiento, Blinken responsabilizó de la demora al “laborioso” proceso de veto del puesto.
Ese proceso no ha impedido que la administración haga otros nombramientos y obtenga la aprobación del Congreso para otros puestos de enviados especiales. El gobierno anunció sus nominados como enviado especial para la libertad religiosa internacional y para combatir el antisemitismo en julio de 2021. El primero fue confirmado en diciembre de 2021 y el segundo en marzo de 2022.
Desde aquella declaración, no ha habido indicios de que la administración esté más cerca de nombrar un enviado especial. El presidente y el secretario de Estado están rodeados de funcionarios altamente competentes. Es cierto que el sangriento conflicto en Ucrania tiene ocupados a los altos funcionarios de política exterior, pero deben poder “caminar y masticar chicle al mismo tiempo”.
El senador republicano Ted Cruz de Texas logró bloquear las confirmaciones de embajadores durante varios meses. The Washington Post explicó: “Los retrasos surgen de las amenazas de algunos senadores republicanos, encabezados por Ted Cruz (Texas), quien ha estado buscando una pelea con la administración Biden por temas de seguridad nacional. Eso está prolongando el proceso generalmente rutinario de instalar embajadores formalmente”. El senador Cruz también fue duramente criticado por The New York Times ("Escritorios vacíos en el Departamento de Estado, cortesía de Ted Cruz"), The Texas Tribune ("Ted Cruz, el senador estadounidense, retrasa docenas de nominaciones de embajadores del presidente Joe Biden, avivando disputas sobre seguridad”) y otros medios y analistas.
El bloqueo de los nombramientos de embajadores por parte de Cruz fue impopular entre muchos de sus colegas del Senado, y sus tácticas dilatorias finalmente fueron abandonadas. De hecho, el nuevo embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, Philip Goldberg, fue nominado por el presidente el 11 de febrero de 2022 y confirmado por el Senado en menos de tres meses, el 5 de mayo de 2022.
En el Congreso de Estados Unidos
En esta era de partidismo frenético, la legislación sobre los derechos humanos en Corea del Norte, que estableció el cargo de enviado especial, sigue gozando de un apoyo notablemente amplio a ambos lados del espectro político. En 2018 fue reautorizada con un abrumador apoyo bipartidario y expirará a finales de este año si no es extendida por otros cinco años.
Uno de los nuevos requisitos para su reautorización es que la administración entregue un informe al Congreso "dentro de los 180 días" de la aprobación del proyecto de ley "sobre el progreso del nombramiento de un enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte, que ha permanecido vacante desde 2017”. Ese requisito es una forma políticamente educada de decirle al presidente que el Congreso apoya el nombramiento del enviado especial y que espera que la Casa Blanca actúe rápidamente en su nominación.
¿Y el enviado especial es...?
Hace unos meses, periodistas de Voice of America consultaron a la oficina del portavoz del Departamento de Estado sobre el nombramiento por parte del presidente Biden del enviado especial. La respuesta por correo electrónico del vocero fue la típica falta de respuesta burocrática: “No tengo ningún anuncio administrativo ni actualizaciones en este momento…Seguimos preocupados por la situación de los derechos humanos en la RPDC [República Popular Democrática de Corea] y Estados Unidos está comprometido a poner los derechos humanos en el centro de nuestra política exterior”. Seis meses después, esa “inquietud” aún no se ha traducido en ninguna acción para el nombramiento de un enviado especial.
Phil Robertson, subdirector de la División de Asia de Human Rights Watch, respondió a la demora de la administración Biden en el nombramiento del enviado especial con esta observación particularmente apropiada: “Para una administración que dice preocuparse mucho por promover los derechos humanos y la democracia en el mundo”, es urgente que “actúe de inmediato para nominar una persona bien preparada en asuntos de derechos humanos en Corea del Norte a fin de asumir este importante puesto”.
Traducción: Agustín Menéndez
Edición: Florencia Grieco
Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no representan necesariamente la opinión de CADAL.
