Artículos
Observatorio de Relaciones Internacionales y Derechos Humanos
27-04-2026Corea del Norte y la lógica del autoritarismo adaptativo
Corea del Norte no es un caso de transición fallida ni un Estado al borde del colapso, sino un régimen que ha logrado estabilizarse en torno a una lógica de priorización que privilegia el control político por sobre otras funciones estatales. En este sentido, y lejos de erosionarlo, su bajo desempeño en términos institucionales y económicos forma parte de ese equilibrio.
Por María de los Ángeles Lasa
Durante las últimas dos décadas (2006–2026), Corea del Norte ha ocupado de manera sistemática las últimas posiciones del Bertelsmann Transformation Index (BTI), con puntajes mínimos en casi todas las dimensiones vinculadas a democracia, Estado de derecho y economía de mercado. Este tipo de desempeño suele asociarse, en los marcos analíticos más extendidos, con trayectorias de estancamiento, de transición incompleta o incluso de colapso inminente, bajo el supuesto de que bajos niveles de desarrollo institucional y económico tienden a erosionar la estabilidad política. Sin embargo, ninguno de estos diagnósticos logra capturar la característica central del régimen norcoreano: que, pese a un desempeño extremadamente pobre en términos institucionales y económicos, ha garantizado la supervivencia política de su élite gobernante.
Una forma de abordar esta aparente contradicción es pensar a Corea del Norte en términos de autoritarismo adaptativo. En un contexto de recursos limitados, el régimen prioriza el uso del aparato estatal para el control político por sobre la provisión de bienes y servicios públicos. En otras palabras, se adapta a la escasez priorizando aquellas funciones que garantizan la supervivencia del régimen. El deficiente desempeño institucional y económico del país no es, por lo tanto, un indicador de debilidad estatal, sino el resultado de esa priorización. El régimen organiza su acción en torno al control político, la gestión de lealtades y la contención de cualquier forma de disidencia interna, relegando a un segundo plano el bienestar social, la equidad y la eficiencia de sus políticas.
Los datos del BTI refuerzan esta lectura. Mientras el Estado muestra serias deficiencias en la provisión de bienes y servicios públicos y en el funcionamiento de su economía —con indicadores que se ubican mayoritariamente entre 1 y 2 en áreas clave—, mantiene al mismo tiempo un control político excepcionalmente alto. El monopolio del uso de la fuerza alcanza el puntaje máximo, al igual que la consolidación de la identidad estatal en torno al régimen. En contraste, dimensiones centrales como libertad de expresión, elecciones libres, derechos civiles o separación de poderes registran los valores más bajos posibles.
Este patrón sugiere que, en Corea del Norte, el bajo desempeño estatal no se traduce necesariamente en fragilidad política. Por el contrario, refleja una asignación de recursos orientada al control del poder, que permite al régimen estructurar lealtades, disciplinar a la población y prevenir cualquier forma de oposición organizada.
En el plano económico, esta lógica se expresa en la forma en la que el régimen gestiona y regula la actividad productiva. La expansión de mercados informales, por ejemplo, ha sido tolerada porque permite sostener la economía doméstica sin abrir un proceso formal de reformas estructurales. Al mismo tiempo, genera nuevas oportunidades de extracción de recursos, ya sea a través de coimas o de actividades cuasifiscales. Lejos de implicar una liberalización económica, por lo tanto, este proceso ha dado lugar a un sistema híbrido en el que actividades privadas operan bajo el amparo —y control— estatal.
Desde la introducción del Sistema de Responsabilidad de Gestión Empresarial Socialista en 2014, que busca conciliar la propiedad estatal con la iniciativa privada, muchas empresas han adquirido mayor autonomía operativa, pero continúan sujetas a la asignación de licencias, el nombramiento de directivos y el control financiero por parte del régimen. Este patrón refleja una forma de gobernanza en la que la delegación de funciones no implica pérdida de control, sino una reconfiguración de los mecanismos de supervisión estatal. De este modo, la expansión del mercado no reduce la capacidad estatal, sino que se integra a ella.
En línea con esto, la corrupción, lejos de ser simplemente disfuncional, opera como un dispositivo de articulación entre el Estado y la sociedad: permite a los individuos sortear restricciones, pero también refuerza redes de dependencia y lealtad.
Una lógica análoga se extiende al plano social y político. La ausencia de espacios autónomos de organización, combinada con mecanismos de vigilancia extendidos, limita la posibilidad de acción colectiva, incluso en un contexto donde persisten márgenes de agencia individual a través de prácticas informales. Estas formas de adaptación cotidiana —desde el comercio hasta redes de intercambio— no se traducen en oposición organizada, sino que permanecen fragmentadas, dificultando la articulación de demandas colectivas. En paralelo, el régimen gestiona activamente a las élites, distribuyendo recursos, privilegios y oportunidades de manera selectiva. Esto reduce los incentivos para la coordinación entre actores potencialmente disidentes y refuerza su dependencia vertical respecto de la familia gobernante.
En el plano internacional, por último, se observa una dinámica similar. Más que integrarse al sistema global, Corea del Norte utiliza sus vínculos externos como una fuente de recursos funcionales a la reproducción del régimen. La fuerte dependencia del comercio con China y el reciente acercamiento estratégico con Rusia no responden a un proceso de apertura, sino a una inserción externa subordinada a las necesidades internas del sistema. A esto se suman otras fuentes de divisas, como el comercio informal y las operaciones cibernéticas, que permiten sostener el funcionamiento económico sin alterar los mecanismos de control político. En este contexto, la cooperación internacional no actúa como motor de transformación, sino como un recurso instrumental, cuidadosamente administrado para evitar cualquier tipo de dependencia que pueda erosionar el control interno.
Estos elementos configuran, en conjunto, un orden que desafía las categorías analíticas más habituales. Corea del Norte no es un caso de transición fallida ni un Estado al borde del colapso, sino un régimen que ha logrado estabilizarse en torno a una lógica de priorización que privilegia el control político por sobre otras funciones estatales. En este sentido, y lejos de erosionarlo, su bajo desempeño en términos institucionales y económicos forma parte de ese equilibrio.
Iniciativas recientes, como la Política de Desarrollo Regional 20x10 (2024), orientada a reducir las asimetrías entre Pyongyang y el resto del país, o el endurecimiento del control sobre la circulación de información, sugieren que esta lógica no solo persiste, sino que se actualiza sin alterar sus fundamentos. En este sentido, el caso norcoreano obliga a revisar la relación —frecuentemente asumida— entre fortalecimiento institucional, desarrollo económico y estabilidad política, y muestra que no cabe esperar transformaciones sustantivas, sino la continuidad de mecanismos adaptativos orientados a la supervivencia del régimen.
María de los Ángeles LasaConsejera académicaEs Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Córdoba, Magister en Políticas Públicas por la University of Oxford y Doctora en Ciencia Política por la Università degli Studi di Camerino. Ha trabajado en el sector público argentino, en organismos internacionales y para organizaciones de la sociedad civil. Fue Investigadora Visitante en la University of Texas at Austin y en la Universidad de Los Andes, y Profesora Invitada de Estado y Políticas Públicas en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido oradora TEDx en la Universidad Católica de Córdoba y en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Fue becaria del Gobierno de Italia, Fundación Carolina, Comisión Fulbright, Erasmus+ y Chevening.
Durante las últimas dos décadas (2006–2026), Corea del Norte ha ocupado de manera sistemática las últimas posiciones del Bertelsmann Transformation Index (BTI), con puntajes mínimos en casi todas las dimensiones vinculadas a democracia, Estado de derecho y economía de mercado. Este tipo de desempeño suele asociarse, en los marcos analíticos más extendidos, con trayectorias de estancamiento, de transición incompleta o incluso de colapso inminente, bajo el supuesto de que bajos niveles de desarrollo institucional y económico tienden a erosionar la estabilidad política. Sin embargo, ninguno de estos diagnósticos logra capturar la característica central del régimen norcoreano: que, pese a un desempeño extremadamente pobre en términos institucionales y económicos, ha garantizado la supervivencia política de su élite gobernante.
Una forma de abordar esta aparente contradicción es pensar a Corea del Norte en términos de autoritarismo adaptativo. En un contexto de recursos limitados, el régimen prioriza el uso del aparato estatal para el control político por sobre la provisión de bienes y servicios públicos. En otras palabras, se adapta a la escasez priorizando aquellas funciones que garantizan la supervivencia del régimen. El deficiente desempeño institucional y económico del país no es, por lo tanto, un indicador de debilidad estatal, sino el resultado de esa priorización. El régimen organiza su acción en torno al control político, la gestión de lealtades y la contención de cualquier forma de disidencia interna, relegando a un segundo plano el bienestar social, la equidad y la eficiencia de sus políticas.
Los datos del BTI refuerzan esta lectura. Mientras el Estado muestra serias deficiencias en la provisión de bienes y servicios públicos y en el funcionamiento de su economía —con indicadores que se ubican mayoritariamente entre 1 y 2 en áreas clave—, mantiene al mismo tiempo un control político excepcionalmente alto. El monopolio del uso de la fuerza alcanza el puntaje máximo, al igual que la consolidación de la identidad estatal en torno al régimen. En contraste, dimensiones centrales como libertad de expresión, elecciones libres, derechos civiles o separación de poderes registran los valores más bajos posibles.
Este patrón sugiere que, en Corea del Norte, el bajo desempeño estatal no se traduce necesariamente en fragilidad política. Por el contrario, refleja una asignación de recursos orientada al control del poder, que permite al régimen estructurar lealtades, disciplinar a la población y prevenir cualquier forma de oposición organizada.
En el plano económico, esta lógica se expresa en la forma en la que el régimen gestiona y regula la actividad productiva. La expansión de mercados informales, por ejemplo, ha sido tolerada porque permite sostener la economía doméstica sin abrir un proceso formal de reformas estructurales. Al mismo tiempo, genera nuevas oportunidades de extracción de recursos, ya sea a través de coimas o de actividades cuasifiscales. Lejos de implicar una liberalización económica, por lo tanto, este proceso ha dado lugar a un sistema híbrido en el que actividades privadas operan bajo el amparo —y control— estatal.
Desde la introducción del Sistema de Responsabilidad de Gestión Empresarial Socialista en 2014, que busca conciliar la propiedad estatal con la iniciativa privada, muchas empresas han adquirido mayor autonomía operativa, pero continúan sujetas a la asignación de licencias, el nombramiento de directivos y el control financiero por parte del régimen. Este patrón refleja una forma de gobernanza en la que la delegación de funciones no implica pérdida de control, sino una reconfiguración de los mecanismos de supervisión estatal. De este modo, la expansión del mercado no reduce la capacidad estatal, sino que se integra a ella.
En línea con esto, la corrupción, lejos de ser simplemente disfuncional, opera como un dispositivo de articulación entre el Estado y la sociedad: permite a los individuos sortear restricciones, pero también refuerza redes de dependencia y lealtad.
Una lógica análoga se extiende al plano social y político. La ausencia de espacios autónomos de organización, combinada con mecanismos de vigilancia extendidos, limita la posibilidad de acción colectiva, incluso en un contexto donde persisten márgenes de agencia individual a través de prácticas informales. Estas formas de adaptación cotidiana —desde el comercio hasta redes de intercambio— no se traducen en oposición organizada, sino que permanecen fragmentadas, dificultando la articulación de demandas colectivas. En paralelo, el régimen gestiona activamente a las élites, distribuyendo recursos, privilegios y oportunidades de manera selectiva. Esto reduce los incentivos para la coordinación entre actores potencialmente disidentes y refuerza su dependencia vertical respecto de la familia gobernante.
En el plano internacional, por último, se observa una dinámica similar. Más que integrarse al sistema global, Corea del Norte utiliza sus vínculos externos como una fuente de recursos funcionales a la reproducción del régimen. La fuerte dependencia del comercio con China y el reciente acercamiento estratégico con Rusia no responden a un proceso de apertura, sino a una inserción externa subordinada a las necesidades internas del sistema. A esto se suman otras fuentes de divisas, como el comercio informal y las operaciones cibernéticas, que permiten sostener el funcionamiento económico sin alterar los mecanismos de control político. En este contexto, la cooperación internacional no actúa como motor de transformación, sino como un recurso instrumental, cuidadosamente administrado para evitar cualquier tipo de dependencia que pueda erosionar el control interno.
Estos elementos configuran, en conjunto, un orden que desafía las categorías analíticas más habituales. Corea del Norte no es un caso de transición fallida ni un Estado al borde del colapso, sino un régimen que ha logrado estabilizarse en torno a una lógica de priorización que privilegia el control político por sobre otras funciones estatales. En este sentido, y lejos de erosionarlo, su bajo desempeño en términos institucionales y económicos forma parte de ese equilibrio.
Iniciativas recientes, como la Política de Desarrollo Regional 20x10 (2024), orientada a reducir las asimetrías entre Pyongyang y el resto del país, o el endurecimiento del control sobre la circulación de información, sugieren que esta lógica no solo persiste, sino que se actualiza sin alterar sus fundamentos. En este sentido, el caso norcoreano obliga a revisar la relación —frecuentemente asumida— entre fortalecimiento institucional, desarrollo económico y estabilidad política, y muestra que no cabe esperar transformaciones sustantivas, sino la continuidad de mecanismos adaptativos orientados a la supervivencia del régimen.
