¡Vos también podés ser parte!
(El País/España) La cruzada de los medios oficiales rusos forma parte de una estrategia mayor promovida por Moscú para proyectar su influencia política a nivel global. En ella el rol de los medios de comunicación es importante, pero no más que el de otras instituciones que actúan también coordinadas por el Estado.
(Perfil) Los legisladores pueden presentar proyectos de declaración que condenen en países dictatoriales casos de violaciones de derechos humanos y solicitar pronunciamientos de sus respectivos gobiernos en los organismos intergubernamentales; denuncien los procesos electorales que no son libres, justos y transparentes en regímenes autocráticos; y reconozcan la labor e iniciativas de activistas democráticos en riesgo.
Carter en setiembre y octubre de 1976, durante su campaña electoral, realiza dos intervenciones públicas en defensa de los derechos humanos y cuando asume en enero de 1977 en su discurso de posesión declara una adhesión total a los DDHH, reafirmada en mayo de ese año al extender su compromiso con esos derechos hacia su política exterior.
Del 6 al 17 de noviembre, el Instituto Václav Havel del Programa Solidaridad Democrática de CADAL, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, organizó la edición 2017 del Programa Good bye Lenin en un total de diez jornadas.
Cada cuestionamiento que se le hace al régimen castrista en materia de derechos humanos es justificado por las buenas estadísticas que presenta en ciertas áreas, como la escolarización, la mortalidad infantil, la esperanza de vida al nacer, o la calidad de su medicina. El costo del desarrollo parecería ser la libertad. Sin embargo, ¿son reales dichas estadísticas?
El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos humanos como actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones independientes locales. Recientemente, el régimen cubano comenzó a aplicar arbitrariamente la negativa a salir y regresar al país a varios activistas democráticos, en un retroceso de la reforma migratoria de hace cuatro años.
En una carta dirigida a los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales señalaron que el Consejo debería lanzar una investigación internacional independiente sobre los abusos cometidos por todas las partes enfrentadas en el conflicto de Yemen.
Las organizaciones internacionales de derechos humanos, tales como Amnesty International y Human Rights Watch, coinciden en que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado significativamente, particularmente a partir del 2013 con la reforma de la Constitución que le confirió un mayor poder al Partido Comunista a través de la obligación de las fuerzas armadas de protegerlos por el bien de la Nación.
Meng ejercía su labor en el Centro de Servicios para Trabajadores de Panyu, un grupo de derechos laborales ahora disuelto. Este lugar habría sido crucial para la resolución de conflictos laborales, ocupando un papel que el sindicato oficial, la Federación China de Sindicatos (ACFTU), debería haber cumplido.
Observamos en Sudán la inestable convivencia de una sociedad muy diversa en términos étnicos, religiosos, y culturales, con un régimen autocrático que no solamente ha intentado islamizar y arabizar el país, sino que ha desatendido regiones enteras, generalmente con poblaciones no árabe-musulmanas.
Saint Kitts y Nevis se opuso a una declaración de la OEA que condenaba el abuso de poder de Maduro en Venezuela y lo justificó en no querer tomar acciones intervencionistas. Sin embargo, las declaraciones anteriores de los líderes políticos de Saint Kitts y las relaciones que existen entre Venezuela y este país demuestran que, en gran parte, su apoyo al régimen de Maduro se basa en fuertes intereses económicos que sus autoridades ponen por encima de la defensa de los Derechos Humanos y la institucionalidad democrática.
La situación empeoró desde el golpe de Estado del 2013, cuando los grupos armados empezaron a atacar a los civiles brutalmente. Desgraciadamente, hasta las mismas fuerzas de la ONU han tenido responsabilidad en casos de violaciones de derechos humanos. La impunidad sigue siendo un problema importante en la lucha por los derechos humanos en este país.
La mayoría de las organizaciones internacionales denuncia que las autoridades sauditas siguen restringiendo la libertad de expresión, asociación y reunión y persiguiendo a todos aquellos que tienen una opinión diferente de la oficial, en particular defensores de los derechos humanos, periodistas, activistas y representantes de las minorías religiosas. La tortura y otros malos tratos para los detenidos siguen siendo habituales. Las mujeres no tienen derechos y ningún tipo de protección contra el abuso sexual y otras formas de violencia. Las autoridades discriminan las minorías, en particular los Chií.
En mayo de 2017, San Vicente y las Granadinas, un país con un PIB de sólo 78 millones de dólares, tenía una deuda de 71,1 millones de dólares dentro del acuerdo de Petrocaribe. Evidentemente, Petrocaribe y las relaciones diplomáticas con Venezuela, representan una política importante para la economía de San Vicente y las Granadinas, condicionando sus posicionamientos en los organismos intergubernamentales.
(La Nación) A partir de este año, la capital de la República Argentina se convierte en una ciudad pionera en América latina al recordar cada 23 de agosto a las víctimas del totalitarismo. Y en este recuerdo estará siempre presente una de las impulsoras del proyecto de ley, Cecilia de la Torre.
Los derechos políticos y las libertades civiles se encuentran reprimidos desde hace 20 años por el mismo régimen autoritario. Sassou-Nguesso, que gobierna desde hace 33 años, conduce la República del Congo rumbo al beneficio de sus aliados y, por supuesto, el propio. La convocatoria a elecciones de 2016 no ha sido más que un encubrimiento de métodos antidemocráticos.
Con un partido hegemónico aferrado al poder, el gobierno de la Guinea Ecuatorial reprime severamente los derechos a la libertad de expresión y de reunión a través de las detenciones arbitrarias y el uso de fuerza excesiva. Los represores no se hacen responsables, ya que gozan de una total impunidad.
No concibo, casi 30 años después, asistir a esta realidad callejera venezolana más homicida aun que aquellos días de la primavera austral en Chile. ¿Quiénes, de los gobiernos y pueblos latinoamericanos, se harán cargo de esta tragedia humanitaria que vive un país que podría haber sido el más rico del continente y hoy pasa hambre?
Dentro del registro de casos de violación de derechos humanos se identifican prohibiciones tanto de protestas públicas como de reuniones privadas, matanzas con machetes y hachas en Kivu Septentrional, violencia sexual contra mujeres, reclutamiento de menores, secuestros y tortura por parte de la Agencia Nacional de Inteligencia, ejecuciones a civiles extrajudicialmente, bloqueo de señales extranjeras, y cierre de dos emisoras de radio y televisión.
Varias denuncias de organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional señalan que Nicaragua vive un grave deterioro de los derechos civiles y políticos, que se caracteriza por el debilitamiento cada vez mayor de la institucionalidad, la ausencia de espacios de diálogo, la falta de independencia judicial y la desprotección de una buena parte de la población.
Hoy el país ofrece más dudas que certezas, pues aún está por verse cuán exitoso será el nuevo gobierno nacional en unificar a las distintas facciones otrora beligerantes, pacificar el país y restaurar el orden, y reconstruir las capacidades del Estado libio. La pregunta incómoda que queda pendiente es qué sucederá con los responsables de los atropellos humanitarios cometidos durante 6 años de desgobierno y guerra civil.
Desde 1994, quien se encuentra en el poder como presidente es Aleksandr Lukashenko. Ha tenido cinco mandatos presidenciales, valiéndose para ello de elecciones fraudulentas, el apoyo del presidente ruso Vladimir Putin. Lukashenko mantiene un férreo control sobre la oposición. No hay libertad de prensa y tampoco está permitida la libertad de asociación. Hay una fuerte represión hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGBT.
El presidente Emomali Rahmon ocupa la presidencia desde el año 1992. Frecuentemente la población sufre de arrestos arbitrarios, se han encarcelado más de 150 activistas desde 2015 y desde 2014, entre ellos al menos seis abogados de derechos humanos. El gobierno controla todos los medios. No hay libertad de asamblea y asociación.
La crisis política originada por la decisión del presidente Nkurunziza en 2015 de aspirar a un tercer mandato se endureció cada vez más. La tortura y otros malos tratos continuaron siendo perpetrado a un ritmo alarmante y con impunidad por la SNR, la policía y el Imbonerakure, el ala juvenil del partido gobernante. La libertad de expresión está reprimida en todos los niveles de la sociedad.
La represión contra defensores y defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación independientes, periodistas, autores de blogs, manifestantes pacíficos y miembros y dirigentes de la oposición política se intensificó durante el año 2016, a menudo recurriendo a disposiciones de la Proclamación Antiterrorista de 2009.
La mayoría de las organizaciones internacionales condenan a la República Popular Democrática de Corea por las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos. Norcoreanos y ciudadanos extranjeros son víctimas de detenciones arbitrarias por delitos que no están reconocidos por el derecho internacional; se verifican restricciones a la libertad de expresión y está demostrada la existencia de campos de concentración.
(The Global Americans) Es inconcebible formar parte de un organismo que se define como «mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política» cuando estados que lo integran y controlan reprimen a la oposición política.
A pesar de las pésimas condiciones en los campamentos de refugiados y la intensa y a menudo violenta regulación de la libertad de expresión, la reciente condenación del ex dictador Habré incita algo de esperanza para el futuro de los derechos humanos en Chad.
En el Estado Plurinacional de Bolivia existen causas importantes para ser investigadas, entre ellas: la suspensión y destitución de autoridades democráticamente elegidas, persecución judicial por motivaciones políticas, discriminación política, violencia y acoso político contra la mujer en ejercicio de cargos electivos, suspensión de autoridades judiciales por motivaciones política, y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.
En Laos hay un monopolio político por parte del partido gobernante, el Partido Popular Revolucionario de Lao. Con motivo de la celebración de reuniones internacionales en Laos, el Estado incrementó su control sobre los medios de comunicación y la sociedad civil. Por otra parte, también se dan desapariciones forzosas, de las cuáles sigue sin aclararse la suerte de Sombath Somphone, destacado miembro de la sociedad civil.
El nuevo presidente Mirziyoyev demostró su intención de continuar con las políticas represivas de Karimov, declarando que iba a destruir toda amenaza interna como externa a la estabilidad o soberanía.
Según el índice Libertad en el Mundo de Freedom House, Rusia tiene un puntaje de 6.5, siendo que 0 (cero) es el más libre, y 7 (siete) el menos libre. Por lo tanto, es considerado como un país no libre. En los últimos años Rusia registró uno de los descensos más pronunciados en este índice, pasando de 5.5 al actual 6.5.
Más de 50.000 personas civiles perdieron la vida, resultaron heridas o quedaron desplazadas como consecuencia del conflicto armado y la violencia generalizada. Todas las partes son responsables de violencias contra la población civil. Al-Shabab es responsable de abusos en las zonas por ellos controlada y de ataques mortales a zonas controladas por el gobierno.
Un informe de la ONU describe un Estado totalitario que busca el control de los eritreos a través de un vasto aparato de seguridad que ha penetrado todos los niveles de la sociedad. Después de 25 años de gobierno por el presidente no electo Isaias Afwerki, los ciudadanos de Eritrea siguen siendo sujetos de uno de los gobiernos más opresivos del mundo.
Los diversos grupos armados que se disputan el poder y el territorio, han cometido en el marco de una guerra civil, una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, poniendo en peligro y atentando contra la población civil externa al conflicto, y utilizando recursos armamentísticos prohibidos por la comunidad internacional.
Los derechos políticos en China se encuentran restringidos. Cuándo Xi Jinping consolidó su poder personal buscó imponer una mayor disciplina ideológica a través de una campaña de propaganda, prohibiendo las discrepancias dentro del partido y criticando implacablemente los valores democráticos «occidentales».
El año pasado hubo un referéndum donde se aprobaron un paquete de cambios constitucionales sin un debate en el parlamento y la oposición no pudo hacer campaña en contra de estos cambios. Se sigue reprimiendo a los defensores de los derechos humanos, a la oposición, a los activistas, a los periodistas y a las comunidades religiosas.
Entre las violaciones reportadas por Amnistía Internacional se cuentan el saqueo de áreas pobladas por civiles, asesinatos, torturas y violaciones sexuales tanto de parte de guerrillas de la oposición como de fuerzas del gobierno. El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio de las Naciones Unidas reportó en noviembre de 2016 que la lógica étnica del conflicto y la escalada en la violencia ha sentado las bases para un potencial genocidio al interior del país.
(La Capital) Si algo hemos aprendido los argentinos a lo largo de la desgarrada segunda mitad del siglo XX, es la importancia de la solidaridad internacional, que en el corazón de los tiempos más oscuros, logró, alzando su voz, que el dolor y lo injusto no se expandieran aún más en torno nuestro. Alzar la voz en protesta por la muerte de los estudiantes que en estos días mueren en las calles de Caracas debiera ser algo natural.
El ominoso silencio de las entidades defensoras de los DDHH -así como de los gobernantes que dicen defenderlos- en que transcurrió la detención de Xiaobo en nuestras sociedades sureñas, es una afrenta a la memoria de las víctimas latinoamericanas de aquellos años.
Lo que me deja perplejo es como este bisoño agorero asegura categóricamente lo siguiente: que ellos son los representantes a perpetuidad de las aspiraciones del pueblo y nosotros no tendremos jamás su aprobación.
(Latin America Goes Global) Si el respeto a las libertades civiles y los derechos políticos estuviera efectivamente vinculado a las cláusulas adoptadas en los organismos intergubernamentales regionales, entonces América Latina sería la zona más democrática del mundo.
En la década de gobierno de Correa, la relación con los medios de comunicación adquirió gran relevancia, específicamente tras la sanción de la Ley Orgánica de Comunicación en 2013. Durante la campaña, Moreno se pronunció en contra de una derogación de la normativa, que los partidos opositores califican de «mordaza» a la libertad de expresión, pero no descartó la posibilidad de realizar una revisión al texto.
En el informe, se presentan datos de noviembre de 2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México que muestran que, desde el año 2000, en el 90% de los casos, las agresiones contra la prensa han permanecido impunes. Es así como la justicia mexicana no se responsabiliza de los delitos que ocurren año tras año contra sus periodistas.
Al interior de nuestra amada patria hicieron un despliegue de fuerzas enorme y con ello lograron un evento bonsái. La moraleja de todo esto es: el mundo democrático tiene que poner en una nueva perspectiva las relaciones con el régimen cubano.
(Latin America Goes Global) Si Argentina estuviese fomentando una tendencia global de xenofobia sería preocupante, pero más que nada sorprendente. El país tiene uno de los regímenes migratorios más abiertos del mundo.
